NÚMERO 67 - MARZO 2009

Alcira Daroqui
SOBRE LA POBREZA POLÍTICA
La Pulseadasintetiza la exposición de la socióloga, especialista en jóvenes, cárcel y violencia, en las Jornadas de Debate sobre políticas de seguridad y niñez, reforma del sistema procesal penal y violaciones a los derechos humanos organizadas en La Plata en diciembre último. En perspectiva histórica, Daroqui encuadra la “peligrosidad” de los jóvenes pobres en una sociedad perversa y desierta de políticas públicas.

Edición: Josefina López Mac Kenzie
Los subtítulos son nuestros
Fotos en la edición impresa: Helen Zout
Agradecimiento: Museo provincial de Arte y Memoria

El invierno pasado, cortó la respiración de cualquier persona sensible la violenta golpiza que sufrió un grupo de chicos pobres en la plaza San Martín ─jardín platense custodiado por los máximos edificios del poder provincial: Gobernación y Legislatura─, durante una actividad solidaria organizada para contenerlos a ellos, los más excluidos del espectro. Así, comenzaba a filtrarse en la agenda uno de esos temas que sólo son noticia cuando no queda otra: los problemas de quienes no andan hablando sobre “la inseguridad”.

Pero se escribió menos sobre el ataque en la plaza que sobre delitos atribuidos a esos chicos que duermen en cajeros automáticos o sedes de la Universidad, deambulan drogados o mueren. La escalada periodística trajo desde crónicas que culparon a los menores “peligrosos” por su propia condición ─y por casi todo lo imaginable─ hasta, por ejemplo, una lamentable encuesta que anduvo flotando meses en la versión on line del diario El Día, orientada a boicotear medidas judiciales alentadoras, como la prohibición de detener a menores de edad por “averiguación de antecedentes”. Y pronto reapareció el reclamo de mano dura (hay cosas que sí aparecen); esta vez, cobró la forma de un proyecto para endurecer el Código Procesal Penal y, arañando el fin de año, la de un virtual “Mapa de la inseguridad” tan temible como trucho (ver “¿Todos contra la inseguridad?”).

Haciendo pie en aquella polvareda, la socióloga Alcira Daroqui cerró, el 9 de diciembre ─víspera de las bodas de plata de nuestra democracia─, las Jornadas de debate sobre políticas de seguridad y niñez, reforma del sistema procesal penal, y violaciones a los derechos humanos, organizadas por el Foro Provincial por los Derechos por la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, la Comisión Provincial por la Memoria y la Central de los Trabajadores Argentinos, entre otras entidades estudiantiles, sociales y sindicales. Investigadora del instituto Gino Germani de la UBA, Daroqui se ha dedicado a estudiar sobre problemáticas sociales infanto-juveniles, educación en cárceles y violencia. Su mirada ─hondamente política─ y sus palabras ─incómodas─ ameritan un repaso:

“Me gustaría enfocar la cuestión desde un punto de vista más estructural, contextualizar histórica, política y económicamente los procesos de cambio en que estamos compenetrados (…) La cuestión social como concepto aparece en 1848 en Francia, en el mismo lugar donde aparecen la palabra patronato, los conflictos de masas, los efectos del capitalismo. Después de 80 años de historia de capitalismo, aparece algo inédito en la historia de la humanidad. Aparece algo que el liberalismo había ocultado hasta ese momento ─y que oculta en el presente─: esto de la supuesta y perversa igualdad jurídica, sobre una fuerte desigualdad social, que es en lo que se basa el capitalismo.

