En julio de 1976, durante varios días consecutivos, la luz de Libertador General San Martín se cortó para que las fuerzas represivas secuestraran a unas 400 personas. La llamada “Noche del Apagón” –que fueron, en realidad, varias noches- se convirtió en un hecho emblemático de la dictadura y de su íntima relación con un poderoso poder empresario. Ahora, cada aniversario, el pueblo sale a la ruta para dejar en claro que no es Ledesma. Con la consigna “Memoria, tierra, verdad, justicia”, la última marcha fue la más populosa. Acababan de iniciarse los juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia más retrasada en ese plano, y se cumplía un año del desalojo de centenares de familias que tomaron80 hectáreasdel ingenio más grande de América y lloran los cuatro asesinatos de aquella trágica jornada. 50 mil colores cruzaron el puente, de Calilegua a Libertador. Aunque el Ingenio Ledesma sigue contaminando con el bagazo que mata a la población, empieza respirarse otro aire en las calles, en la justicia y en la organización para conseguir vivienda digna frente a los dueños del poder. 

Por Verona Demaestri y Josefina Garzillo
Colaboración: Daniel Badenes

«Porque un puente,
aunque se tenga el deseo de tenderlo
y toda obra sea un puente hacia y desde algo,
no es verdaderamente puente
mientras los hombres no lo crucen.
Un puente es un hombre cruzando un puente”.
Julio Cortázar, Libro de Manuel

Libertador es un pueblo marrón de calles polvorientas que huelen a ciudad y a bagazo, un dulzón agriado por las marcas feudales del ingenio. Ledesma es el nombre del tercer departamento más poblado de la provincia de Jujuy pero también del gigante industrial que, desde hace un siglo, define el pulso de la vida y la muerte.

En el departamento viven 80 mil personas. 50 mil se hacinan en Libertador a lo largo de las pocas hectáreas que no pertenecen al emporio Ledesma. Los extensos campos de caña que los rodean usan vías de trenes, alambrados y ríos como límite entre lo público y lo privado. En cada orilla que deja libre el “oro blanco”, brotan casitas apiladas en los bajos. En el pueblo casi no queda propiedad horizontal; las 160 mil hectáreas que lo rodean llevan la misma marca.

En la costanera se alza un puente por el que alguna vez pasó el Ferrocarril Belgrano. Bajo el puente, un basural donde hurgan niños y grandes. El ingenio azucarero monopoliza el empleo y también condiciona la salud de los habitantes. El bagazo (desecho de la caña) a cielo abierto enferma los pulmones. La resaca de Ledesma no deja respirar.

“Hay realidades que no se nombran”, comenta Ernesto Samán mientras camina entre Libertador y Ledesma. “Nadie muestra cómo vive la gente… por eso es verosímil lo que difunde la empresa, que dice reinvertir un 90% de sus utilidades en la comunidad, que construye viviendas”, razona mientras guía a La Pulseada por los márgenes del pueblo este docente y ex detenido que padeció el encierro en la Unidad 9 de La Plata, además de haber pasado por algunos de los trece centros de detención jujeños. A un par de cuadras del centro, el paisaje es dramático: chapas, plástico y madera; son las casas de “hijos de madres desnutridas”, criándose en el mismo suelo donde crece el ingenio más grande de América.

Es julio y son días agitados para Jujuy. Una vigilia en la plaza principal -donde en 2005 se enterraron las cenizas de Olga Márquez de Arédez, una de las Madres de la plaza de Libertador y viuda de su desaparecido intendente- aguarda la llegada del 20. En ese día y los que siguieron, hace 36 años, 400 fueron secuestrados. 33 nunca volvieron.

Son días agitados y esperanzados para Jujuy. Este año los sentimientos son encontrados. Nada parece haber cambiado: el dulzón de zafra se siente más pestilente en invierno y el ingenio sigue escupiendo humo. O todo parece empezar a cambiar: las primeras conquistas populares asoman después de décadas de lucha. Los juicios por crímenes de lesa humanidad han comenzado en Jujuy y Carlos Pedro Blaquier, símbolo de la participación empresarial en la dictadura, declara por las desapariciones de las noches del apagón, entre las que se encuentra la de Luis Arédez, médico de los hijos de los trabajadores y único intendente que se animó a cobrarle impuestos a Ledesma. Nunca antes un peso pesado del sector civil con poder actual como Blaquier, había testimoniado por aquellos crímenes contra la humanidad.

