NÚMERO 81 - JULIO 2010

Luis Federico Arias
“La Justicia debe nivelar las asimetrías de poder”
El juez que se enfrentó a la Policía para frenar el desalojo en Gorina, es el mismo que determinó que no se puede detener a menores para averiguar su identidad y denunció la corrupción de la Bonaerense. Es el que sancionó a funcionarios por desatender y desproteger a los chicos que dormían en la Plaza San Martín, entre otros fallos. En esta entrevista con La Pulseada, reconoce el enojo del poder político y la antipatía que generan sus decisiones en quienes piden mano dura, pero dice que “no está para hacer demagogia”. Critica la “hipocresía” y la “visión sesgada” de un sector de la clase media, opina que en una sociedad desigual la Justicia debe actuar como “contrapoder” y exige políticas habitacionales para solucionar la crisis de los sin techo, porque sin vivienda no hay “existencia”. Y asegura que en el desalojo de las familias en Gorina, “las reglas del mercado” vencieron a “las reglas del Derecho”.
Por Javier Sahade

La mañana en que La Pulseada visitó a Luis Federico Arias, el título principal del diario El Día en todos los kioscos decía: "Limitan en La Plata la detención de menores". Todavía no era ni mediodía, pero en la página de Internet del matutino ya se repetían comentarios de lectores como el que reproducimos en forma textual: “pero que bueno, otra mas y van, todo en contra de la gente, que ahora va a estar a merced de estos zanganos asesinos, drogadictos pacomaniacos que por dos pesos te liquidan sin piedad y si no tenes un mango peor, mas se enfurecen. asi las autoridades se lavan las manos y nos dicen, arreglense como puedan”.
-¿Cómo toma la antipatía que genera en cierta parte de la sociedad noticias como la publicada hoy en la tapa de El Día?
-Es muy complejo. Quienes tienen acceso a los blogs, a las páginas de Internet, son personas de cierto sector social de clase media que tiene, en general, una visión muy individualista y muy sesgada. El Poder Judicial creo que es un poder contramayoritario. Nosotros no estamos para hacer demagogia; no estamos para decidir conforme a la mayoría porque no somos legisladores… A nosotros no nos elige el pueblo. Nosotros precisamente tenemos que tratar de hacer que se respeten los derechos de las minorías, en este caso los menores en situación de vulnerabilidad. Nosotros tratamos de llevar a cabo esa función de respeto hacia los derechos de los demás, sin pensar cuál va a ser la opinión que tenga la sociedad y más aún este sector de la sociedad que tiene una visión muy sesgada y muy hipócrita. Con relación a los menores, cualquier taxista te puede llegar a decir barbaridades: “hay que meterlos a todos presos”, “hay que matarlos a todos”, pero cuando ellos tienen que comprar un autopartes para su auto, en muchos casos compra en un desarmadero ilegal alentando un mercado que fomenta el delito y que, en muchos casos, recluye a los menores para llevarlo a cabo. Y los mismos comerciantes que critican a los pibes, les venden pegamentos fraccionados. En esta sociedad fragmentada, cierto sector muchas veces reclama: “¡Hay que castigar a los menores, hay que bajar la edad de imputabilidad!”, pero no hace ninguna manifestación contra aquellos que le dan droga, que le venden armas, que se las alquilan. ¿Alguna vez hubo una manifestación contra ellos? No, no… El hilo se corta por lo más delgado. Lo peor es que muchas de esas situaciones de violencia que nosotros vivimos, son consecuencia de la propia violencia institucional que desde el Estado propiciamos a los sectores más vulnerables.

La prioridad del más débil

Luis Federico Arias recibe a La Pulseada un día de semana. A pocos metros de Plaza Moreno, junto a oficinas inundadas de expedientes. Detrás de la silla del juez, una ventana invita a entrar a un sol de otoño para que se recueste sobre el limpio vidrio del escritorio. Junto al juez, un termo de plástico y un mate de calabaza forrado en cuero. La yerba parece fría y lavada. Durante toda la entrevista, cebará tres o cuatro veces. No convida.
