Cuando falla la Justicia

142-CondoriLa acusación por instigación al suicidio de Mariana Condorí, que se ahorcó en 2012 en Villa Elvira, no prosperó por una deficiente investigación. La sentencia contra su pareja invisibilizó el contexto de violencia que sufrió durante años. Para la Justicia fue más grave el robo de un celular. Preparan otras cinco causas contra el acusado

Texto: Juan Manuel Mannarino
Fotos: Gabriela Hernández

Un día Mariana Condorí no pudo más. La vida en pareja con Gabriel “Chancho” Maldonado había estallado en una furia ciega de celos y posesión. Un sonido enloquecedor que fue creciendo hasta convertirse en algo insoportable. Dos años de insultos que se convirtieron en amenazas, de hostigamientos que se tradujeron en golpes, de gritos que se fusionaron
en destrozos. Una familia construída en el maltrato cotidiano con un bebé a cuestas, que era el testigo -junto a otros dos hijos que Mariana había tenido de una relación anterior- de un infierno a ras del suelo. Y una existencia furtiva: a los veinte años había retomado la escuela primaria a espaldas de él. No podía confiarle nada: toda salida, toda actividad, parecía ser la de un engaño premeditado. La mente del Chancho, seis años mayor que ella, se expandía en un dominio que no conocía límites.

Deprimida, ciertamente derrotada, Mariana había hablado con familiares y vecinas. Les dijo que estaba harta y a algunas les confesó que había pensado en quitarse la vida. Como suele ocurrir con mujeres víctimas de violencia, vivía en un círculo perverso: a la etapa de agresión sucedía la del arrepentimiento y luego la promesa de cambio. Pero una vez consumado el perdón volvía a activarse el mecanismo de violencia. Varias veces, después de los ataques del Chancho, Mariana armaba el bolso, se subía a un remís y volvía por un tiempo a lo de Alejandra Pereyra, su madre. A los pocos días, él aparecía. Se arrepentía, lloraba y pedía ver a Aymara, la hija en común. Alejandra no lo dejaba entrar. Una noche, furioso, el Chancho gritó desde la vereda: “Te voy a matar, no me importa porque ya estuve preso varias veces. Putas como vos hay en todos lados”. Antes de conocer a Mariana, Maldonado había purgado cinco años de encierro.

La escalada de violencia fue brutal. Una mañana, Aymara se enfermó de bronquiolitis y quedó internada. Él creyó que su novia se había ido con otro hombre y le fracturó la mandíbula. Antes le había pegado en el hospital, celoso de enfermeros y médicos. Y por si no hubiera sido un castigo suficiente, la hizo conducir en moto hasta la casa de su madre mientras la golpeaba y amenazaba con un revólver.

El 6 de marzo de 2012, una semana antes de quitarse la vida, Mariana fue a la comisaría Tercera de Los Hornos. Dijo que el Chancho había tenido un ataque de ira, que rompió muebles, que la golpeó con un palo, que le puso un cuchillo en el cuello. Que no era la primera vez que lo hacía. Y pidió protección policial. Pero sólo le tomaron la denuncia y no ordenaron ninguna medida urgente. Volvió a mudarse a la casa de su mamá y él le rogó que retirara la denuncia y la llenó de regalos. Le compró una moto, le armó un almacén en la casa, se convirtió en una padre tierno con la beba. Mariana regresó a la casilla de un ambiente que compartían en Villa Elvira. Lo hizo con dudas y con el ánimo por el suelo. La mañana del 14 de marzo los vecinos escucharon ruidos. El último estallido de furia de Maldonado fue demoledor. Los investigadores reconstruyeron una escena de violenta discusión donde ella habría agotado las energías que le quedaban y esperó estar a solas para ahorcarse con una chalina.

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Cuatro años después, tras una investigación que fue severamente cuestionada por la querella, hubo un juicio. Y la causa aún continúa: los familiares de Mariana tienen la expectativa de celebrar dos nuevos procesos contra el agresor.

La pesquisa fue tan irregular como inédita. La autopsia había determinado “suicidio”. En los primeros meses no habían existido avances pero el caso dio un giro cuando el fiscal Marcelo Romero ordenó imputar a Gabriel Maldonado por “instigación al suicidio”, una figura penal infrecuente en casos de violencia de género. Fue el mismo fiscal que había recibido la denuncia de Mariana Condorí y que había decidido dictar una audiencia de conciliación para la pareja. El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) –al que pertenece Sofía Caravelos, abogada de la familia de Mariana Condorí– denunció al funcionario por plantear un recurso contrario a tratados internacionales y a la ley nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La Procuración no lo sancionó. Pasado el tiempo, la figura de instigación no fue abordada con rigor –a Maldonado se lo indagó pero la causa se elevó a destiempo y no cumplió los tiempos procesales– y será tratada, según creen desde el CIAJ, en otro juicio.

En este juicio los testigos demostraron que Maldonado ejercía todo tipo de agresiones hacia Mariana: violencia física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica. “No fue un solo hecho el que desencadenó la muerte sino varios que se produjeron en un contexto de violencia permanente”, explica Caravelos.

