NÚMERO 70 - JUNIO 2009

Descuentos a los funcionarios que no cumplan
La ley del bolsillo
“Se ha generado un estado de impunidad, donde los funcionarios pueden incumplir la ley y no pasa nada”, opina el Juez Luis Federico Arias, que dispuso multas de 800 y 200 pesos diarios a los responsables de no aplicar medidas para resolver la situación de chicos en situación de calle de La Plata.
Por Pablo Antonini

“Los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho,condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes
no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial”.

Código Civil (Artículo 666 bis)

Pasó casi un año desde que un grupo de chicos que dormía en la Facultad de Humanidades de la UNLP fueron corridos hasta Plaza San Martín, por presión de medios locales y autoridades universitarias. Una vez allí, mientras muchos de esos medios seguían alimentando el miedo con tenebrosas crónicas sobre “la banda de la frazada”, un grupo de autoconvocados se acercó a ellos y montó una olla popular en la glorieta, hasta que el 25 de julio de 2008 fueron golpeados y amenazados por una patota parapolicial.

A partir de estos hechos, la Asociación Miguel Bru y otras organizaciones presentaron un recurso de amparo que, en noviembre de ese año, recibió sentencia favorable del juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias, obligando al estado provincial y municipal a implementar una serie de medidas para garantizar los derechos básicos de los chicos. Un parador “con suficiente infraestructura y personal idóneo para cubrir las necesidades básicas de alimento, higiene, descanso, recreación y contención de los niños, niñas y adolescentes que requieran esta asistencia”, una línea telefónica gratuita las 24 horas para la recepción de denuncias sobre vulneraciones de derechos y la ampliación del plantel de operadores de calle del municipio, eran algunas de ellas.

El 31 de marzo pasado, ante el incumplimiento de estas medidas, la olla intentó reorganizarse en la Plaza Moreno pero lo impidieron efectivos de Control Urbano que decomisaron equipos, comida y hasta rompieron la cámara de fotos de uno de los manifestantes. Después de varios tironeos (incluyendo una curiosa explicación oficial según la cual podía permitirse la protesta “pero sólo en plazas frente a las que no hubiera edificios públicos”), el 7 de abril la olla se realizó para reclamar, ente otras consignas “que se cumpla el fallo del juez Arias”.

“Nos debe causar sorpresa que se tenga que hacer una olla popular para que se cumpla una medida judicial”, decía ese mismo día el juez al ser entrevistado por la emisora local Radio Estación Sur 91.7, y adelantaba que no iba a quedarse de brazos cruzados. “El incumplimiento de una medida judicial constituye un delito. Pero nunca un funcionario resulta procesado por esto, con lo cual se ha generado un verdadero estado de impunidad porque se puede incumplir la ley y no pasa nada. Las únicas sanciones personales que nos quedan son las multas económicas a los funcionarios”.

Derechos y obligaciones
Arias ya había ordenado, en otra oportunidad, que se le retuvieran 40 mil pesos de sueldo al ex ministro de Salud de la provincia, Claudio Mate, por desoír una sentencia que obligaba al tratamiento de tres chicos enfermos. Y el 7 de mayo emitió un nuevo fallo disponiendo una multa de 800 pesos diarios al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, y de 200 pesos a su homólogo municipal, Juan Pablo Crusat, “en proporción a los incumplimientos constatados” de la medidas ordenadas por su sentencia anterior. De no resolverse en un plazo de 30 días, además, la sanciones “se harán extensivas a los titulares del Poder Ejecutivo provincial y del Departamento Ejecutivo Municipal, por el doble de su importe y bajo la misma modalidad”, lo que equivale a decir que –si el fallo quedara firme y los incumplimientos persistieran- al intendente Pablo Bruera y al gobernador Daniel Scioli se les deberían descontar 400 y 1600 pesos diarios de sus sueldos, respectivamente.

