NÚMERO 68 - ABRIL 2009

Guatemala
“EL QUE MATA DEBE MORIR”
¿Qué se pide cuando se pide “mano dura”? ¿Quién muere cuando se grita que “el que mata tiene que morir”? ¿Cómo queremos vivir cuando se reclama más policías y más control? ¿Qué resignamos cuando la lucha por la igualdad social deja de ser prioridad? Dos periodistas de La Pulseada y un abogado de Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron en Guatemala y encontraron ejemplos. Una sociedad armada con miedo a caminar de noche. Empresas de seguridad privadas que triplican en número de agentes a la Policía y son manejadas por los militares responsables del genocidio. 45 mil desaparecidos, 200 mil muertos y ningún responsable preso. Sin embargo, como en Argentina, “la gente” reclamó “que se haga algo” porque “así no se puede vivir”. Y encontró resultados: los pibes pandilleros son asesinados en calles oscuras y con el tiro de gracia.
Producción periodística: Javier Sahade, Laureano Barrera y Germán Kexel

“Yo me había movido más que nada en la parte urbana. Pero en México,
junto a refugiados y exiliados, conocí a miles de guatemaltecos Ki’che’, Kakchikel,...
 Ese era mi verdadero pueblo. Por eso es que lucho
para que se termine esa odiosa discriminación que la colonia española dejó”.
 Alfonso Bauer, revolucionario guatemalteco de 91 años.

Es media tarde y en un rato caerá el sol. Cuando esto ocurra, ya nadie quedará en la Plaza Central de la ciudad.
Guatemala, primer país de Centroamérica, viniendo del norte. Apretado por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Custodiado por el pequeño Belice y el gigante México. Apoyado sobre Honduras y El Salvador. Repleto de volcanes y hermosos lagos como el de Atitlán. Vestido de selva, altiplanos y millones de hombres y mujeres de piel morena, coloridos uniformes y dialectos milenarios... La tierra del Tikal, la enorme ciudad maya abandonada, y la marimba, el instrumento musical nacional.
La Pulseada llevó el mate, tres cuadernos y un par de grabadores a la pensión donde alguna vez vivió el Che Guevara. Desde esa esquina, en la décima Calle (“caie”) y Décima Avenida, miramos y nos miramos en Guatemala. Su pasado revolucionario, contado por uno de sus protagonistas; los 40 años de guerra civil; su presente impune y la utilización de las pandillas para sostener el vicio represivo.
Entre bocinas de “carros” nerviosos, gritos de recreo de un colegio vecino; junto a mochileros uruguayos, franceses, hondureños o de cualquier parte; en extensas charlas de cervezas Gallo (“gaio”), con jóvenes militantes o futbolistas frustrados; entre rancheras mexicanas; gritos de “chingada” o “cabrón” que hermanan a “Guate” con su vecino del norte. Por barrios que se llaman “zonas” y micros que se llaman “camionetas”. A casi 200 años de la independencia, a 65 del sueño revolucionario, a 55 del golpe impulsado por Estados Unidos para la vuelta de los dictadores y a 13 de los acuerdos de paz que “dicen” haber terminado con la guerra.