“¡Es el símbolo del sector civil que apoyó la dictadura!”, grita a través del megáfono Martina Montoya, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (CAPOMA), mientras avanza al frente de la multitudinaria marcha del último 26 de julio. “Las dictaduras pasan, los empresarios cómplices continúan, por eso estos juicios son fundamentales”. Miles de personas que cruzan el puente parecen darle la razón.

En 1976, cada noche del 20 al 27 de julio, Ledesma oscureció Libertador. La noche fue el amparo para el secuestro de 400 personas en una acción conjunta de Gendarmería, el Ejército y la Seguridad del ingenio. Un día después, el 28 de julio, pero en 2011, el pueblo fue un nubarrón de gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo disparadas contra unas 1300 familias que, cansadas de las promesas incumplidas del municipio y de Ledesma, tomaron un pedazo de tierra en forma de triángulo.

Una semana antes, mientras se recordaba el 35° aniversario del horror, la empresa había denunciado judicialmente la ocupación de esas15 hectáreas. Las familias que habían iniciado la toma integran la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras fueron sumándose por el boca a boca entre vecinos. Antes de irse de vacaciones, el juez Jorge Samman aprobó el desalojo previsto para el 22. Pero la presencia de quienes habían viajado para la marcha obligó a posponerlo. El 28 de julio, Día de la Gendarmería, efectivos de esa fuerza junto a la Policía iniciaron una dura represión que se extendió desde la madrugada hasta la tarde, pese a que a las 9.30 ya había orden judicial de frenar el desalojo. En esas horas de desacato cayeron tres de los cuatro jóvenes asesinados.

La marcha de este año también reclamó justicia por Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán, muertos en El Triángulo. Y todavía “no hay ni un jefe de policía, responsable político o ideológico acusado”, denuncia la abogada de la CCC, Mariana Vargas.

Pueblo adentro

Un sol picante sorprende en la tarde de invierno jujeña, y Ernesto Samán recuerda los 45 grados que desde septiembre no se soportan dentro de la última escuela construida por el municipio. Es que la obra fue levantada según el plano de la Universidad de La Pampa, “porque era el más barato que encontraron”. Una seguidilla de piezas bajitas, con ladrillo hueco y techo de chapa componen ese horno.

En la recorrida por Libertador hay demasiados negocios con el nombre del ingenio, incluso una clínica privada, y barrios marcados con lo que Samán define como “el imperio del miedo, el mejor triunfo de la dictadura: la gente que no reacciona frente al robo de lo que le pertenece”.

En esos puntos en los que la ciudad se parece más al feudo, se suceden los ejemplos: cuadras en pleno centro cortadas por megaempredimientos de una familia ligada al poder, casonas privadas en lotes que estaban destinados para una pileta pública. “¿Y qué nos dan a cambio? Un santuario al patrono de las causas urgentes; eso es lo que una familia vinculada al poder le dio a los vecinos después de apoderarse de media manzana”, renueva Samán la indignación frente a la figura de San Expedito, mientras un cartel convoca a misa para “aliviar las heridas sociales de nuestra comunidad”. “Y ¿saben? Se llena de gente que le reza”.

Un poco más allá, junto al matadero municipal, se levanta el barrio San Lorenzo, uno de los más pobres de la ciudad. El asentamiento termina en la costanera, frente al viejo puente ferroviario. “Este es el patio trasero. Con una fuente de ingresos tan grande como es el ingenio, la ciudad debiera estar llena de servicios, asfaltada… Y no, es una postal con olor y color a pobreza”. En los días en que La Pulseada recorrió Libertador, la mega firma había lanzado una solicitada donde trataba de desligarse de las causas por las que Blaquier fue citado a declarar: “Ledesma S.A.A.I. es una empresa argentina profundamente comprometida con el desarrollo del país, que se preocupa por el bienestar de sus casi 8.000 empleados”. Pero las calles desmienten esas líneas de manera categórica: lo último que la firma construyó es un conjunto de casitas con techo de fibrocemento que datan de los ’70, “y lo hicieron obligados por Perón”, aclara Olga Demitrópulos, historiadora y referencia ineludible para conocer la verdadera Libertador. En las tomas del año pasado, eran muchos los obreros del ingenio desesperados por un lote.