“En Gorina, por ejemplo -dice completando la primer respuesta-, estos chiquitos veían que les tiraban sus casas abajo, a veces con los juguetes adentro… Su hogar se derribaba, se desintegró a las familias: las madres en las escuelas y los padres en los hoteles; perdieron días de clases, perdieron sus grupos de pertenencia, sus amigos… Vieron la presencia policial y cómo la policía destruía sus casas. Ahora, si este chico mañana viene y nos pone un tiro en la cabeza, bien merecido nos lo tenemos como sociedad porque nosotros impulsamos esa violencia. ¡¿Qué peor violencia que ver a una persona sin casa y ver cómo destruyen todas sus cosas?! ¡¿Qué estamos generando?! ¡¿Qué chicos estamos entregando a la sociedad?! Entonces, no nos quejemos de lo que nos pasa. No seamos hipócritas. Es muy fácil decir que si fulano cometió un delito que se pudra en la cárcel y desentendernos de los problemas sociales que llevaron a ese chico a delinquir”.
-En Gorina usted tuvo una confrontación directa y clara con un comisario que dijo “yo lo desacato”. ¿Le había pasado algo así?
-Lo que ocurrió ese 30 de abril fue inédito, aunque los incumplimientos de los fallos son algo habitual y habla de nuestra desintegración institucional. No cumplir una orden judicial es un delito que está expresamente previsto en el Código Penal. Me he cansado de hacer denuncias a los funcionarios por este delito. He hecho ahora la denuncia contra el jefe del operativo por el delito de desobediencia. Ahora, nunca nadie investiga nada. Los fiscales archivan las causas. Todas, absolutamente todas las causas fueron archivadas y las que no están archivadas están sin movimiento. Entonces yo no creo en la justicia penal. Voy a creer en la justicia penal el día que vea a los poderosos arrestados, presos… Poderosos del poder político, del poder económico. Ahí voy a creer en la justicia penal, pero actualmente la justicia penal actúa con rigor en los casos en que la gente, como en Gorina, no cometió ni siquiera un delito, y cuando cometen delitos los funcionarios, la Policía, el Grand Bell que se apropia de las vías del ferrocarril... Intento de hurto… Ellos no cometen delitos. Estamos en un neoabsolutismo: exigimos que la ley la cumplan los demás pero no nosotros. Quien tiene responsabilidad es el Estado.
-¿Qué siente una persona que estudió Derecho y que hoy es juez cuando ocurre una situación como la del 30 de abril? El jefe del operativo le dice que va a desacatar su orden, la tarde caía y se estaban destruyendo las casas...
-Una profunda tristeza. Realmente fue muy penosa la situación. Ese día era el cumpleaños de mi esposa y tenía que estar haciendo un asado, recibiendo gente… Estuve ahí hasta las 10 de la noche y me fui con la horrible sensación de pensar que iba a haber una terrible represión policial contra esta gente que estaba ahí de un modo pacífico. Si no hubiera sido por la presencia de la CTA yo creo que hubiera habido otras consecuencias sociales. Es muy penoso. Para mí es un costo personal alto estar aquí… ¿Qué gano yo enfrentándome con todo el poder? Me lo plantean amigos y parientes, pero creo que tengo un deber, tengo una forma de pensar: mi mayor capital es la credibilidad: todo lo que yo digo, pienso y escribo va en una misma dirección; no tiene dobleces e intento mantenerme en esa línea. Lo que digo es lo que pienso y no estoy sujeto a ningún interés de ningún tipo.
-El Estado, en una sociedad desigual, debe sobreproteger al sector más vulnerable. El Poder Judicial, como afirma el jurista Roberto Gargarella, ¿también debe sobreproteger a los sectores vulnerables?
