El destino de la conchilla

La Municipalidad de Magdalena fue intimada por la Justicia a frenar movimientos de suelo y desmonte a la vera de la ruta 11, en una zona protegida por la Unesco como “Reserva Mundial de Biósfera”. Dudas sobre la utilización del material y sospechas de un negociado.

Texto y fotos: Vanesa Carbajal

Desde Punta Indio sostienen que Magdalena «dibujó» la obra aduciendo que eran trabajos de mantenimiento de ruta y la construcción de un parador.

El Parque Costero del Sur es un área protegida en peligro. Ubicado a orillas del Río de La Plata, comprende parte del territorio de Magdalena y Punta Indio, y está siendo explotado por actividades de extracción de conchilla por parte del propio Estado sobre la banquina de la ruta 11.

Vivimos dentro de un área protegida, pero no protegidos”, manifiestan los integrantes de Comunidad Costera del Sur (Comcosur), una ONG ambientalista que pidió una medida cautelar a la que el juez Francisco Terrier, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, le dio lugar. Esto obligó a la Municipalidad de Magdalena a suspender los trabajos que había iniciado con maquinaria pesada causando movimientos de suelos y desmontes.

Esta Ruta Parque es definida como la columna vertebral del área protegida que se conoce como Reserva Mundial de Biósfera “Parque Costero del Sur”, y fue así declarada por la Unesco en febrero de 1985.

Reservistas vs. terratenientes

Antes de ser declarada como área protegida por la Unesco, la zona ya tenía una característica de patrimonio ambiental muy marcada que compitió siempre con la tenencia de las tierras que grandes y renombrados propietarios adquirieron un siglo y medio atrás a costa del derrame de sangre de los habitantes nativos.

El rol de existencia social, económica y productiva que tenía la región en los comienzos de la nación era el encadenamiento de las viejas estancias, con un sistema de producción que miraba a la pampa, hacia donde trasladaba el ganado por los caminos reales. Cuando se modificó el sistema, las estancias pasaron a ser un lugar de paseo para los propietarios, la gran mayoría de ellos ingleses, como queda en evidencia en algunos de sus nombres. Las tierras entonces pasaron a tener un factor de garantía de bienes y otro rol en el contexto político-social de la aristocracia, en el mundo liberal en el que se fundaba la Argentina de entonces.

En junio de este año la Municipalidad de Magdalena comenzó una obra extractivista de conchilla sin pasar por el Comité de Gestión

En ese contexto, dicen los integrantes de Comcosur, “la naturaleza, es un elemento que no entra. El modelo liberal hace que esto tenga un valor de garantía hipotecaria. La naturaleza, para ellos, es un recurso para llegar a tener un mayor beneficio. Para nosotros, es la gran madre, indiscutiblemente”.

Cuando se empezó a hablar de definir un área para regular su uso, los grandes propietarios lo consideraron una limitación de su poder. Al fin y al cabo eran ellos los dueños de la tierra. Muchas veces, la inacción estatal es funcional a esos mismos intereses.

Reserva de Biósfera

En febrero de 1985, la Unesco dio la membresía internacional y declaró al espacio como Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur, que abarca desde el Puente Arroyo Blanco, en el partido de Magdalena, hasta la intersección de las rutas 11 y 36, en Punta Indio, con cinco kilómetros tierra adentro, sumando un total de 24 mil hectáreas. Esto permit regular y controlar el uso del ambiente. Para sostener esa membresía, cada diez años la Unesco prevé un plan de revisión, que en este caso deben presentar las dos municipalidades.

Para cumplir con ese trámite, en 2014 se creó a través de los Concejos Deliberantes el Comité de Gestión Parque Costero del Sur. Se trata de un órgano consultivo, que tiene dos partes representativas. Cuenta además con una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría que varían año a año, rotando los municipios en los diferentes cargos. Generalmente son funcionarios cercanos a los intendentes.

