El plan de lucha iniciado en pleno enero por empleados del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral que temen un cierre de ese servicio se suma a viejas demandas de inversión en Niñez y presagia un 2014 con nuevas protestas. Las asignaturas pendientes de la gestión de Pablo Navarro y la necesidad de que la promoción y la protección integral estén en agenda.
Por Javier Sahade
Calores, tormentas, rayos, cortes de luz, playas, dólares, inflación, precios, plan Progresar… Entre avances y retrocesos, buenas y malas, veranos y tempestades, pasaron de mano en mano las tapas de los diarios en el primer mes del año, el del descanso. Más allá del necesario y positivo programa social impulsado por el Gobierno nacional, que beneficiará a más de un millón de pibes que no estudian ni trabajan, en la Provincia la infancia y la adolescencia con derechos vulnerados volvieron a estar ausentes de la agenda política y periodística.
Mientras crece en los pasillos de la administración pública el rumor sobre una salida del secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, para volcarse de lleno a la campaña hacia la intendencia de Morón que lleva adelante desde el año pasado, se apilan los reclamos y las materias pendientes en su gestión. En cada una de esas carpetas de reclamos, historias de chicos y chicas aguardan la restitución de sus derechos.
En deuda con cientos de miles
“Solicitamos la regularización urgente de los pagos de subsidios, becas y convenios de los Programas de atención a la Infancia y Adolescencia en la Provincia de Buenos Aires”. Así empieza un comunicado difundido en las últimas horas y firmado por Red Andando, Red El Encuentro, Coordinadora de Jardines Comunitarios de la Matanza, Colectivo de a Pie, Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli y Red de Apoyo Escolar RAE.
Los firmantes explican que son organizaciones que “brindan servicio alimentario, educativo y de promoción social a los niños, niñas y adolescentes más empobrecidos de la Provincia de Buenos Aires” y advierten que “el atraso en los pagos pone en peligro la continuidad de su funcionamiento”. Según el comunicado, la situación afecta a 225.000 niños.
El reclamo se suma al que vienen llevando adelante desde hace años cientos de organizaciones, hogares y centros de día ahogados por las deuda de la Provincia y la constante irregularidad en el pago de becas y convenios. El año pasado, la falta de recursos obligó a muchas de estas instituciones, entre ellas la Obra de Cajade, a demandar al Estado para exigir el pago de las becas atrasadas y el cumplimiento pleno de la ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez.
La crítica situación también obligó a que en diciembre último decenas de agrupaciones de la Provincia reunidas en el Encuentro de Organizaciones de Niñez y Adolescencia (EONA) ocuparan durante horas la sede de la Secretaría de Niñez, ubicada en La Plata. Las autoridades se vieron obligadas a pagar parte de la deuda y generar un cronograma de reuniones que tendrá su continuidad a mediados de febrero.
La situación en dependencias estatales
La angustiante realidad que impide el pago de sueldos de trabajadores y la cobertura de gastos básicos alcanza también a las dependencias oficiales. En los últimos días, los empleados del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral (CTAI) iniciaron un plan de lucha para denunciar que la forma de una supuesta reubicación edilicia encubriría la intención, de la Secretaría, de cerrar el servicio. En ese marco, piden mayor presupuesto para los servicios de atención directa a los niños.
Como dijimos en 2006, el CTAI es un proyecto impulsado por el psicólogo Pablo García y cuando la ley de Promoción y Protección todavía no estaba vigente, se transformó en “punta de lanza” del entierro del sistema de patronato que para pibes en conflicto con la ley penal solo proponía el encierro. (La Pulseada 38). En la actualidad, es un servicio reconocido por los pibes y sus familias.
En un comunicado que difundió en diciembre pasado, la Obra de Cajade expresaba dolor por ver cómo algunas medidas de fuerza —en este caso, la seguidilla de alzamientos policiales seguidos de saqueos— tienen inmediata respuesta de funcionarios y de medios de comunicación, mientras nuestros reclamos históricos caen en cajones sin fondo o en bolsillos rotos. La realidad de los pibes de nuestra provincia —la estigmatización, la criminalización y la falta de presupuesto para la promoción de derechos— hace prever un 2014 con nuevas medidas de acción. En pleno enero, la protesta en el CTAI y el comunicado de las organizaciones que reclaman por el pago de becas así lo anticipan.