La revolución del 44
Don Alfonso Bauer charla con La Pulseada de pie, poco antes de cumplir 91 años. Junto a él, rodeado de palomas y bajo una gigantesca bandera celeste y blanca, un “quate” (pibe) ofrece piñas en la plaza central de la Ciudad de Guatemala. Las lleva en un carrito, las corta en rodajas y las vende en bolsitas de nylon. Como la mitad más uno de la población, sus padres y abuelos son mayas.
Alfonso fue protagonista de la revolución democrática que duró una década y comenzó en 1944. “Yo me crié en una ciudad en la que el campesino no era aceptado. Por eso, el periodo entre el 44 y el 54, fue ejemplo para América Latina. Demostramos que si un país subdesarrollado y colonizado durante 400 ó 500 años, tiene verdadera voluntad política y dignidad, puede vivir con la frente alta y a favor de los sectores empobrecidos y explotados”.
Cuando él nació, Guatemala ya no era la capital centroamericana de la colonia española, pero al igual que toda la región, seguía esclavizada. “Éramos un país bananero, así de clarito. La bananera estadounidense United Fruit Company era dueña del transporte, el puerto... Era dueña de todo”.
Alfonso Bauer es abogado. Aún de pie, junto a la fuente de la plaza, entre la Catedral donde duermen los linyeras y el Palacio Nacional, dice que aún lucha por la autonomía del país y la igualdad social. Por eso hoy forma parte del Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad. Un morral le cruza el cuerpo y la historia de Guatemala, la vida.
Fue legislador, ministro de Economía y de Trabajo durante el periodo político más saludable del país. Pertenece a la denominada “generación del 44” que en octubre de ese año derrocó al dictador Jorge Ubico. “Yo crecí en los años de la denominada ‘ley fuga’. Te detenían en la calle, te decían que te vayas y te disparaban por la espalda”.
En diez años de revolución democrática, hubo dos presidentes: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Siendo muy joven, Alfonso diseño un histórico Código del Trabajo e impulsó la frustrada reforma agraria que Estados Unidos y los terratenientes locales no dejaron implementar. En 1954, el presidente Jacobo Arbenz debió abandonar el país forzado por militares norteamericanos, la CIA y el propio Ejército guatemalteco. “Recuerdo tristemente la traición del Ejército que se negó a darle armas al pueblo”, dice Bauer. Alfonso se exilió en México, el mismo destino obligado para un médico argentino de apenas 26 años, con el que se había hecho amigo y al que todavía no le decían “el Che”.
El propio Guevara escribiría: “En Guatemala me di cuenta que para ser médico revolucionario o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener es revolución”.
“Siempre me acuerdo de una anécdota con él en Cuba, cuando ya era ministro –relata Alfonso-. ‘¿Cómo está Guatemala, qué están haciendo?’, preguntó el Che. ‘Ah, estamos en plena formación de un partido en el que hay comunistas y no comunistas’, le respondí… ‘Ay, ustedes los guatemaltecos con sus partiditos... ¡Hagan la revolución!’ Eso me dijo y no supe qué contestarle”.

Mientras el Che se subía al Granma y triunfaba en Cuba, del otro lado del Mar Caribe, comenzaban 40 años de dictaduras y democracias fraudulentas. Desde 1960 hasta 1996, surgieron 4 movimientos guerrilleros que enfrentaron y resistieron el terrorismo de Estado. Fueron 36 años de masacres del Ejército, la Policía y los paramilitares: 45 mil desaparecidos, 200 mil muertos y un millón de desplazados.

