NÚMERO 69 - MAYO 2009

La pulseada por regular a la radio y la televisión

La ley no será transmitida

Este mes entrará al Congreso un proyecto que podría saldar una de las grandes deudas de la democracia: legislar a los servicios audiovisuales. La norma vigente todavía tiene la firma y la ideología de los dictadores, y encima es anacrónica: define a las FM como nuevas tecnologías. El proyecto “del Gobierno” hace propio un reclamo de larga data y recoge una propuesta que tiene un consenso inédito. Fue enriquecida con foros públicos realizados en todo el país. Combate la concentración mediática y sería aplicada por un órgano federal autárquico con representación de minorías. En este informe, los alcances, límites y desafíos de una batalla legal silenciada.

Por Daniel Badenes
Producción periodística: Daniel Badenes y Verona Demaestri
Colaboración: Esteban Rodríguez

“La gente que escucha radio o mira TV, comete su primer acto de fe cada mañana: lleva o no un abrigo si el informe meteorológico le dice que hará frío o calor”, remarca la periodista Mariana Moyano: “Si efectivamente le cree y decide algo de su vida cotidiana en base a eso, estamos viendo la importancia que tienen. A partir de ahí es necesario que la cuestión de los medios de comunicación la pensemos todos, no sólo los que tenemos un vínculo laboral”.
Con la tele no sólo decidimos cómo vestirnos: también le confiamos parte de la educación de los chicos, buscamos en ella diversión y hasta reducimos nuestras opciones electorales a los tres o cuatro candidatos que nos presenta en estudios. A menudo, incluso, los medios nos pautan lo que terminamos discutiendo en la mesa familiar, en el trabajo o con un anónimo comerciante.
Una mañana es un chico que mató y “la gente” no para de hablar de los menores que matan. Otra vez es la desnutrición en Tucumán, que dura unos días. Luego el bache de una calle porteña se convierte en problema, incluso para quienes no conocen la Capital. O puede ser la pelea de un futbolista con su novia modelo, o más casos de inseguridad: en época de elecciones hay tantos robos que en este país no se puede vivir. “Cada día en los medios encontramos los mismos temas, decididos por dos o tres personas”, critica Néstor Busso, referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). “Todos tenemos derecho a hablar públicamente y a ser escuchados. Hoy se puede hablar pero en voz baja: en un blog o respondiendo algo en la web de un diario”.
Es curioso: aunque los medios son agentes educativos y administradores del debate público, los dejamos en manos privadas y les permitimos actuar en las sombras. No sabemos a ciencia cierta quiénes los financian. A veces ni siquiera conocemos a sus directivos. Obviamente, nadie convoca a “reuniones de padres” para hablar de los programas infantiles.
“Las frecuencias son patrimonio de la humanidad. El Estado las administra y las adjudica a alguien durante un tiempo. Tiene que brindar el servicio que ofreció cuando le dieron la licencia. Y no, en función de ganar plata, hacer cualquier cosa”, explica Busso. “Lo esencial es multiplicar las voces, y que haya posibilidades de elegir. Que no haya temas tapados, invisibilizados. Hoy hay gente que no existe, que no aparece, que no se ve”.
Este mes llegará al Congreso un proyecto sobre eso y mucho más: desde la posibilidad de ver fútbol sin codificar hasta la regulación de la publicidad. “No será fácil: los medios que controlan unos pocos, primero silencian el debate y después mienten descaradamente. La comunicación es un tema que no está en los medios”, resume Busso, que espera este debate hace dos décadas: el tiempo que resistió cometiendo el delito de tener un medio comunitario.

Decretazos

Legislar sobre medios es una de las grandes deudas de la democracia. La norma vigente data de la dictadura y así es que la “seguridad nacional” puede ser una razón para cercenar la libertad de expresión. Según el decreto-ley de 1980, la comunicación no es un servicio público sino un negocio. Las licencias de radio o televisión sólo podían adjudicarse a sociedades comerciales: tener fines de lucro era un requisito indispensable.
La norma tuvo escasas modificaciones y la mayoría fueron para peor. En los noventa, mediante decretos de necesidad y urgencia, se habilitó la concentración de propiedad justo cuando se iniciaban las privatizaciones, que incluyeron los principales canales de televisión abierta, radios y también la empresa de telecomunicaciones. Mal que mal, la dictadura había puesto límites: no podían obtener frecuencias los dueños de diarios, y estaba prohibido acumular más de cuatro licencias. Menem permitió a los propietarios de Clarín hacerse de Canal 13, y preparó el terreno para gigantes multimedios subiendo aquel límite a 24.
El menemismo no pasó inadvertido, además, porque la reforma constitucional de 1994 le dio entidad a tratados internacionales de promoción recíproca de inversiones. Así aceleró la presencia del capital extranjero en la radiodifusión. Tiempo más tarde, al firmar acuerdos de “reciprocidad satelital” con México y Estados Unidos, facilitó el ingreso de Sky y DirecTV.
Los gobiernos que siguieron apenas alteraron el panorama. Durante el interinato de Eduardo Duhalde se promulgó un decreto que, sin discutir el resto, quitaba algunos límites a las provincias y los municipios para acceder a licencias. La evaluación de esa medida es ambivalente: si bien resquebrajaba la lógica comercial del sistema, no se trataba de “medios públicos no gubernamentales” sino que daba cheques en blanco a intendentes y gobernadores. De todos modos, los grandes grupos recurrieron a la Justicia y paralizaron la decisión.
El imperativo de lucrar se cortó en 2003 cuando, después de muchos años de reclamos, la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo que impedía a las asociaciones sin fines de lucro obtener licencias. La mutual cordobesa Carlos Mujica había iniciado la causa por “La Ranchada”, una de las tantas radios comunitarias que fueron consideradas ilegales durante un cuarto de siglo. En 2005 se derogó definitivamente el injusto artículo, pero en su nueva redacción mantuvo cierta exclusión de las cooperativas de servicios públicos con el argumento de “evitar prácticas monopólicas”. Así, la única modificación realizada por el Congreso, forzada por la Corte, combatía como “monopolios” a organizaciones comunitarias cuyo mayor órgano decisorio es una asamblea donde cada usuario tiene un voto.
Casi al mismo tiempo, con un decreto, Néstor Kirchner extendió por diez años los plazos de todas las licencias adjudicadas, cuando legalmente ya no quedaban prórrogas posibles (La Pulseada N° 33). Esa decisión, por ejemplo, permitió que Clarín pueda tener la AM Mitre hasta 2018, y Canal 13 hasta 2025.
“Se otorgan las licencias como carta blanca: si usted tiene una licencia puede hacer lo que quiere, es como si fuera su casa”, cuenta el abogado Roberto Gargarella y discrepa: “Es como si concediéramos a alguien la posibilidad de que ponga una escuela y le dijéramos: usted puede ponerla y no me importa lo que hace adentro. No, claro que me importa. Hay muchas cosas que vamos a exigir que tenga, y no porque somos tiranos, sino porque nos preocupa el niño. El Estado siempre es responsable de asegurar algunas cosas básicas. El área de la comunicación también es hipersensible”.