Cruzando la ruta 34, del lado noreste, comienzan a levantarse los barrios en las tierras recuperadas antes de la toma de El Triángulo. El primero es el Arédez, ubicado en el ex camping municipal. El nombre fue elegido entre los vecinos como agradecimiento a esa pareja que peleó tanto por el pueblo. “Olga nos formó para que lleguemos hasta acá. Era una madre para nosotros, siempre nos decía ‘peleen, no bajen los brazos’”, recuerda José Ibáñez, referente de la CCC de Libertador. Más allá se distinguen los tanques de agua con las figuras del líder inca y del Che. Son las casas en fila de la Tupac Amaru, otra de las organizaciones barriales de peso en la región, que acaba de anunciar un paso hacia lo político electoral y presentará candidatos en las próximas elecciones.

Detrás de esas manzanas está la última conquista: un total de78 hectáreasarrancadas al feudo. Donde antes había monocultivo de caña, hoy funciona una pista para los niños que remontan barriletes de colores. “¿Tiene que haber muertos para que las autoridades inicien planes de expropiación?”, lamenta Samán.

Toda la zona es de bajos. En 1980 el río San Lorenzo se desbordó y la dictadura permitió que se hablara sólo de seis víctimas, cuando se calculaban unas 70. Paradojas mediante, en 2011 la Gendarmería entró por el mismo lugar que el río.

La palabra justa

La primera detención de Samán fue el 24 de junio de1976 alas 10 de la mañana. Se lo llevaron de la puerta del ingenio y lo liberaron una semana después. Para entonces ya estaban detenidos muchos sindicalistas del gremio del azúcar, entre ellos Jorge Weisz -vicepresidente de la obra social del Sindicato de Obreros de Ledesma-.

La noche del primer apagón, el 20 de julio, era el cumpleaños de su madre. Prendieron velas para poder terminar con el festejo en un Libertador a oscuras. Al día siguiente quedó detenido en la comisaría del ingenio y lo llevaron al centro clandestino “Guerrero”, que funcionó en una propiedad del Obispado jujeño conducido por monseñor Miguel Medina, donde solían hacerse retiros espirituales.

Samán no pierde oportunidad para aclarar que nunca se iría de Libertador. Y esa decisión ha tenido sus costos personales. No tuvo mucha oferta laboral al regresar de los centros de detención y debió volver al mismo lugar del cual había sido secuestrado el 24 de junio de 1976: Ledesma. Tiempo después, estudió profesorado de educación física para liberarse del ingenio. Hoy es feliz ejerciendo como profesor.

Junto a Hilda Figueroa, integra la Asociación de ex detenidos, desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, regional Ledesma. Ambos se toman el tiempo para que cada uno de los ex secuestrados que no decidieron hablar aún, encuentren la palabra justa. 36 años después, hay sobrevivientes que todavía optan por el silencio.

“Hoy llegamos a los juicios y estamos exigiendo la reparación a través de la Ley Nacional, que es política del Estado desde 2009, para que los ex presos y familiares que no tienen obra social, hogar o trabajo, lo tengan. Para eso es necesario concluir el relevamiento de las condiciones en las que viven. No alcanzan los remedios para la población común, menos para nosotros”, subraya Figueroa, que en pocos años ha transitado el camino que va de la tragedia individual a la búsqueda de justicia colectiva.

