Plan oficial para “optimizar” la educación: cerrar escuelas públicas

Fusiones de cursos en escuelas rurales, docentes que quedan sin trabajo o “a disposición” con la posibilidad de perder las horas para siempre. Alumnos en “aulas de aceleración”. Idas y vueltas con las escuelas del Delta y los bachilleratos de adultos. Cómo gestionar la Provincia desde un escritorio y con Google Maps.

Por Vanesa Carbajal

Subnota El cierre de los bachilleratos de adultos

El ataque a la educación pública pisa fuerte en la Provincia. Por un lado estuvo la orden de cerrar escuelas rurales en el Delta, que con la organización de la comunidad educativa se pudo revertir. Por otro –o por el mismo–, empezaron las fusiones de cursos, a los que les llaman pluriaños, es decir que las autoridades juntan en un mismo salón y con un mismo profe a alumnos de diferentes años. Los bachilleratos de adultos fueron otro blanco: pasarían a ser juveniles, mientras que a los mayores de 18 años les ofrecerán programas de terminalidad, postulando la educación a distancia o semipresencial como la alternativa de estudio ideal para erradicar el fracaso escolar de jóvenes y adultos. Y esta tendencia también les llegó a los Centros de Formación Profesional que están a punto de ser “conveniados”. Esto significa que pasarán a manos del Ministerio de Trabajo, desligándose así Educación de los gastos de mantenimiento.

La vieja escuela de los pluriaños

En el distrito de Punta Indio hay dos escuelas rurales. Una en Punta del Indio, creada en 2007, que fue un alivio para el pueblo, ya que hasta entonces el centro educativo más cercano estaba a 20 kilómetros, y los estudiantes estaban todo el día fuera de la casa, lo que hacía que muchos abandonaran. A lo largo de su trayectoria, la matrícula se ha mantenido, y la población por curso va de 8 a 20 alumnos.

La otra escuela, ubicada en el paraje La Viruta, sobre la ruta provincial 20, también mantiene una matrícula estable, pero son menos chicos porque las extensiones de campo y distancias son más prolongadas.

El 26 de diciembre pasado, las directoras de esas escuelas fueron citadas por las inspectoras regional y distrital. El ciclo escolar ya estaba finalizado, pero se pidió de manera urgente un proyecto de fusión de cursos. “Todo de palabra”, dice Andrea, directora de la secundaria de Punta del Indio, en diálogo con La Pulseada. “En un principio me negué, porque no hay normativa que lo contemple, en mi escuela sólo hay un curso por año, pero me dijeron que era una orden”, explica. El resultado de esa propuesta fue que al día siguiente se dispuso la fusión de cuarto con quinto año.

En esos días, los docentes de La Viruta, ante el alerta por lo que estaba pasando en Punta Indio, y algún rumor de que en su escuela pasaría lo mismo, comenzaron a moverse para tratar de hablar con la directora, quien dijo que no había ninguna información oficial, y que sólo se había solicitado un proyecto borrador sobre las fusiones.

Finalmente, el proyecto se realizó y muchos docentes se quedaron sin trabajo. Es que con la fusión de cursos en estas escuelas rurales, cerca de sesenta módulos quedaron “libres”, lo que implica que los docentes que tienen un cargo provisional cesan en sus tareas –es decir, quedaron sin trabajo a partir del 28 de febrero– y los que son titulares están a disposición. “Quedar a disposición” significa que durante un año se percibe el salario a la espera de que sean reubicadas esas horas. Pero si en ese año no consiguen reubicarlas, quedan a la espera por cuatro años más, sin percibir salario. Por último, si en esos cuatro años no son reubicados, los docentes pierden el trabajo.

Paula Botaioli, una docente cesada de Literatura, explica sobre el proceso vivido durante el verano: “Toda esa información fue vía WhatsApp, los docentes comenzamos a presionar y después de unas horas, finalmente la directora nos dijo que era cierto: se fusionaba segundo con tercero y cuarto con quinto. Entendemos que no es culpa de la directora, pero nos podría haber convocado. Yo en lo particular quedé afuera del sistema, y es una sensación de falta de respeto, después de 24 años de docencia. Son medidas que poco tiene que ver con mejorar la calidad educativa”. Y recuerda sus inicios como docente en esa misma escuela, cuando compartían curso y profesores los alumnos de 7mo y 8vo año, con la Ley de Educación General Básica, que solo garantizaba la obligatoriedad hasta noveno.

Pese a los reclamos, la organización de un festival por la comunidad educativa, un petitorio con firmas y la presentación de recurso de amparo de los docentes cesados, el 12 de marzo las clases comenzaron en las escuelas de Punta Indio con los pluriaños.

“Optimizar recursos”

La manera en que esta decisión baja a los distritos es con el eufemismo de “optimización de recursos”. Pero no sólo no hubo una resolución que disponga la fusión, sino que tampoco se tuvo en cuenta el período en el que se contempla la revisión de las escuelas, proceso llamado POF (Planta Orgánica Funcional) – POFA (Planta Orgánica Funcional Analítica) que se realiza en todos los distritos y regiones de la provincia de Buenos Aires. En el primero de estos procesos se ven las secciones, la cantidad de alumnos, las condiciones de enseñanza; y en el de Analítica aparecen los docentes, quiénes están a cargo de cada hora y en qué situación de revista. Cuando existe la necesidad, en relación a la normativa de fusionar cursos, se trata en esa comisión.

Sin embargo, este año la mesa recién estaba prevista para el 3 de abril. De la comisión de trabajo participan la Secretaría de Asuntos Docentes, la jefatura distrital, las inspecciones y secretarías de cada nivel y uno o dos representantes de cada sindicato, de acuerdo a la población educativa.

