NÚMERO 76 - DICIEMBRE 2009

Impulsan una ley-marco nacional de vivienda
PARA QUE EL TECHO SEA CUESTIÓN DE ESTADO
En todo el país, millones de personas duermen a la intemperie de céntricas veredas o autopistas, viven en asentamientos que nadie quiere ver o se la pasan sorteando desalojos violentos. Por eso, un racimo de organizaciones sociales avanza, tracción a sangre, hacia un piso legal “con que el Estado diga que va a resolver el problema habitacional”. Buscan que esta urgencia llegue al Congreso y a los medios.
Por Josefina López Mac Kenzie

Camiones de la Ceamse y trenes que llegan de Retiro se funden en el aire ácido de la estación José León Suárez. Los negocios linderos están blindados hasta por dentro: barrotes gruesos unen mostrador con cielorraso, como suturas. Y un kiosquero contesta que el asentamiento “13 de Julio” no existe. Aunque queda a sólo cuatro cuadras, calle San Martín arriba. Marcan su entrada una prolija gruta de la virgen de Luján y dos carros de cartoneros anclados donde el zanjón se abre hondo en el suelo, como una tripa hueca.

Hace poco más de medio siglo, muy cerca de allí, donde aún funciona uno de los inmensos basureros metropolitanos oficiales, Livraga salió de la muerte, bañado en sangre. Y enseguida, planito en mano, Walsh desanduvo ese mar de latas y espejismos, antes de contarnos la historia prisionera en la basura. Si hoy volvieran a ese intestino grueso urbano, verían sobre todo gente presa en la basura. Mucha. Sepultada por ella en casillas donde el único barbijo es la bolsita que acuna a chicos y grandes al ritmo del poxi, antes del nuevo cirujeo. Así es el lugar donde la Red Hábitat (RH) de Argentina,integrada por cooperativas, profesionales y habitantes de barrios y villas de todo el país, recordó este año el Día Mundial del Hábitat.

A media hora de Retiro, el “13 de Julio” alberga a unas 500 familias. La mayoría es argentina, de Chaco, Formosa o Tucumán. Y cría a sus pibes bonaerenses en una miseria feroz. Sobreviven sin agua ni cloacas, hormigueando los 400 millones de kilos de sobras urbanas de La Plata, el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires que el relleno sanitario de León Suárez recibe cada mes. Sólo consiguieron acceder a la luz, y entonces se oye un conocido reguetón mientras se arma la jornada “Planeando nuestro futuro. Hábitat social para un mundo urbano y rural”, organizada por la RH y la Alianza Internacional de Habitantes con el lema “Los mismos lugares que unos no quieren ver otros no quieren habitar”.

En grupos, los invitados van llegando al lodazal que dejó la tormenta de la noche. Son de Palermo, Mataderos, La Boca, Bariloche, Chaco y hasta de Uruguay. Cooperativas, ONGs, profesionales, representantes legislativos del ámbito nacional, funcionarios del municipio de San Martín y dos medios de comunicación muy aplaudidos: La Pulseada y Página/12. El inicio del acto se dilata en el mediodía plomizo. Pero alcanzará la fibra de lo comunitario.

CONSTRUIR
“Convocamos para que hablen todas las organizaciones en el Día Mundial del Hábitat”, abre Fernando Ojeda, dirigente de RH-Argentina. Y recoge el guante Estela Belizán, la anfitriona, que en una habitación de mampostería única en el asentamiento puso a funcionar un centro sanitario. “Esto es un agasajo ─dice─. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Y estar en un asentamiento de la provincia y con toda la energía nos parecía lo mejor para celebrar este día”.

“Éste es un esfuerzo muy importante, político, comunitario. Por eso estamos aquí ─sostiene Jorge Lombardi, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP─. Habría que traer alumnos de Arquitectura, para que vean estas realidades, que son mejores que otras porque hay organización”. Carlos, de la Federación de Villas, plantea: “Hay una realidad que no se ve. La finalidad de la Red es dejar de lado la mezquindad y ver qué se puede hacer en conjunto”. Y un representante de la cooperativa Madre Tierra completa: “Que todos tengamos dónde vivir, que no haya Puerto Madero y soja mientras otros no tienen dónde vivir”.
Isaac, de siete años, se aburre sobre el suelo; dice que conoce este tipo de actos porque siempre acompaña a su papá, que participa en una cooperativa de La Boca. Del otro lado del alambrado, junto a dos gallinas, está Hada, de unos cuatro años, que vive en el asentamiento y no deja de hacer piruetas bajo el sol.