Entre cuatro
Todavía hay quienes sostienen que, para la libertad de expresión, la mejor ley es la que no existe. “Nosotros creemos que el Estado sí tiene que intervenir, no para controlar los contenidos, sino para garantizar un derecho ciudadano a la comunicación”, refuta Guillermo Mastrini, titular de la cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. “Si no, es un derecho abstracto y no hay manera de que sea cumplido. ¿Qué es lo que restringe hoy el efectivo ejercicio de la libertad de expresión? No es el Estado, quien como en los siglos XVII y XVIII impide la libre expresión por medios coercitivos, sino el hecho de que para tener un medio masivo hay que disponer de un capital que pocos tienen”.
La información es una actividad que tiende al monopolio. Como es un bien intangible, entregárselo a uno no implica quitárselo a otro. En términos económicos, la producción de una noticia tiene un costo fijo; el de multiplicarla, es ínfimo. Un programa de televisión cuesta lo mismo lo vean cien o un millón de personas. Cuando la comunicación se libra al mercado, ganan los que se mueven a gran escala.
El panorama actual es la demostración de lo que genera “dejar hacer” a las empresas lucrativas. Los niveles de concentración son alarmantes. Se calcula que sólo cuatro grupos económicos producen el 80% de los mensajes mediáticos que circulan en el país. “No es sólo concentración de la propiedad”, advierte Busso. También hay una fuerte aglutinación geográfica, que hace que los ciudadanos del interior, por obra de las repetidoras, conozcan mejor el clima y el tránsito porteños que los de sus localidades.
Y a eso se suma la publicidad: “unas pocas empresas son las que manejan la gran pauta publicitaria, que es direccionada a unos pocos medios, que actúan como sus voceros”. Esto se agrava por el hecho de que los radiodifusores no son sólo radiodifusores: son grupos que también operan en la prensa, el cine, las agencias de noticias y las editoriales, a veces proveen telefonía e Internet, y hasta tienen intereses fuera del ámbito de las llamadas “industrias culturales”. El emporio de Clarín es propietario, por ejemplo, de Ferias y Exposiciones, que junto a la empresa de La Nación integra la firma que anualmente organiza la “Expo-Agro” en estrecha vinculación con las cámaras patronales del sector agropecuario. Y el 18% del grupo pertenece a una inversora de origen norteamericano, Goldman Sachs, cuyos intereses son inciertos.
Del mismo modo, el Grupo Telefónica, que controla el canal Telefé -pero es socio de Clarín en la empresa fílmica Patagonik- tiene centenares de accionistas entre los que se encuentran el Chaise Manhattan Bank, el Citibank, el Bilbao Vizcaya y la Caixa. Estos dos últimos tienen además intereses en Repsol, Iberia, Suez y Endesa, entre otras.

Entre todos

Una intervención estatal que garantice el derecho a la comunicación. Esa es una demanda social que lleva añares, y que cobró fuerza cuando se formó la amplia Coalición por una Radiodifusión Democrática integrada por medios comunitarios, sindicatos, iglesias, cooperativistas, PyMEs mediáticas, organizaciones de derechos humanos y universitarios (La Pulseada N° 26). “Nos propusimos ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos para la nueva ley. Después de trabajar varios meses surgieron estos 21 puntos”, recuerda Busso. A partir de ahí empezó “un trabajo de construcción de consensos” en distintos ámbitos. En 2004 hicieron un programa desde Radio Nacional para todo el país. Los llevaron a concejos deliberantes y legislaturas provinciales. Lograron, incluso, que la Cámara de Diputados de la Nación adhiriera. Organizaron foros, debates, seminarios. “No conozco otro tema con tanta unidad del campo popular en torno a una propuesta”, resume el referente de FARCO. El año pasado, cuando se inició una ronda de consultas de cara a la redacción de una nueva ley, la Coalición entregó su plataforma. El Gobierno nacional la tomó como base, tanto que la presentación del proyecto analiza cómo cada principio se plasma en el articulado de la ley.
“Los 21 puntos son el sustento jurídico y político de esta propuesta. Este proyecto contempla clara y contundentemente el espíritu de esa lucha”, consideró Pablo Antonini, de la FM platense Estación Sur, que también integra FARCO. Lo hizo en uno de los Foros de Consulta Pública que organizó el gobierno para recibir aportes de la sociedad, antes de ir al Congreso.
En todo el país asistieron representantes de centenares de organizaciones, que elogiaron la propuesta y sugirieron algunas mejoras. Varios participantes tienen fuertes desacuerdos con la política nacional en otras áreas, pero adhieren a esta iniciativa. “Alguien ha escrito por ahí que la Coalición fue una construcción oficialista del último año”, se queja Busso, recordando los años de lucha: “Compartimos el proyecto porque deja atrás la concepción de la seguridad nacional para buscar garantizar la diversidad y la pluralidad de voces. Y porque tiene cosas realmente transformadoras”.

