NÚMERO 63 - SEPTIEMBRE 2008

La eterna pelea por el petróleo
Lágrimas negras
Fueron mugre de la privatización, barridos debajo de la alfombra por el engaño noventista. Ignorados, engañados y burlados. Hoy son víctimas de disputas políticas y judicialización de la protesta. En octubre serán juzgados siete ex trabajadores de YPF y podrían ir a la cárcel por interrumpir hace 5 años el paso de camiones en los accesos a la destilería de Ensenada. Reclamaban el porcentaje accionario que les corresponde por la venta de la petrolera, saqueada durante el menemismo, investigada en la justicia y cajoneada por los K, en una conjura que se volvió circular.
Por Javier Sahade

Así como la dictadura tiene sus “30 mil”, también el menemismo los tiene. Son 30 mil personas las que quedaron en la calle tras la entrega de YPF a principio de los ‘90. Trabajadores, hombres de familia, golpeados por sorpresa y vomitados a la calle. Muchos de ellos no consiguieron nunca más un trabajo estable. Los empujaron al borde y algunos hasta más allá del borde. A otros, los quieren llevar presos. Fueron detenidos y liberados 20 horas después, a fines de 2003, cuando los trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada, instalaron la Carpa de la Dignidad y la Resistencia impidiendo el acceso de los camiones a la destilería. En octubre deberán afrontar un juicio por coacción. “No tenemos miedo -aclara Carlos González-, porque no hicimos nada… No hicimos nada”.

El gato deja su lugar junto a la mesa ratona, la salamandra que aclimata, el mate amargo que da vueltas. Desparramados recortes periodísticos, documentos jurídicos con jerga de abogados. A pesar de que tres de los que rodean la redonda mesa están a pocos días de sentarse en el banquillo de los acusados, en la charla abundan otros temas: la forma de hacer política, la lucha por los derechos, los recursos naturales que deben pertenecer a todos y el fin de la pobreza como objetivo final.

“Nosotros caímos en el medio de la pelea que en ese momento de 2003, tenía Duhalde con Kirchner –asegura Carlos Guanciarrosa–. Chiche Duhalde salía en todos los medios a enfrentar a los piqueteros y a la política de no represión que llevaba Kirchner. En esa puja política entramos nosotros”.

Por esos días, los ex trabajadores de YPF de todo el país, en el norte y en el sur, allá donde germinaron los primeros movimientos piqueteros, estaban en lucha. En Salta habían detenido al líder de las protestas de Mosconi, José “Pepino” Fernández. Fue en ese contexto que en la regional de La Plata, Berisso y Ensenada, al menos unos pocos de los miles de trabajadores con derecho a cobrar las acciones que les correspondía por la venta de la petrolera, decidieron cortar los accesos a la planta de Ensenada.

“El 26 de noviembre -relata Guanciarrosa-, el Gobierno anuncia por televisión que el presidente había tomado la decisión de solucionar el problema de los trabajadores de YPF. Nosotros seguimos parando a los camiones y el 1 de diciembre nos convocan a la Casa de Gobierno. Como ya nos habían mentido en otros gobiernos, cuando nos reunimos con Kirchner, le pedimos un acta. Nos dijo: ‘Pongan los grabadores. Esto no se discute, se toma o se deja. El Presidente ofrece 39 mil 500 pesos más la incorporación de los trabajadores de Petroquímica y Gas del Estado’”.
La promesa era superior a la que habían hecho otros presidentes, pero muy inferior a los cerca de 150 mil pesos que les correspondía. “Yo le pregunté tres veces -continúa Guanciarrosa-, para que lo reafirme y quede en el grabador. De ahí fuimos a la asamblea, comunicamos a los compañeros y se aprobó”. La indemnización acordada con el presidente nunca fue efectiva. Poco después, el Ministerio de Economía diría que las palabras del presidente no eran oficiales.

Curiosamente esa misma noche del 1 de diciembre de 2003, siete manifestantes fueron detenidos en sus casas. La empresa había comenzado a molestarse por el piquete.

“Nos metieron en cana por perejiles”, concluye González. “No -responde Alejandro Jorge-, no fue por perejiles. El tema va más allá...”, dice y devuelve un mate.