Quitarle el agua al pez
El premio Nobel guatemalteco, Miguel Asturias (1898-1974), decía que la geografía de su país tenía la forma del bostezo. Pero no hubo pereza durante el “conflicto armado”. El EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres), las FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes), el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo) y la OP (Organización del Pueblo en Armas), se enfrentaron a gobiernos militares y civiles títeres de Estados Unidos y el poder económico guatemalteco. También pelearon contra el racismo de gran parte de la sociedad. No es casual que más del 80 por ciento de los asesinados, desaparecidos y desplazados que tuvo esa época, hayan sido descendientes de mayas.
La represión y la persecución tomaron forma de genocidio entre el 78 y el 83. Las presidencias de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt desarrollaron una ofensiva que sería trágica para la historia del país. Fue durante esos años que se cometieron la mayoría de los crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Si, como decía Mao, la revolución debía moverse por el pueblo como pez en el agua... La solución era quitarle el agua.
“La mayoría de los desaparecidos vienen de esos años –cuenta la periodista Katia Orantes, ocupada en la investigación y reconstrucción de la memoria de su país para diferentes medios de comunicación-. Al principio, los cuerpos eran tirados al mar y a los volcanes; después, simplemente los dejaban tirados en la calle”.
Edwin Canil tiene 32 años, es abogado del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) y fue una de las víctimas de la política de “tierra arrasada” que se llevó a cabo en Guatemala entre el 80 y el 83. “Había una orden –asegura Canil- de eliminar a toda la población indígena, rural y campesina. Se trataba de quitarle el agua al pez para que los movimientos guerrilleros ya no tuvieran bases sociales en donde apoyarse”.
Acusadas de colaborar con la guerrilla, más de 600 aldeas de comunidades mayas fueron masacradas por militares, paramilitares y policías. Edwin tenía 6 años cuando llegó el Ejército a su Aldea de Santa María en la región del Quiché. Parte de su familia fue masacrada. Junto a su padre, escapó a las montañas y estuvieron 7 meses viviendo en los bosques. Luego formaron parte de los miles de guatemaltecos refugiados en México. Los sobrevivientes que quedaron en su país, fueron llevados a campos de concentración. Familias enteras murieron de hambre o sed escapando del Ejército por cerros y montañas.
Edwin logró volver a su país a los 18 años, luego de estar 12 años en Chiapas. Su objetivo era convertirse en abogado. “Yo necesitaba entender al Estado. La normativa jurídica en mi comunidad es tan distinta… Y quería aprender de este sistema, cómo se maneja, qué es un juez, etc. Dentro de las comunidades existen maneras de resolver los conflictos y hasta algunos cuestionan el hecho de los linchamientos; pero después de la guerra y de ver la crueldad del Ejército, las comunidades aprendieron a incendiar a las personas”.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) encontró cientos de cementerios clandestinos con evidencias del peor terrorismo de Estado: cuerpos sin identificar, mujeres, niños y ancianos con las manos atadas, familias enteras masacradas, fosas comunes de hasta 90 personas. Incluso niños con el tiro de gracia y una bala por cada año de vida. Las fosas encontradas a veces fueron hechas por los militares y otras por sobrevivientes. “Cuando son familiares quienes entierran al resto, los cuerpos aparecen uno al lado del otro –cuenta Shirley Chacón, encargada del laboratorio de la FAFG-. En cambio, cuando lo hace el Ejército, aparecen los cuerpos apilados uno arriba del otro… Los dejan así como son lanzados”.
“Lo que sucedía muchas veces –agrega Chacón- era que la comunidad escuchaba que estaba por venir el Ejército, entonces se iban los hombres y quedaban las mujeres y los niños pensando que no les iban a hacer nada. Pero a las mujeres las violaban y a los chicos los mataban. Una de las fosas que encontramos, tenía los cuerpos de 20 niños... Solamente niños”.
“Con los niños, en Guatemala ocurrió algo diferente a la Argentina –explica Gustavo Meoño, director del Archivo Histórico de la Policía-: se los mataba junto con los padres o se ensañaban especialmente con los niños para infundir más temor, para que el mensaje sea mas devastador”.
Meoño tiene 59 años y nació en la ciudad de Guatemala. Viene de una familia de clase media baja. Estudió en un colegio católico y su acercamiento a grupos juveniles cristianos lo llevó a participar en los procesos sociales de cambio. Cuando tenía 18 años comenzó a trabajar con comunidades indígenas. Fue denunciado por “subversivo” y anotado en listas negras de escuadrones de la muerte. Su participación en el Movimiento Revolucionario lo forzó a exiliarse varios años en México. Retornó para luchar junto a la Premio Nobel Rigoberta Menchú en los procesos de paz.
En la geografía del bostezo, ya no hay guerra. Pero el “quate” de las piñas levanta el puesto junto al mástil y se va antes de que oscurezca. A las 7 de la tarde no queda abierto casi ningún comercio y por la esquina de la Pensión Meza un patrullero de color negro pasa el semáforo en rojo. Pocos se animan ya a caminar por la Avenida Elena, frontera del barrio asentamiento El Gallito... Cuna de maras en el reposo de la guerra.

La paz armada
Es negra, muy grande y sus caños relumbran poco. Deben estar helados. El mestizo que sostiene la escopeta usa borceguíes de guerra. Aunque no lleva ropa típica, se le nota la estirpe maya: es retacón y trigueño, lleva una gorra de camuflaje gastada, tiene la mirada errática y el dedo en el disparador. Custodia un drugstore en la Zona 1 de Guatemala City. Podría haber sido un bus, un ministerio, un banco o cualquiera de los parques nacionales. Sus ancestros cosecharon la tierra y adoraron al sol; él forma parte de los 75.000 hombres de seguridad registrados o de los 175.000 soldados sin reglas. Quizás su empleador haya sido responsable de la desaparición de su aldea.
“Luego de los acuerdos de paz, los militares se prepararon mucho mejor que la izquierda –explica Gustavo Meoño-: vieron en la seguridad privada una manera de mantener poder”.
En el mismo sentido se expresa Abner Paredes, coordinador del área de Juventud del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH): “Los hijos, o los nietos de aquellos militares son quienes hoy están ejerciendo ese sistema de violencia en el país”.
La impunidad en Guatemala es la madre sórdida de todas las violencias. Una escandalosa ley de amnistía impide juzgar a los responsables del genocidio. El general Efraín Ríos Montt, ideólogo y ejecutor de la etapa más cruel del conflicto armado, ocupa una banca como diputado en el Congreso que presidió hasta hace pocos años.
“Tras los acuerdos de paz, cada quien pasó a ser libre, la policía no funcionaba, el ministerio público igual, entonces venía alguien que tenía algún problema con el vecino y el que sacaba el arma más rápido quedaba vivo. ¿La juventud qué podía aprender? La violencia”, explica Paredes.
Los 36 años de dictadura impusieron un único método de supervivencia: la ley del más fuerte. En los tempranos ’90, surgió una expresión juvenil de aquella violencia: las maras.

