Dos frenos a la tortura

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Foto Paula Bonomi

Los casos de Patricio Barros Cisneros, por el que cinco penitenciarios acaban de ser condenados a prisión perpetua, y Luciano Arruga, con un policía sentenciado a 10 años de prisión, marcan un punto de inflexión en el tratamiento de un delito que casi nunca llega a juicio.

Por Francisco Martínez

La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó en apenas una semana de mayo dos fallos ejemplares, que le ponen un freno a la peor forma de la violencia carcelaria e institucional. Las sentencias en los juicios por las torturas que sufrieron Patricio Barros Cisneros (26) y Luciano Arruga (16) abren un panorama nuevo para decenas de organizaciones y centenares de militantes que luchan cotidianamente frente al silencio de los grandes medios de comunicación y la asepsia de los despachos judiciales, que desestiman las denuncias como delitos menos graves o las arrumban en un rincón del “casillero”, a la espera de una prescripción.

El caso más trascendente es el de Barros Cisneros, un interno de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en San Martín, asesinado el 28 de enero de 2012 por una patota de penitenciarios que lo molió a golpes frente a su novia y familiares de otros presos, durante una visita carcelaria.

Ese día, él esperaba verse con su concubina embarazada, y se quejó porque, tras largas horas de cola de familiares y la humillante requisa habitual, las autoridades de la Unidad dispusieron que la visita fuera en el patio, a los rayos del sol del verano. El joven quería intimidad y su protesta molestó a los penitenciarios, que literalmente lo mataron a golpes, delante de muchos testigos, incluida su novia, Giselle (18). “Yo gritaba que lo suelten, que dejen de pegarle, pero los agentes le decían ‘¿vas a tener visita y porque te querés echar un polvo te haces el malo?’, y le pegaban en los testículos, en la cabeza. Ahí dieron la orden para sacarme, cuando me sacaron le seguían pegando”, declaró la chica ante el Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín. Entonces, ella cursaba el cuarto mes del embarazo y por el trauma lo perdió.

Según la autopsia, Barros Cisneros recibió 36 golpes (trompadas, puntapiés y bastonazos); la mayoría, en la cabeza y en el cuello. La causa de muerte fue “asfixia”, aunque también tenía hundimiento de un globo ocular y marcas de un intento de defensa en los brazos, y se comprobó que le arrojaron gas pimienta.

En el juicio, que contó con dos testimonios bajo “identidad reservada” y sala de audiencias desalojada, se acreditó además que los penitenciarios simularon una autolesión del interno con el armado de un parte ideológicamente falso que sirvió como piedra basal del encubrimiento. Ese documento indica que Patricio logró zafarse y escapar, pese a que había sido rodeado por 10 penitenciarios —uno pesaba 120 kilos—. Así y todo, llegó hasta la reja del pasillo y, “sin mediar motivo alguno, comienza a golpear su cabeza fuertemente contra las rejas para luego caer pesadamente contra el suelo, quedando instantáneamente inmovilizado”, dice el increíble parte con el que intentaron fraguar los hechos. Además, “plantaron” una faca junto al cuerpo del interno y uno se autoinfringió una lesión de arma blanca para simular que existió una pelea.

El 8 de mayo pasado cinco de los guardiacárceles que participaron de la golpiza fueron condenados a prisión perpetua por “tortura seguida de muerte”: Rodrigo E. Chaparro, Gerardo R. Luna, Juan M. Liberto, Miguel V.r Gallego y Héctor A. Mario. Un sexto, Claudio Keem, resultó absuelto, y tanto la fiscalía como el Centro de Estudios Legales y Sociales —querellante— estudiaban una apelación. Por el caso hay un prófugo, César Raúl Benítez, y uno de los penitenciarios detenidos, Víctor Silva, se ahorcó en la alcaidía de Avellaneda antes de llegar al juicio oral.

La previa a la desaparición

El segundo fallo se produjo unos días después, el 15 de mayo, e involucró parte de la historia de Luciano Arruga (La Pulseada 77 y 107), el joven de 16 años desaparecido después de haber sido detenido por la Policía en Lomas del Mirador y hallado casi seis años después en una morgue, alojado como NN.

No por su desaparición sino por una detención y tortura que Luciano sufrió el 22 de septiembre de 2008, el TOC 3 de La Matanza juzgó a un policía. Este fallo servirá de ejemplo para los casos de menores de 18 años detenidos por la Policía, que está obligada a comunicar inmediatamente esa aprehensión a los padres. En el caso de Arruga, se prolongó ocho horas e incluyó verdugueadas para hacerle confesar el robo de un MP3 a un alumno de una escuela del barrio.

Luciano fue golpeado por un grupo de policías, obligado a comerse un sándwich escupido por ellos y amenazado con ser llevado a una celda de detenidos por abusos sexuales. Sólo el oficial Julio Diego Torales fue juzgado y condenado a 10 años de prisión, una pena que podría calificarse de grave teniendo en cuenta los pocos casos de torturas que llegan a juicio.

La jueza Diana Nora Volpicina, que redactó el voto al que adhirieron sus colegas, consideró que los policías “desconocieron la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos”. “No importó nada, sólo amenazarlo, pegarle y colocarlo en una situación de humillación que generó en el menor un temor y angustia que, a mi modesto entender, nunca superó”, agregó la jueza.

Es que, según declararon sus familiares, después de esa detención Luciano se mostró temeroso de la Policía, no quería salir solo y esquivaba los patrulleros cruzándose de calle. Meses después, el 31 de enero, la Policía volvería a detenerlo y liberarlo, tras lo cual murió atropellado cuando intentó cruzar una autopista, en circunstancias que aún no están del todo claras.

Detenido en una sala de aquel destacamento, Luciano le pudo decir a su hermana, desde el otro lado de la pared: “¡Vane, sacame de acá que me están moliendo a palos!”. Según el fallo, los policías le negaron a Vanesa Orieta y a su mamá poder hablar con él. El policía Torales, destaca la sentencia, “sabía los derechos que tenían el niño y sus familiares y se los negó”.

Otro juicio emblemático en marcha

El 30 de abril arrancó en el TOF N° 1 de San Martín el juicio por las torturas sufridas en 2011 por Brian Oscar Núñez (18). En el Anexo V del Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos, recibió golpes en todo el cuerpo, esposado; intentaron introducirle un bastón en el ano; lo quemaron, desnudaron, ducharon con agua fría y amenazaron. Terminó irreconocible para su mamá, que dijo: “Casi me lo devuelven en un cajón. Cuando llegué había mucho olor a asadito y botellas de vino”. La Procuración Penitenciaria de la Nación es querellante y están imputados los penitenciarios Juan P. Martínez, Víctor G. Meza, Roberto F. Cóceres y Javier E. Andrada.

 

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