Del petróleo no se habla
Todavía Cristina Fernández era senadora. La puerta de su despacho en el Congreso se abrió para un ex trabajador de YPF, hoy remisero y con título de Psicólogo Social. Le llevaba varios papeles con los motivos de sus reclamos. Simplemente exigía que se cumpla la ley, que se pague a las víctimas del desguace del Estado. La legisladora hizo llamar a otros colegas del partido: “¡Qué cagada es esto, hay que arreglarlo ahora!” Cuenta Carlos Guanciarrosa que desde ese día, nunca más les dio una entrevista.

-“De esto no se habla. En esta lucha -agrega-, yo llegué a estar presente con el Secretario General de la Presidencia...

Alejandro Jorge: -Me acuerdo, estuviste bien ese día.
Carlos Guanciarrosa: -Lo que pasa es que si uno dice que es peronista  y de la lucha setentista... Eso te marca desde el punto de vista ideológico, no es cualquier cosa, es una definición. Ahí le dije a Oscar Parrilli: “Disculpá, si sos peronista vos tenés un agujero ideológico así de grande”. No me podía callar. Yo también estuve en la lucha setentista y mucho compañeros murieron y no precisamente para privatizar YPF.

Jorge: -No les interesa que el petróleo sea nuestro
Guanciarrosa: -Siguen haciendo negocios, el negocio son ellos. Lo primero que rescató Chávez (Hugo, presidente de Venezuela) cuando vino acá fue que la Constitución del 49 decía que todos los recursos y riquezas subyacentes en el suelo argentino son propiedad inalienable del estado nacional.

Jorge: -I-na-lie-na-ble… No se toca... Boludo, el Negro, ¿no?
Guanciarrosa: -La del ‘90 fue la segunda década infame del país. No hay parangón con ese proceso de entrega, salvo que perdamos una guerra. El único país en el mundo que entregó sin ningún tipo de condicionamiento el petróleo fue la Argentina. Menem, el PJ que aplaudió y los gobernadores que colaboraron. Kirchner, gobernador de Santa Cruz, mandó un avión de la gobernación con un diputado enfermo para garantizar el quórum. En el 94 tuvieron la oportunidad para cambiar la cosa, pero desguazaron más al Estado, provincializando los recursos hidrocarburíferos.

El suelo y la claraboya
“Cuando nos quedamos en la calle -cuenta Guanciarrosa-, nadie estaba preparado. Todos pensábamos jubilarnos en la empresa y proyectamos nuestras vidas en función de eso. De buenas a primeras nos encontramos en la calle. Tipos que eran profesionales mecánicos, pusieron verdulerías. Quedamos totalmente desorientados, con angustia, incomprensión, desamparo y sobre todo, descreimiento. ¿Cómo en nombre de las instituciones te llevan al desamparo total? Muchas personas no pudieron soportar eso”.

Carlos González: -Otros que se vuelan la tapa de los sesos. Compañeros nuestros...
Guanciarrosa: -...Se suicidaron, se mataron con un tiro, se tiraron debajo de un tren o fueron a la fábrica a tirarse adentro de un alambique. Ese es el grado de desesperación en que nos sumieron. Después vino la burla. Nos prometieron y no cumplieron.

Jorge: -¿Sabés por qué estoy caliente? Porque veo que el sistema se viene para abajo. Como yo alguna vez le dije a La Pulseada, la sangre de la naturaleza es nuestra sangre y a nosotros nos están desangrando. Yo quisiera tener en frente al juez. Si ser delincuente es querer defender nuestros derechos, entonces yo me considero un delincuente... Eso le diría.
González: -No pienso mucho en el juicio, lo que sí me preocupa es la gorilización de la gente. La otra vez me peleé con un carnicero que decía que había que matar a los delincuentes. “Pero no te das cuenta que es una consecuencia”. Yo soy de una época en la que había movilidad social.

Jorge: -Todas las instituciones son importantes, pero el objetivo tiene que ser uno solo, el beneficio de todos. La filosofía es el objetivo común. Realmente yo agarraría a los dirigentes de turno y les preguntaría: “¿Señores, quieren la recuperación de los recursos o quieren que nos sigamos desangrando para que las generaciones futuras no tengan más horizontes?
González: -Yo fui marino mercante y quienes navegamos, sabemos lo que es la angustia en lo más profundo de la noche, con la fuerza de la naturaleza desatada en el medio del mar. Pero cuando estás en máquina, vos mirás por la claraboya, y ves una luz. El sol siempre sale y renueva las esperanzas. Esas angustias que siento, por ejemplo un domingo que llueve, son tremendas… Pero, el sol siempre sale y renueva las esperanzas...

