«El hambre es un crimen»

In Subnota -

Semana de lucha por los chicos y las chicas. Documento de la convocatoria

Las personas abajo firmantes somos integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas, de Derechos Humanos, Colegios Profesionales, comprometidas/os, ocupados/as y preocupados/as  en impulsar el debate sobre políticas públicas concretas para  la niñez y la juventud, y su inclusión en la agenda del Estado dentro del marco de la ley 13.298.

Venimos denunciando la ausencia de políticas de Estado efectivas que lleva a la sistemática vulneración de derechos. Esto es encubierto por un  imaginario que asume como natural  el incumplimiento de las leyes y estigmatiza a los niños, niñas y jóvenes como sujetos potenciales de conductas peligrosas. De esto hay responsables, y son los gobiernos, que orientan sus políticas en respuesta a las demandas de los sectores dominantes y no de las necesidades reales del pueblo.

A 4 años de la sanción de la ley provincial 13.298 del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez  todavía nos encontramos exigiendo su plena implementación.  Al día de hoy la ineficacia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, autoridad de aplicación en la implementación de la ley, está dando como resultado que se sostenga en el tiempo la situación de debilidad de los sectores más desprotegidos. El presupuesto total de la provincia de Buenos Aires  en el año 2011 es  de 83 mil 318 millones 934 mil 733 pesos, de ese total se destinan al Ministerio de Seguridad y Justicia social el 10% mientras que sólo el 3,7% es destinado al Ministerio de Desarrollo social. Es decir, se destina tres veces más del presupuesto a Seguridad que a Desarrollo Social.

En la ciudad de La Plata, el Intendente Pablo Bruera, luego de haber adherido a la ley, ha mostrado una vergonzante ausencia de voluntad política para que el sistema de promoción y protección de derechos funcione eficientemente. No ha realizado las acciones correspondientes para destinar los fondos necesarios para el pleno funcionamiento de los servicios locales. Tenemos hoy profesionales contratados en situaciones de alta precarización laboral. Además se imposibilita el acceso de las personas a estos servicios a causa del desconocimiento generalizado sobre su existencia y funciones. Por otra parte, el intendente Bruera ha puesto en el límite de la desaparición a los hogares de la ciudad que día a día cuidan a cientos de niños, niñas y jóvenes.

En este marco se observa entonces, que no es posible  avanzar en la implementación de políticas inclusivas para la niñez y la juventud sin desarticular  la complicidad que existe entre el gobernador Daniel Scioli y el Intendente de la ciudad de la Plata. Las políticas de descentralización, y por lo tanto de vaciamiento, que en los ‘90 atentaron contra el sistema educativo y de salud,  hoy afectan a las políticas de niñez, posibilitando el desvío de fondos a los municipios que engrosan las cajas del clientelismo político y abandonan con hambre a miles de niños, niñas y jóvenes.

Reivindicamos la aplicación de programas dentro de la ley  de promoción y protección, que tiendan a un proceso de real transformación. Pero además debemos  cuestionar el modo en que estos programas son llevados a cabo, dado que la falta de coordinación entre las diferentes esferas del Estado lleva a ejercer violencias sobre los niños, niñas y jóvenes como lo son la sobre intervención y la re victimización.

A la vez desde los medios de comunicación se difunde un discurso que se pretende dominante. Se pone el énfasis en la conducta de los jóvenes y lo que “le hacen” a la sociedad. Pero se ocultan sistemáticamente los padecimientos que sufren los y las jóvenes, sus condiciones de vida y las marcas de la marginalidad a la que son condenados y condenadas.

Es preocupante cómo a Nivel Nacional se continúan promoviendo proyectos punitivos como la baja de la edad de imputabilidad. En la provincia el Gobernador Scioli es un ferviente promotor de la mano dura. Esto lo ratifica con la implementación de las Patrullas Juveniles en nuestra ciudad, destinadas a reprimir la reunión de jóvenes intentado “suavizar” ante la opinión pública el accionar policial. De este modo el gobernador refuerza la criminalización de la niñez y juventud creyendo que con más cárceles se soluciona la inseguridad. Nos preguntamos si conoce la situación alarmante de los institutos de menores de la provincia. En estos lugares la tortura es una práctica sistemática ratificada por las inspecciones realizadas por el Comité Contra la Tortura, ¿es este el trato que le queremos dar a los niños, niñas y jóvenes?

El delito es liderado y protagonizado mayoritariamente por las  personas adultas. Necesitamos, urgentemente, medidas contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y los desarmaderos. Negocios millonarios que atentan contra la integridad física de toda la ciudadanía y que solamente son posibles gracias a la complicidad de poderes políticos, empresariales, judiciales y policiales.

Un conflicto social no se desarticula atacando al eslabón más débil. La gran mayoría de los niños, niñas o jóvenes que cometen un delito poseen historias de vidas marcadas por la vulneración de sus derechos. Es hipócrita reconocer rápidamente a un pibe como victimario, y al mismo tiempo, desconocer la responsabilidad de una sociedad que lo victimiza.

Contrariamente a lo que nuestra legislación establece tenemos jóvenes condenados a cadena perpetúa. El 19 de mayo venció otra vez el plazo que la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dado al Estado para resolver la situación de estos jóvenes, investigar las torturas que sufrieron, y la muerte de Ricardo David Videla Fernández, e indemnizarlos como víctimas de una violación de derechos humanos. Si el Estado no responde, ni resuelve, el caso va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Nos manifestamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad porque no es cierto que sea el único modo de asegurar los derechos y garantías de los adolescentes de 14 y 15 años que ya han sido contempladas con la incorporación a nuestra Constitución de la Convención de los  Derechos de la Niñez. No se trata de sancionar más leyes sino de cumplir las que ya existen, porque decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas independientemente de las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de las y los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

Hoy estamos en esta plaza para gritar una vez más que el hambre es un crimen.