El 19 de julio amaneció un nuevo testimonio, el número 63, que nunca había contado su historia en un ámbito judicial ni ante un organismo de derechos humanos. Fue inmediatamente después de que Federico Gatti, actual administrador del ingenio, declarara en el programa televisivo más visto de la región que todos los crímenes por los que se acusa a Blaquier son mentiras y que nunca se prestaron móviles a los militares. El mes pasado se sumaron a la causa judicial los libros de guardia del centro clandestino del Escuadrón 20 de Orán, que prueban lo contrario. En ellos no se hace diferencia entre el registro de los vehículos de la empresa y los del Ejército. El ‘testimonio63’también había sido trabajador del ingenio y sabe que el patrón puso más que las camionetas: “La lista de los que fuimos secuestrados la dio Ledesma, con domicilio preciso”.

Libertador no es Ledesma

  “Mi mayor mérito fue haber elegido a la gente adecuada.
Además, en Ledesma, hay una gran permanencia de los que mandan;
otra de las claves para nuestro éxito”.
 Declaración de Carlos Pedro Blaquier por los 100 años de su empresa

Si desde el nacimiento del capitalismo como sistema económico, la unión entre familias fue una de las formas de acumulación del capital, la de los Arrieta-Blaquier no es la excepción. Ellos, además, hicieron un salto de escala: diversificaron su producción y concentraron los mercados de sus productos. Hoy Ledesma domina en Jujuy una extensión en tierras equivalente a ocho veces la ciudad de Buenos Aires. Sólo en esa Provincia su complejo agroindustrial produce celulosa, papel, alcohol y agrocombustibles, cuenta con plantas de cítricos y jugos, y genera su propia electricidad. En San Luis acumula moliendas de maíz, elabora artículos de librería y mantiene una sociedad con Cargill en la empresa Glucovil. Además produce ganado y granos en Buenos Aires y Entre Ríos, y participa de la explotación de petróleo en Salta.

Los habitantes de Libertador perciben a Ledesma como a un verdadero Estado, que nadie elige pero administra ley, pan, tierra y trabajo… Adriana Arédez, hija del ex intendente desaparecido, marca esta continuidad histórica aludiendo a la responsabilidad del ingenio en “tres genocidios: el robo de tierras a los chiriguanos, la participación en el terrorismo de Estado y la contaminación ambiental”.

Meses antes de que el directorio de la empresa saliera a despegarse de los crímenes cometidos en dictadura, ya figuraba en la causa la carta que Blaquier le dirigió a Martínez de Hoz, manifestando su “profunda admiración” ante una política que a sus ojos era “la recuperación de la Argentina”. En lo local, por entonces “el intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica” lo encarnaba Luis Arédez, que había logrado cobrarles impuestos por primera vez en su centenaria historia.

“Compromiso”, “desarrollo” y “falsas acusaciones” son conceptos reiterados en las solicitadas de prensa de Ledesma. En la última, publicada el 22 de julio de este año puede leerse: “Ni el doctor Carlos Pedro Blaquier, ni el ingeniero Alberto Lemos, ni la empresa tuvieron participación alguna en la represión de la última dictadura militar. La falsa acusación se refiere a su colaboración con las fuerzas de seguridad estatales mediante el préstamo de una camioneta para el traslado de detenidos a las comisarías”.

Muy similares palabras había utilizado el 29 de julio de 2011, día posterior a la represión en El Triángulo: “Son totalmente falsos los rumores que buscan asociar a la firma como partícipe del operativo de desalojo de las personas que ocuparon de manera ilegal el predio. Ledesma, ni el personal que cumple funciones de vigilancia, ni sus vehículos participaron del desalojo”. De un año a esta parte, pareciera que la empresa tiene a mano un modelo de comunicado que completa según sea el caso para negar sus responsabilidades en los crímenes en los grises julios del ’76 y 2011.

“Hablan porque están asustados”, reflexionan desde CAPOMA. “Al fin tienen que empezar a dar explicaciones”, destacan. En Libertador parece no haber medias tintas. Es cierto: después de 36 años de silencio, los empresarios tuvieron que empezar a hablar. Tras excusas con sellos de certificados médicos, eventuales viajes y supuestos ataques a su auto cuando se dirigía a los tribunales de Jujuy, Blaquier declaró ante la Justicia. Fue por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires. Por supuesto, negó toda complicidad. Pero por primera vez fue interrogado, aunque sea para negar.

