NÚMERO 72 - AGOSTO 2009

Una testigo del mundo poliladri se refugia en plaza San Martín
PRESA EN LA CIUDAD
Acampa frente a la Gobernación para pedirle a Daniel Scioli que proteja su vida de “la mafia” de los desarmaderos de autos robados. Denuncia 16 años de asedio: amenazas, tiroteos, secuestros y golpizas salvajes. Todo empezó en el ’93, cuando Cristina Valiente declaró contra “El rey del corte”, líder de esta telaraña delictiva en el conurbano bonaerense.
Por Josefina López Mac Kenzie

“Un desarmadero es cuando un señor actúa, con complicidad política y de los jefes policiales, para tener levantadores, que son los pibes que por dos mangos te buscan un auto, para cortarlo y de ese auto hacer un montón de partes ─define Cristina, una experta en la materia. Y completa─: Elvio Fernández tenía la impunidad de ya ni siquiera usar autos viejos: usaba los 0km importados. Los reducía en 15 minutos. Las partes valían cualquier plata comprándolas por derecha, mientras en un desarmadero tienen un valor menor. Pero es al costo de lo que sea: por el auto te matan. Hoy, en una comisaría de Avellaneda, un desarmadero deja $4.000 por semana. De eso se trata. Los Elvios Fernández pagan una cuota para tener impunidad. Y sirve para la caja negra, que llega a varios lugares, desde la comisaría, las departamentales, el ministerio y la Gobernación”.

Cristina Valiente de Melo se crió en la cuadra de Wilde (Avellaneda) donde hacía sus trabajitos de desguace “El rey del corte”, Elvio Fernández. “Vivir ahí era ver que cortaban autos nuevos en la calle, que tomaron toda la calle Víctor Hugo, que no podías pasar porque tenían todo tomado, con total impunidad ─cuenta─. A los vecinos nos iban apretando para quitarnos la casa. A muchos abuelos, que han muerto sin ver justicia, este sujeto les sacaba la casa por dos pesos. Así hizo galpones en toda una cuadra. Y lamentablemente, mientras no nos lastimaban, es como que uno no se metía…”.

Esta vecindad la convirtió, en 1993, en testigo de una investigación judicial sobre los galpones desarmaderos donde personajes como El Rey apelotonaban capots, cubiertas, paragolpes, asientos, cajas de cambios, motores y demás partes de coches robados a cualquier costo. “Declaramos y pensamos que ya estaba”, recuerda Cristina. Pero su testimonio se tradujo en una pesadilla de policías, ladrones, amenazas y balaceras en torno a su casa, ubicada en el carozo de los reducideros de autos que, como un pulpo, se extendían por el conurbano sur. Una pesadilla que aún no terminó.

Según Cristina, el primer tramo del proceso judicial por esta red fue más que sombrío. Asegura que hubo desde coimas para hacer desaparecer supuestos antecedentes penales que portaba El Rey, hasta un “arrepentido de la mafia” que ventiló que “la comisaría 5ta, en esos años a cargo del comisario Roberto Ángel Iglesias, había cobrado un dinero para hacer con mi familia el segundo caso Cabezas. Ahí fuimos notificados por la Justicia de esta situación y empezamos a tener custodia policial”. El monarca “cayó” en 2002, después de que una cámara oculta de Telenoche lo enganchó in fraganti, y estuvo preso. Pero en 2005 salió con una morigeración que le prohibía “trabajar” de lo mismo.

Un año más tarde, Cristina tuvo que pedir auxilio. Logró que la atendieran el entonces gobernador, Felipe Solá, y el ministro de Seguridad de la Provincia, León Arslanián. Les contó que venía sufriendo intimidaciones (por ejemplo, le habían baleado la casa), que los desarmaderos de su barrio seguían operando y que El Rey había birlado el arresto domiciliario que debía cumplir. Y la reacción fue inmediata: “A mi hijo lo subieron a un auto, le sellaron la boca con la gotita y le reventaron el oído a patadas”, detalla. Esto ocurrió mientras la casa de los Valiente Melo tenía custodia policial. Y el miedo por la vida de su familia llevó a Cristina a acampar por primera vez frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Hace poco, Cristina tocó fondo otra vez. El 6 de abril de este año, dice, le quitaron la protección que la Justicia le había otorgado en los ’90 por la sensibilidad del caso. Hoy se siente más a la intemperie que nunca y decidió hacerlo visible: desde el 28 de mayo pasado, acampa en plaza San Martín de nuevo.