También se pensó en la participación de la comunidad a través de organizaciones e instituciones. En esa instancia se generan diferentes miradas; en general se expone que se “debería tener en cuenta” las ideas planteadas por las organizaciones, sin que sea una opinión vinculante. Como representantes de la sociedad civil participan ONG´S ambientalistas, la Sociedad Rural, una radio comunitaria, productores agropecuarios, y cualquier persona o institución que quiera asistir a las reuniones.

El Parque Costero del Sur fue definido como la columna vertebral del área protegida como Reserva Mundial de Biosfera por la Unesco, en febrero de 1985

Sin embargo, para armar el último plan de gestión, las municipalidades contrataron una consultora privada, la Fundación Cepa de La Plata, dirigida por Rubén Pesci. Entre otras cuestiones, desde ese sector se promovió la conformación de una fundación privada y que se triplique la superficie de la reserva.

En diciembre de 2018 presentaron ese plan y en la propuesta final se incluyeron 74 mil hectáreas, ampliando la reserva de forma tal que quedarían incluidos el casco urbano de Magdalena, el complejo carcelario, el campo de tiro del regimiento militar, y otros espacios que poco tienen que ver con los principios de reserva de biósfera.

A través de la movilización de vecinos y vecinas, en febrero de este año se rechazó la idea y se dio de baja esa propuesta. Los municipios entregaron la gobernanza total del parque al Comité de Gestión. Los autoconvocados manifestaron entonces que la propuesta de crear una fundación fue la manera que encontraron las autoridades de privatizar el manejo de un territorio que tiene un nomenclador técnico reconocido internacionalmente. “Esa marca, sirve y vale; y quisieron aprovecharla para quedarse con un manejo púdico que les permitiría negociar sus propios proyectos”, remarcó Benedicto Veleta, presidente de Comcosur.

La cautelar

En junio de este año la Municipalidad de Magdalena comenzó una obra extractivista sin pasar por el Comité de Gestión. La zona de la reserva y sus alrededores cuenta con unos cordones que contienen abundante conchilla. En la región son dos las empresas que explotan ese recurso en tierras privadas ya que para su extracción se necesita una habilitación de minería. Pero el municipio lo realizó a la vera de la ruta y por un largo recorrido, en un territorio que corresponde al área de la Dirección de Vialidad, sobre la banquina.

Cada municipio mantiene la ruta 11, en convenio con Vialidad. Dentro del mantenimiento queda comprendido el “rastreo” que puede implicar traer material de la banquina hacia la ruta, sin destruir el monte nativo. El secretario de gobierno de Punta Indio, y presidente actual del Comité de Gestión, Gabriel Dalussio, dijo en diálogo con La Pulseada que desde Magdalena de alguna manera se “dibujó” lo que iban a hacer aduciendo que eran trabajos de mantenimiento de ruta y la construcción de un parador.

Comcosur resolvió pedir la medida cautelar. Incluso antes de la aprobación de la medida, el juez, mediante un oficio al municipio, solicitó un informe cuya respuesta desde Punta Indio fue que la extracción era provocada por Magdalena. “Hacer una excavación e ir a sacar la conchilla que está abajo y hacerlo en 1.500 metros termina siendo una cantera”, dijo el presidente del Comité. El juez también les pidió la realización de un informe de daño ambiental, que se propone se ejecute en convenio con la Universidad Nacional de La Plata.

En la entrega de la gobernanza al Comité de Gestión, en Punta Indio se derogó la ordenanza 40/1996 que tenía dos puntos: uno renombraba el estatus que le daba la Unesco a esta parte de Parque Costero, dándole un marco de protección ambiental; y el segundo punto tenía que ver con la creación de una gobernanza, local y autárquica. El municipio de Punta Indio considera que el Comité de Gestión toma la figura organizativa que plantea la gobernanza. Y respecto al primer punto, se considera que no pueden declarar una reserva más que municipal. Y como es compartida con Magdalena, debiera ser algo a resolver en conjunto.

