FEMICIDIO EN UN EDIFICIO DEL ESTADO

Nació en Perú, tenía 21 años, era enfermera y hacía tres meses que había llegado a La Plata para estudiar Medicina. Su sueño era tener una clínica para brindar atención gratuita. Un día concurrió al ex edificio de Rentas por una entrevista laboral. Fue violada y asesinada. Su madre, su hermano y diversas organizaciones sociales no la olvidan y reclaman justicia por Sandra y “por todas las que sufren y pueden sufrir lo mismo, por las que vienen atrás”.
Por Juliana Díaz Lozano

Son las dos de la tarde. La primavera parece más lejana que nunca. El centro de la ciudad de La Plata empieza a desconcentrarse después de la hora pico. Un edificio público y una mujer de mediana edad con rasgos andinos que enciende velas blancas y adorna un portarretratos con flores de muchos colores. Ha llorado, pero mantiene un gesto firme en los ojos y en la boca.

El cuadro se abre. Sobre el frente del inmueble puede verse un enorme retrato de una mujer joven y bonita que mira de frente y un cartel “Justicia por Sandra Ayala Gamboa, violada y asesinada en el edificio de Rentas”.

La mujer que ha llorado pero que tiene un gesto firme, está rodeada por varios cientos de personas con carteles y banderas. Se escucha música y cánticos reproducidos por una radio abierta. Un policía mira el cuadro desde la vereda de enfrente, al otro lado de la avenida 7. Mira y escupe mímicas en un handy.
La mujer que ha llorado toma las manos de otras mujeres y se suma a la columna que comienza a avanzar por la avenida céntrica hasta la gobernación.

Los sueños
Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años cuando se vino desde Perú en busca de un trabajo que le permitiera estudiar Medicina. Tres meses después, el 16 de febrero de 2007 fue violada y asesinada en un edificio dependiente del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. El cadáver fue descubierto una semana después en una de las habitaciones del inmueble de la avenida 7 entre 45 y 46. Desde ese momento, su madre Nélida “Nelly” Gamboa Guillén, se instaló en nuestra ciudad y comenzó el reclamo de justicia.

Al principio, Nelly se ocupó de señalar el lugar del horror a los transeúntes siempre apurados de la calle céntrica: todas las tardes iba a la entrada del edificio y encendía velas a un retrato de Sandra. Con el correr de los meses y gracias a su constancia, distintos militantes y organizaciones sociales, sobre todo de mujeres, comenzaron a sumarse a su lucha para exigir justicia y denunciar la responsabilidad estatal en el encubrimiento de los culpables.

Nelly tiene una carpeta que lleva a todas partes. Allí reúne artículos sobre el caso publicados en medios locales y algunos de Perú y papeles de la causa. Mientras relata su historia de vida, pasa los folios hasta encontrar una foto de su hija vestida con guardapolvo blanco en la guardia de un hospital. “Era muy trabajadora y estudiosa y se ocupaba de todos: del hermano, de mí, de los más necesitados. Una especie de militante social. Se había recibido de enfermera y su sueño era ser médica. Se preocupaba mucho por los niños y los ancianos pobres sin acceso a la salud, decía que su objetivo era abrir una clínica para la atención gratuita”. En Lima había intentado varias veces ingresar a la Facultad pero pertenecía a una familia de bajos recursos y no podía pagar el arancel. Su novio, Augusto Menaye, cuya familia vivía en Argentina, le propuso viajar a La Plata para estudiar en la universidad “gratuita”. Recuerda Nelly que “le prometió que aquí tendría todo: trabajo, vivienda… Sandra me dijo que lo iba a lamentar siempre si no hacía el intento de viajar”.
La historia es parecida a la de muchos y muchas inmigrantes de países limítrofes de los sectores trabajadores.

Demasiado pronto
Al llegar a La Plata, Sandra se instaló en una pensión ubicada en la esquina de 44 y 6 y comenzó el difícil derrotero para conseguir trabajo. Conoció a Walter Silva de la Cruz, amigo de su novio, quien, según sus declaraciones, la conectó con un hombre que necesitaba alguien que se encargara de cuidar a sus hijos. Silva la acompañó a la supuesta entrevista de trabajo, la tarde del sábado 16 de febrero de 2007, en el ex Archivo de Rentas del Ministerio de Economía que estaba siendo remodelado para inaugurarlo como dependencia de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. Una cámara de seguridad del contiguo Banco Columbia registró la caminata de Sandra, Walter Silva y otro hombre hasta la puerta del edificio provincial. Silva, según declaró, no ingresó al inmueble, se retiró y dejó a Sandra con el supuesto empleador.