Los mayas y las maras
El origen de las pandillas juveniles centroamericanas se remonta a los barrios bajos de Los Ángeles, colmados de latinos, africanos, asiáticos o musulmanes. En 1992, después del endurecimiento de la política migratoria norteamericana, muchos de ellos fueron deportados llevándose consigo las prácticas pandilleras. El número creció luego de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001. El nombre “mara” proviene de la marabunta, la hormiga asesina de Brasil.
La violencia juvenil se agudiza en Centroamérica por la pobreza estructural extrema y altos niveles de exclusión social. “Pero no todos los pandilleros son pobres –explica Abner Paredes de CALDH-. Yo conozco pandilleros que están en la Universidad. Lo que hay es una necesidad de identidad. La pandilla es tu familia, tu grupo de pertenencia y, por supuesto, el acceso al dinero fácil en alguna medida”.
En casi todos los países centroamericanos hay maras, tanto en el llamado triángulo norte –El Salvador, Honduras y Guatemala- como en Costa Rica y Nicaragua, donde son menos violentas. Las dos más importantes son la Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18. Según las Naciones Unidas, en 2007 había unos 75.000 mareros en Centroamérica y sólo en Guatemala, 434 pandillas con 14.000 miembros activos. Sin embargo el gobierno guatemalteco, echando mano a fuentes policiales, maneja otros números: “En el 2005 decía que eran 200.000 sólo en Guatemala; para nosotros hay unos 35.000 pandilleros en el país”, explica Paredes. El engorde de las cifras estimula la psicosis social y allana el terreno para implantar políticas represivas.
En ese marco, es innegable que las maras han comenzado a intervenir en el crimen organizado. La “renta”, el narcomenudeo, y el sicariato como vías de financiamiento de la pandilla existen, pero por lo general son subcontratados como mano de obra barata por redes más poderosas. “La vida vale entre 1.000 o 5.000 quetzales (entre 500 y 2.500 pesos argentinos), eso es lo que se está ofreciendo por matar a alguien, y normalmente los intermediarios son policías, o miembros de mafias, que utilizan al chavo”, cuenta Abner Paredes. Sabe de lo que habla: su mejor amigo fue marero, y hace un año que vive en el exterior, donde tuvo que exiliarse tras soportar durante meses la extorsión de la policía. Había denunciado que les liberaba la zona para robar, a cambio de una porción del botín.
Los medios de comunicación presentan a los jóvenes como los únicos culpables de la violencia urbana, y los transforman en bestias salvajes dignas de morir en un callejón. “Cuando asesinan o detienen a uno, dicen: ‘era pandillero’ o ‘jóvenes delincuentes’. Con esa arbitrariedad se manejan”.
Según Paredes, “muchos se vinculan a las pandillas por el acceso al recurso fácil. Lo hacen porque no hay plan en el país. De las personas desocupadas, el 68% son jóvenes. Entonces, ¿qué te queda? Si no te dan empleo, no tienes acceso a educación, te queda poco. En la pandilla no es la vida loca: hay limitaciones, hay reglas. Por ejemplo, sus miembros pueden fumar marihuana pero no fumar crack. Tratan de no perjudicar la zona donde viven. Hay un código. Pero las autoridades las han satanizado, y si andas con un pantalón flojo o tatuaje, eres pandillero. Al final, todos los jóvenes somos pandilleros”.