“¡Basta!”
“Después de que el capitán Polero, de custodias y traslados de Lomas de Zamora, nos quitó la custodia y nos dejó desprotegidos, sin avisarnos a nosotros ni a las autoridades judiciales, tres sujetos de civil con chaleco antibalas aparecieron en un Orion gris, pateando la puerta de mi domicilio, tratando de llevarme, según ellos, a declarar, a las 2.30 de la mañana ─recuerda Cristina─. Por suerte, la puerta resistió y el hecho de estar monitoreados nos salvó la vida”. Los Valiente Melo viven vigilados por el 911: “Es como si fuera un auto que tiene un Lo Jack. Tocamos un botón por una alarma y enseguida va a venir un patrullero a tratar de protegernos”, ilustra.

Al mes de este ataque, el 6 de mayo, “estos sujetos vuelven a aparecer pero ya con una itaka ─cuenta Cristina─. Ahí pudimos comprobar que la patente del Orion gris es de una camioneta radicada en Neuquén. Eso nos da la clara pauta de que es un mensaje de la mafia de los desarmaderos. Y Polero nos deja la duda de por qué protege este tipo de ilícitos. Eso fue lo que me dijo ‘basta: tengo que hacer algo para que el Estado nos devuelva la libertad’. Eso me estalló la cabeza”.

Cristina es ama de casa, tiene 52 años e hijos de 30, 28, 25 y 12 años. En Wilde quedaron su madre (83), su suegra (77), su hijo menor y una hermana discapacitada. Su esposo la acompaña en el acampe. Y sus hijos mayores van y vienen, porque tienen que trabajar. “Cada día se hace más duro, pero no me queda otra desde que ser testigo me trajo aparejada la desgracia a la familia, hace 16 años, privados de la libertad, con tiroteos en casa, monitoreados… A mi hija la intentaron secuestrar de la escuela…”, resume en la puerta de la carpa donde está viviendo, frente a la Gobernación. Y se larga a llorar y se disculpa.

“El responsable político de todo esto es Daniel Scioli, que en la campaña dijo que luchaba contra los desarmaderos de autos. Si nos pasa algo, tendrá que explicar por qué dejó que pasara. Por qué, aparte de estos 16 años, nos tuvo abandonados acá. A cada rato lo invito por megáfono a que venga, que debatamos. Yo sé un montón de desarmaderos. Aprendí mucho. Otros gobernadores nos recibieron. Nunca llegamos a esta instancia y a este silencio”, asegura. Parece poco probable que el apellido de Cristina sea una casualidad.

─¿Qué cosa concreta le pide al Gobernador?
─Queremos recuperar la vida que hace 16 años quedó trunca. Podría ser ayudarnos a irnos a otro lugar, porque ya no nos quedan fuerzas para combatir a esta mafia. Lo tienen que hacer los políticos, que dicen hacerse cargo de la justicia y la seguridad para la gente. Nosotros sufrimos mucho. Quisiéramos poner la familia a salvo en un lugar lejos y empezar de nuevo. Ya es mucho. Que nos dejen de humillar. No sabemos cómo defender la vida de los hijos.

Cristina, que en 2007 votó a Scioli, concluye: “Nadie se puede acostumbrar a esto, porque lo que más anhelás es la libertad. Pero cuando sabés que tenés que proteger a la familia… Yo había mandado un fax diciendo que esto iba a pasar. Jamás me contestaron. Las notas que hicimos desde que estamos acá, tampoco. A cada rato estoy diciéndole con un megáfono chiquito al Gobernador que se haga cargo. Y recién hoy (N. de la R.: se refiere a la semana previa a las últimas elecciones legislativas) nos recibió un señor que dice ser asesor de Scioli y no saber nada de nuestro problema. Nos llamaron porque el señor de al lado se encadenó (N. de la R: se trata de un hombre que acampaba al lado, pidiendo soluciones para una escuela, y durante esta entrevista estaba levantando la carpa porque “ya consiguió su solución”). Así que yo también me voy a encadenar, de no mediar una solución”.