Viviana Asrilant y Gabriela Sorda, arquitectas, docentes de la Universidad de Buenos Aires y autoras del Manual de urbanismo para asentamientos precarios, donde volcaron su experiencia de trabajo en 14 villas porteñas, afirman: “Le ponemos el cuerpo a esto por todo lo que aprendimos. Hay que abrir las compuertas entre la Facultad y el barrio”. El manual que produjeron (disponible en www.urbanismopopular.blogspot.com)sistematiza conocimientos técnicos y jurisprudencia sobre regularización dominial y derecho a la vivienda.

Clara, Silvia, Cintia y Victoria se acercan a chusmear. Las escoltan unos perros con más sarna que músculos. Chaqueñas y muy jóvenes, viven con sus hijos en el “13 de Julio” y cirujean para comer. En secreto, preguntan por qué hay tanta gente y qué significa hábitat. Y dicen: “Pero lo que nosotros necesitamos no es eso sino calle y desagüe, cloacas”. Después comentan entre ellas que entonces con hábitattambién va a haber cloacas”. Y hacen silencio cuando toma la palabra la representante de un movimiento social de Chaco.

Jaime Cossio, que se define como miembro de “la cooperativa con la primera obra de viviendas terminada, en Mataderos” (a partir de la porteña ley 341 de “soluciones habitacionales”), expresa: “Antes pensábamos que era cuestión de hacer cooperativas y viviendas y despedirnos, pero ahora aprendí que esto es otra cosa, involucrarnos plenamente para llegar a una ley marco digna y a un ministerio de Vivienda”. José, delegado de la ex AU3 (la autopista ideada en el Proceso para unir norte y sur de la Capital Federal, cuyo cartílago se pobló de familias sin techo desde mediados de los ‘80), se suma: “Hace dos o tres años trabajábamos por ‘desalojo cero’. Hoy estamos para construir una organización distinta, mayor, que produzca compromiso”.

La estocada más concreta llega al final del acto, cuando retoma la palabra Fernando Ojeda: “Y queremos que las organizaciones manejen el 10% del presupuesto. Porque te aprueban una ley pero después no tenés cómo instrumentarlo”, cierra. Pronto vendrán una naranjada fresca y el regreso embarrado a la estación. Atrás quedará el zanjón donde suena tan grotesca la palabra ley.

PRESUPUESTO Y APOYO
La ley marco de hábitat tomó envión este año, con reuniones mensuales abiertas, en salones del Congreso. Y cierra 2009 con un borrador de “principios y objetivos” (ver aparte) que busca la participación popular en el diseño y la implementación de políticas de vivienda, concebida ésta desde sus aristas económica, cultural, social y ambiental. Evalúan que “la política de las últimas décadas fracasó” porque “el déficit habitacional se mantuvo en términos absolutos entre los dos últimos censos (1991-2001)” y “se observa en el crecimiento de las nuevas ocupaciones y asentamientos”.
Las reuniones de este año contaron con profesionales, funcionarios, asesores legislativos, y representantes de cooperativas y asentamientos. Allí se dieron discusiones; se distribuyeron proyectos que existen, dispersos, desde 1985; se pidieron reuniones con los presidentes de las comisiones de Vivienda de Diputados y Senadores, Margarita Beveraggi y Eric Calcagno (que se concretaron a cierre de esta nota); y se planificó recolectar firmas para apoyar la iniciativa y para pedir que abra en Argentina una oficina de Hábitat de la ONU, como un modo de presionar en el Congreso.

“Nosotros somos capaces de construir viviendas, pero necesitamos presupuesto y apoyo político. Uno va al Conurbano, o Misiones, a Chaco, y ve barrios. Pero son barrios formados por organizaciones de punteros. Así, la participación ciudadana no existe —sintetizaron desde una cooperativa porteña en la reunión de septiembre—. Estuvimos una década esforzándonos para conseguir presupuesto para construir nada. A veces las leyes están y no sirven, como les viene pasando a los aborígenes: se los reconoce pero no se los ayuda a salir de su encrucijada”.
Armar el proyecto de ley es, para sus impulsores, tan importante como “instalar el debate en la agenda pública, para que sea asumido en la agenda política”. Por eso, instan a todas las organizaciones sociales a participar, contactándose al correo electrónico: leymarcohabitat@gmail.com. Fernando Ojeda festeja que en octubre “unas 30 organizaciones, incluso de Bariloche y Santiago del Estero, se incorporaron a la pelea por la ley marco”.