Esa misma tarde su novio fue a buscarla a la pensión y luego, en compañía de Silva, al edificio de la Avenida 7. Luego de golpear infructuosamente a la puerta, ambos se presentaron en la Comisaría Primera; les dijeron que era “demasiado pronto” para considerarla desaparecida. Recién el día después se tomó la denuncia, luego de demasiadas horas sin realizar ningún tipo de averiguación. Con la dilación se perdieron pruebas fundamentales para la investigación. “No entiendo el accionar de la justicia y de la policía. En el momento se denuncia que la última vez que se la vio a Sandra fue entrando a Rentas y que el asesino ingresó con una llave. Y nadie allanó el lugar ese mismo día para comprobar si ella estaba adentro, aún tratándose de un edificio público”, denuncia Nelly.

Según figura en la causa, hubo seis personas que ingresaron al edifico después de Sandra: albañiles, un cerrajero, un plomero y el arquitecto de la obra. Todos niegan haber visto el cadáver. Transcurridos siete días se difunde el descubrimiento del cuerpo de Sandra, violada y estrangulada en una de las habitaciones de la planta alta. El relato judicial del hallazgo parece una broma macabra del azar: un policía que sabía de la desaparición conversa con el dueño del quiosco vecino al edificio quien lo alerta por el olor nauseabundo que afloraba de la antigua construcción.

Mujer, joven, pobre y extranjera
La primera versión que salió a la luz en los medios platenses integró el caso de Sandra a una cadena de crímenes perpetrados por un presunto violador serial, quien ya había atacado a cinco mujeres con características similares: jóvenes, de rasgos andinos y en situaciones de soledad o vulnerabilidad social. Este enfoque negaba cualquier importancia al hecho de que el crimen había ocurrido en una dependencia del Estado y que el o los atacantes tenían la llave del edificio.

La Justicia no parece haber impulsado la investigación con la debida celeridad y eficiencia.

A casi tres años de los hechos, no existen sospechosos y se libró de toda responsabilidad a Walter Silva de la Cruz, que podría tratarse de un entregador ya que presentó a Sandra a los que la habrían atacado. Y esto sucede aunque existen pruebas contundentes como para proseguir una búsqueda: muestras de ADN provenientes de colillas de cigarrillos, cabellos y sangre, el video de seguridad del banco, identikits de sospechosos, y varios testigos. Nelly está convencida de que “la muerte de mi hija es responsabilidad del Estado y si no fuera por nuestra presencia permanente en Rentas y por nuestra presión, ya habrían demolido el lugar y cajoneado la causa”.

El fiscal Tomás Morán de la UFI N°2 está a cargo de la investigación desde el inicio y fue recusado por los familiares por una serie de irregularidades: “se negó a difundir el identikit del violador por los medios, a ofrecer recompensa como se hace en estos casos, y a secuestrar el video original del banco donde puede identificarse al atacante, para que pueda utilizarse como prueba. En contra de lo que se acostumbra, recién a un año del crimen se analizaron con luminol las muestras de sangre en el edificio, que había sido lavado diariamente con lavandina”, denuncia Nélida. Y según afirma uno de los abogados de la familia, Abraham Pumarica Barrionuevo, “tampoco mandó a analizar a tiempo todas las muestras de cabellos y sangre al Hospital Durand, cuyas autoridades se habían ofrecido a estudiarlas gratis”.

Desidia e inoperancia parecen ser las características de un proceso que, a decir de los familiares, está orientado a garantizar el “encubrimiento” de los culpables. Y el juez de Garantías César Melazo continúa confiando en el fiscal Tomás Morán pese a que responde que “no es necesario para la causa” a cada requerimiento de quienes han denunciado numerosas irregularidades en la investigación.

Ningún funcionario del Estado se pronunció sobre el caso: ni el entonces gobernador Felipe Solá ni el actual, Daniel Scioli. Tampoco lo hicieron las autoridades del Ministerio de Economía o Santiago Montoya, a cargo en ese momento de Rentas, llegando incluso a negar audiencias a Nelly y a prohibir las protestas en la puerta del edificio estatal.