Estado de guerra
La demonización pública de la juventud es el fango ideal para habilitar la legislación represiva. En el año 2003 hubo planes simultáneos en los países del triángulo norte –Plan “Mano Dura” en el Salvador, “Plan Escoba” en Guatemala y “Operación Libertad” en Honduras-, durante los cuales aumentaron escandalosamente las detenciones y abusos.
En Guatemala hay pena de muerte desde fines del siglo XIX, y actualmente es uno de los tres países de América, junto a Cuba y Estados Unidos, en donde continúa vigente. Los últimos dos presidentes –antes de Álvaro Colom- enviaron proyectos de ley para abolirla, pero el Parlamento, donde predominan las fuerzas derechistas, los rechazó de plano.
La última vez que se empleó la pena de muerte en Guatemala fue en el 2000. A partir de ese año un vacío legal paralizó la ejecución de las sentencias de una veintena de condenados a muerte. En febrero del 2008, el ultraconservador Partido Patriota del ex general Otto Pérez Molina, acusado de actuar durante el conflicto armado y actualmente en campaña política, presentó un proyecto de ley procurando zanjar la disputa legal y así poder restaurar la aplicación de la pena capital. El proyecto aprobado por una amplia mayoría -131 de los 158 votos- fue vetado un mes más tarde por el presidente Colom, quien arguyó “inconstitucionalidades” en la redacción de la ley y la devolvió al Congreso para un nuevo análisis.
De todas formas, el instinto de exterminar a la sociedad “chapina” (así se les dice a los guatemaltecos) no estaba dispuesto a esperar. “Aunque el Estado no lo quiere aceptar, sólo el año pasado se asesinaron a 6.000 personas, de los cuales la mitad eran jóvenes. En el 2006 fueron casi 3000. En el 2007, lo mismo”, revela Abner Paredes. Según CALDH, el 30% de los asesinatos son ejecuciones extrajudiciales y más del 50% son a mareros. “Las víctimas aparecen en basureros, barrancos, o en un río; todos tienen un tiro de gracia. Están atados de pies y manos con sogas o alambres”, cuenta Paredes.
Los mareros, por el sólo hecho de serlo, han perdido hasta la propia condición de ciudadanos. Los cadáveres de los pandilleros suelen llevar escritos con marcador la leyenda “era marero, era extorsionador, era delincuente”. Esas marcas, o un tatuaje, alcanzan para que la sociedad no pregunte por él y el Estado no investigue su asesinato. El 90 por ciento de los crímenes quedan impunes.
“Hay una estrategia de generación de violencia en el país. Se le está trasladando a la población la necesidad de contratar seguridad privada. Y cuando empiezas a analizar quiénes son los dueños de las empresas, resultan ser policías exonerados, nietos de los escuadrones de la muerte del pasado, de las estructuras paramilitares. No hay ningún tipo de regulación de esa actividad. Todo tiene que ver con una estrategia de reposicionamiento del ejército en una sociedad democrática y civil. Toda la gente ahorita empieza a pedir que regrese el ejército a las calles”, concluye Abner Paredes.
En Guatemala hay un dicho popular: “Malala Ubico”. Malala simboliza un deseo, refiere a una añoranza. El general Jorge Ubico fue un dictador que mataba a opositores políticos y delincuentes. “Muchas personas adultas te dicen eso porque en ese entonces, al que se creía delincuente, se le ejecutaba. Y eso es lo que la gente pide hoy. Se han alimentado los prejuicios y estereotipos y la gente pide muerte a los mareros”.
Guatemala es una tierra hermosa de tesoros saqueados, de contrastes dolorosos. En la cuna desangrada de los Mayas, Videla sería rey y el sueño de Susana Giménez hace siglos se ha hecho realidad.