De qué se los acusa
Entre La Plata, Berisso y Ensenada hay 5 mil ex empleados de la empresa estatal a quienes se les debe el dinero que les corresponde por la privatización. Cansados de idas y vueltas, sólo algunos de ellos decidieron, en noviembre de 2003, instalar una carpa en la puerta de acceso a la destilería e interrumpir el paso de camiones con combustible. Repsol, a través de su apoderado José Rico, realizó sendas denuncias que recayeron en los juzgados de garantías de César Melazo y Guillermo Atencio. Por esas dos causas unificadas y tras la detención sufrida en diciembre de ese año, irán a juicio siete responsables de ese “piquete”.

“Se los acusa por coacción, es decir por amenazas, y corte de ruta. Las penas van de 2 a 6 años, pero hay pocos elementos en contra. Solamente hay actas hechas por Repsol, el propio denunciante”, explica el abogado defensor, Marcelo Ponce Núñez. “Además, nosotros tenemos las actas policiales que se hicieron cuando se denunció el piquete. Los mismos policías aseguran que se permitía el paso a vehículos comunes y desmienten cualquier tipo de amenazas. Hay cerca de 40 fotos que presentan los denunciantes y en ninguna se prueba que hubo intimidación a los camioneros”.

Los jueces Horacio Nardo, María Martiarena y Carmen Palacios Arias, del Tribunal Oral Criminal V de La Plata, serán los encargados de llevar adelante el juicio entre los días 20 y 23 de octubre. En el banquillo de los acusados estarán Juan Carlos Bertolucci, Daniel Seoane, Transito Osorio, Roberto Burgos, Alejandro Jorge, Reinaldo Giles, Carlos González y Carlos Guanciarrosa.

La causa lleva 5 años y una curiosidad. Los concejos deliberantes de La Plata, Berisso y Ensenada fueron denunciados por “apología del crimen” por el juez Atencio luego de manifestar solidaridad con los procesados.
La estrategia de la defensa es demostrar que no hubo delito y en segundo lugar asegurar que la acusación tuvo solamente un trasfondo político. Es por eso que entre los testigos habrá concejales, legisladores y otros dirigentes. Además, presentarán pruebas para demostrar que el reclamo por el 10 por ciento de la acciones de la empresa, les corresponde y de esta manera fortalecer las razones del reclamo.

“Estos años fueron muy difíciles para ellos -cuenta Ponce-. Nunca habían estado presos y fueron en cana. Ahora tienen un juicio en su contra. Son todos grandes, edad de abuelos. Algunos de ellos no superaron nunca el hecho de haber estado esposados. De los miles de procesados por luchar que hay en el país, ellos son los de mayor edad y cuanto más grande sos, menos armas tenés ante lo injusto”.
J.S.

Privatización de YPF
La conjura circular

Por Laureano Barrera

“Hay elementos suficientes para anular la privatización de YPF.
Sólo hace falta voluntad política.”
(Alejandra Dibo, abogada querellante de 4.000 ex trabajadores de YPF)

La estafa (I)
El desguace obsceno del Estado, puesto en marcha por el menemismo mediante la ley 23.696 de Reforma del Estado, se implementó con ventas muchas veces subvaluadas, operaciones contaminadas de corrupción, y contratos prostibularios de concesión a los inversores privados, que signaron la gesta neoliberal de los ’90 barriendo con el aparato productivo y su clase obrera.

