El juez que estudia las irregularidades en el registro de las víctimas fatales del temporal aseguró a La Pulseada que el acceso a información “relevante” para avanzar es “obstruido permanentemente”.
Hay “dificultades serias” para acceder a determinados registros públicos solicitados en el marco de la causa que lleva adelante, se quejó el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias en diálogo con este medio. El acceso es “obstruido permanentemente: nos van bloqueando. Hay una fuerte resistencia a entregar datos para la investigación”, evaluó, y dejó encendida así una alerta. Para que haya administración de justicia debe fluir la información, pero ciertos datos no estarían llegando al juzgado que estudia las consecuencias del trágico temporal de abril.
Arias, cuya competencia en la investigación fue confirmada por la Suprema Corte luego de disputas durante el primer tramo de la investigación judicial por la inundación, ya había tenido problemas para acceder a datos. Una prohibición para ingresar al predio de la morgue policial de La Plata y dificultades para obtener de Policía Científica libros y planillas sobre cadáveres son algunos ejemplos.
Otro ejemplo son los registros de las cámaras de seguridad del Monitoreo Público Urbano (MOPU) solicitados por el juez, que la semana pasada cuestionó haber recibido ese material en forma parcial. En lugar del registro completo del 2 y el 3 de abril Arias asegura que recibió, aunque de todas las cámaras, sólo 2 horas: desde las 15.30 hasta las 17.30 del 2 de abril.
La utilidad de dicho material había sido valorada ya por otros actores. Por un lado, el jefe de Gabinete, Santiago Martorelli, lo ponderó al exponer ante la Comisión Especial constituida para estudiar el porqué de la inundación: “Nosotros a partir del registro que muestran las cámaras también nos nutrimos de información para determinar la situación que se está viviendo en distintas zonas de la ciudad”, explicó. Por otro lado, el accionar del MOPU durante la inundación motivó un pedido de informe del bloque del Frente Amplio Progresista (FAP), que pidió conocer cómo funcionó esta dependencia municipal de vigilancia urbana, con qué personal y con qué articulación con el resto de los actores involucrados en la emergencia. Este bloque además requirió la presencia de Juan José Rivademar, a cargo del MOPU, en la Comisión Especial, cuya tarea acaba de concluir y debería emitir su primer dictamen en los próximos días.
Antes de responder al pedido del juez Arias, voceros del Municipio habían señalado: “Allí donde se cortó la luz, las cámaras sobrevivieron con una batería de autonomía que cubre desde media hora hasta dos horas, pero esto sirve para tomar dimensión de la tormenta”. Y ensayaron: “Algunos parece que pretenden que ese material llegue a la televisión”, en el marco de la fuerte disputa política que rodea a la trama judicial de las inundaciones.
La APDH apoyó a Arias
Ayer se conoció una declaración de la Asamblea permanente por los derechos humanos (APDH) La Plata referida a la catástrofe de abril. El organismo expresó mediante un comunicado “dolor y preocupación por las víctimas, ciudadanos que se vieron enfrentados a situaciones extremas”. En materia de responsabilidades, denunció que “los distintos funcionarios intervinientes no sólo no atendieron a los informes de peritos e intelectuales que trabajaron sobre la previsión de estos hechos, sino que profundizaron las causas que dieron lugar a las inundaciones en los diferentes barrios”. A esto se sumó, en la perspectiva de la APDH, que “el Estado no intervino y se vivieron escenas dramáticas como consecuencia del abandono de personas”.
En su comunicado, la APDH criticó además la “falta de afán de investigación y el ocultamiento de las razones de la muerte de los ciudadanos en los diferentes barrios, como también el ocultamiento de los cuerpos” y reiteró su apoyo a los funcionarios que actuaron “humanamente y profesionalmente”, como el juez Arias y el defensor del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat, que en su momento investigó también estos hechos.
Concejales y un dictamen sobre la inundación
Se cumplieron los dos meses que tenía la Comisión Especial del Concejo Deliberante de La Plata para determinar las causas de la catástrofe de abril. Anunciada por Pablo Bruera en la apertura de sesiones del año, creada tras una exprés y bochornosa sesión en el Concejo a mediados de abril y presidida por Javier Pacharotti, la comisión se reunió 13 veces. En la primera se acordó el modo de funcionamiento y en las siguientes hubo expositores. Se preveía que asistieran más funcionarios y vecinos. Ahora que se cumplieron los plazos y que taquígrafos y relatores procesaron todo el material expuesto, se espera el primer dictamen. Desde el Concejo estimaron hoy que tardaría unos 10 días.
Cuando se creó, con el drama de la inundación muy en caliente, afuera del recinto había una marcha y adentro, trompadas y un pedido de tres concejales del Frente Amplio Progresista (FAP) para que se interpelara a Bruera.