Grandes transformaciones

La versión abierta al debate tenía 148 artículos. Es probable que, después de los foros participativos, el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contenga más. El texto puede leerse en la web www.argentina.ar/hablemostodos. Los distintos capítulos están comentados y explicados con legislación comparada. Sintetizar plantea dificultades, pero eso no explica que los grandes medios hayan descartado el tema, sino el modo en que afecta sus intereses.
La ley reafirma el límite del 30% al capital extranjero en la propiedad de los medios, obliga a transparentar el origen de los fondos y regula diversos aspectos del servicio: los horarios de protección al menor, la emisión de publicidad, la adopción de sistemas de subtitulados y lengua de señas, las “tarifas sociales” para el cable, etcétera.
Entre los cambios más importantes está la reserva de un tercio del espacio radioeléctrico a los medios comunitarios, que pasan de estar prohibidos a ser uno de los pilares de una “actividad de interés público”. A grandes rasgos, el proyecto distingue tres tipos de prestadores: los de gestión estatal, los privados con fines de lucro y los privados no lucrativos. En otros tramos, el texto es más específico al hablar de “medios de fomento y comunitarios”. Por eso, en los foros, hubo quienes pidieron precisión al respecto: que se distinga a “aquellos proyectos comunicacionales que estén sostenidos por medios comunitarios, de manera que este porcentaje del espectro no sea aprovechado por instituciones organizadas jurídicamente como entidades sin fines de lucro pero con fuertes vinculaciones con grupos económicos”, según palabras del colectivo de Prensa de Frente (PDF) de La Plata. Si no, el riesgo es que aparezcan pliegos firmados por la Fundación Telefónica o la Fundación Noble. Respetando el espíritu de la propuesta, también se pidió que las bases para concursar licencias sean diferentes para los distintos tipos de prestadores.
“Se avanza mucho en una política anticoncentración”, resume Mastrini, abarcando otros puntos de la ley. Para el profesor de la UBA también es muy interesante “el diseño institucional”, que incluye una nueva autoridad de aplicación, la creación de una Defensoría del Público, la existencia de registros abiertos y el requisito de hacer audiencias públicas antes de tomar decisiones como la prórroga de una licencia.
El actual Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) ha estado “intervenido” desde el retorno a la democracia porque la norma vigente prevé que lo integren delegados de las fuerzas armadas y del servicio inteligencia, entre otros. En su reemplazo se crearía una Autoridad Federal con representantes de la segunda y la tercera minoría del Congreso. Además establece un Consejo Multisectorial con participación de las universidades, los trabajadores y las asociaciones sin fines de lucro. Algo similar prevé para lo que hoy es el sistema de medios públicos (ver recuadro).
“El diseño es bastante superior a lo que tenemos, al promedio y sobre todo a la historia argentina. La introducción de minorías parlamentarias, o sea de la oposición al Ejecutivo, tanto en el organismo que sucederá al COMFER como en los medios públicos, es un salto cualitativo”, plantea Mastrini. “Implica dar vuelta la página: frente a algo que siempre ha sido ha tenido una muy fuerte dependencia política del gobierno, acá tenemos un principio de autarquía y una conducción colegiada con participación de minorías”.

Grandes desafíos

Si la ley prospera, faltará mucho por recorrer. Muchos desafíos quedan para la etapa de implementación. Para Mastrini será necesario establecer prioridades: “Hay dos opciones. O te jugás a hacer cumplir más taxativamente la parte de anticoncentración, o fortalecés lo institucional. Contrariamente a lo que la mayoría diría, creo que en los inicios habría que trabajar muy fuerte en establecer una muy competente autoridad regulatoria y un potente consejo nacional. La mejor manera de hacer cumplir lo antimonopolio es con una autoridad competente fuerte”.
Como destaca Busso, “hoy el COMFER no tiene legitimidad; hay un círculo vicioso por el cual los que tienen poder económico, los que controlan la comunicación, dicen que la autoridad no puede hacer cumplir la ley porque es de la dictadura. Al mismo tiempo, no quieren que se reforme. Es decir, están defendiendo el hecho de que no exista norma. Así el manejo absoluto le queda a los que tienen ese poder económico”.
“No hay que creer que se aprueba y al día siguiente todos tienen acceso a los medios”, insiste Mastrini: “La ley es muy importante, pero es un hito de un proceso más largo”. Concretamente, Busso augura que “va a ser más difícil aplicar la ley que aprobarla: hacerla cumplir será una batalla muy dura”. El texto contempla que en un plazo no mayor a un año, se deberá coordinar la adecuación de “quienes tienen una cantidad mayor del licencias o con una composición diferente a la permitida”. El organismo encargado deberá ser atento y riguroso en el proceso, si no quiere cumplir el vaticinio de la revista Barcelona según el cual el fin de “la era de monopolios” abrirá paso a “la era de los testaferros”.
Otra batalla que requiere una autoridad legitimada es la transición a los servicios digitales, a la que también se pone un plazo: dentro de los primeros 180 días de vigencia de la ley deberá reglamentarse un plan de transición.