“Pero en todos esos debates muy interesantes en Francia, de todos estos tipos que discutían y construyeron mucho de la legislación que tenemos aquí, aparece otro concepto, también inédito en la historia de la humanidad: el concepto de pauperismo, que no es el de pobreza sino el de una pobreza ligada a una desvalorización moral, concepto del que era propietario lo que podemos llamar el proletariado. El problema que se plantea ahí es el de cómo se gobierna. Y aparece una serie de instrumentos del orden jurídico y de la constitución de las fuerzas de seguridad, que nosotros después vamos a tomar aquí. ¿Cómo se gobierna la pobreza, aquello a lo que le tenemos que infundir la moral burguesa, que es la única posible? ¿Cómo construimos una clase trabajadora que, a su vez, en el marco de una sociedad disciplinaria, acepte su condición de explotada? Esto es más o menos, en síntesis, lo que sucedió en la Europa del siglo XIX. Y va a surgir en nuestro país legislación que conocemos: la ley de Residencia, la ley del Patronato… Es decir, el Estado comienza a hacerse cargo, de a poco, de esta cuestión. Y aparece, a final del siglo XIX, algo que no podemos desconocer: una impronta que no tiene que ver con el derecho penal sino con la política. Y yo de lo que voy a hablar es de la política”.  

De caníbales a bulímicos
(…) “Dos principios básicos atraviesan hasta hoy toda la política penal ─las prácticas del poder Judicial y de la Policía, primera agencia de encierro y castigo─: el principio de defensa social y el de peligrosidad. Y lo digo no sólo viendo los medios de comunicación de los últimos tiempos sino en los argumentos de algunas sentencias, en los alegatos de algunos fiscales y defensores. Lo que se pide es que se evalúe si es peligroso o menos peligroso. Y la peligrosidad, en los últimos 30 años, ha atravesado especialmente a los jóvenes. Sobre todo, a los pobres. De lo único que se los ha hecho propietarios es de la violencia y la peligrosidad.
“Me he encargado 20 años de hablar mal del patronato. Ahora… la ley del Patronato no le prohibía a nadie desarrollar políticas públicas. Por eso digo que todo esto tiene que ver con algo más estructural, con lo que el orden social dominante prevé para los sectores pobres. El Patronato en su despliegue judicial en la década de los ‘30, y su despliegue como órgano técnico-administrativo, de los ’40 a los ’70, en pleno Estado de Bienestar, fue cuando tuvo su mayor despliegue; era una etapa donde se hablaba de la inclusión social, porque había un proyecto, que aunque sea se integraba para explotar, pero se integraba.

“Pero, después de los ’70, de las prácticas neoliberales, que llevaron sangre, muerte, para ser implementadas ─y no hablo sólo de la dictadura y de los desaparecidos, sino también las víctimas económicas─, donde hay un fuerte proyecto de exclusión social… la verdad es que el Patronato para eso no sirve más. Un Estado que se haga cargo secuestrando chicos por ahí e institucionalizándolos, tampoco sirve. No sirve más. Se están buscando nuevas estrategias de gobernabilidad. Hay una hermosa metáfora que se toma de Levi Strauss cuando habla de esas sociedades anteriores al neoliberalismo, antropofágicas, que se comían a los desviados, a los delincuentes, para hacer algo con ellos, supuestamente, para transformarlos. Ahora estamos en sociedades bulímicas: vomitamos a los desviados”.

Dos mentiras
“¿Cuáles son, en estos tiempos, las herramientas que desde el Estado se han puesto en marcha? (hablo no de la creación de una norma, sino de políticas públicas). Cuando hablamos de políticas para los jóvenes tenemos que hablar de políticas hacia la pobreza. Pensar en políticas que planteen debatir la redistribución de la riqueza. Y éstas no pueden ser dirigidas a niños y jóvenes, porque ellos son hijos de familias que, en el mejor de los casos, están en la franja de vulnerabilidad y, en el peor, en el proceso de exclusión y desafiliación social. En ese marco, tenemos un sistema penal que nació así. Pido que seamos honestos: el sistema penal moderno no nació para garantizar los derechos de nadie sino como el brazo ejecutor del castigo del orden social dominante. De los que ganaron, de los que van ganando, más allá de las excepciones que por suerte existen en la gestión de la penalidad judicial cotidiana. Pero el sistema penal es una suerte de gestión de las impunidades y de los castigos.