Con La Pulseada, Cristina habló dos veces. La primera,hacía un frío bárbaro y de la Gobernación no paraba de salir gente de traje: faltaban cinco días para elecciones y ella mantenía la esperanza. La segunda, ya había pasado el huracán electoral y Cristina tenía los ojos más húmedos. Al cierre de este número, fiel a la leyenda sobre los gustos del Gobernador, Cristina había comprado una pasta frola y seguía invitándolo a la plaza.

Poli
Cristina: “La Policía siempre se acercó a los galpones. Es imposible decir que la Policía era ajena a los desarmaderos porque era monstruoso lo que había ahí, y desfilaban continuamente jefes policiales, varios patrulleros, las brigadas de todos lados, autos con patente diplomática, políticos de la zona. Era moneda corriente ver la impunidad. Pero también quiero dejar en claro que no toda la Policía es mala. A nosotros los que nos pegaron fueron jefes policiales corruptos, denunciados con nombre y apellido. Pero hemos sido salvados, en más de una oportunidad, por policías de la provincia de Buenos Aires. Hay policías honestos, te lo puedo garantizar. En los años que llevo con custodia he conocido gente de bien en la fuerza”.

Ladri
El del “Rey del corte” fue un caso paradigmático del rubro desarmaderos de autos. A principios de 2002, una cámara oculta de Telenoche grabó a Elvio Fernández diciendo: “Yo soy el rey del corte”, y sirvió para que se encontraran en un punto algunas investigaciones judiciales y policiales dispersas que venían sondeando el circuito de la compraventa ilegal de autopartes en el conurbano sur.

Ante la noticia, la prensa aseguró que hacía una década que Elvio timoneaba una enorme red de desarmaderos con tentáculos por La Plata, Quilmes, Avelleneda, Lanús, Almirante Brown, La Matanza y Lomas de Zamora; que para montar sus galpones de repuestos robados había llegado a copar casi dos manzanas en Wilde, en las calles Paysandú, Caxaraville y Víctor Hugo (la cuadra de Cristina); que el negocio movía $300.000 por día; que cada pieza obtenida se vendía al 50% de su valor y un vehículo entero, en partes, podía dar altísimas ganancias; que cuando allanaron su palacio encontraron una Ferrari y un Alfa Romeo.

Cristina corrobora y actualiza: “Sé de la fortuna que amasó Elvio Oscar Fernández porque se movía con dos Ferraris y Mercedes último modelo. Un tipo que nunca había trabajado. Lo conocemos de chiquito. Antes de empezar con todo esto, lo mantenía la madre. Hasta hoy dice ser estudiante. Vive en Bernal pero sigue cortando los autos en galpones que tiene en Wilde, con total impunidad. Es moneda corriente en Wilde verlo cortando autos y haciendo delivery”.

El juicio, frenado
El procesamiento de Elvio Fernández por asociación ilícita es parte de una megacausa complicada, que data de fines de los ’90 y tramita en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora (Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 y Fiscalía de Juicio N° 8). Según Alberto Palacios, titular del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV), que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la causa llegó a tener cien imputados, pero se fue desgranando mediante juicios abreviados y hoy quedan veinte. El juicio no tiene fecha.

Además de El Rey y algunos de sus familiares, está involucrado Alberto Valenti, director de compras de la Fiscalía de Estado de la Provincia hasta 2002. Se sospecha que éste habría cooperado consiguiendo documentación de autos vendidos en remates judiciales, para que El Rey tuviera cómo “probar” la legalidad de la mercadería que vendía. En 2003, en el fragor de esta causa, los fiscales de Lomas llegaron a pedir la detención de Ricardo Szelagowski, titular de la fiscalía de Estado bonaerense desde hace 22 años. A este organismo de la Constitución, que actúa como abogado de la Provincia y controla a priori el flujo de dinero de la administración pública llegan, por ejemplo, los autos secuestrados por orden judicial.

Según Alberto Palacios, que admitió la gravedad de la situación y “el gran sufrimiento” de esta familia, el CPV está trabajando por la urgente elevación a juicio oral de esta causa y para “gestionar ayuda económica en organismos competentes”. Además, sostuvo que la familia Valiente Melo sí tiene custodia pero “no están conformes con algunos temas del sistema de implementación” de las medidas de protección que les estaría brindando el Ministerio de Seguridad provincial.

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