DE CULPAS Y PERDONES
Guatemala cumplió al pie de la letra la Política del Garrote diseñada por Estados Unidos para mandar sobre Latinoamérica. Delineó un país bajo el designio de la exclusión, el exterminio del enemigo y luego, aseguró la impunidad de los criminales.
Este panorama dejó una huella palpable entre los irregulares caminos guatemaltecos, aldeas y ropas coloridas. A pesar de que hay 200.000 muertos, al genocidio se lo llama “conflicto armado” y la palabra “reconciliación” aparece dándole nombre a la comisión encargada de relevar los crímenes de lesa humanidad.
Amnistía
La ley de Reconciliación Nacional incluida en los acuerdos de paz de 1996 se convirtió en el primer gran escollo para dar curso a las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La norma establece que no son perseguibles los delitos que se hayan cometido para prevenir, reprimir, perseguir y evitar el desorden político. Sin embargo, estableció una excepción, que correctamente interpretada permitiría perseguir a los represores. Dice enfáticamente que quedan exceptuados de lo anteriormente establecido “todos aquellos delitos cometidos en los que se rebajan los derechos humanos de la población”. Pero siempre primaron las lecturas distorsionadoras y cómplices por parte de jueces y fiscales, quienes consiguieron desnaturalizar el espíritu de la excepción. “Hasta ahora no han habido intentos de declarar inconstitucional a la Ley de amnistía –nos cuenta Edwin Canil, abogado del CALDH-. Los militares involucrados en este conflicto tienen mucho poder dentro del Congreso. Con este gobierno de Alvaro Colom se tenía esperanza. Él había trabajado con gente desarraigada durante el conflicto armado y estábamos a la expectativa, pero...”.
Genocidio
En Guatemala, al igual que en nuestro país, el aporte fundacional para la memoria lo realizaron los organismos de derechos humanos. La punta de lanza fue la confección de un primer informe sobre los crímenes cometidos durante los años de plomo en Guatemala. Los datos relevados por una Comisión de notables y avalados por las Naciones Unidas, hablaban de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, 600 aldeas arrasadas, un millón de desplazados, 50 mil viudas y miles de huérfanos. El 98 por ciento de los hechos estaban atribuidos a las estructuras de poder: Ejército, Policía y paramilitares. El informe daba por tierra todo lo que los gobiernos anteriores habían dicho sobre la responsabilidad de la guerrilla en la mayoría de los crímenes. Tan grave y reveladora resultaba la investigación, que el día de la presentación del documento, el presidente de entonces Alvaro Arzú, tuvo miedo y decidió suspender el acto.
El informe posibilitó que diferentes organizaciones sociales pudieran iniciar acciones legales. Algunos colectivos, entre las que se destacó la “Fundación Rigoberta Menchú”, resolvieron en 1998 presentar una denuncia por violación a los derechos humanos ante la justicia española. Consideraban complejo que la justicia local asuma casos de tal naturaleza. Varios sectores interesados intentaron obstaculizar la investigación diciendo que la justicia española no era competente. Recién para el año 2005 se resolvió a favor de la prosecución del trámite iniciado en el viejo continente. Al mismo tiempo, sobrevivientes nucleados en la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), conformada por veintidós comunidades indígenas y patrocinadas por CALDH, decidieron iniciar querellas por “genocidio” directamente en los tribunales guatemaltecos. La figura delictiva en cuestión, reglamentada por una Convención Internacional hacía fines de la década del 40, fue manipulada por algunos fiscales, quienes arguyendo la falta de especialización en ese tipo de investigaciones, encontraron una excelente excusa para retrasar aún más las causas.
Era la primera vez que aparecía en escena el término “genocidio”, no ya como una mera declaración política, sino con el protagonismo que le corresponde.
En la jurisdicción guatemalteca hay dos mega causas iniciadas en mayo de 2000 y junio de 2001. La primera investiga el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos en ocasión de las masacres ocurridas entre 1981 y 1982 por el alto mando militar durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García. La segunda causa indaga acerca de lo ocurrido en los años en que el dictador José Efraín Ríos Montt se desempeñó en la más alta magistratura del país, entre 1982 y 1983. También proliferan en diversos órganos jurisdiccionales guatemaltecos expedientes en los que se investigan numerosos casos de desaparición forzada de personas. Sin embargo, el doctor Canil reconoce que “cuando se trata de perseguir a campesinos que fueron obligados a patrullar y controlar a su propia población, la justicia avanza. Pero cuando se trata de alguien con una estructura dentro del Ejército, se complica”.
Juicio y castigo
Los órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han sido receptores de diversas presentaciones. El proceso guatemalteco refleja la importancia de la implementación del sistema americano de derechos humanos. La amenaza de la responsabilidad internacional persiguiendo a los funcionarios de turno, abrió algunas esperanzas.
En uno de los casos más paradigmáticos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija Josefa, ambas indígenas mayas, ocurrida el 29 de agosto de 1990.
Es alentador que se hayan iniciado las causas, pero el proceso obliga a ser cauto. No escasean los burócratas de la justicia, funcionales a la paralización de los expedientes. Tampoco las manipulaciones políticas de las causas y los canallas profugados.
Los esfuerzos jurídicos en el ámbito local o internacional, sólo lograron la cárcel para unos pocos militares de bajo rango. En España, la fundación Rigoberta Menchú y otras organizaciones sociales consiguieron poner tras las rejas, por el plazo de un año, a un grupo de militares que tenía un alto rango, pero la Corte Constitucional los amparó y hoy están en libertad. Los únicos presos de la dictadura son dos oficiales de bajo rango que asesinaron al Obispo Juan José Gerardi dos días después de haber presentado un informe en el que denunciaron el genocidio.
Al igual que en nuestro país, la lucha por la verdad y la justicia requiere perseverancia. La memoria de los que ya no están, lo reclama; la necesidad de refundar un país sobre las bases de la igualdad y la justicia, lo exige.
Por Germán Kexel
abogado de Abuelas de Plaza de Mayo