-Lógicamente. No se trata de sobreproteger. Es un deber. El Poder Judicial es contramayoritario pero también debe actuar, como también señalaba el sociólogo Pierre Bourdieu, como un contrapoder crítico mostrando aquello que el poder político no quiere ver, haciendo visible aquellas situaciones que se quieren ocultar, porque el poder político, los partidos políticos, se manejan como empresas: intentan ganar capital político… Sus impulsos y decisiones son tomadas en base a sondeos de opinión y para buscar adhesiones en ciertos sectores del electorado activo, sobre todo en la clase media que es la más voluble. Los funcionarios no están para solucionar los problemas de la gente sino para evitar que esos problemas de la gente estallen en la agenda del gobernador, del intendente… Para eso está la Justicia. La Justicia, además de los efectos simbólicos que tiene sus sentencias, está para mostrar, como la ha hecho la Corte de la Nación, que el Riachuelo está mal y exigirles; se está violando la movilidad de los jubilados, respeten ese principio o el día que la Justicia se bajó de su pedestal y se ensució los pies con barro para auxiliar a Karina Rodríguez, una chica en grave estado de vulnerabilidad social y la Corte, por ejemplo, mostró a los jueces un camino. (NdR: Karina y sus cuatro hijos desnutridos vivían en un colectivo abandonado. La Corte ordenó que se les brinde alimentación). Hay que atender este tipo de situaciones prioritariamente; no importa si somos competentes o incompetentes. Démosle una respuesta desde la Justicia. O en el caso de los tobas en el Chaco… La gente en general no conoce cuál es su situación y a partir de un fallo de la Corte que les obliga a darle protección aparece en la televisión una mujer desnutrida y la gente se sensibiliza. Bueno, hay que mostrar esas realidades. Creo que el rol de los jueces está orientado en esa dirección: mostrar y hacer cumplir las normas, los tratados y todos los derechos que tienen un fuerte carácter emancipatorio y de protección social hacia los más vulnerables. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el poder. Todas las relaciones humanas, todas las relaciones jurídicas implican una relación de poder y creo que la justicia está vinculada con la tarea de tratar de nivelar o al menos morigerar esas asimetrías de poder. Si eso implica tener que darle prioridad o protección a los sectores más vulnerables, hay que encontrar las formas jurídicas de hacerlo. En concreto: hay una ideología del poder que portamos todos los jueces, entre otras ideologías, pero hay una ideología de poder. ¿Cómo se posiciona un juez frente a las relaciones? La verdad jurídica en esta época de la postmodernidad, no es de nadie. Un juez puede dictar una sentencia de un modo o de otro y ambas son perfectamente válidas desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, en un corte de ruta tenemos derechos en colisión: por un lado el derecho individual a circular libremente y por otro, un derecho a la protesta que, según Gargarella, es el primer derecho. Si un juez desarrolla una argumentación a favor del derecho de circular libremente y falla a favor de una persona que quiere pasar por entre medio de la manifestación, su decisión jurídicamente es válida, tan válida como el juez que decide darle la razón a quienes protestan con ese corte. ¿Qué es lo que hace que un juez decida de un modo o de otro? Múltiples factores, pero creo que el más importante es su ideología de poder, su posicionamiento respecto del poder. Claro que esto implica tratar de nivelar estas asimetrías que a veces nos ponen en conflicto con el poder, pero es el costo que hay que pagar. Muchos jueces no lo quieren pagar: ¿Para qué ponerse en contra del poder si el sueldo me lo pagan igual y hasta puedo, por ahí, hacer carrera judicial?, porque para hacer carrera judicial tengo que estar bien con el poder político.

“Si a una persona le sacas la casa, le sacas la existencia”
-En el desalojo de Gorina no había delito porque algunas familias estaban allí desde hace más de 20 años y les cabe el principio de usucapión y, además, tenían permiso hasta septiembre por parte del propietario del terreno. ¿Cómo se debe actuar en el resto de los desalojos que se repiten en la Provincia?