Los chicos y chicas de la provincia tienen hambre de educación, necesitamos escuelas inclusivas, con enseñanza de calidad y capacitación para los  niveles superiores en el marco de la ley que se comprometan y garanticen la Inclusión, no basta con equipos de Inclusión ,si los Inspectores y jefes Distritales de las distintos niveles y modalidades no abren posibilidades que sostengan al joven o a la niña o niño escolarizado, los lineamientos para la inclusión de jóvenes en la secundaria no son claros, dando como resultados de cientos de ellos y ellas queden fuera del sistema educativo.

Los chicos y chicas de la provincia tienen hambre de una salud de calidad. Existe un elevado porcentaje de niños y niñas sin cobertura de salud en la ciudad de La Plata (40%) esto hace que reciban una atención médica deficitaria con esperas de hasta tres meses para ser atendidos, sin medicación, sin prevención, sin seguimiento. Es particularmente delicada la situación de aquellos afectados por el VIH/SIDA debido a que no se han desarrollado medicinas específicas para la niñez y deben recibir el mismo tratamiento que se da a la población adulta. Los niños y niñas necesitan medicación pediátrica gratuita y de forma masiva para  tener sus propios espacios, en conjunto con la alimentación para que la adherencia sea plena.  Además es imprescindible la realización de testeos para poder saber cuántos conviven con el virus.

Si lo que se les da a los niños, niñas y jóvenes solamente es hambre, entonces se está cometiendo un crimen. Si este Estado no garantiza, a todos y todas, el cumplimiento de  sus derechos y establece leyes punitivas y de castigo, entonces  está criminalizando a las víctimas de sus propios crímenes. Estos son los chicos, chicas y jóvenes que nacieron durante el auge del menemismo, con padres sin trabajo y en medio del quiebre sistemático de la educación y la salud pública que expresan sus efectos y continuidades en la actualidad.

Mientras continuemos teniendo a este Ministro de Seguridad, Ricardo Casal, que dirige a esta policía bonaerense patrullando nuestras calles y barrios, reclutando jóvenes, niños y niñas para el robo, ejerciendo la pena de muerte a través del gatillo fácil como hicieron con Darian Balzábal en Los Hornos, desapareciendo a jóvenes como Luciano Arruga, torturando en las comisarías, amenazando e incumpliendo las órdenes judiciales de protección de la niñez, es imposible hablar de seguridad en la provincia y es imposible hablar de Estado de derecho.

 

La única solución a la violencia urbana es el achicamiento de la brecha de desigualdad social y una real distribución de la riqueza. Es imperioso garantizar el acceso universal a la alimentación, la salud y la educación, derechos básicos de cualquier sociedad democrática.  La Asignación Universal por Hijo es una lucha histórica que venimos sosteniendo desde el campo popular, pero es necesario profundizarla, garantizando su real universalización y reglamentación legislativa, para que los fondos partan de un presupuesto destinado por el Congreso Nacional. Sin estos puntos la Asignación Universal por Hijo resulta insuficiente. Además exigimos un plan de documentación provincial que posibilite el derecho a la identidad y el acceso a la Asignación Universal por Hijo, teniendo en cuenta la precaria situación a la que son condenados centenares de familias inmigrantes en la provincia.

Compartimos la convicción de que la manera de enfrentar los problemas sociales que sufrimos cotidianamente es mediante la organización y la construcción colectiva. Es nuestro aporte por una sociedad sin excluidos ni excluidas, sin explotados ni explotadas, sin hambreados ni hambreadas. Debemos dar el sincero debate sobre la  corresponsabilidad de los distintos actores políticos que por acción u omisión permiten que la ley de Promoción Y Protección no se instale.

Necesitamos políticas que promuevan la vida digna de estos miles de niños, niñas, jóvenes y sus familias. Sólo promoviendo sus derechos podemos construir alternativas de vida, sin violencia y sin privaciones. Hablar de derechos de los niños, niñas y jóvenes es referirnos a promover su autonomía y brindarles el cuidado que necesitan. El castigo no educa. No podemos permitir que se profundice la brecha entre aquellos niños, niñas y jóvenes que poseen oportunidades y posibilidades de desarrollo y aquellos sólo pueden aspirar a ser víctimas de todo abuso.

Por eso decimos:

No a la baja de edad de imputabilidad

Plena implementación de la ley 13 298

Sanción de la ley que garantice la Asignación Universal por Hijo

Acceso universal al DNI

Políticas de inclusión escolar

Medicamentos pediátricos para enfermos de HIV/SIDA

Aparición con vida de Luciano Arruga

Basta de gatillo fácil y corrupción policial

Por la plena vigencia de los derechos humanos en las instituciones de encierro

Ningúna piba ni  pibe nace chorro.

Las chicas y chicos no somos peligrosos, estamos en peligro.

El hambre es un crimen

 

Convocan:

Agrupación María Claudia Falcone; Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez-Olla popular de Plaza San Martín; Caracol Bababundo; Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral (CTAI); Colectivo de trabajo barrial Garabatos de la Aceitera; Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Bs. As-Distrito La Plata; Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires; Juventud Guevarista-Unión del Pueblo; Frente Popular Darío Santillán; Movimiento Justicia y Libertad (CTA); Mate Popular…

7 de junio 2011

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