“La falta de funcionamiento del parador, el servicio de atención telefónica, la implementación y ejecución de programas, la difusión de derechos y la presentación de informes periódicos”, son los incumplimientos que el fallo da por acreditados, agregando que sólo en el mes de enero “se detectaron ciento veinte casos de niños y niñas en situación de calle, y sin embargo no se han aportado elementos que acrediten la efectiva acción e intervención estatal dirigida a la promoción y protección de sus derechos”.

”Desde el punto de vista técnico, creo que está aplicando perfectamente bien el 666 bis del Código Civil”, opina el abogado Marcelo Ponce Nuñez, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez. “Desde el punto de vista político me parece correcto, ya que los funcionarios tienen la obligación de ocuparse de los temas que la ley les asigna. Ojalá con el tiempo haya más pronunciamientos de este tipo, que pongan a los funcionarios incumplidores a responder con su propio patriomonio. En este caso el Municipio es el principal responsable por no hacer, mientras que el ministro de Desarrollo es su secundario responsable por no controlar qué se hace con los fondos que viene girando la provincia a la ciudad, para aplicar la ley 13.298 de Promoción y Protección de Derechos”.

La aplicación efectiva de esta ley -que regula un amplio dispositivo de políticas asistenciales para la niñez y adolescencia con derechos vulnerados-, sigue siendo reclamada por el Foro y las organizaciones que iniciaron la demanda como solución de fondo, y motivó un nuevo reclamo frente al municipio el 29 de abril pasado. En ese marco presentaron un petitorio que el Concejo Deliberante prometió tratar en la sesión siguiente, pero al cierre de esta edición seguía postergado sin fecha cierta.
El ministro Arroyo, por su parte, realizó su descargo mediante un comunicado en el que no opina sobre la sanción económica; asegura que Arias se arroga “funciones propias del Poder Ejecutivo provincial y municipal” y que en realidad “los ámbitos demandados han demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios”. Sólo falta que los chicos y chicas que siguen dando vueltas por las calles y semáforos de la ciudad sean, a su vez, debidamente notificados.

Zaffaroni, derechos sociales y rol de la Justicia
“El juez Arias pretende direccionar la política pública”, acusó el ministro Daniel Arroyo a través de un comunicado, apenas conocido el fallo, “arrogándose funciones propias del Poder Ejecutivo provincial y municipal”. Con esta frase, el ministro abre en realidad un debate que va mucho más allá de este caso puntual, acerca del rol de la Justicia: ¿Los jueces se arrogan funciones del Ejecutivo, entonces, cuando exigen el cumplimiento de ciertas políticas públicas ante la insatisfacción de derechos constitucionales de las personas?

La pregunta nos sonaba familiar, fuimos al archivo y encontramos una interesante respuesta en La Pulseada Nº44, allá por octubre de 2006, cuando entrevistamos al Juez de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni.

“Existen derechos individuales -diferenciaba en esa nota Zaffaroni-, llamados de primera generación, que son de imposición más simple, porque lo que en realidad uno le impone al Estado es que no haga tal cosa, está imponiéndole una omisión… El problema son los derechos sociales, que al Estado le imponen una acción, o sea una política. Por supuesto nosotros no podemos hacer una política desde acá porque estaríamos invadiendo los ámbitos de los otros poderes del Estado. Pero sí hemos iniciado un camino que no es nuevo en la jurisprudencia comparada, como es el de sentenciar y abrir un espacio de control del cumplimento de la sentencia. Es decir, de alguna manera, en una sentencia decirle a los otros poderes: tienen que hacer una política en este sentido”.

De hecho, la Corte dio varios ejemplos como el fallo que obligaba a la movilidad de las jubilaciones, o el habeas corpus colectivo por los presos de la Provincia de Buenos Aires. En estos y otros casos similares, nos explicaba Zaffaroni tres años atrás, “no le hemos fijado una política al Ejecutivo. Pero le hemos dicho: usted tiene que hacer algo, vea cómo lo instrumenta, usted es el que decide la política y yo no le voy a decir cuál. Pero una política tiene que haber. Si no la hace voy a tomar medidas yo”.

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