“Yo pregunto, porque si no nos hacemos preguntas estamos fritos: ¿qué garantías tienen los adultos? (…) El chico que hoy en la provincia de Buenos Aires comete un delito a los 18 años, es decir, una hora después de los 17, puede estar en una cárcel perdido, golpeado y torturado, sin saber siquiera cuándo tiene su visita. A aquellos que hablan de que bajar la edad de imputabilidad representa garantías para los chicos, les digo que no representa ninguna, porque no lo representa para los que tienen de 16 a 18, de 18 a 20, de 20 a 22, de 24 a 26, y así sucesivamente. Eso es una mentira.

“Y va más allá de los personajes y las personas. Tenemos que pensar estructuralmente en cómo se gobierna a una cantidad de personas que… aunque suene duro, y lo lamento, nos están sobrando. Y no hay hoy ─aunque pueda haberlas y haya intentos─, estrategias universales de políticas de inclusión social.
“La segunda mentira es que bajando la edad de imputabilidad se le va a restituir la seguridad a la gente. No le mientan más a la gente. Solamente pueden hablar los gobernantes de bajar la edad de imputabilidad para restituir la seguridad, la seguridad de unos, si restituyen las seguridades perdidas por las masas en el marco de lo social y de lo económico. Por ahora, no tienen autoridad moral para hablar de nada de eso”.

¿Todos contra la inseguridad?
Con sólo ingresar las coordenadas de un ilícito (tipo de delito, lugar, fecha y hora) sufrido, o supuestamente sufrido, en la provincia de Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma, cualquiera puede ayudar a engrosar el contador de www.mapadelainseguridad.com, el blog autodenominado “Mapa de la inseguridad”, lanzado por el empresario y diputado nacional Francisco de Narváez a fines del año pasado. Los “hechos de inseguridad reportados por la gente” se traducen en dardos de colores que se clavan sobre un mapa, en columnas de estadísticas de delitos por zonas y en una selección de “últimos sucedidos”.

En el plan “Una provincia segura” que publica en su blog personal, el diputado razona que hay inseguridad porque el delito se denuncia poco, faltan policías en las calles y éstos no articulan su labor con los miles de vigiladores privados en actividad. Así justifica el mapa y su eslogan: “Saber nos da seguridad”. Como en Minority Report (2002), aquella película de ciencia ficción en la que Steven Spielberg muestra un sistema policial capaz de detectar anticipadamente a los criminales, De Narváez dice que su mapa sirve para “prevenir otros delitos”. Eso sí, si uno quiere denunciar corrupción, abuso de poder, chicos con hambre o ausencia de garantías para tener una vivienda digna, deberá conseguirse otra página web. Para ésta los delitos son sólo hurtos, robos, venta de droga, secuestros, abuso/ violación y homicidio.

Al margen de lo intangible que resulta la “inseguridad”, este nuevo aunque antiguo discurso es irresponsable porque: no ancla en información oficial (y eso que las tasas de delito forman parte de las estadísticas que produce el Estado); presenta una estética de apariencia institucional; y mezcla supuestas denuncias de ciudadanos con noticias de diarios incluidas por los responsables del sitio, en un torbellino al que se suma un “foro” para hacer catarsis. Desde el sitio se accede a un grupo de Facebook llamado “Todos contra la inseguridad”, que apila cataratas de testimonios donde se reciclan el miedo, el racismo y la violencia, no se profundiza sobre la “inseguridad” ni se construye nada.

Pero tal vez la mayor amenaza del dudoso “mapa” ─sin contar a su promotor─ sea que pueda ser legitimado. Sin ir más lejos, desayunando en la radio con Magdalena Ruiz Guiñazú el 9 de febrero pasado, De Narváez se atrevió a definir al sitio como “una fuente de información”. Y nadie le cuestionó nada.

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