“ES UNA LEY QUE HAY QUE ARMAR”
Trabajar hacia una solución integral para la vivienda implica atender un caleidoscopio de temas: tomas de tierras, asentamientos, inquilinatos, cooperativas, desalojos... ¿Cómo es este camino?
Fernando Ojeda: Argentina no tiene leyes que favorezcan la construcción de vivienda, o políticas sociales constructivas. El Plan Federal de Vivienda (que depende del ministerio de Planificación y administra los planes de vivienda estatales) es para la clase media, necesitás buen sueldo y otros requisitos. Una ley marco no va a resolver el problema, pero, al ser muy amplia, marca que el Estado tiene que decir que va a resolver el problema habitacional. Después aparecerán programas o proyectos para ejecutar y lograrlo. Mientras no haya ley, imposible. En Santiago del Estero el otro día una diputada presentó un proyecto. En Jujuy, otra presentó otro. Son como casos específicos para resolver o la tenencia del suelo, o la distribución de la tierra, pero no apuntan a resolver de fondo el problema.

“Cuando estuvimos en Bariloche, un empresario estaba ahí comprándose 40.000 hectáreas. Un tipo no puede tener 20.000 hectáreas con una casita en el medio. En los asentamientos, en un cuadradito así hay mil, dos mil personas, y en Bariloche todo es privado, el lago, la montaña. Cosas así tienen que ver con una ley marco. También tiene que ver con que una mujer embarazada y un bebé vivan bajo un puente con tres familias más. Por eso es muy difícil. No es de hoy para mañana. Es una ley que hay que armarla, con algunos principios básicos, y va a regular cómo resolver en serio el problema de no tener dónde vivir.

Venimos hace 20 años peleando por esto. A Brasil le llevó 30 años. A Colombia, la reforma urbana le llevó 20 años. Éste es un país muy conservador. Cerraron el ministerio de Vivienda y nadie dijo nada. Algunos ni saben que no existe. Los pobres no tienen cómo acceder a las tierras fiscales y el Estado garantiza propiedades fiscales a grandes empresas. Ya no tenés un director de tierra nacional que investigue cuántas tierras hay, cuántas familias se generan por año en Argentina y cuántas casas se necesitan. Hay mucho para discutir, pelear y hacer”.

─¿Con la corporación inmobiliaria, cómo se llevan?
─No hay relación todavía, aunque saben que se labura. Ni entra el Estado en eso. Es una zona liberada. ¿Qué les va a preocupar la Red Hábitat? Les preocuparía si el Estado no hubiera cerrado el ministerio de Vivienda y éste estuviera denunciando cosas, bajando datos.

─¿Pero cómo reaccionarían si saliera esta ley?
─En la Cámara de la Construcción están atentos. Pero mientras el Estado no haga nada, podemos tener una RH tan fuerte como la Cámara de la Construcción, y no los vas a mover. Porque no hay dónde denunciar. Si estás en el medio de Salta, o negociás con el punterito de un instituto provincial o moriste. En Educación y Salud tenés instancias a nivel nacional para denunciar cosas. En vivienda se cerró la instancia nacional adonde recurrir si el puntero se quedó con tu casa. Entonces, para que la corporación y la Cámara se preocupen es que estamos haciendo esto en todo el país. Hay que tener más fuerza, instalarlo en los medios. Para que sea una cuestión de Estado.

“Los desalojos son una política nacional”
“El derecho a una vivienda digna es menos considerado por los jueces que el derecho de propiedad”, apunta el borrador del proyecto de ley, a propósito de la persistencia de los desalojos. Fernando Ojeda, de la Red Hábitat, le dijo a esta revista que “el tema tierra y vivienda lo implantó la dictadura y no cambió nada. Si te parás en un desalojo lo comprobás. Vienen con un papel y te desalojan. Es una política de Estado”. También aseguró que el modus operandi es similar en todo el país: “En San Martín de los Andes, pelean contra Sapag. En Jujuy, contra los Fellner, y el ingenio Ledesma. Acá, Macri. Es una política nacional. Nosotros les decimos que no pierdan el tiempo peleando contra ellos. Es el Estado. Ahora venimos de Ushuaia y también: ‘La Ríos no sé qué’. Pero vos no podés hacer otra cosa, entregar tierras, si no hay una decisión nacional. ¡Te intervienen! Puede haber algún intendente, alguien que quiera hacer algo… pero lo bajan de un gomazo. No se trata de estar contra los desalojos. El tema es que te dejan tirado en la calle”.
Sin dudas, el equipo profesional más diestro en desalojos es la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, a cargo de Juan Pablo Piccardo. El organismo atendió en Buenos Aires hasta el mes pasado y apiló denuncias por sus ataques violentos a cooperativas, centros culturales y familias indigentes. La última de sus operaciones trascendió en octubre, la misma semana en que se recordó el Día del Hábitat en José León Suárez, cuando desalojaron a un grupo de personas sin techo del barrio San Cristóbal (tal vez afeaban el paisaje porteño). Fue como siempre: de madrugada, en banda, en camionetas y a las piñas hasta contra una embarazada. A raíz de esto, crecieron las denuncias y el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General porteñas presentaron un informe conjunto para pedir al gobierno de Macri que disolviera su patota, por la opacidad de sus funciones para “mejorar el espacio público” y por la magnitud de sus prácticas.

