El juicio por la Masacre de Magdalena: 33 víctimas, 3 condenas

En un adelanto de veredicto los jueces del Tribunal Oral Nº 5 de La Plata informaron que de los 17 penitenciarios acusados por homicidio culposo y abandono de persona seguido de muerte sólo hay 3 condenados: el jefe del penal, el secretario y un guardia. La lectura de los fundamentos se realizó el 9 de marzo.

Por María Soledad Vampa
Fotos: Joaquín Plantamura

 

La tensión sólo se liberó para algunos, tal vez momentáneamente. La mitad de los presentes en la sala se llenaron de preguntas. 12 años tardó en llegar la causa a juicio. 33 personas murieron asfixiadas en un incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal Nº 28 de Magdalena en octubre de 2005 y el Tribunal Oral Nº 5 de La Plata, integrado por los Jueces Ezequiel Medrano, Isabel Martiarena y Carmen Palacio Arias, leyó este febrero un veredicto absolutorio para 14 de los 17 agentes penitenciarios acusados. El silencio de sala se interrumpió con llantos nerviosos de los familiares de los guardias, y el tribunal se retiró.

En el centro, de traje, Daniel Oscar Tejeda, el entonces jefe del penal.

Los tres condenados fueron: Daniel Oscar Tejeda, ex director del penal, acusado de homicidio culposo; Reimundo Fernández, secretario de la unidad y jefe de turno al momento de los hechos, y Rubén Alejandro Montes de Oca, uno de los guardias, acusados de abandono de persona seguido de muerte. El monto de las penas se pospuso para la lectura de los fundamentos, que al cierre de esta edición no se conocían: será el 9 de marzo.

“Todavía no podemos hacer una valoración completa y eso en sí mismo es una definición. Nos encontramos con un adelanto de veredicto que ni siquiera tenía el tipo de delito o los años de condena, nos fuimos con ese sabor amargo de ir a buscar el relato de los hechos de cómo la justicia entiende qué fue lo que pasó y no nos encontramos con eso”, dijo Sofía Caravelos después de ese adelanto. La abogada del Centro de Investigación y Acción jurídica (CIAJ) integró las querellas junto con los y las representantes del Centro de estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

“Que haya habido condenas elimina el relato de que lo que ocurrió fue un accidente, un infortunio, o que fueron los internos los responsables, eso está desestimado. Todavía no tenemos la significación jurídica de estas condenas y absoluciones, eso va a terminar de cerrar qué relato construyó el tribunal de los cinco meses de juicio”, consideraron Agustina Lloret y Mariano Lanziano, desde el CELS.

La fiscal Florencia Budiño, que llevó la acusación junto con Victoria Huergo, había pedido penas de 5 años para Tejeda, 15 para Fernández y 10 para Montes de Oca, de acuerdo a sus jerarquías y la calificación de los delitos. En el caso de los absueltos las penas solicitadas iban de los 2 a los 15 años. Entre ellos estaban, por ejemplo, María del Rosario Roma, que al momento de los hechos estaba a cargo de la guardia exterior, y Jorge Martí, el encargado de turno. Todos habían intervenido activamente en la represión previa al incendio disparando balas de goma e ingresando al pabellón. Todos estaban ahí mientras el lugar ardía y no realizaron una sola tarea de rescate.

Lo que sí hicieron después de conocer el veredicto fue festejar. “Es una carga pesadísima que nos pudimos sacar de encima, pero ahora es momento de regocijo. Estoy satisfecha”, declaró Roma a un medio de Magdalena luego de arengar a un público de familiares, madres de “pañuelos azules” y vecinos entre los que incluso estaba el intendente de la localidad Gonzalo Peluso (ver recuadro).

María del Rosario Roma, a cargo de la guardia externa el día de la tragedia, festejando en las puertas de los tribunales

“El día de la sentencia la corporación del SPB se materializó, ocupó la sala, festejó a los gritos, arrojó yerba, huevo y demás elementos sobre los –hasta ese momento– reos como si fuese una recibida de fin de curso”, describieron desde el CIAJ en un comunicado. “No hubo respeto a los familiares de las víctimas ni el orden que caracterizó al juicio. El momento del veredicto no cumplió con el estándar de prolijidad que venía teniendo el debate”, coincidieron desde el CELS.

 Claroscuros

Sin conocer los fundamentos tanto la fiscal Budiño, que prefirió esperar para concretar una nota, como las abogadas de los organismos fueron cautelosas al analizar la situación pero todas coinciden en que van a apelar. Las familiares representadas por cada querella tampoco hablaron con la prensa que esperaba afuera. Rufina, mamá de uno de los muertos, se quedó sentada en silencio mientras todos salían de la sala. Cuando le preguntaron qué pensaba dijo que creía que no era un mal resultado, “me hubiese enojado si condenaban a los perejiles y no a los jefes”. “Por lo menos hubo algunas condenas”, comentó Carolina, pareja de uno de los detenidos. En cambio Gisella –hermana de otro de los presos–, no pudo hablar, la angustia le cortaba la voz.

