NÚMERO 74 - OCTUBRE 2009

La gran deuda con nuestros pueblos originarios
Tierra enajenada
Hace tres años rige en Argentina una emergencia sobre los territorios que ocupan las comunidades indígenas ancestrales. La medida nació esperanzadora: prohibía los desalojos y ordenaba al Estado hacer un mapa de la situación dominial aborigen, para regularizarla con la entrega de títulos comunitarios. Pero su implementación está casi en cero. Y mientras empresarios prósperos explotan a sus anchas el suelo ajeno, miles de familias imploran por el propio.

Por Josefina López Mac Kenzie

                 
La sangre que costaron aún las humedece. Porque las tierras de centenares de comunidades indígenas de nuestro país siguen sin ser restituidas a sus dueños legítimos, pese a que el Estado está obligado a motorizarlo. La ley nacional 26.160 declaró en 2006 “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) u organismo provincial competente”, y dispuso dos medidas tendientes a regularizar la situación dominial de estos pueblos: suspender por cuatro años los desalojos a comunidades incluidas en la emergencia y realizar, en los primeros tres años de su vigencia, “el relevamiento técnico —jurídico— catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”.
Tal relevamiento, inflador anímico y herramienta clave para el viejo reclamo aborigen por el suelo propio, corría por cuenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Para instrumentarlo, cubrir honorarios profesionales y concretar los programas de regularización dominial, se creó un fondo especial de 30 millones de pesos. La Pulseada se quedó con las ganas de acceder a ese censo: no existe.

Aunque debería estar listo para el mes que viene (la emergencia de tierras de propiedad comunitaria indígena se sancionó el 1º de noviembre de 2006), el INAI no tiene un documento que dé cuenta del trabajo ni sabe cuándo lo tendrá, según informó a la revistaun funcionario jerárquico del área de Tierras y Personería Jurídica que pidió mantenerse en reserva. Peor aún, la misma fuente admitió que ni siquiera tienen un borrador informal donde se haya ido volcando el trabajo ordenado y presupuestado, que sintetice lo andado hasta aquí y funcione como panorama, diagnóstico y pronóstico.

Pese a lo anterior, el funcionario ─un abogado que dijo ocupar su cargo desde 2006─ aseguró que hoy el relevamiento “tiene estado de ejecución” en comunidades de siete provincias. Esto significaría que en ellas comenzó alguna de las etapas de trabajo, a saber: “encuesta, cartografía, fundamentación antropológica y herramientas jurídicas para la regularización dominial”. Entre las comunidades más avanzadas en el programa, enumeró a la Alecrin (Misiones), la Sepúlveda (Chubut), la Cuña Pirú (Misiones) y la Mocoví de Berisso.

Complejo
Sería injusto desconocer que en Argentina hay más de mil comunidades indígenas, de unos 30 pueblos autóctonos, y que esto supone un panorama enmarañado. También lo sería omitir que el censo dispuesto por la ley incluye a todas “las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas” (y no sólo a las de aquellas inscriptas en el RENACI). Por eso sorprende que, rasguñando los plazos legales, el INAI diga no tener ni un bosquejo donde se haya ido sistematizando un monitoreo de envergadura semejante, producto de un trabajo con dimensión nacional, que involucra a un equipo de “entre 25 y 30” profesionales que recorren el país.

Los títulos que genera el INAI son comunitarios. Una resolución administrativa reconoce la posesión de una comunidad y conduce a un informe técnico, y después hay que tramitar el título, que implica otra gestión. En las siete provincias supuestamente avanzadas, el mapeo arrancó recién en 2008. Todo el año previo se habría usado para su armado. Pero, según la misma fuente, el retraso anclaría en la modalidad participativa empleada y en la “falta de madurez organizativa de las comunidades para recibir los títulos” (sic). A la emergencia le queda un año de vida. Al censo, un mes. Y no tienen previsto pedir una prórroga para concretarlo.

Irónicamente, es el INAI el quien debe inscribir a las comunidades en el RENACI, capacitarlas para encarar estos trámites y ─abriéndose paso por la topografía de legislación y gobiernos provinciales─ coordinar acciones para que el reconocimiento de posesión y propiedad comunitarias tenga final feliz. Por eso suena poco verosímil que el palo en la rueda sean los que pelean para recuperar la tierra, que es urgencia y herida.