El futuro ya llegó

Si la inadmisible vigencia de un decreto dictatorial es razón suficiente para reclamar una nueva ley, la transformación tecnológica la hace decididamente indispensable. La normativa de 1980 considera como “nuevas tecnologías” a las radios FM. Mientras, la tecnología digital avanza y lo hace prácticamente sin regulación.
La transformación es tan profunda como difícil de explicar en palabras de uso cotidiano. Mastrini intenta sintetizar: “se pasa de una señal analógica, es decir, de señales eléctricas que son codificadas y decodificadas por aparatos especializados -una radio, una televisión-, a transformar eso en bits digitales, es decir, en un conjunto de unos y ceros, el mismo sistema binario que tienen las computadoras”. Hoy ambos sistemas conviven. La TV y la radio todavía generan, transmiten y almacenan datos analógicamente. El video y la fotografía ya han migrado a la tecnología digital. “Esta permite mayor facilidad de almacenamiento, de traslado y de compresión”, advierte Mastrini, pensando en la televisión: “Es un cambio radical, no por lo que uno va a ver, porque en definitiva es lo mismo, sino que tiene una serie de consecuencias económicas”. Habrá un abaratamiento de costos, pero a largo plazo: para empezar a funcionar, el sistema primero requerirá una alta inversión.
Argentina aún no tomó una decisión firme sobre la norma que adoptará para implementar la TV digital, como sí hicieron países como Brasil o Uruguay (ver recuadro). Sin embargo, ya en 1998, el canal de Clarín realizó emisiones experimentales con alta definición.
“La gran promesa es que donde hay un canal pueden llegar a entrar cinco, aunque no está del todo claro”, sostiene Mastrini. Lo que está claro es que, si las frecuencias se multiplican, se reabre la disputa por el espectro. Y encarar el reparto bajo las reglas de la dictadura sería otro golpe aciago al derecho humano a la comunicación.
Además, la digitalización ya ha posibilitado la convergencia de actividades denominada “Triple Play”. A través de un mismo soporte físico se ofrecen conjuntamente servicios audiovisuales, informáticos y de telefonía fija. Y no pasará mucho hasta que se incluya la comunicación móvil. “Es mucho más que un nuevo producto: es una de las primeras batallas de una de las dos guerras frías del siglo XXI (la otra es la del agua potable) y tiene como objetivo final el control sobre la esfera global de las comunicaciones”, advirtió el mes pasado el investigador Carlos De Angelis, en un artículo publicado en Página/12. “Quién provea esta tecnología tendrá un acceso privilegiado a hogares y empresas y al manejo de cuestiones específicas, como sistemas de alarmas”. Ya no sólo está en juego el derecho a la información, sino la propiedad intelectual, la privacidad... No quedan dudas: es necesario regular la actividad. Y la sanción de una ley de servicios audiovisuales es un paso en esa gran batalla.

El pasado no se fue

Cualquiera que sea accionista de decenas de radios, del principal canal de televisión abierta y de varios que funcionan por suscripción, y de las más grandes distribuidoras de cable del país, se sentiría atacado por una legislación que combate la concentración. “No es un proyecto anti-Clarin, sino uno para la libertad de expresión de todos”, aclara Busso: “Como Clarín pretende apropiarse de la totalidad de la voz pública, puede considerar que es contra ellos. Pero así como le pone límites a ese grupo, lo hace también con cualquier otro”.
Por su parte, Gargarella advierte que la pelea no se limita a “romper los monopolios”, algo que en última instancia coincide con un ideal liberal: “En los 80, el Estado tenía control sobre los medios. Luego el ideal pasó a ser el opuesto: que una pluralidad de medios aseguraba una pluralidad de voces. Creo que esa es la idea que prevalece en todos lados. Se supone que el modo de asegurar libertad de expresión es atomizar en varios grupos el control de la comunicación. Y eso sigue siendo un problema”. Para el constitucionalista, “libertad de expresión no es lo mismo que diversidad de grupos económicos”.
Así cobran sentido los medios públicos y comunitarios. La nueva ley los habilita, y el desafío será promoverlos. “Si le tuviera que agregar algo al proyecto, le pondría más política pública”, dice Mastrini. “Hay un capítulo al respecto pero es uno de los más débiles. Esto lo podríamos ver con dos miradas: nunca una ley tuvo este capítulo. Es importante que aparezca, y a la vez es una pena que no lo hayan desarrollado más. Uno podría contestar que la ley es un marco muy general y que después queda su aplicación en otros niveles. Pero con lo difícil que es legislar en Argentina, aprovecharía para avanzar un poco más”. En ese sentido, un pedido recurrente de FARCO y otras organizaciones en los foros fue el aumento de los fondos de la promoción (ver recuadro).
Varias aludieron además al reparto de publicidad oficial, acaso uno de los “21 puntos” menos contemplados por el proyecto. Hoy asciende a más de 200 millones de pesos. “Prácticamente la totalidad del enorme gasto en publicidad realizado por el Estado se dirige a los medios gestionados por los grupos económicos que monopolizan la comunicación pública”, cuestionó en el foro platense Prensa de Frente, entre otros. No sólo hablaron de una pauta “no discriminatoria”: también la consideraron una herramienta posible para promover medios sociales. No obstante, pareciera claro que se requiere otra norma, pues la publicidad del Estado también involucra medios gráficos. Algo similar sucede en relación a los pedidos sobre el acceso a la información pública. Son otras batallas. “Se equivocan quienes creen que eso debe estar en esta ley, porque no tiene nada que ver con comunicación audiovisual”, advierte Mastrini. Vale la pena tenerlo en cuenta, pues mezclar los tantos es la estrategia de los detractores de la iniciativa, cuando salen de su cono del silencio.

Con la cara tapada

La postura de los grandes medios es curiosa. A menudo reclaman a los gobernantes transparencia y apego a las leyes. Has lo que yo digo, mas no lo que yo hago: conocer con certeza quién dirige cada medio es una quimera, y sus conducciones no son un ejemplo a seguir.
Pocos saben que Clarín ha despedido a más de 100 trabajadores en el último año. Tampoco fue transmitida la protesta en El Cronista Comercial que el mes pasado generó que el diario saliera con información de agencias, sin firmas de redactores ni editores. El Cronista es propiedad del mismo grupo que maneja América TV y el predio de exposiciones de La Rural. Uno de sus accionistas es Francisco De Narváez, pese a que los diputados tienen vedado poseer licencias de radiodifusión.
No parece ser la actividad regulatoria la que pone “de rodillas a los periodistas”, como acusó Elisa Carrió en la conferencia que realizó poco después del anuncio del anteproyecto. “No tendremos problemas en defender a los grandes grupos económicos si es para defender la libertad de prensa”, declaró la líder de la Coalición Cívica acompañada por el titular de la UCR, Gerardo Morales. Varios canales transmitieron esa declaración de principios. Dos días antes, cuando se presentó la propuesta en el Teatro Argentino, los medios privados la silenciaron por completo: transmitieron en cadena un acto “por la seguridad” fogoneado por Susana Gimenez y Marcelo Tinelli.
“Pueden no estar de acuerdo con el proyecto pero ¿en qué parte es autoritario? ¿En qué artículo? Eso no lo dicen. Y los foros no se transmiten”, señala Moyano. Pocas veces en la historia una propuesta de ley tuvo un proceso de debate tan abierto a la sociedad. Sin embargo en los grandes medios, los que reclaman transparencia, el silencio fue casi total.
“Desde que se conoció hasta hoy, no hubo ninguna crítica al proyecto”, resume Néstor Busso. “Hubo cuestionamientos a la oportunidad. Ese cuento nos lo vienen haciendo hace décadas. Siempre dijeron ‘hay que cambiar la ley pero ahora no’. Y esa es la forma de defender el orden impuesto por la dictadura”.
En los foros participativos se escucharon críticas al gobierno, pero fueron razonables. “Cuando lo que está en juego es algo tan pero tan grande uno no se puede quedar con eso”, planteó Antonini. “Esta ley hay que apoyarla. Y cuando decimos apoyar no decimos mandar una adhesión o un comunicado. Hay que militarla”. Algo similar había sugerido al inicio de la jornada el titular del COMFER, Gabriel Mariotto. Conciente del silencio mediático, apostó “al boca en boca en la familia, en el trabajo, en la universidad, en la fábrica, en la verdulería”.Donde sea, entre todos y a cara descubierta.