-Hay distintas situaciones. En la mayoría de los casos tampoco hay delito. ¿Cuándo hay delito de usurpación? Cuando existe violencia; cuando uno entra a un terreno con violencia, rompiendo una puerta, un candado, una tranquera, alambrados, cuando lo hace en clandestinidad, de noche sin que nadie lo vea. Ahora, cuando es una ocupación pacífica de un terreno que no está marcado, que no está delimitado con alambres, que no tiene ningún impedimento para entrar, no es delito. Lo que hay es una ocupación y entonces el dueño no tiene que ir a la justicia penal; tiene que ir a la justicia civil para poder recuperar su posesión. Pero, claro, siempre que ocurre una ocupación pacífica hay quienes dicen: “usurparon un terreno” y viene la Policía. No, no es un delito, pero como la gente muchas veces no es conciente de sus derechos, acepta eso y se va. Este es un verdadero problema porque esta reiteración de las usurpaciones tiene que ver con la falta de políticas de Estado en materia de vivienda. El Estado tiene que cumplir obligaciones puntuales de tratados internacionales que ha firmado. En un desalojo anterior de personas que habían ocupado un barrio de viviendas en Ensenada, hice una audiencia y le pregunté a funcionarios de todas las áreas de gobierno cuál es el déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires y nadie me lo supo decir. ¿Cuál es el déficit habitacional de La Plata? Nadie me lo pudo decir. Entonces, si no se sabe cuál es el déficit, ¿cómo se distribuyen los planes federales de vivienda? Y salió el intendente de Ensenada a decir: “Bueno, eso depende de la rosca que tenga cada intendente con el gobierno federal”. Entonces, vamos a suponer que un intendente no tiene una buena rosca con el gobierno federal, ¿cuál es el plan B, el plan alternativo? Silencio. Le pregunté a un funcionario de Desarrollo Social cuántas casillas tiene el Ministerio por si un grupo de personas se queda sin vivienda. Silencio. Le dio tanta vergüenza que llamó por teléfono y después me dijo: “Doctor, tenemos cuatro”. Pero ¿cómo?, si la provincia de Buenos Aires tiene el 40 por ciento de la población del país…
-¿Cuándo fue esto?
-En enero de 2008. Les planteo la hipótesis de una inundación. ¿Qué hacen con la gente? ¿Dónde las ponen si se quedan sin vivienda? ¿A la calle? Se quedaron todos callados. Entonces pregunto: ¿no hay un plan de emergencia social para asistir a estas personas en situación de vulnerabilidad? Al mes ocurrieron las inundaciones de Villa Elisa. Ahora, uno ve helicópteros para llevar y traer funcionarios del Ministerio de Seguridad o para traer al gobernador… Ahí no había ni un helicóptero para salvar a la gente. Cuando yo pedí a la provincia la disposición de dos autos para atender a los chicos en situación de calle, la provincia no lo cumplió nunca. Pedí un informe a la Dirección que tiene a su cargo los automotores de la provincia. Hay 1500 autos en la provincia, muchos de ellos para llevar y traer funcionarios a sus casas. Por estos días, el ministro Casal dice: “desafectamos 50 autos y los pusimos como patrulleros”… Ah, había 50 autos ¿y no pudieron poner dos para atender a los chicos en situación de calle? Entonces, realmente creo que no les interesa la gente. No les interesan las personas. No les interesa el dolor ajeno. Y una sociedad no puede funcionar en este estado de desintegración que parte del propio Estado. Volviendo sobre la falta de política de vivienda. A veces, no requiere de dinero... Es organizar a la gente en cooperativas, buscarles un terreno, limpiarles las calles, hacer una plaza… Porque negarle la posibilidad de una vivienda a una persona es negar la existencia misma. No se concibe la existencia de un ser humano sin un lugar en donde vivir porque el derecho a la vivienda está asociado a muchos otros derechos: el derecho a la intimidad no se puede desarrollar si no tenemos una vivienda; el derecho a la salud no se puede desarrollar si dormimos a la intemperie; el derecho a la alimentación; el derecho de la niñez… Hay un montón de derechos asociados al derecho a la vivienda que hacen a la existencia. ¿Por qué las personas tienen estos