Una de las pocas concesiones del régimen de privatizaciones, era el Programa de Propiedad Participada (PPP), que disponía que el 10% del Capital Social de las empresas privatizadas era para los trabajadores en relación de dependencia al 1 de enero de 1991, a través de la titularidad de las acciones “clase C”. En 1992, se puso en marcha la transferencia de YPF Sociedad del Estado a una Sociedad Anónima.
Entre 1991 y 1994, YPF S.A. impuso una serie de purgas colosales. A través de despidos directos e indirectos –“retiros voluntarios”-, dejó en la calle a 30.000 trabajadores de los polos petroleros de todo el país. Los fumigaron, como si fueran ratas. El 16 de julio de 1997, por decreto 628/97, Menem vendió todas las acciones -incluyendo las que por ley les pertenecían a los trabajadores- con la complicidad de la novel YPF S.A. “Encontramos que faltaban los mandatos de 31.000 empleados. Además, la Comisión Nacional de Valores, había observado que no se podían vender las acciones porque eran escriturales, nominativas y sindicadas: nominativas significa que están asignadas a nombre de cada titular; escriturales que hay por ellas una escritura pública; y sindicadas que se venden en bloque, de acuerdo a la ley de Reforma del Estado”, explica Alejandra Dibo, abogada patrocinante de unos 4.000 trabajadores en la causa penal por la venta fraudulenta, que inició en 1999.
Burdamente se intentó blanquear la maniobra a través de dos resoluciones ministeriales secretas de Economía y Trabajo, de probada ilegitimidad por no haber sido consignadas en el Boletín Oficial, que dejaban arbitrariamente, a los empleados que al 7 de julio de 1993 no se encontraban en relación de dependencia, sin su porción en la torta accionaria. Sólo los 4.783 sobrevivientes de la sangría privatizadora, recibieron en 1997 sus acciones clase C. Dos años más tarde, el grupo inversor Repsol SA compró todo el paquete accionario por adjudicación directa –violando normas constitucionales-, aún conociendo que el 10% le pertenecía a los trabajadores y estaba en litigio. Mientras, en las provincias petroleras, prosperaban múltiples demandas judiciales contra el Estado, YPF S.A., y Repsol.

La causa (I)
El expediente 8568/99, nominado “YPF SA s/ Delito de Acción Pública”, fue iniciado en 1999 por Alejandra Dibo, la ex asesora legal del sindicato de Petroleros de Córdoba. En él se imputaba a toda la primera plana del gobierno de Menem –aunque el riojano quedara insólitamente excluido-: Domingo Cavallo, Erman González y Roque Fernández; sindicalistas; el Directorio de YPF S.A. –también su síndico suplente Alexandra Minnicelli, la esposa del ministro Julio De Vido-; y del Directorio de Repsol, a su ex presidente Alberto Cortina Alcocer.

El expediente tuvo un largo periplo por la Justicia Federal, y finalmente recayó en el Juzgado 19 de Carlos Bonadío, que en un principio se mostró dispuesto a impulsar la causa. El 20 de diciembre de 2005, recibió a un grupo de trabajadores:
“Si ustedes creen, pongan sus acciones en el arbolito”, soltó confiado el juez, ante el cenáculo de visitantes.

Uno de ellos era Carlos Guanciarrosa, ex delegado de Petroquímica Mosconi. “El 26 de diciembre –relata-, rechaza el pedido de Repsol SA de prescripción de la causa, y el 28 de diciembre, a requerimiento del entonces fiscal Carlos Stornelli, dispone la indagatoria de todos los imputados”.

La ronda de indagatorias, una por día, comenzó el 13 de febrero de 2006. Con intermitencias, desfilaron ante el magistrado funcionarios menemistas, gremialistas conspiradores, magnates peninsulares y empresarios locales. “En esos meses, empezaron a aparecer en los diarios, fundamentalmente en Clarín, que algunos sectores del gobierno pensaban impulsar el juicio político a Bonadío por su connivencia con el menemismo y por su actuación en la causa AMIA. Después de estas presiones políticas, se tomó dos meses de licencia, y el 28 de diciembre de 2006 dicta el fallo de sobreseimiento a todos los imputados”, agrega Guanciarrosa.
La medida fue apelada por la doctora Dibo. En un desfasaje casi grotesco, el fallo contradecía sus propios considerandos. El 6 de julio de 2007, la Cámara 1 –integrada por Eduardo Farah y el subrogante Cattani- anula los sobreseimientos dispuesto por Bonadío, traba un embargo contra Repsol por 2.000 millones de pesos, y ordena “con la premura del caso” un nuevo fallo en concordancia con las pruebas presentadas por Dibo. “Está reconocido en la causa penal que las acciones clase C tienen que ser devueltas a los trabajadores. Que hubo fraude en la venta. Que malversaron fondos, porque le traspasaron al Estado fraudulentamente más de 528 millones de dólares y los vendieron a terceros. Eso es peculado agravado”, afirma la letrada.