Medios públicos

Además del espacio que reserva a los privados sin fines de lucro, el proyecto también le da aire a la prestación del Estado. Esta ya no cumple un rol subsidiario, cubriendo las zonas que no le interesan a las empresas: pasa a ser un actor complementario del derecho a la comunicación. Así se garantizan señales a los estados nacional, provincial y municipal, y también a las universidades.
Para dar entidad jurídica al sistema nacional de medios públicos, la ley crearía una Sociedad del Estado: Radio y Televisión Argentina, cuya estructura organizativa imita la de la televisión pública chilena. Se destaca una conducción colegiada y la idea de forjar “medios públicos no gubernamentales”.
En los foros se cuestionó que esos lineamientos sólo alcancen a los medios nacionales. “No le establece ninguna condición a los medios provinciales y municipales. Les dice ´existan´, pero no les dice cómo”, comenta Mastrini. Esa preocupación fue planteada en el encuentro platense por los trabajadores de Radio Provincia, señalando su experiencia: “cada gestión propone y ejecuta programaciones donde la participación de los y las trabajadoras de la radio se ve desplazada”.

La atención especial de los niños

En su interés por la niñez y la adolescencia es donde el proyecto muestra la faceta más activa del Estado. Entre los órganos que crea prevé “un Consejo Asesor del Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario y pluralista, integrado por personas y organizaciones sociales con reconocidas trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes”. Sus funciones incluirían sostener investigaciones y elaborar propuestas para mejorar la programación infantil. También se le asigna un “programa de formación en recepción crítica”; y queda encargado del único fondo de fomento que se explicita en el breve capítulo sobre políticas públicas, destinado a la “Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes”.
Mastrini valora que “por más que la ley está hecha desde el Ejecutivo, ha recogido muchas experiencias sociales y eso nunca antes había pasado”. Queda claro en la reivindicación de “los 21 puntos”, pero más específicamente cuando toma los “10 puntos para una televisión de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”, también elaborados por organizaciones sociales.
“El proyecto de ley contempla la investigación, que es fundamental: con ella nos dejamos de divagar”, destaca la socióloga Tatiana Merlo Flores, presidenta del Instituto de Investigación en Medios, quien lleva 40 años estudiando la relación de los niños con estas tecnologías. “La narrativa de los chicos sobre un programa contrasta con nuestra mirada, que quizás había juzgado, condenado y tirado a la basura el programa. La mirada de los chicos muestra otro imaginario cultural”, dice Merlo Flores, que también es directora del Comité sobre la Infancia y los Medios de la UNESCO.
Uno de sus trabajos fue la campaña “TV cómo te quiero”, que se realizó en varios países invitando a niños de 7 a 13 años a enviar cartas o dibujos, algunos de los cuales ilustran estas páginas. “Nuestros niños son expertos en televisión y en todo lo que gira alrededor de la misma. Conocen toda la programación, las grillas, los géneros, las formas de producción”.
El acceso a la tecnología alcanza a las distintas clases, pese a las tremendas desigualdades. Los niños, dice la investigadora, son nativos digitales: “Chicos en situación de calle utilizan los videojuegos como lugar de inclusión. A mí un chico de 10 años me enseñó a jugar al counter strike, y desde el momento en que se dio cuenta que era una inútil total para los videojuegos, me dijo ´No te preocupes, vos andá adelante que yo te protejo´. Tenía 10 años y vivía en la calle. Casi me pongo a llorar. En ese momento él sabía mucho más que yo y me podía enseñar”.
La TV es parte de sus vidas. Según datos relevados, es muy raro encontrar padres que vean los programas infantiles. “En un trabajo hecho con niños de preescolar una pequeña de cinco años decía que su programa preferido era el noticiero, cuando se le preguntó por qué, su respuesta fue ´ es el programa que puedo ver con mi papá´. Lo mismo encontramos con los varones que ven telenovelas con su mamá”.
Merlo Flores analizó muchas ficciones de producción nacional en el marco de una investigación sobre el impacto social de la imagen, en la UBA. “El año pasado trabajamos, entre otros, con Patito Feo. Hicimos un análisis de 1600 escenas. Se supone que el tema educación debería figurar mínimamente, ya que transcurre en una escuela y no en un salón de baile como escenario. Hay una sola escena de enseñanza-aprendizaje donde una profesora dice que van a dar la clase de coreografía. Muchos chicos decían que querían que su escuela fuera así. ¿Cuál es el modelo educativo que presenta? ¿Qué pasa con la discriminación? Se naturaliza y se acentúa porque no hay compromiso social en el tratamiento, y eso no cuesta nada, sólo pensar cómo se puede abordar de otra manera”. Merlo Flores cita el caso porque es un ejemplo paradigmático: “Patito Feo presenta ese tema y no lo problematiza, no lo contextualiza, no le da consistencia, entonces todas las chicas quieren ser ´las Divinas´... ´Pero son malas´, les cuestiono. No importa, tiene éxito. ¿Qué pasó en las escuelas entonces? El problema se acentuó”.
Resulta saludable, en ese sentido, que la nueva ley manifieste una preocupación por la programación infantil. En sintonía con esa protección, en los foros públicos se pidió la prohibición de toda publicidad dirigida a menores de 13, que no figuraba en el anteproyecto. En Suecia esa regla rige hace 30 años. “Y el capitalismo sueco no se espanta con que esto sea así. Se trata de nuestros chicos”, destaca Busso.