Era un momento largamente esperado: “Jujuy fue declarada capital de la impunidad -resume Hilda Figueroa-, a raíz de que el juez Olivera Pastor tenía estancados los juicios” (ver: “Cosecha 2012”). De abril a esta parte, a Blaquier ya no se lo indaga sólo por privación ilegítima de la libertad, sino también por violación de domicilios, tormentos a 35 víctimas y homicidio de seis desaparecidos en las noches de apagones; todos delitos no excarcelables.

“Ya metimos a Videla/ ya metimos preso a Astiz/ Ahora vamos por Ledesma/ Por Techint y por Clarín”. El canto que se escucha a lo lejos viene de Calilegua. Entre la multitud marcha Samán, contenido y acompañado por otros miles. Cada vez son más. El puente cruza el río San Lorenzo; ya agotado de tanto regar cañas “Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser / una cooperativa en la empresa de Blaquier”. El sonido polifónico avanza hacia Libertador, marrón, amarillo, verde, celeste y blanco, anaranjado, multicolor de murgas por la Ruta 34, pintándole la cara a Ledesma.

Cosecha 2012

El juez Carlos Olivera Pastor estuvo a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy durante los últimos seis años, donde se limitó a frenar y amputar las investigaciones, generando grupos de causas confusas para dispersar responsabilidades. Los reclamos populares encabezados por Madres y Familiares de Desaparecidos, HIJOS, Ex Presos y organizaciones sociales, y la presión de un informe de la Fiscalía, detonaron su renuncia el 28 de marzo.

El lugar fue ocupado por Fernando Poviña, un juez tucumano que al día de asumir ordenó allanamientos a las oficinas de Ledesma, donde se encontraron informes de espionaje con detalles de los participantes de la marcha de 2005. En este contexto, otro personaje conocido en el ámbito judicial de Jujuy, Horacio Aguilar, se presentó como abogado de Carlos Pedro Blaquier, propietario de la empresa, y de Alberto Lemos, responsable de su administración en dictadura. Ambos fueron citados a declarar por el secuestro y la desaparición del ex intendente de Libertador Luis Arédez.

Aguilar no es cualquier defensor: fue juez federal de Jujuy y tuvo en sus manos el expediente del caso, hecho que negó antes de que se descubrieran documentos que prueban su participación en la causa Arédez. También hizo que su secretario, Olivera Pastor, quedara al frente de las causas de las que él mismo fue juez y ahora es parte, como defensor de los acusados.

En 2011, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal, denunció a Olivera Pastor y fue reemplazado. La movilización social desde hace casi tres décadas, está dando frutos en la justicia. Quizás ahora Ledesma deje de cosechar impunidades.

Un amparo a la palabra

El amparo colectivo presentado a principios de 2005 por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) a pedido de Olga Arédez -quien murió por bagazosis en marzo de ese año- sirvió para instalar el tema de la contaminación en Libertador. Las montañas de ceniza, provocadas por la quema de caña, continúan al aire libre, aunque la empresa debió colocar filtros en las chimeneas.

“El reclamo no tuvo curso penal. Olga lo pidió expresamente”, señala Norberto Liwski, presidente del organismo que nació en 1982, impulsado por Olga Arédez entre otros referentes de derechos humanos. “El objetivo era no opacar los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado que tanto se hacían esperar”, aclara Liwski. Sin embargo, su presentación en el fuero civil y comercial sirvió y mucho: habilitó la palabra, sacó a la luz un tema tabú, nombró a Ledesma. “Se decidió además que el amparo fuera colectivo, a pesar de que pocos pudieron acompañarla entonces”, recuerda el presidente de CODESEDH. “Ella no quería una reparación económica e individual”.

Hoy se sabe que el polvo de la quema de caña que se apila en montañas gigantes a pocas cuadras del centro de Libertador se mete en los pulmones hasta endurecerlos, genera problemas respiratorios, enferma y mata.