LA MEMORIA DE LAS RATAS
La policía de Guatemala siempre había negado que tuviese un archivo propio. Sin embargo, los registros de la fuerza existieron desde 1882, un año después de su creación y fueron encontrados por azar, en 2005, entre murciélagos, ratas y hongos.
Hoy el edificio de la Zona 6 de la ciudad capital ya no tiene plagas y lo administra la Procuraduría de Derechos Humanos. Allí donde cada día llega el detalle de las tareas realizadas por cada agente policial, funciona el “Archivo Histórico de la Policía Nacional Guatemalteca”.
“Los documentos encontrados son una herramienta más en la lucha por la verdad –explica su director, Gustavo Meoño-. Al mes siguiente del hallazgo, la Fundación de Antropología Forense logró encontrar 5 mil cuerpos que habían sido enterrados clandestinamente durante el conflicto”.
El edificio es tenebroso. Fue planificado como hospital, pero su construcción se interrumpió por hechos de corrupción a principios de la década del ’80. Durante la dictadura de Ríos Montt, fue usado como centro clandestino de detención. Muchos de los cuartos no tienen ventanas, ni ventilación.
“El día que se encontró el archivo -cuenta Meoño–, la Procuraduría estaba verificando la peligrosidad de algunos artefactos explosivos. Por un ventiluz aparecía la cima de una montaña de carpetas viejas. ‘¿Qué es eso?’, preguntó el procurador Sergio Morales, ‘Ah, contestó la agente que custodiaba el lugar, eso son los archivos de la policía’”.
Así de natural, se encontraron 80 millones de folios que extendidos alcanzan los 8 kilómetros. “El archivo y el proceso de recuperación del mismo –continúa Meoño-, abrió una posibilidad nueva e impensada. Puede convertirse junto a los testimonios de las víctimas y familiares y a las exhumaciones de los cuerpos, en el tercer gran pilar probatorio del genocidio”.
El equipo de 170 personas que trabaja con Meoño, tiene permiso solamente para estudiar el material fechado con anterioridad a 1997, es decir, hasta la firma del acuerdo de paz. Hay datos personales de los agentes policiales, informes sobre operativos de rigor y hasta registros de las presentaciones estelares de la banda de música de la policía nacional. Abundan los volantes, panfletos y comunicados de las organizaciones revolucionarias y detalles del seguimiento de personas.
“La gran pregunta –dice Meoño- es por qué no destruyeron estos registros. Es una mezcla de razones, pero hay una que es vital: la impunidad. El represor se considera intocable, todopoderoso”.
G.K.

DON ALFONSO
Alfonso Bauer Paiz tiene 91 años. Es abogado y nació en la capital de Guatemala. Fue funcionario de la revolución del 44 y se exilió en México con la caída de Arbenz en el 54. Volvió a su país hasta que decidió irse luego de sobrevivir a un intento de asesinato con arma de fuego en noviembre de 1970. El destierro duró 25 años. Trabajó en Chile con Allende, en Cuba con Fidel y el Che y en Nicaragua con el Frente Sandinista. Fue legislador de su país luego de los acuerdos de paz, pero considera que hay que cambiar el sistema para que se pueda hacer algo. Desde el Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, que lidera, pelea contra las injusticias y “el odioso racismo” de la sociedad. Y dice que seguirá luchando hasta el último día porque no quiere que nadie le diga que no hizo “tal o cual cosa para cambiar la realidad.” Se entristece con la actualidad de la juventud “porque no dan el paso que debieran dar...” y nos interpela: “Si a esta edad ustedes no toman riesgos, ¿cuándo los van a tomar?”.
Fue amigo del Che, padrino de su primera hija y hasta le dio una habitación en su casa durante el exilio de ambos en México. Una de las discusiones políticas que tuvieron esta relacionada con Perón. “La United Fruit Company no quería cumplir con el código del trabajo y llegó al grado de hacernos un bloqueo en el puerto del Caribe. Entonces el presidente Arévalo que se había doctorado en Filosofía y en Pedagogía en la Argentina, se comunicó con Perón. Entonces, el presidente argentino mandó una flota de barcos que rompió el bloqueo de la empresa yanqui. Más tarde, la UFC se quería apoderar del petróleo y Perón mandó a uno de los mejores técnicos de Yacimientos Petrolíficos Fiscales, con quien trabajamos la ley de petróleo que salvó nuestros recursos naturales en aquel tiempo. Ni el Che ni yo simpatizábamos con Perón, pero me acuerdo que el Che me dijo: ‘Yo tampoco estoy de acuerdo con él, pero no podemos negar que Perón se acercó al pueblo, si no por él mismo, por la Evita’”.
En 2008, el presidente Alvaro Colom le quiso entregar el título con más prestigio del país: La Orden del Quetzal. Alfonso Bauer no lo aceptó. “No quiero nada de un gobierno que sigue regido por el imperialismo”, explicó.
Dice Alfonso Bauer que “NO puede haber democracia en Guatemala con un sistema electoral donde sólo puede ganar el que tiene dinero en abundancia. Es una de contubernios asquerosos. De manera, pues, que no va a cambiar con este sistema electorero de farsa, sino que con otra revolución”.  
J.S.