Las “presiones” a las que refiere Guanciarrosa parecen haber surtido efecto. A más de un año de la exhortación “urgente” de la Cámara de Apelaciones, Bonadío no ha agregado ni una foja al expediente en que, según su propio dictamen, “se advirtieron ciertas irregularidades” en la venta del capital accionario de la petrolera estatal.
En sus arengas públicas, la retórica K suele polarizar con la cultura política de los ’90. Pero la esposa del actual ministro de Planificación no es la única conexión de la causa con el kirchnerismo. De vez en cuando los extremos se juntan, mirando el revés de la trama.

La estafa (II), la causa (II)
Si bien el expediente no se mueve y la Cámara rechazó el pedido de recusación al juez Bonadío, el porcentaje de acciones en litigio le confieren al paquete accionario de la compañía un carácter volátil, un factor de alto riesgo para el microcosmos empresarial. Casualmente, tan sólo unos días después del fallo de la Cámara revocando los sobreseimientos -que quedó firme porque nadie lo apeló-, el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, anunció su intención de retirar inversiones en América latina y mudarlas a nuevos destinos como África y Medio Oriente. Pronto surgió un oferente: el empresario kirchnerista Enrique Eskenazi, líder del grupo Petersen.  

La negociación tiene un ítem espinoso: las acciones clase C. Repsol-YPF necesita blanquear las acciones en pugna antes de venderlas, para emprolijar su salida. Eskenazi, por su parte, quiere invertir un 15% de las acciones, pero no quiere comprar problemas.

Es ahí cuando hace su aparición Komat Eurogroup SL., una firma española, ofrendando unos 350.000 millones de pesos para que los trabajadores abandonaran los juicios con un arreglo extrajudicial de 9.000 dólares o 27.000 pesos. Esa misma oferta había hecho unos meses antes Eskenazi en persona a trabajadores de Comodoro Rivadavia. Una investigación del diario Perfil del 6 de julio de este año insinúa que Komat es un sello fantasma: con tres años de antigüedad, su sitio de Internet está programado en una plantilla web gratuita, copiado en parte de otros web sites, y el único teléfono de referencia es un celular que pertenece a un programador de videojuegos.

El monto ofrecido por los inversores es cinco veces menor al que les correspondería en realidad. En diciembre de 2007, Repsol tasó a YPF SA en 15.000 millones de dólares. La Propiedad Participada de ese Capital –de por sí subvaluado- es, en consecuencia, de 1.500 millones, que da una suma de 41.666 dólares para cada uno de los 36.000 ex empleados de la petrolera.

Las negociaciones de los repentinos inversores con los ex empleados, se entablaron con un puñado de operadores jurídicos que a través de estructuras sindicales, prometiendo brevedad en el pago y aprovechando la necesidad de los desocupados, aglutinan miles de demandantes. “Uno de ellos –explica la doctora Dibo- es Rubén Omar Leto, abogado del Foro Nacional Ypefiano (FO.NA.Y), quien -junto a José Tonon, que fue un cliente mío y lo compraron- estuvo en todas las querellas y manda de manos atadas a todos los empleados a negociar por 27.000 pesos”.
Alejandra Dibo denunció en una nueva causa por “Asociación Ilícita y Estafa” (10.824/07) estos vínculos espurios que intentan “comprar el juicio”. “He presentado la grabación de la negociación con la puntera de Leto, que reconoce que van a negociar con Komat, todos los correos que me mandaban de la empresa que no existía para que yo me fuera a España a negociar, y ahora, todos los correos que me está mandando Sticca, de la canadiense Perfica Solutions Inc., para que yo también le dé los poderes, para que le diga cuántos poderes tengo, cuántos tienen que ser, o cuánto valgo y cuánto quieren negociar”. A pesar de la abundante prueba, la denuncia fue desestimada.

El arreglo extrajudicial de los ypefianos desechados, amén de allanar operaciones empresariales, le desactivaría al gobierno de Cristina Fernández una bomba que en cualquier momento puede detonar: no son pocos quienes remueven aquellos tiempos pretéritos de primavera menemista, cuando la Presidenta predicó entre sus pares del Congreso las mieles de su privatización. O ese avión de la gobernación santacruceña de Kirchner con un legislador patagónico a bordo, atravesando pampas y esteros para dar quórum en la sesión que decidió la entrega ominosa de la sangre negra de nuestro suelo.

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