derechos? Muchos sectores de clase media dicen: “Yo tuve que trabajar toda mi vida para tener una casa y a esta gente le dan asistencia y nunca hizo nada, no trabaja”. Pero no es que no trabaja porque no quiere. Está en una situación de vulnerabilidad. Y aún siendo así, ¿los vamos a dejar morir? Si un hornero viene a mi casa y hace un nido en el árbol que está dentro de mi casa con los materiales que le da la naturaleza, no comete ningún delito. Si ese mismo hornero toma las frutas de un árbol y se las come, no comete ningún delito. Ahora, el ser humano no puede hacer eso: no puede hacerse una casa en mi terreno y tomar los frutos porque comete delitos. Entonces, lo que reclamo, siguiendo en esto a Erich From, es que los seres humanos tengan por lo menos los mismos derechos que los animales porque en algún lado tienen que vivir. Si no hay políticas públicas destinadas a satisfacer el derecho a la vivienda, se van a seguir produciendo ocupaciones y La Plata se va a conurbanizar y vamos a tener situaciones de abandono social que es una forma de violencia. El abandono de personas está legislado en el Código Penal. Si uno encuentra a una persona en grave situación y no la asiste, comete un delito y esto es igual: es una ilicitud gravísima. Es una violencia social, institucional por omisión; no atender a una persona en estado de vulnerabilidad tiene, a la larga o a la corta consecuencias graves como las que estamos viviendo ahora. Tenemos que darnos cuenta que así como a un familiar nosotros no lo dejaríamos en una situación de abandono, a nuestros hermanos que son todas estas personas, tampoco los podemos dejar en una situación de abandono. Como sociedad, tenemos que exigirle al Estado la integración de todas estas personas para que tengan las condiciones mínimas de subsistencia: vivienda, alimentación, agua… Lo mínimo que se requiere para poder vivir.
- En todo este contexto, indigna leer en la denuncia de los vecinos de Gorina que pidieron el desalojo que se preocupan, por ejemplo, por “las peleas de perros”.
-Claro. Acá la verdadera razón son las especulaciones inmobiliarias. El Derecho no es el único ordenamiento normativo. El mercado también tiene sus reglas: Las reglas del mercado tiene sus normas y cuando entran en colisión con las reglas del Derecho, normalmente triunfa el mercado. Entonces, acá lo que hay es una especulación inmobiliaria: la gente viviendo ahí le baja el valor de la tierra a los propietarios y entonces, como molesta, hay que sacarla. Esta es la verdadera razón. Claro, pero hay un núcleo de derechos fundamentales que el Estado debe garantizar precisamente para morigerar los efectos negativos que tiene nuestro sistema de mercado capitalista. Actualmente hay un montón de personas que no tienen acceso al mercado inmobiliario, al derecho a la vivienda. ¿Por qué? Por la especulación de la tierra, la especulación inmobiliaria, la especulación productiva en este momento de florecimiento de la actividad productiva de la tierra. Bueno, los valores han subido a números inalcanzables. Hoy es muy difícil comprar un terreno aún para la clase media. El Estado tiene que paliar estos efectos adversos del mercado; tiene que compensar de algún modo estas asimetrías y desigualdades que se producen.

Ideología jurídica
-¿Usted es un juez de izquierda?
-Yo más que un juez, soy un militante de la justicia. Desde ese punto de vista se podría decir que soy justicialista (se ríe)… aunque con otra connotación. Yo estoy aquí por una fuerte vocación personal y creo que tenemos que blanquear la visión ideológica que tenemos los jueces. No podemos pensar que la justicia es algo deslindado de la persona del juez….
-Es lo mismo que los medios de comunicación.
-Es lo mismo que los medios de comunicación y lo mismo en todos los ámbitos. Y los jueces decidimos de acuerdo al modo en que hemos construido nuestra subjetividad. En mi caso siempre he sentido un anhelo de justicia y es lo que trato de concretar en mis decisiones. Yo no decido de acuerdo a ningún interés… A veces decido en contra de mis intereses, pero decido lo que siento, lo que pienso, lo que creo que es justo.