En respuesta a la impunidad, se conformó la “Asamblea Justicia por Sandra”, una coordinación de organizaciones sociales, de DDHH, de género, culturales y militantes independientes que acompañan el reclamo de los familiares. Uno de sus integrantes, Cristian Prieto, plantea que hay una intención política de que el caso de Sandra, como otros crímenes hacia las mujeres, no se resuelva: “Sólo en la fiscalía de La Plata están dormitando muestras de ADN correspondientes a 325 casos de violaciones ocurridos en nuestra ciudad desde 2007 a la espera de ser analizadas”. Según Isabel Burgos, también miembro de la Asamblea, la justicia sigue apostando a la hipótesis del loco suelto, mientras que “encubre una estructura de impunidad más grande, con una complicidad policial que beneficia a los violadores y asesinos de mujeres”.

La apuesta fundamental de La Asamblea encuentra compañía en otras organizaciones como el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán que plantea que “sólo movilizándonos, haciendo actividades culturales, presionando a la justicia para que investigue podemos conseguir que se avance en el caso. Depende del pueblo demostrar en la calle que no nos olvidamos de la muerte de Sandra, así como la de tantas mujeres que sufren en su cuerpo la injusticia de este sistema”.

Una lucha por todas
Paulatinamente algunas organizaciones sociales y agrupaciones de mujeres comenzaron a denunciar que la violación y asesinato de Sandra constituye un caso más de violencia de género, cuya expresión más grave es el femicidio. Esta palabra alude al asesinato de mujeres por el sólo hecho de ser mujer, e implica una desigualdad social: el sometimiento por parte de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Estos crímenes se caracterizan por tener un contenido sexual y por una crueldad sin límites. Muchas veces son ejercidos de manera organizada por redes de trata de mujeres para el uso sexual y suelen estar avalados por las fuerzas policiales y la justicia, contando con la complicidad de punteros políticos y autoridades. El término fue acuñado por intelectuales y luchadoras del movimiento feminista y busca desmitificar los asesinatos de mujeres como casos aislados o individuales. Según plantea la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, un femicidio “sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales conformadas por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”.

En el caso de Sandra se dieron varias de las características asignadas a los femicidios: en lugar de seguir la pista del o de los atacantes, se comenzó a investigar y a juzgar a la víctima, y además, se individualizó el caso, descontextualizándolo del entorno social, considerándolo meramente un caso policial perpetrado por alguien fuera de sí.

En Latinoamérica hay un caso arquetípico de genocidio de mujeres, proceso denominado feminicidio, el de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuaha frontera de México con Estados Unidos (La Pulseada 49), donde en los últimos 20 años se sucedieron miles de desapariciones y asesinatos de mujeres. No existen registros oficiales de la cantidad de víctimas, que en todos los casos, son mujeres jóvenes, de entre 10 y 35 años, trabajadoras de las fábricas maquiladoras de frontera. Los cuerpos hallados muestran rasgos de tortura, violación y mutilación. La organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, compuesta por familiares de las víctimas, intenta documentar los casos y brinda algunas cifras: En 2008 se produjeron, sólo en esa ciudad, 1.600 muertes de mujeres y la cifra tiene tendencia a triplicarse en lo que va de 2009. Esta agrupación denuncia que los femicidios han sido encubiertos por las autoridades, quienes además se niegan a documentar los casos.

Si bien en Ciudad Juárez hay niveles de violencia demenciales, en toda América Latina los índices son muy altos, y en nuestro país dos mujeres son asesinadas cada año.

La violación y el asesinato de Sandra, como la mayoría de los femicidios, está rodeado de la impunidad que garantiza el Estado y que los medios de la comunicación avalan, silenciándolos o policializándo el caso y ocultando sus causas. Jueces y fiscales que no se ocupan, testigos que callan, pruebas que no se investigan porque, como afirma Nelly, “están apostando el cansancio de los familiares y del resto de la gente. En un año prescribe la causa”.
Además de la madre de Sandra y de su hermano, Rony, cada vez más personas se manifiestan frente al edificio de Rentas todos los meses y el lugar se ha convertido, a pesar de las autoridades del Ministerio, en un espacio de la memoria y la denuncia.

A casi tres años del día en que su vida se desgarró para siempre, Nelly vuelve a encender velas en el umbral del edificio pintado de rojo. Dice haber aprendido mucho. “Aprendí a decir lo que siento y estoy fortalecida porque no estoy sola. También sé que esta lucha no es sólo por mi hija, Sandra puede ser cada mujer que pasa por la calle que vive los mismos riesgos e injusticias. Esta lucha es por todas las que sufren y pueden sufrir lo mismo, por las que vienen atrás”.

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