“Para las escuelas secundarias que tienen 6 secciones, no hay normativa que avale fusiones. Y nadie puede dar respuesta de qué normativa están usando”, explica Karina Juárez, representante gremial de SUTEBA Punta Indio. Y agrega que “de los años que tiene la escuela de Punta Indio, nunca se discutió en POF-POFA la posibilidad de fusionar las escuelas rurales, porque esa matrícula no ha variado, y como respuesta a este atropello a la educación pública, a la calidad educativa y a las fuentes de trabajo, se presentó ante la jefatura distrital un recurso con jerárquico en subsidio, básicamente pidiendo explicaciones sobre bajo qué normativa/resolución los docentes son cesados o puestos a disposición”.

Durante la semana de comienzo de clases, Punta Indio tuvo la visita del representante gremial de SUTEBA Celeste, Roberto Baradel, y en esa visita tuvo una comunicación telefónica con Gabriel Sanchez Zinny, director general de Cultura y Educación. Así se gestionó que al día siguiente desde la jefatura regional se acercaran a escuchar la palabra de los chicos, cosa que nunca antes habían hecho. Por cierto, tampoco habían escuchado la palabra de los docentes, que estando en la escuela el día de la visita, exigieron a la inspectora distrital y secretaria de la región poder hablar. Finalmente, se informó que el pluriaños seguiría, y que cuestionar que ello perjudica en lo pedagógico no es más que un “preconcepto”.

Finalmente, transcurridas tres semanas de clases, se dio marcha atrás con algunas fusiones, lo que ocurría al cierre de esta edición. Así, con la lucha organizada por parte de la comunidad educativa y el gremio Suteba, se logró torcer una decisión tomada desde un escritorio. Según cuentan los docentes, los funcionarios de la Dirección General de Escuelas no pudieron fundamentar una respuesta seria al respecto, concurrieron en “comitiva” a la escuela y organizaron un acto para anunciar lo que ya se sabía.

En el Delta

En el Delta también se ganó una batalla: las cuatro escuelas primarias y los cuatro jardines que Provincia quiso cerrar están abiertos, aunque sigue en suspenso la fusión de pluriaños. El 14 de febrero las directoras habían sido citadas para firmar el cierre de las escuelas, pero lo hicieron en disconformidad. Rápidamente se pusieron en contacto con la comunidad y fueron logrando una lucha unida. Entre la desesperación de perder tanto la única posibilidad de estudio para los jóvenes isleños como las fuentes de trabajo, se generó una asamblea autoconvocada con representantes gremiales, trabajadores de educación, la comunidad y el Frente de Docentes Isleños (FreDI), logrando así revertir la decisión del ministerio. “Fue una reacción instantánea de la comunidad, ahora está en tratar de que todo lo que se generó, pueda redundar en muchos sí, y empoderarnos un poco más para que la educación en la isla mejore, y hay mucho por mejorar”, explica Lucila, integrante del FreDI.

Ahora están a la espera de revertir las propuesta de unificar segundo con tercero, y cuarto con quinto en la escuela secundaria N° 9 de Río Caravelas; y segundo y tercero en la escuela N° 22 Río Paraná Mini y Arroyo Chaná. Que haya quedado en suspenso, tiene que ver con que las directoras también firmaron en disconformidad las fusiones.

Desde el FreDI hacen hincapié en cómo afectan en todos los sectores estas medidas. “Repercute en estudiantes, docentes que pierden sus puestos de trabajo, además de los casos que han sucedido de renuncias, carpetas y sumarios a los inspectores que se han negado a bajar estas políticas a los territorios. Se deja bien en evidencia la violencia, la ilegalidad y la irregularidad que van dejando estas políticas”.

Los centros de formación profesional

Otra lucha que se viene dando es por los centros de formación profesional. Actualmente hay 350 en la provincia de Buenos Aires, y en su mayoría están “conveniados”, es decir, que el Ministerio de Educación les ha cedido los espacios de formación a diferentes entidades y organizaciones, y en ese caso, desde Educación sólo se encargan de avalar el título, y en algunos casos del pago de haberes. Los convenios actuales son con municipios, sindicatos, obispados, organizaciones sociales, instituciones. Pero a su vez hay 100 centros que son “puros”, dependen únicamente de Educación, lo que implica que hay docentes designados por concurso, cobertura de ruralidades, transporte y las garantías educativas por pertenecer específicamente a la rama.

El 9 de marzo, la Dirección General de Escuelas firmó una resolución conjunta con el Ministerio de Trabajo traspasando por convenio los Centros de Formación Profesional, que pasaran a llamarse Centros de Formación Laboral.

Uno de los casos complejos es el del Centro de formación profesional N° 402 de San Fernando Islas, también en el Delta. Está en convenio con el municipio, funciona de manera estatutaria, es decir que funciona como “puro”, lo que, por estar en un lugar complejo, es lo que permite que se mantenga en pie. Es el único en la isla en donde se puede aprender oficio con certificado, y además de los talleres, cuenta con jardín maternal. Con esta nueva normativa, David Olijavetsky, su director, comenta que la propuesta de conveniar con el Ministerio de Trabajo sería una “especie de cierre”: los docentes deberían pagar el transporte de 350 pesos por día, además de no contar con la ruralidad, que en estos sectores es clave porque los horarios no permiten la posibilidad de trabajar de otra cosa. Para este traspaso, la resolución prevé un lapso de 45 días, pero aún no hay nada concreto. Lo grave de todo esto, dice David, “es que se cambia el paradigma ideológico, de lo profesional, vamos directo a lo laboral”. Desde el Centro presentaron un recurso, asesorado legalmente a la rama de formación profesional para que se haga una vía de excepción y se los siga considerando como “puros”.

Subnota El cierre de los bachilleratos de adultos

 

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