Grave
Los laxos tiempos del INAI agravan un cuadro nacional de gran concentración y avance empresarial sobre la tierra y los recursos naturales, por un lado, y urgencia indígena por el suelo propio, por el otro. En Río Negro, recién a principios de este año comenzó a hablarse del relevamiento, porque con las herramientas legales provinciales muchas comunidades mapuches no lograron ni el reconocimiento de la “posesión precaria” de las tierras que ocupan, lo que no les permite tomar créditos ni producir. En esa provincia, según el diario Río Negro, las causas judiciales por ocupación de tierras que involucran a comunidades rondan las 200 y casi siempre terminan “con final desfavorable para las familias de ese origen”.

En Orán, Salta, tampoco tienen noticias del censo. Allí, casi toda la población indígena (predominantemente wichí) se hacina bajo el sol ardiente en asentamientos urbanos de una miseria difícil de describir, condición sólo mitigada por los mangos, cuyos frutos tapizan el suelo, perfuman y dan de comer. Mientras, el chaco salteño es el campo de juego de pujantes madereros, sojeros y petroleros. Y el ingenio azucarero San Martín del Tabacal (hoy timoneado por la estadounidense Seaboard Corporation) cultiva cítricos y caña de azúcar en más de 70.000 hectáreas de la zona.

En Chaco hubo algunas conversaciones y armado de equipos de trabajo, pero se avanzó poco y la información es dispersa. Víctor Gómez, referente de la Comisión Zonal de la Tierra (una organización indígena de la localidad de Pampa del Indio que tiene presencia en unas 14 comunidades) le dijo a La Pulseada que no oyeron nada de una encuesta ni de un relevamiento. Pampa del Indio queda sobre la margen chaqueña del Bermejo, a 170 kilómetros de Resistencia.

“En nuestra comunidad venimos trabajando desde el ’94, conseguimos plata de afuera e hicimos convenios para mensurar las tierras. Algunos tienen títulos de propiedad pero, por ejemplo, en 25 hectáreas viven varias familias. O como yo, que vivo en 100 hectáreas pero somos 23 familias”, contó el referente. Y definió el problema de acceso a la tierra en Chaco como “muy grave”. Gómez habló en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, donde acampa desde fines de julio, tras unir a pie, con más de 1.400 compañeros tobas, wichís y mocovíes, Pampa del Indio y la ciudad capital. Reclaman que el gobierno provincial cumpla acuerdos firmados en 2008 que incluyen el acceso a la tierra, para que las postergadas familias indígenas de la zona tengan techo y puedan producir.

Chaco abarca casi 10 millones de hectáreas. Cuando se reformó la Constitución en 1994 se acordó que, como reparación histórica, el Estado provincial restituiría a las tres etnias de la zona un millón de hectáreas. Hasta 2005, las tierras entregadas no llegaban a la mitad y las escrituradas, ni a un cuarto, según datos del Instituto de Colonización de la Provincia recuperados por el Instituto Nacional de Cultura Popular (INCUPO), una asociación civil de origen cristiano que trabaja con poblaciones rurales campesinas e indígenas.

Diego Slagter, un comunicador y educador popular que acompaña familias y capacita comunicadores de etnias de Chaco y Formosa para el INCUPO, grafica la situación del pueblo Q´om (toba) de Pampa del Indio: “De las 220.000 hectáreas ofrecidas por el gobierno de Hipólito Yrigoyen a los pueblos originarios en esa zona, hoy cuentan con menos de 9.000. Según los últimos censos, se estima que las familias o clanes cuentan con apenas 2 hectáreas para producción y autoabastecimiento. Frente a ello —continúa— se potencia el poderío del empresario Eurnekian en tierra originaria y con sistemas de riego de última generación. Y los Q´om sufren a diario grandes pérdidas en sus cultivos por la sequía, que lleva su sexto año consecutivo, impide el desarrollo agropecuario y provoca situaciones extremas en el consumo humano de agua”. Según datos que el INCUPO sistematizó hace un año, Eduardo Eurnekian tiene 120.000 hectáreas entre Chaco y Formosa.