La TV digital en disputa

 

Por Néstor Daniel González *

Entre las grandes transformaciones implicadas en los debates, una de las que más atención acapara es el pasaje de la televisión analógica a la televisión digital que ya está en marcha en casi todo el mundo. Este proceso, que requerirá una transición de no menos de una década para la adaptación de las tecnologías de producción, emisión y recepción, espera la decisión del gobierno sobre qué norma incorporará nuestro país. La decisión involucra un recambio tecnológico multimillonario, no sólo para los canales, sino también para los televidentes, que deberán comprar televisores con sintonizadores digitales o adquirir un decodificador.
La nueva forma de transmisión permitirá solucionar los problemas de calidad de imagen y sonido tradicionalmente asociados a la televisión analógica. La digitalización trae consigo una televisión sin ruidos, interferencias ni doble imagen, y con una calidad sonora similar al DVD. Permite, además, nuevos servicios como canales de radio, teletexto digital, servicios interactivos -votaciones y encuestas-, guía electrónica de programación, información de servicios públicos como tráfico, aeropuertos, información meteorológica, etcétera. Pero el mayor impacto se traduce en que en los mismos 8 Mhz de un canal UHF se pueden transmitir aproximadamente 4 o 5 canales, con el consiguiente incremento en la oferta audiovisual.
Las tres principales normas para la televisión digital son: el sistema europeo (DVB, Digital Video Broadcasting), que se aplica en los 27 países que integran la Unión Europea y en Uruguay; el estadounidense (ATSC, Advanced Television System Comitee), que se aplica en Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y México, y el japonés (ISDB, Integrated Services Digital Broadcasting), que se aplica en Japón y, con una versión modificada, en Brasil.
Los intereses de todos los sectores de la industria se hacen oír. El grupo Clarín quiere la incorporación de la norma norteamericana ATSC, mientras que el grupo Telefónica presiona a favor de la norma europea DVB. Sin embargo, el gobierno dio claras señales que refuerzan la posibilidad concreta de adoptar la norma japonesa (ISDB-T), una resolución estratégica pensada para reforzar el Mercosur, por la decisión brasileña. Sin dudas, en medio de las contiendas que lleva adelante con los principales grupos oligopólicos, esta decisión abrió una nueva pulseada hacia la composición de un nuevo escenario para la comunicación.

* Director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

“Los medios no reflejan la realidad”

“En 2001 las pintadas decían: apagá la tele y salí a la calle. Y un canal nos proponía ´quedate en casa viendo la tele´, esa es una clave de la discusión”, dice Mariana Moyano, periodista y docente de la Universidad de Buenos Aires. Así es: cada vez más recluida, buena parte de la sociedad ha privatizado el acto de conocer e interpretar la realidad. El asunto ya no pasa por el club de barrio, el sindicato o la plaza. Se delegó en la televisión. Y el problema no es que la pantalla mienta, aclara Moyano: “A veces mienten pero en general se trata de un recorte de la realidad. Si mienten es más fácil desmontar la operación. Eso que me cuentan, pasó, pero es una parte, no es una mirada equilibrada. Y todo está sujeto a interpretación. El problema es que me digan que esa partecita es toda la verdad. Hay que derribar el mito de que los medios son objetivos y reflejan la realidad tal cual es”.
-¿Cómo se desmonta ese mito?
-Primero hay que entender que objetivos sólo pueden ser los objetos: de ahí viene la idea de objetividad. Un sujeto social no puede ser objeto... Cada persona que edita, escribe, comenta o lo que sea, proviene de un sector social, tiene determinada ideología, hace determinadas cosas, discute de determinado modo. Otra operación que se monta tiene que ver con la idea del “periodismo independiente”. ¿Independiente de quién? Siempre hay una noción de que la independencia tiene que ver con la separación del poder político... ¿Cuál es la independencia del poder empresarial? Otra cuestión a derribar.
-¿Cómo logran los medios hacernos creer que una cosa es de una manera y no de otra?
-Hay quienes piensan que los medios son un espejo: que el hecho ocurre tal cual es mostrado. Ahora bien, imaginemos una manifestación tomada por diferentes cámaras. Una la toma en Plaza de Mayo y hace un zoom in, se acerca. Lo que se va a ver es gente amontonada y parecen muchos porque en el borde de la pantalla de la TV hay gente. ¿Qué pasa si esa misma cámara toma la manifestación que está cerca de la Casa Rosada desde el Cabildo? Es la misma, tomada de lejos. Ahí vemos que es una construcción. Acercar la cámara o alejarla es una decisión. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos es mirar eso. Nadie dice apagar la TV e irnos a vivir a una isla. Pero sí tenemos que preguntarnos todo el tiempo qué hay fuera de esa ventana que es la tele, qué está pasando en el “fuera de campo” como se dice en el cine... Por último, en estas operaciones los medios igualan el hecho a la noticia. El hecho es lo que ocurre y la noticia es lo que los medios presentan de ese hecho.
-¿Qué otras pistas tendría que ver alguien que no es especialista?
-Otro ejemplo interesante son las historias de vida. Pensemos en una familia con padre, madre y seis hijos. Cinco van a la escuela, son solidarios en su casa y con sus amigos, y uno no. Si quiero retratar esa familia tengo opciones: puedo hacer un recorrido por toda la familia, o hacer un recorte en una nota color. En esa decisión voy a provocar un efecto: puedo hacer foco sobre uno de los hijos que se porta bárbaro, tomo la parte por el todo; considero que es representativo porque la familia en promedio es así. Pero si recorto al chico que se porta mal, cuando el lector o el televidente ve eso, cree que todos son como él, que la familia es ese chico. Es una operación que culmina en la cabeza del televidente. Pensemos un caso concreto. ¿Cuál era la cifra de desnutrición en 2002? Nadie se acuerda. Sin embargo, si pregunto si alguien recuerda a la nena llamada Barbarita que lloraba por hambre frente a las cámaras... Todo el mundo. Ese es el efecto de una nota color. Pasaron 7 años y nadie se olvida. Las notas de color dan en el corazón.
-Cuando pasó lo de Barbarita, recién surgía La Pulseada, y lo que nos asombraba es cómo muchos se indignaban por Tucumán y no por La Plata, donde también hay desnutrición...
-Acá hay otra cuestión que excede la lógica de fabricación de noticias: la mirada porteña hacia otras provincias. La cámara es la de un canal de Buenos Aires. Con el dengue pasó algo parecido. Se lo relacionó a la pobreza del interior o de países limítrofes. Y eso excede al periodismo; es la mirada propia donde el problema está afuera. Sí, el canal podría haber ido a Retiro, donde hay pibes durmiendo en la calle con problemas de desnutrición. Las villas cercanas a la capital están estigmatizadas como lugares de riesgo en el sentido de la violencia, y ahí también hay pobreza, pero esa pobreza es sinónimo de violencia. La pobreza lejana es pobreza pasiva, ahí no hay violencia. Esto excede a cómo funciona la fábrica periodística, que tiene sus reglas. Otro ejemplo: cuando se trató en el Senado el proyecto de la emergencia sanitaria, la transmisión televisiva construía la idea de que si no se votaba, significaba que el Estado no hacía nada. Y como fuente autorizada para hablar del dengue ponían a Hugo Biolcatti de la Sociedad Rural... Luego de eso se habló del INDEC. En ese combo lo que te queda en la cabeza qué es: para qué voy a creer en las estadísticas oficiales de dengue si en realidad están todos peleados con el campo y el INDEC funciona mal y luego no le creo nada. Es una coctelera, una gran confusión.
Entrevista: Verona Demaestri