Contextualizando la cuestión de modo histórico ya que tener en cuenta que esa ordenanza surgió con muchas presiones en el comienzo de la autonomía del distrito. “No se había hecho el plan de manejo, y nunca se hizo porque no era viable, un ente autárquico tiene una administración propia, y el municipio no puede sostener una nueva estructura”, dijo Dalussio. Y agregó que “ninguno de los municipios va a ceder autonomía sobre el Parque, mucho menos del lado de Punta Indio, que tiene un pueblo dentro y un delegado electo”. De todas maneras, al reconocerse el Comité de Gestión, el Ejecutivo tiene que hacer las consultas respectivas ante una acción o decisión de impacto dentro de los límites del Parque.

Al hacer lugar a la cautelar, el juez Terrier solicitó, por un lado, “la inmediata suspensión” de las actividades extractivas. Y para ello requirió controlar el cumplimiento de las leyes 11.723 y 14.888 a través de los organismos provinciales competentes: Organismo Provincial para el Desarrollo y Ministerio de Agroindustria. La cautelar salió en julio, pero la maquinaria de la municipalidad de Magdalena fue retirada recién el 15 de agosto.

Terrier también pidió a los jueces de paz de Punta Indio y Magdalena que corroboren el cese de la extracción y realicen informes. En el caso del juez de Punta Indio, Guillermo Fina, hasta mediados de agosto no le había llegado ninguna notificación oficial más allá de que la conocía extraoficialmente y estaba a la espera de recibirla para realizar el informe de daño ambiental. La jueza de Magdalena, Marisol Guidobono, no quiso hablar con La Pulseada. Argumentó que nada oficial había llegado a su despacho.

Lo grave de la cuestión es que después de que se dio lugar a la cautelar la Municipalidad de Magdalena siguió trabajando y haciendo cavas aún más profundas.

¿Por qué tardan tanto las notificaciones? ¿Por qué no se acercó el juez Terrier a corroborar él mismo el extractivismo que aplicó a Magdalena estando a sólo 50 kilómetros? Las preguntas irán encontrando respuestas o no, a medida que se comiencen las acciones de saneamiento. Cobran cuerpo las sospechas de que detrás hay negociados e intereses que exceden lo ambiental.

¿Cuál será el daño provocado? ¿De qué manera se llevará a cabo el saneamiento? El ambiente no es algo que se pueda reponer. Además surge un interrogante mayor: ¿A dónde fue a parar lo extraído de conchilla?  


Naturaleza, sujeto de derecho

La Comunidad Costera del Sur (Comcosur) es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la investigación y el desarrollo ambiental en lo que tiene que ver con la producción de los alimentos, básicamente con la denominada soberanía alimentaria, entendiendo como eje central de la organización que la naturaleza es un sujeto de derecho.

Viene trabajando como ONG hace cinco años, cuando se juntaron vecinos de Punta Indio y sus alrededores. Delimitaron como área de trabajo una zona que va desde el río Salado hasta el Riachuelo, en la línea costera del Río de La Plata. El objeto de sus investigaciones son los problemas ambientales.

Para ellos, el caso de la extracción de conchilla en Parque Costero del Sur tiene un valor agregado, ya que afecta a un área protegida. Y si bien no son partidarios de la judicialización en este momento esa vía ha sido una herramienta fundamental “porque permite una solución, cuando te acorralan”.

Hacen hincapié en la importancia que tiene que estos temas tomen relevancia y apuntan a poner en la agenda de la opinión pública que no se puede hacer cualquier cosa con los recursos, sean estos estatales o privados.

Desde la organización tienen proyectos a largo plazo, como una huerta experimental para promocionar el cultivo familiar y trabajar con escuelas con la idea de volver a conectar la niñez con la naturaleza.

Plantean como otro objetivo la interacción para tener en cuenta las inquietudes y problemáticas que tiene la población, llevado a la práctica cotidiana, corriéndose de lo academicista.

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