Desde el CIAJ evaluaron que “no fue en vano pelear el sobreseimiento dictado en el 2010 sobre 15 agentes, pues de lo contrario hoy no tendríamos la condena sobre Fernández, jefe del penal, y Montes de Oca, responsable de la apertura de la puerta. Sin este juicio tampoco hubiésemos logrado que se desarchive las causa por las responsabilidades políticas”.

“Creo que el tribunal se inclinó por las responsabilidades máximas, es decir, el director del operativo, el jefe de la unidad y quien se quedó con las llaves del módulo. Hay que esperar los fundamentos pero a priori hay algo contradictorio en condenar a quien daba las órdenes –se entiende que dio malas indicaciones y había algo para hacer– y absolver al resto de los funcionarios que no dejaban de estar a cargo de esos pibes. Nunca podían apartarse de la responsabilidad que tenían sobre ellos. Limitarlo como en apariencia hizo el tribunal es peligroso”, analizó Carla Ocampo Pilla, la abogada integrante de la querella de la CPM.

Caravelos agregó que las condenas significan que las acciones u omisiones de esos funcionarios provocaron la muerte de esos 33 internos, pero a la vez “no se trataba de hechos individuales sino que era una situación más estructural, y la cantidad de imputados daba cuenta de que eso formó parte de una intervención de ese cuerpo de fuerzas de seguridad cuyas acciones provocaron la muerte. Ahora con la absolución de la mayoría el riesgo puede ser que terminen siendo conductas particularizables, como que fueron manzanas podridas”.

El comunicado que se difundió desde la CPM consideró que con las absoluciones “la justicia consagró la impunidad y convalidó el grave deterioro de las condiciones en que se encuentra el sistema de encierro en la Provincia, y los padecimientos y vulneración de derechos a que son sometidos cotidianamente las personas que permanecen allí alojadas”.

“Esto debería generar un impacto en el servicio penitenciario, no se pueden manejar las cosas a la ligera. El juicio tiene que haber dejado una marca, el haber estado sometidos a proceso durante 12 años y haber atravesado el juicio… eso no era gratis para ellos”, consideró Lloret junto a otra cuestión en la que se avanzó: se reabrieron las causas por las responsabilidades políticas que habían sido archivadas dos veces. “Que se reabran después del juicio quiere decir que tenían sustento”.

El balance del juicio

Después de 12 años de idas y vueltas, sobreseimientos y apelaciones, acusaciones y archivos, y un juicio que duró 5 meses un veredicto con sólo tres culpables pareciera tener sabor a poco. Ante la magnitud y gravedad de los hechos y el tiempo transcurrido la impresión es que la justicia aún no logra estar a la altura de las circunstancias.

Al banquillo de los acusado no llegó un solo responsable político, los 15 imputados iniciales eran parte del personal de turno esa noche y luego se sumaron dos acusados más de la jefatura del penal.

“Fue un juicio extenso porque reconstruir los hechos después de 12 años requería mucho esfuerzo, sobre todo de los testigos presenciales, sumado a la pluralidad de imputados y que el hecho en sí mismo era complejo por todas las situaciones que abarcaba”, repasa Ocampo Pilla.

En el debate oral declararon más de un centenar de testigos que podrían agruparse en cuatro bloques: las personas que estaban detenidas en aquel momento, los bomberos, los agentes penitenciarios, y los peritos y algunos funcionarios. Mediante sus descripciones se fue reconstruyendo la escena del caos de esa noche, una masacre anunciada que sigue siendo posible.

De acuerdo a esos testimonios sólo uno de los 17 imputados, Cristian Núñez –que terminó absuelto, realizó tareas de rescate. El resto sólo “corría asustado” o se dedicaba a custodiar a los presos que habían sacado minutos antes de que se encendiera el pabellón.

“En el debate todos nos sorprendimos con el nivel de claridad de los testigos de cargo, los internos. Fueron todos coincidentes –analiza Agustina Lloret–. El bloque pericial era muy delicado porque era definitorio para lo que se acusaba en el sentido el proceso de muerte en el incendio, si había un margen de intervención o no. Los bomberos eran un capítulo complejo, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y ahí empezamos a ver grises entre bomberos civiles y penitenciarios y un preaviso de lo que iba a ser el bloque de los penitenciarios. Y ése fue un desastre”. Lanziano explica que los funcionarios confirmaron las ideas que tenían sobre la actitud del servicio: “Hubo una reacción corporativa, de ocultar y negar la mayoría de los hechos, inventar situaciones que no habían existido y de manera muy burda”. Esto quedó demostrado en que cuatro penitenciarios quedaron imputados por falso testimonio.