El destino de los fondos
¿A dónde va el canon de ciertas licencias o el tributo que se paga por emisión de publicidad? El artículo 85, que define ese reparto, fue uno de los más mencionados en los foros.
La redacción preliminar indicaba porcentajes destinados al sistema de medios del Estado (30%), a la autoridad de aplicación (27%), el Consejo Federal (3%), la Defensoría del Público (3%), un fondo de promoción de proyectos especiales y medios comunitarios (4%) y otros destinados al Instituto del Cine (25%) y el de Teatro (8%). El reclamo de FARCO, apoyado por otras organizaciones, fue subir del 4 al 10% el apoyo a las iniciativas de radiodifusión no comercial.
Mastrini discute la prioridad al fomento del cine: “Ha conseguido una enorme legitimidad para que el Estado garantice los fondos para su producción. La televisión no. Pero hay una cosa más contradictoria: parte de los fondos de la televisión se destinan a producir cine. Si alguien me justificara que hay una enorme producción televisiva en todo el país, lo podría entender. Pero tenemos una serie de deficiencias en el interior del país...”.
Por su parte, en el foro platense, un representante de la Unión de Músicos pidió que se contemplen futuros institutos en la distribución de esos fondos. Estos artistas enrolados en la CTA están reclamando, justamente, la creación de un Instituto de la Música.

“Si uno quiere pluralismo, hay que regular”

“Hay que proteger un corte de ruta porque es gente que está desesperada haciéndonos saber un problema serio que tiene. Pero no perder de vista que es resultado de que se le cerraron todos los otros canales”, afirma el abogado y sociólogo Roberto Gargarella gesticulando entre las pilas de papeles, detrás del escritorio. Su pequeña oficina en la Universidad Torcuato Di Tella está repleta de libros. Entre ellos,“El derecho a la protesta: el primer derecho”, la obra que lo convirtió en un referente para justificar la protesta desde una perspectiva constitucional. “Cualquier lobbista tiene más acceso al gobernador de Salta que 20.000 personas en la calle. Eso es un gran problema; nos habla de la corrupción o de la corrosión de las instituciones representativas. Uno protege la protesta pero la gran preocupación es que estén todo esos canales arruinados”.
Doctorado en Chicago, aunque no la mencione, Gargarella conoce bien la obra del experto norteamericano Owen Fiss –amigo de uno de sus maestros, Carlos Nino-, a quien un representante del gobierno citó durante la presentación del anteproyecto de ley. Fiss es autor de textos donde señala “el efecto silenciador” que tiene el paradigma clásico de la libertad de expresión en sociedades desiguales. “Es muy fácil que la desigualdad de recursos se traslade en una desigualdad de la palabra”, explica Gargarella al conversar el tema con La Pulseada.
-¿Hay libertad de expresión en Argentina?
-El compromiso de libertad de expresión es algo asumido constitucionalmente y que todo el mundo defiende y acepta como establecido. Pero es muy importante romper una idea, que creo es dominante, según la cual libertad de expresión es algo así como no censura. La visión negativa sobre la libertad de expresión: que el Estado no censure y no persiga. Es importante pensar de otro modo: libertad de expresión no tiene que ver exclusivamente con eso, es una condición necesaria que el Estado no persiga, que no censure, pero igual o más importante es: uno, que se escuchen voces distintas; dos, que voces distintas puedan encontrarse y discutir... Una lectura simple diría que hay libertad de expresión en Argentina en la medida que no hay censura, pero una lectura más sensata señala que hay enormes déficit de libertad de expresión porque no hay en absoluto un debate público robusto. Por una parte porque no hay ámbitos adecuados donde la gente se pueda encontrar y discutir con los representantes. Por otra porque hay voces que no se escuchan. Porque las voces están muy concentradas. Porque hay una unión muy fuerte entre palabra y dinero. Entonces: no diría “no hay libertad de expresión en Argentina” pero, contra la idea de que como no hay censura, hay libertad, diría no: hay déficits muy serios en materia de libertad de expresión, no desde mi gusto sino desde un punto de vista constitucional. Hay una violación sistemática, cotidiana, de elementos básicos: hay voces que no se escuchan, y hay voces que se escuchan sistemáticamente. Yo no diría que esas no deben ser escuchadas, pero creo que hay un vínculo entre que se escuchen demasiado determinadas voces y demasiado poco otras... La prioridad es hacer que las voces de todos se escuchen, pero sobre todo, como vivimos en un sistema representativo y a las autoridades les delegamos tanto poder en cuanto a la toma de decisiones económicas, el uso de la coerción y demás, es muy importante que quienes son especialmente afectados por esas medidas tengan la posibilidad de desafiar lo que se está haciendo. Entonces no es cuestión de que se escuche a muchos, sino de que tengamos un debate donde escuchemos a todos y muy especialmente a aquellos que se sienten maltratados, desatendidos. A todos los que se quejan, sean ricos o pobres, pero muy especialmente a aquellos que no tienen medios, o tienen dificultades especiales para que se los escuche... Está muy claro que tenemos derechos de distinto tipo y hay ciertas prioridades: que todo el mundo tenga lo suficiente para vivir... No es que uno habla de la palabra porque fetichiza la palabra; uno toma la palabra y a la crítica como especialmente importantes como forma de que se hagan visibles quejas respecto a derechos básicos. Digo esto para poner a los derechos, entre comillas, en su lugar.
-¿La libertad de expresión no es un derecho absoluto?
-Yo no entro en la clasificación de absoluto o no absoluto porque eso habitualmente se usaba como excusa para censurar, o para tapar voces y demás. Me resisto a pensar el tema en esos términos. Creo, sí, que la libertad de expresión tiene un lugar muy especial dentro de la jerarquía de derechos, justamente porque este servicio único que puede dar: prender luces amarillas y rojas sobre problemas, desatenciones, maltratos que está haciendo el Estado. Luego, hay muchos derechos que tienen que ser atendidos. No pensemos que uno solamente está reclamando por la palabra. Uno está reclamando por la palabra y por muchas cosas más. Muy especialmente por aquellas palabras que nos señalan déficits en cuanto a las necesidades básicas, a la atención de salud, etcétera.