Garantista y cantor
El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias tiene 45 años y nació en La Plata. Podría ser catalogado como un juez “garantista”, pese a que el concepto fue convertido por los medios de comunicación casi en insulto para aquellos hombres o mujeres del Derecho contrarios a la mano dura. Lo cierto es que en varios de los casos en los que tuvo que actuar, Arias buscó garantizar los derechos de los más vulnerables.
La mañana en que dialogamos con Arias, los diarios informaban acerca de la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata que dejaba firme un fallo de primera instancia que prohíbe a la Policía bonaerense disponer detenciones de menores en "carácter preventivo" por averiguación de antecedentes, de identidad, contravenciones, motivos asistenciales o con el sólo objetivo de "devolverlo" a su familia. El fallo de primera instancia había sido dictado por el propio juez Arias y luego apelado por el Estado provincial. El magistrado había hecho lugar en 2008 a la presentación de un hábeas corpus colectivo encabezado por el Defensor de La Plata del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axat, para que todas las situaciones no delictivas que en la vía pública impliquen riesgo para el menor, no sean canalizados a través de la Policía sino por medio de personas capacitadas de los Servicios de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes
Esta no fue la única decisión de Arias contraria al bombardeo mediático y los pedidos de mano dura. Hace cinco años, prohibió en la Provincia de Buenos Aires el uso en comisarías de los “álbumes de sospechosos”, permitido hasta entonces por un decreto de la dictadura de Onganía. La decisión de Arias fue a partir del caso de Gabriel Roser, un militante social de un barrio pobre de La Plata que estuvo más de un año y medio detenido acusado por un robo que no cometió (La Pulseada 35, octubre de 2005). La Policía lo había incluido en un “book” o “libro de malvivientes” en una oportunidad que lo levantaron por averiguación de antecedentes. A través de un juicio público, se declaró la inocencia de Roser y luego Arias prohibió el uso de las fotos tras verificar que en todas las comisarías de la Provincia había álbunes con personas sin procesos judiciales, detenidos por averiguación de antecedentes, contraventores e, incluso, personas sin identidad ni motivo.
Por otro lado, el mismo Arias denunció la complicidad de policías con el delito y el uso por parte de la Bonaerense de menores para delinquir. El hecho, primero negado por el gobierno bonaerense, después tuvo que ser reconocido por el ex ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. También se enfrentó al poder político por la situación de los chicos que vivían en Plaza San Martín, catalogados por los medios como “la banda de la frazada”. El juez dispuso una serie de medidas de contención y atención: un parador “con suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños, niñas y adolescentes que requieran esta asistencia”; una línea telefónica gratuita las 24 horas para la recepción de denuncias sobre vulneraciones de derechos; la ampliación del plantel de operadores de calle del municipio; la puesta en funcionamiento de vehículos para traslado de los chicos en riesgo. Como no fueron cumplidas, condenó a los funcionarios municipales y provinciales responsables a pagar las multas correspondientes.
Arias dice que no está “atado a ningún partido”, pero reconoce como referentes a “dos grandes líderes de la historia argentina: Eva Perón y Juan Domingo Perón”. Según cuenta, su padre superó la pobreza salteña gracias a la Fundación Eva Perón. Se considera marcado en su proyección ideológica por autores como Foucault, Deleuze, Habermas, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman. Si bien no es un artista reconocido como su colega jujeño Héctor Tizón, Arias toca la guitarra y canta. Hace música folclórica y melódica y llegó a grabar un disco. “Creo que el arte es una forma muy eficaz de transmitir sentimientos, pensamientos”, cuenta. Uno de los temas que compuso lo hizo en homenaje a los cartoneros. Lo comenzó a escribir en 2002, “porque mientras mucha gente protestaba por sus depósitos bancarios y criticaba y hacía cacerolazos, ellos tomaron su carrito y salieron a ganarse la vida dignamente”. La canción la terminó de escribir años después, cuando se suspendió el Tren Blanco en la Ciudad de Buenos Aires y Macri ordenó un violento desalojo de cartoneros que esperaban en una plaza la vuelta del servicio.

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