CONTRASTES
Pisamos Guatemala City después de un mes de recorrida por Cuba (ver La Pulseada nº 67). Un  rostro gigante en una publicidad de anteojos nos enfrentó bruscamente a la realidad mercantil. Pero no sería lo único.
Todos quienes hemos crecido en contextos capitalistas hemos incorporado su dinámica, y hasta disfrutamos -por qué negarlo- de muchas de sus ofertas. Podemos hacerlo: hemos nacido en cunas fértiles, sin fortuna pero sin apremios, y hemos accedido a la educación familiar y académica que nos permitirá, seguramente, hacer lo propio con nuestros hijos. El problema siguen siendo esos cuantos millones en Argentina, cientos de millones en el continente, que no corrieron la misma suerte, que nacieron en hogares pobres, y salvo alguna especie de milagro, no podrán salir de ella. Y legarán esa pobreza a su descendencia, con la desesperación inexplicable de verlos caminar hacia su misma tragedia. Que trabajarán de niños, con viento a favor, para parar la olla. Que no tendrán secundaria sino paco, que no tendrán sueños sino violencia, que no hay para ellos más horizonte que la desesperanza.
La lógica de la exclusión recrudece en la geografía centroamericana porque a la pobreza extrema estructural se suman otros fenómenos como la xenofobia. “Indios vestidos de jugadores de golf” –como definía a la burguesía guatemalteca el Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias -, desprecian al más de 60% de chapines descendientes de mayas.
Como en todos los países de América, en Guatemala alguna vez hubo esperanza. Se hizo allí, por ejemplo, la primera reforma agraria del continente. Las guerrillas tenían apoyo en las comunidades rurales, como las habían tenido las columnas de Camilo, Fidel y el Che en la Sierra Maestra. El gigante del norte no podía dejar que se repitiera el mal trago y propició un genocidio que duró 36 años.
Hoy, la impunidad es ley. Los criminales ocupan bancas parlamentarias, son titulares de partidos políticos, dirigen agencias de seguridad privada. Y no existe violencia simbólica más brutal que la que nace de la impunidad. Esa que mamaron las generaciones más jóvenes, viendo a los asesinos de sus antepasados caminar por la calle, hablar por la tele. En ese caldo de cultivo, surgieron las maras, y hoy, son el instrumento ideal para explotar el temor social que las políticas de mano dura y moral blanda han generado.
Camino al volcán Pacaya, -en cuyo cráter arrojaban cuerpos sin vida durante la dictadura- pasamos por el basurero municipal de Guatemala City, a cielo abierto. Montañas inmensas de desperdicios, y hombres, mujeres y niños hurgando en ella. Cientos y cientos de personas revolviendo en la mierda ajena para seguir viviendo. Y los cuervos en sobrevuelo rasante, sensibles a esa tibia pestilencia, esperando el momento de lanzarse sobre el banquete. ¿Podrán diferenciar, en su rutinaria faena, la carroña de los seres humanos?
El capitalismo ha desquiciado hasta el orden de la cadena alimenticia. Los pájaros sobrevuelan a los hombres como un padre de familia de clase media, un domingo cualquiera, a su plato de estofado de gallina. ¿Deberíamos asombrarnos tanto? ¿No se ven cientos revolver la basura en el cinturón ecológico, en la autopista La Plata- Buenos Aires? ¿Es posible naturalizar así la jodida mierda del sistema?
Así funciona el mundo, dicen los garúes del libre mercado. Unos millones desahuciados, tirando del carro, y unos pocos millones viajando en él, en cojines de seda. Así funciona el mundo, excepto en Cuba. Excepto en esa pequeña prisión del déspota barbado que no deja a su pueblo educado, alimentado, saludable, seguro, y durmiendo bajo techo, salir de vacaciones.

L. B.

LA CRUZ Y LA ESPADA
En casi cada pueblo, cada calle, cada plaza, cada parabrisas, hay una pintada, una calcomanía o una plegaria acerca de la única salvación: Dios. Y el único que queda en pie es el Dios de los cristianos, el católico o el evangélico. En la cosmovisión maya, como en el resto de las civilizaciones indígenas precolombinas, Dios existía, pero se manifestaba en el agua, en el sol, en la tierra, en el fuego, o en cualquiera de las riquezas que desde el fondo original de los tiempos, la madre naturaleza le ofrendaba a los hombres sin pedir nada a cambio. Ese Dios y su liturgia casi ya no existen. Comenzaron a asesinarlo hace 500 años unos señores vestidos de hierro, montados a caballo, por un problema de cartelera: al parecer no cabía en el mundo más Dios que el suyo. Arrasaron sus devotos con la cruz y con la espada. Y ahora, a la diosa naturaleza, ya sin fieles ni protectores, la siguen matando cada día con los desechos del ¿progreso?
L.B.

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