La propia UCEP admitió que, entre febrero y septiembre de 2009, su “stock de procedimientos de desalojo realizados” (sic) sumó 444 (435 de ellos, contra indigentes). Y está muy bien: para el ejercicio 2009 se le había asignado a la UCEP más de 1 millón de pesos, con la “meta” deque hiciera “800 operativos” en el año (2 o 3 por día). Al cierre de esta nota, la Justicia porteña ordenó liquidar la UCEP. Así, de los sin techo se encargará el Ministerio de Desarrollo Social, y la UCEP deberá optar entre obedecer a la Justicia o hacer horas extras para no defraudar al Ejecutivo: le faltaron 356 cacerías, y al año le queda sólo un mes.

La red
La Red Hábitat (RH), que timonea la ley marco, está formada por “organizaciones de base, académicos, técnicos… es bastante mezclada la cosa”, explica en un bar cercano al Congreso Fernando Ojeda. Formoseño aporteñado, moreno, de barba, salpica palabras a toda velocidad. El humus de RH está en la ONG El Ceibo, hace veinte años. “Después se formó una red barrial de Palermo, con unas 40 instituciones, incluso la comisaría de la zona”, cuenta Ojeda, y agrega: No tenemos ninguna relación con el Estado ni nacemos de una militancia partidaria. El que quiere venir viene”.

“En el ’97 —sigue— se hace el primer evento nacional de casas tomadas. De ahí empezamos con reuniones, talleres, seminarios por el tema vivienda, que hoy continúan. También a partir de ahí, Cristina (Lescano), una compañera, lanza el programa ambiental: hicimos encuestas en casas tomadas y asentamientos de la zona, y el 88% de la población cirujea. Entonces largamos un proyecto de reciclado para trabajar con la gente que no puede hacer frente a ningún gasto”. Desde 2002, le dieron dimensión nacional al tema hábitat. Este año, por ejemplo, estuvieron en la Patagonia, Catamarca, Santiago y Jujuy. Y Ojeda elige esta anécdota: “Lo más fuerte que me pasó es que una mujer me entrega una cartita toda secreta, en Ushuaia, en plena montaña, y me dice ‘llevale al Presidente, decile que vivo en el medio de la montaña, que me muero de frío’. Era la última etapa del gobierno de Kirchner. Cuando llegamos acá, la tapa de todos los diarios era: ‘El Gobierno favorece a los grupos inmobiliarios con 150 millones de dólares’. Y yo decía, ¿cómo le doy esa carta? Le doy esa carta y le quitan la casa. De hecho creo que ahora están gestionando para darle esa montaña, esos terrenos, al Sheraton”.

La RH planea estar en actividades por “asentamientos humanos social, económica y ambientalmente sustentables” que habrá en Chile y México en 2010. Y, si todo sale bien, participará en 2011 de la Asamblea Mundial de Pobladores, en Dakar (Senegal), donde las organizaciones del mundo ligadas al hábitat confluirán para intercambiar experiencias. Se calcula que más de la mitad del mundo habita en centros urbanos.

“La vivienda es un hecho social”
─¿Por qué acompaña las reuniones de la ley marco?
─Jorge Lombardi (arquitecto, UNLP): -Porque en toda sociedad hacen falta principios consensuados y respetados, y una ley da esa plataforma. Muestra un sentido. Uno pisa, se siente firme y puede ‘caminar hacia’. Las acciones suelen ser aisladas. Hace falta una propuesta de acción, que sea política de Estado. Estamos dispuestos a trabajar con el equipo de la facultad. Es un buen contexto: la Legislatura está retomando un rol que había abandonado. Hay que generar ideas. La experiencia es que vivienda es uno de los temas más importantes pero no se resuelve porque excede a lo físico: hay cuestiones sociales, como migraciones y cambios productivos.