Se probó que el sistema de extinción de incendios no funcionaba: quienes debían revisarlo lo habían hecho mal o no lo habían hecho. Las bombas de agua estaban desconectadas, los matafuegos vencidos o sin carga, y no existían planes de contingencia ni elementos de seguridad. El lugar no cumplía con las condiciones necesarias para alojar personas. Había 60,  murió más de la mitad.

Lo que pasó en Magdalena tiene su antecedente en la Masacre del Pabellón Séptimo de Villa Devoto (1978) y pasó con jóvenes en una comisaría de Quilmes en 2004 (ver La Pulseada Nº 135). Volvió a suceder dos años después en el Penal de Varones de Santiago del Estero y el año pasado en la Comisaría 1ª de Pergamino. Quedó claro que una masacre no es una tragedia, todavía falta mucho para que se reconozcan las responsabilidades y se tomen medidas para que no se siga repitiendo.


 

El intendente penitenciario

Gonzalo Peluso (foto), el intendente de Magdalena por Cambiemos, estuvo presente en la audiencia del adelanto de veredicto en apoyo de los acusados. Al salir del recinto judicial declaró a la prensa que él había sido compañero de los agentes y que los había representado en su momento frente “al acto de injusticia que se estaba cometiendo” y se mostró “muy satisfecho por sus vecinos que se sacan un peso de encima” y algo “triste” porque “un vecino más” (por Montes de Oca) quedó condenado.

 

 


 

LOS TESTIMONIOS

“A veces me despierto con el lamento de los pibes”

La fiscal pregunta qué recuerda. El testigo tiene las zapatillas sin cordones y pide un vaso de agua. “Era un horno de fuego, nos metíamos y chocábamos a las personas tiradas en el piso y las agarrábamos, y más de una vez me quedaba con la piel de las personas en la mano, pero entre varios los sacábamos igual y los llevábamos a sanidad”. Es uno de los tantos detenidos que estaba esa noche en la unidad y declararon durante el primer bloque de testimonios del juicio. Sus relatos fueron precisos, coincidentes. Y la escena se repitió con cada uno de ellos: la represión, el fuego, el abandono.

¿Qué recuerda? “Era día de visita y era el día de la madre. Hubo una pelea. El cuerpo de requisa entra con perro y escopeta, entró la policía (penitenciarios) a reprimir, empezaron a tirar, tirar y tirar. Nosotros empezamos a ir para atrás, tiraron mucho. Alguien dice de ‘prender un fuego para que dejen de tirar’. Cuando prenden fuego, ellos salieron”, reconstruyeron los sobrevivientes.

Después el horror. “Te agarraba desesperación de que quedaban pibes gritando y sacaban las manos por las ventanas y los veías que estaban carbonizados casi. Ingresábamos continuamente, a cada rato íbamos mojábamos las frazadas y tratábamos de entrar”.

–¿Qué tendría que haber hecho el servicio para que las personas salgan?
–Abrir las puertas, nada más.

 


Las víctimas

Las personas alojadas en el pabellón 16 de la UP Nº 28 tenían una edad promedio de 22 años. Tras el incendio murieron: César Javier Magallanes Verón, Ariel Cayetano Daniel Mola Silva, Eduardo Ignacio Díaz, Jorge Javier Martín Vera Melgarejo, Pablo Ezequiel Farías Carabajal, Diego Martín del Valle González, Víctor Enrique Franco Rojas, Néstor Javier López Demuth, Cristian Leonardo Rey González, Omar Abel Pereyra Allión, Rubén Gerardo Merlo Sagués, Jorge Omar Mendoza Abdala, Rubén Darío Ayala Freijo, Agustín Sebastián Ávila Portillo, Abraham Eber Mosqueda Lecler, Roberto Alejandro Cohelo Fernández, Juan Ariel Campos Barretto, Marcos Elio Granados Baldovino, Lucas Hernán Granados Baldovino, Luis Pablo Medrano Rocha, Cristian Adrián Articaglia Cejas, Juan Carlos Tubio Sagratella, Darío Bernabé Puccio Camaño, Lucas Daniel Vallejos, José Ángel Gamarra Mujica, Eduardo Guillermo Maglioni Farías, David Ángel Perosa González, Andrés Gonzalo Gorris Martínez, Cristian Julio Javier Cáceres Fernández, Luis Alberto Torres Pacheco, Ariel Gustavo Cuevas Martínez, Nicolás Augusto Ferreyra Rodríguez y Carlos Alberto Olivera Torres.

Juan Domingo Blanco Recalde y Ángel Eduardo Quintana Ramírez fueron los dos únicos que pudieron salir vivos y dieron su testimonio durante el proceso.

 

 

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