Pero la causa por Mariana fue paralela a otra por robo y resistencia a la autoridad. Al Chancho lo habían detenido por daño calificado y el robo de un celular a una señora inválida, a la que golpeó salvajemente. Por ese hecho lo condenaron a siete años de prisión. Así llegó al juicio con una condena previa e imputado por cuatro delitos vinculados con Mariana: lesiones leves, privación ilegítima de la libertad, daños y amenazas. “Hubo irregularidades en la recolección de pruebas y no se comprendió la sumatoria de delitos en un contexto de violencia sino como una masa donde todo dio lo mismo: a la fractura de mandíbula la consideraron lesión leve, que tiene una pena mínima de un mes, y no como grave. Y no es una lesión meramente física, porque tiene un daño emocional y refleja un ansia de sometimiento de la mujer”, dice Caravelos a La Pulseada.

El proceso dejó pendiente un debate paradigmático en violencia de género –y poco abordado por la Justicia–: la instigación del victimario sobre la víctima, coronado por el dominio de su voluntad. Nadie puede entender esta historia sin una comprensión profunda de la cadena sistemática de maltratos que destruyó la integridad de la joven. En las audiencias, sin embargo, el defensor de Maldonado habló de un vínculo de pareja “anormal”, una relación pasional, enfermiza, obsesiva. “Así se invisibilizan las relaciones de dominio estructural que existían entre ambas personas. Y se corre al Estado de su responsabilidad”, expresó el CIAJ en un comunicado.

El 16 de junio último, luego de tres jornadas de debate, el Juzgado en lo Correccional 5 presidido por el juez Diego Tatarsky condenó a Maldonado a tres años por lesiones y privación ilegítima de la libertad, y lo absolvió de los delitos de amenazas y daños. La pena final terminó siendo de diez años de prisión ya que se unió la que ya poseía por el robo del celular. “Es decir que el delito contra la propiedad fue más significativo para el Poder Judicial en términos de condena que lesionar a una mujer, privarla de su libertad y de su autonomía. Es impactante”, analiza Caravelos.

El CIAJ y el fiscal del juicio, Álvaro Garganta, apelaron la sentencia ante la Cámara. Pidieron que se consideraran los agravantes y la forma de combinar los delitos para aumentar la pena. El fallo, según la abogada, invisibiliza el contexto de violencia de género.

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Como muchas madres y familiares de víctimas el rol de Alejandra es central. Mujer de bajos recursos, logró empoderarse y salir del individualismo para construir redes y presionar a la investigación judicial. Recorrió los pasillos de la Justicia, se reunió con organizaciones sociales y habló con los medios. Todo significó una experiencia transformadora que encontró apoyo en el patrocinio jurídico gratuito del CIAJ. Tras la sentencia, sin embargo, confesó estar cansada. “Estoy muy indignada con la Justicia. Desde un principio hicieron las cosas muy mal y siento que le cubrieron las espaldas a Maldonado. El fallo es pobre, no dijo nada sobre el calvario que pasó mi hija”, expresó desilusionada.

La decepción no frena las ganas de seguir luchando. Alejandra piensa volver a presentar pruebas para que a Maldonado lo juzguen por instigación al suicidio. Soledad, otra de sus hijas, dice que en el juicio se sintieron maltratadas por el defensor de Maldonado. Y que el Chancho se les reía en la cara. “Maldonado habló muy mal de nosotros, siempre se victimizó –cuenta–. Cuando estaba libre él nos tiroteó la casa y no le importó que estuviera su hija. Tiene que pagar por el daño que le hizo”.

En la casa de Alejandra, el rostro de Mariana aparece por todos lados. Estampada en un cartel. En muebles y paredes. Y tatuada en la espalda de su madre. La cara con los ojos negros achinados, el flequillo Stone, la sonrisa forzada.

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La violencia contra las mujeres no se detiene y la Justicia evidencia un accionar lento y aún repleto de obstáculos. “Mariana llegó a ese desenlace por el desamparo estatal y el grave contexto de violencia intrafamiliar que vivió –analiza Caravelos–. Una joven pobre hace una denuncia gravísima y a la semana aparece muerta. Es también responsabilidad de la Justicia. Además el Código Penal no establece tipos penales que vinculen las situaciones de instigación al suicidio como propias de un contexto de violencia de género”. Y ejemplifica: las mujeres tienen que llevar adelante las denuncias, sin poder costearse abogados, y el 75% se archivan cuando no son minimizadas en su calificación penal.

La batalla judicial no está cerrada. El CIAJ propone demostrar un antecedente jurídico para abrir el camino en la investigación de otros casos de instigación al suicidio en el país. Y probar que casos como el de Mariana Condorí no son hechos de la intimidad sino, como dice la antrópologa Rita Segato, crímenes sociales en los que policías y funcionarios judiciales son cómplices.

 

Cinco delitos más

Un fallo de la Cámara de Casación posibilitó investigar otros cinco delitos por lesiones leves contra Maldonado al declararlos de “interés público”. “La defensa y la Cámara habían rechazado investigar estos delitos porque los ponían en la instancia privada. A diferencia de los cuatro delitos que llegaron a juicio, éstos habían aparecido en el relato de la familia y por testimonios de vecinos después de la muerte de Mariana. Casación entiende que hay un interés público para que se sepa la verdad y que no se necesita la denuncia de la víctima. Y con ese fallo sentó un precedente histórico para casos de violencia de género”, explicó la abogada Sofía Caravelos.
El caso Condorí no se agotó en el juicio. “Es complejo, la causa empezó siendo una pero luego se extendió a diez delitos en total y con variaciones en los procesos según cada cual. Hasta a nosotros nos cuesta entenderla”, confesó Caravelos. En síntesis: podrían existir aún dos juicios más –por instigación al delito y por las lesiones leves comprobadas por denuncias de familiares y vecinos luego de la muerte de Condorí–

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