Eduardo Martínez, ex trabajador del ingenio, testimonia: “Hicimos labores insanas durante toda la vida. Recién cuando me despidieron empecé a tomar conciencia del ambiente en el que estaba, del desprecio de la empresa hacia todos nosotros”. En 2006, tras las insistentes denuncias que Martínez sostenía casi en solitario, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Provincia de Jujuy relevó la situación sanitaria de los trabajadores del ingenio. El informe resultante revela pésimas condiciones de salubridad en los distintos sectores, y hasta señala que la auditoría encontró a chicos de entre 10 y 12 años pelando caña. “Hoy puedo decir que nunca más quiero volver a estar ahí adentro –sonríe Martínez y hace una pausa-. Tengo que agradecerle una sola cosa a Ledesma: que me haya echado; si no, no tendría esta salud para hacerle frente».

 El día después

La tensión que vive la comunidad es constante. Días después de que la Red Federal de Sitios de memoria colocara carteles de señalización en la entrada al ingenio, la Gendarmería y las comisarías de Calilegua y Libertador, como lugares que fueron parte del terrorismo de Estado, el de Ledesma fue despedazado y posteriormente desaparecido. La iniciativa formaba parte del acompañamiento a los juicios. El directorio del ingenio ya había dicho, en una solicitada, que recurrirían a la justicia para quitarlo. No hizo falta.

Las palabras de la docente de Libertador, Marcela Marcial, condensan la impotencia que se vive en Libertador y el clima posterior a la gran marcha del 26 de julio:

“Los intendentes de Libertador General San Martín, de Fraile Pintado y de Calilegua, marcharon junto al directorio de Ledesma SAAI el miércoles 8 de agosto (en una movilización organizada desde el ingenio) y animadamente tomaron los micrófonos para aclarar que estaban para defender la fuente de trabajo, como si eso estuviera en juego; es decir que se ocuparon de seguir alimentando confusión a la gente, con un discurso idéntico al que vienen difundiendo desde hace más de tres semanas la mayoría de los medios radiales y televisivos de nuestra localidad (…) La Escuela de Artes Nº 3 de esta ciudad aloja desde hace mucho tiempo a personas que vienen a la Marcha del Apagón y presta sus instalaciones para la peña con la que se cierra la jornada. El miércoles 1º de agosto nos enteramos que el terreno contiguo a la escuela sería donado a un grupo de jubilados, que obviamente acompañó el ´abrazo´ que se le hizo a la empresa Ledesma el pasado 8. Dicho espacio fue ´cedido´ hace unos 23 años para que la escuela construyera -vía Ministerio de Educación de la provincia- una ampliación que precisa inminentemente”.

Marcial prosigue el relato: “El ministro de Educación de la provincia y su vice prometieron a la directora resolver el problema luego de saber de la represalia indirecta de la que era objeto la escuela. El mismo miércoles de la marcha pro-Ledesma, padres y directora de la Escuela de Artes tenían reunión con el intendente de Libertador, a las 20 horas. Llegó con retraso de hora y media disculpando su tardanza por haber estado apoyando a la empresa. Cuando la directora Teresa Briceño le preguntó cuál era el móvil que lo llevaba a participar de esa manifestación, adujo que recibe cemento de la empresa cada vez que lo solicita. Posteriormente este intendente de apellido Ale, le expresó a la directora: ´También vos, Teresa… cómo se te ocurre alojar a los que vienen a putear a la empresa. Los hiciste enojar´. Ella le respondió que consideraba que su decisión era acorde a la política de derechos humanos de la Nación”.

Al mismo tiempo que Marcela Marcial narraba estos hechos a La Pulseada, un testigo importante de las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy era amedrentado mediante ataques a su familia. Hugo Condorí es el único sobreviviente de la comisión directiva de la Obra Social del Ingenio Ledesma y desde que fue citado a declarar en los tribunales de Jujuy, los agravios no cesaron. Uno de los episodios sucedió la noche del 10 de agosto contra su hija Cristina, que fue amenazada en pleno centro de Libertador por un hombre que intentó arrojarle una moto encima y le dijo: “Decile a tu viejo que se deje de joder contra Ledesma, que lo vamos a hacer pelota… y a vos también”. Días antes habían intentado secuestrar a su nieto de 8 años en la ciudad de San Salvador, justo cuando él debía declarar en los tribunales de Jujuy.