─Usted planteó que lo investigado sobre esta cuestión en el siglo XX ya es “obsoleto”.
─Sí, más que obsoleto, inapropiado. Lo que hizo el último gobierno nacional es el Plan Federal de Vivienda, que inicialmente destinó un presupuesto mayor que antes para vivienda, pero para viviendas construidas por empresas, a un alto costo, y donde la gente no participa. Se trata a la vivienda como objeto, cuando la vivienda es un hecho social, que para que pueda ser apropiado por la gente necesita participación. Vivienda es una necesidad nacional. Hay que volver a políticas que sean de Estado: que no son de corto plazo, tienen presupuesto asignado y se conducen más o menos por el mismo carril, sea cual sea el gobierno. Después, cuando salga la ley, se necesitarán diferentes soluciones.

El borrador

  • “Asumir como política de Estado un plan para resolver el déficit habitacional (…). Queremos un Estado nacional que compense la lógica del mercado inmobiliario, que evite la captación de las políticas de vivienda social por el solo interés de las empresas constructoras o de prácticas clientelares. Que se establezca la función social de la propiedad y se facilite el acceso a la tierra urbana, mediante la cesión de tierras públicas y facilidades para su compra o regularización dominial, la captación de tierra ociosa a través de un banco de tierras social (…)”.
  • “Incrementar los recursos destinados a la política de vivienda y urbanismo, aumentando su participación en relación al PIB, del 0,7% actual hasta alcanzar en forma gradual el 2%, en un plazo de cinco (5) años entre la Nación, las provincias y los municipios.
  • “Priorizar la aplicación de los fondos públicos en la población que no puede acceder por sus propios medios”.
  • Promover la “participación de la población en diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y control de planes, programas y proyectos en materia de vivienda (…), promocionando créditos para compra de terrenos y materiales para la autoconstrucción individual o colectiva (…), e incorporando la participación de los beneficiarios en cooperativas, mutuales, sociedades civiles, ONGs, instituciones académicas, mipymes, y adecuando organismos del Estado a estos programas”.
  • “Prohibir los desalojos forzosos a familias en condiciones de vulnerabilidad económica y social si antes el Estado no ofrece alternativas”.

Fuente: borrador de trabajo de la multisectorial que impulsa el proyecto de ley, actualizado a noviembre/2009

 

El Milagro de estar vivos
Por Mauro Federico *
La "flaca" conoce el barrio como la palma de su mano. Cuando acompaña a los ocasionales visitantes para una recorrida, siempre se detiene en cada lugar y mira, orgullosa, el fruto del esfuerzo común de miles de compañeros y compañeros que soñaron un mundo distinto ─porque lo creyeron posible─ y lo vienen construyendo desde hace varios años en ese pedazo de tierra mal nivelado a las afueras de San Salvador de Jujuy.

Alto Comedero le dicen a esa zona, pero desde que Milagro Sala y sus coyas llegaron con sus palas, sus azadas y sus hachas para desmalezar el monte, lo bautizaron “el cantri de la Tupac”. Allí edificaron 3000 viviendas comunitarias, un centro cívico con plaza, iglesia, un supermercado, negocios de ropa y hasta un cyber ─“para que los chicos hagan la tarea de computación", dice la flaca─ y no se privaron de construir un enorme parque acuático, con una gigantesca pileta con cascadas, rodeada de verde.

Todo construido con las mismas manos que una década atrás estaban cruzadas, a la espera que algún patrón decidiera conchabarlas por un ratito, a cambio de un par de monedas que no alcanzaban para nada. Fue la Tupac Amaru la responsable de organizar a un pueblo abatido por los golpes del neoliberalismo y ponerlo de pie para enfrentarlo con las armas que supieron conseguir: el trabajo y la solidaridad. Hoy gozan de los beneficios de tanto esfuerzo, pero no se rinden. Ellos reciben ayuda de los gobiernos, es cierto. Pero a diferencia de otros que también la perciben, logran multiplicar los panes y los peces y transformar una realidad dolorosa y adversa en otra que dan ganas de vivir.

“Si hubiera una Milagro por provincia, otra sería la Argentina”, dice una mujer sentada frente a un telar donde enhebra los hilos de una bandera multicolor que representa a los pueblos originarios. La Argentina de las Milagros podría ser mejor solo si nosotros nos damos cuenta, como pueblo, de la importancia de organizarnos para decidir nuestro destino.

* Periodista del diario “Crítica de la Argentina"

 

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