Del otro lado del Bermejo, las cosas fluyen parecidas. Aunque “las comunidades pilagá mantienen entre sí diferencias bien marcadas con relación a la tierra ─señala Slagter, con referencia a los pilagá del departamento Patiño, en Formosa─, en ningún caso las políticas gubernamentales alientan, protegen o colaboran con la justa y necesaria recuperación territorial que obligaría el desplazamiento de criollos en la zona. Es cierto que en Patiño la configuración del monte es mayor que en muchas zonas de Chaco, pero también es innegable el tránsito permanente de camiones y maquinarias que se llevan el monte a los aserraderos, que abundan en Formosa”.

En agosto, un comunicado de la Federación del Pueblo Pilagá de Patiño –una entidad supracomunitaria constituida hace dos décadas─ denunció que el reconocimiento de su pueblo “es avasallado sistemáticamente por el INAI”. Con todos los requisitos al día, hace tres años que esperan su personería jurídica: “No se cumplió ningún compromiso, y la justificación que ofrecen es que no existe aún el marco regulatorio para comenzar a dar las personerías jurídicas”, cuenta Slagter. “Esa regulación permitiría ciertas libertades que los gobiernos provinciales no pretenden ceder”.

En Patiño hay 6.000 personas, de unas 18 comunidades pilagá. Su situación es grave. “Las salas de primeros auxilios no cuentan con lo mínimo indispensable, el Chagas y la brucelosis se mantienen a la orden del día, la dificultad para acceder a los servicios públicos es enorme y la alimentación, si no fuese por ciertos atributos que sigue ofreciendo el monte, particularmente para los Pilagá, sería también muy mala”, ilustra Slagter.Y completa: “Los gobiernos provinciales (en mayor medida, el formoseño), la Justicia, la Policía y la Gendarmería mantienen una fuerte presencia para que la recuperación de tierras no se lleve a cabo. Y no tengo dudas de que los últimos acontecimientos con los mapuches en el sur y en Chile son la manifestación real del impulso de los pueblos originarios a la aplicación de sus derechos, y el golpe duro de los gobiernos a evitar esa consagración”.

Alentador
La comunidad mocoví de Berisso es un ejemplo por varias cosas. A fines del año pasado, consiguió que el INAI le comprara y otorgara las tierras donde viven. Es la primera comunidad bonaerense que lo logra (entre otras cosas, porque está entre las únicas reconocidas como tales). Ocurrió independientemente de la ley 26.160, y tras cinco años de lucha organizada. Patricia González, una de sus referentes, lo describe como una epopeya: “Desde 2003 gestionamos en el INAI como comunidad. La personería llegó en 3 meses, pero el resto tardó 5 años. Los terrenos los buscamos nosotros. Eran de un propietario que aceptó venderlo en comodato”.
Se trata de una hectárea y media ubicada en 28, de 153 a 156, en Berisso, cerca de la 66. Les fue entregada en marzo pasado y ahora están levantando un multiespacio que incluye comedor, copa de leche y una bloquera, con ayuda de algunas facultades de la UNLP y el ministerio de Desarrollo de Nación. “Fuimos y hasta nos sacamos las fotos, todo, para demostrarles que las tierras las queríamos porque las necesitábamos”, afirma Patricia. La comunidad que integra suma casi 100 personas, de 28 familias, que antes vivían en un asentamiento.

“Es un tramiterío largo que te reconozcan como originario y te ayuden con las tierras. Hubo que conseguir mil papeles, planos, agrimensores.... Lo logramos casi prendiendo fuego el INAI, que cambió tres presidentes desde que empezamos. ¡Y ahora estamos hasta en la AFIP!”, cuenta. Y agrega: “Decían que la tierra ocupada más de cinco años por las comunidades se les iba a ceder rápido, pero no es así. La mayoría de las comunidades no tiene personería jurídica ni título de propiedad. Y sin eso no podés hacer nada, te meten muchas trabas. Juegan con la gente. Los indígenas estamos muy discriminados en el propio INAI. A veces no nos quieren ni ver. Si no trabaja fuerte y en conjunto, como nosotros, ninguna comunidad va a conseguir nada”.