-Es una herramienta del derecho a la protesta

-Si. O sea, tiene un valor en sí mismo como vehículo para que uno se realice, y tiene un valor instrumental para alertarnos sobre las cosas que se están haciendo mal. Si hay voces que no se escuchan, o si solamente algunas se escuchan todo el tiempo... todo eso es un problema, hace crujir la idea constitucional a la libertad de expresión.
-¿Cómo puede impactar ley sobre servicios audiovisuales que se está proponiendo?
-Creo que la desmonopolización es importante. Es un enorme riesgo que un grupo privado se convierta en pulpo informativo y que tenga control de modo tan decisivo. Obviamente eso es un problema. Ojo, eso tampoco tiene que servir para instaurar distorsiones de otro tipo... Tengo claro cuál es mi ideal constitucional en materia de libertad de expresión: es el de un debate público robusto. Eso requiere que se escuchen las voces de todos y no solamente eso: que esas voces tengan “foros” donde se encuentren, discutan, se desafíen. Y eso no tiene que depender del azar ni de quemar una rueda, sino de que uno es un ciudadano y tiene algo para decir. Ese es mi ideal. Y no le confío a los grandes grupos privados, ni le confío al gobierno. Estar sujetos a la extorsión de los grandes grupos en materia de información es un gran problema para la democracia, como lo es también que el Estado actúe discrecionalmente en ese área. Y este gobierno en particular no tiene una trayectoria limpia en esta materia... No perdamos capacidad crítica: hay que mantener la crítica contra los monopolios, contra los grandes empresarios, contra el Estado.
-Más allá de lo que uno puede desconfiar, ¿cómo evaluás el proyecto?
-Ha habido alguna gente valiosa involucrada en la redacción; me parece que hay cosas que son interesantes. Si pensamos medida por medida, la reserva de frecuencias a privados sin fines de lucro, el control a través de audiencias públicas, me parece bien. Es fundamental pensar cómo despartidizar la regulación y poner ciertos controles elementales en manos de la comunidad... Para mí es muy importante buscar formas y asegurar que ciertos temas de interés público –ya sea la distribución de recursos, la organización social, el aborto- puedan ser discutidos colectivamente y desde un punto de vista distinto.
-¿Cómo se interviene para que ciertos temas no falten en el debate, para que haya un tratamiento serio...?
-El Estado da las licencias... Cuando habilita para producir alimentos, hay ciertas condiciones básicas en cuanto a la salubridad que exige y que hay que respetar. Lo mismo cuando habilita una escuela. Esto implica una visión hiperregulacionista, sí: hay que asegurar ciertas cosas básicas... No le vamos a decir que hable a favor de Kirchner, pero le vamos a decir “es importante que presente ideas distintas”, “que se trate bien a niños y niñas”, etcétera. Hay ciertos criterios elementales que tenemos que cuidar sí o sí: la no discriminación, el no sexismo, el cuidado de los chicos, la pluralidad informativa, que no se mienta. Si uno quiere un pluralismo, requiere regulación. Requiere que las licencias no se den como patente de corso: “usted es dueño de esto, entonces haga lo que quiera”. Es un poco el criterio que hoy rige. Claro, es difícil que el Estado regule de un modo creíble cuando tiene una práctica que no ha sido confiable. Es entendible que haya mucho resquemor frente a esto. Por eso un gran desafío es cómo hacer confiables a las agencias regulatorias necesarias... Es una alternativa riesgosa pero para mí, imprescindible. Estamos ante el otro infierno. Porque un infierno posible, del que uno tiene que estar prevenido, es el infierno del Estado que bajo el discurso de atacar problemas obvios como los monopolios, se convierte en un caballo de Troya para otras manipulaciones y toma las agencias como forma de censura. El otro infierno es lo que pasa cuando matamos a esa agencia reguladora, que es el mundo de las patentes de corso.

Entrevista: Daniel Badenes y Esteban Rodríguez

 

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