González ratificó que el INAI se acercó el año pasado para hacerles el relevamiento. “Consiste en ver cómo vivís, en cuántas hectáreas, cuántos son, qué hacen ─resumió─. Pero nosotros lo rechazamos: es mejor que vayan a trabajar a otras comunidades y provincias que lo necesitan y aún no tienen títulos de propiedad”.

De noche, con metrallas y topadoras

Aunque la ley 21.160 prohíbe, por cuatro años, expulsar a las comunidades de las tierras que tradicionalmente ocupan, los desalojos que la infringen son moneda corriente en todo el país, favorecidas por la connivencia entre distintos niveles del Estado (que pone a disposición sus fuerzas de seguridad) y empresarios variopintos. Algunos casos grotescos:

La comunidad Lule de Finca Las Costas, Salta, entre 2008 y 2009 fue visitada de madrugada, varias veces, por camionetas que descargan hombres en tandas de 50 y con topadoras. A estos lules (casi todos, ancianos) los golpean, pisotean sus precarias casas y corrales, les matan chanchos, gallinas y cabras, y les ordenan desocupar sus terrenos, que reúnen lo mejor del suelo y el clima del Valle de Lerma. Mara Puntano, la abogada especialista en derecho indígena que los representa, confirmó a La Pulseada esas continuas acciones violentas sobre comunidades con posesión ancestral de más de un siglo y señaló que suelen coincidir con épocas electorales, promovidas por punteros políticos que generan una lucha de “pobres contra pobres”.

La comunidad guaraní Jase Endi Guasu, de Ledesma, Jujuy, sufrió entre 2008 y 2009 desalojos forzosos de noche y con metrallas. En junio pasado, con participación de la Policía provincial, les destruyeron e incendiaron las casillas. El gobierno jujeño (Instituto de Colonización mediante) había cedido esas 2.000 hectáreas para que las desmontaran sojeros que operan en la zona.

En Chaco, un caso que es prototipo. La familia indígena Adriani–Berdún de Pampa del Indio posee hace más de 50 años el territorio donde vive y produce. Este año apareció una señora nunca antes vista en la zona, blandiendo un título de propiedad del mismo predio y acusándolos de usurpación. Y la fiscal de la causa resolvió desalojar a la familia, por cualquier medio, para otorgarle la propiedad a la demandante.

Grandes esperanzas

Fuentes consultadas en comunidades de Chaco, Berisso y Río Negro coinciden en que el INAI creó expectativas en las comunidades pero tiene niveles de burocracia altos e índices de respuesta bajos. Así, la ley 26.160 fue muy bien recibida, pero tuvo aplicación casi nula y una relación difícil con los marcos legales provinciales.
Un caso paradigmático es el de la chaqueña Reserva Grande del Oeste, creada por decreto para ser otorgada a los tres pueblos de esa provincia (toba, wichí y mocoví), entrega que no se concreta porque no existe una figura legal que lo permita. Para la Provincia, la solución consistió en hacer la titularización a nombre del Instituto Provincial del Aborigen (IDACH), pero las organizaciones originarias plantean que éste, siendo un organismo estatal no las representa, más allá de cierta participación indígena.

Otras de las buenas intenciones a medio camino fueron la creación del Consejo de Participación Indígena (mecanismo de representantes de los pueblos originarios en la conducción del INAI) y de Proyectos Comunitarios, un área de aparente buen diálogo con las organizaciones pero con demasiadas exigencias técnicas, que eclipsan el acceso de las comunidades a un apoyo real. Finalmente, esta ley no resuelve el problema del déficit de tierras aptas para los pueblos originarios ─tema que también le compete al INAI─, un faltante que debería surgir de la recuperación de tierras fiscales, o bien de la compra o expropiación de tierras privadas, como ocurrió en el caso de los mocovíes de Berisso.

volver

* Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y remitiendo un ejemplar de la publicación a La Pulseada.

BAJAR LA NOTA(60kb)