NÚMERO 60 - JUNIO 2008

Tráfico de bebés
LAS VÍCTIMAS MÁS INOCENTES
Aunque se hable poco del tema y las causas judiciales no avancen, en la Argentina hay miles de casos de trata de bebés y niños pequeños. A comienzos de este año recibió media sanción una ley que busca prevenir este gravísimo delito. Habla la representante de una de las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con la cuestión.
Por Carlos Gassmann

“Mi nene tenía dos meses y yo estaba pidiendo en la puerta de la iglesia. Entonces vinieron dos personas que no eran de acá y me ofrecieron 100 pesos por mi bebé”, dice Viviana, de la localidad santiagueña de Loreto.
“La señora que me ayudó a que naciera me dijo que lo vendiera, que ella tenía una pareja que era de la ciudad, que me lo iban a criar bien. Me iban a dar 150 pesos y dos vaqueros”, cuenta Andrea, de Añatuya, a 196 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.
Testimonios de este tipo, que han sido reflejados por la prensa nacional, dan cuenta de un gravísimo mal que aqueja a la sociedad argentina y no ha alcanzado todavía la repercusión pública que merece: miles de bebés y niños son objeto de un infame tráfico.
Hace dos años la cuestión cobró nuevo relieve con la difusión de las denuncias sobre lo que ocurre en Añatuya: con un 65 % de desocupación, 30 % de analfabetos y un 50 % de su población con necesidades básicas insatisfechas, se convirtió en un sitio tristemente emblemático de la compra y el robo de bebés.
Dos periodistas del diario “Clarín”, Silvina Heguy y Julio César Rodríguez, recibieron el Premio Rey de España por sus notas referidas a la cuestión. Los cronistas se hicieron eco de denuncias presentadas por el ex diputado justicialista Néstor Floridia y, posteriormente, por la Fundación “Adoptar”, una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos de los más chicos.
En la trata de bebés y niños pequeños, según tales denuncias, están involucrados jueces, profesionales, sacerdotes, monjas, empleados de los registros civiles, sanatorios, clínicas y maternidades.
La causa de Añatuya alude incluso a la responsabilidad de monseñor Antonio Baseotto y de su hermana María Rita, quienes nunca fueron citados a declarar y tampoco se presentaron para hacerlo espontáneamente. Se trata del mismo sacerdote que alcanzó notoriedad cuando, en carácter de vicario castrense, indignado por el reparto de preservativos y la posición favorable a la despenalización del aborto del ex ministro de Salud, Ginés González García, propuso “atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar”. Baseotto fue, precisamente, obispo de Añatuya entre 1991 y 2002. Pese a la gravedad de estas denuncias, todavía no aclaradas, y al escándalo justificado que desataron sus declaraciones, Baseotto fue felicitado por el Papa Benedicto XVI, quien cuando el prelado argentino cumplió 75 años destacó “sus especiales dones humanos y cristianos”.
Se calcula que en nuestro país, el 75 % de las adopciones se realizan por vías ilegales. Dato al que conviene asociar otro: el propio gobernador ha reconocido –y es algo que se repite en otras provincias del norte argentino- que “de cada 10 niños que nacen en Santiago del Estero, solamente dos o tres son registrados”.
En el “mejor” de los casos, esos niños son destinados al “mercado interno” de bebés o a la adopción internacional. Las naciones más ricas, con tasas de natalidad en constante descenso, consideran legal la existencia de agencias que buscan niños en los países del Tercer Mundo. Les permiten incluso que cobren por su intermediación hasta 25.000 dólares en concepto de honorarios. Según cifras oficiales, Suecia, que ostenta el récord, ya alberga en su territorio a 37.000 menores extranjeros que han sido adoptados.
En el peor de los casos, esos niños son víctimas de la explotación laboral, la prostitución infantil, las redes de la pornografía o hasta el “desguace” destinado al tráfico de órganos. Esta última, espeluznante, posibilidad, ha sido ya reconocida por funcionarios de la ONU, quienes han advertido que, mientras en Estados Unidos un transplante renal cuesta 200.000 dólares y muchos enfermos fallecen antes de encontrar un donante, en Pakistán, por menos de 20.000 dólares, es posible obtener el órgano y practicar la cirugía. Esto ha dado lugar al llamado “turismo de transplantes” y no hay razones para pensar que nuestro país permanece al margen de este horror.
La cuestión se ha reactualizado en los últimos meses, con el tratamiento por el Congreso de una proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca asegurar la identidad para prevenir el tráfico.
La Pulseadadialogó con la psicóloga María Adela Mondelli, representante en Buenos Aires de la Fundación “Adoptar”, con gran protagonismo en este tema, sea creando conciencia ante la opinión pública o presentándose como querellante ante los estrados judiciales.
-¿Hay alguna estimación acerca del número de bebés que son víctimas de tráfico en nuestro país? ¿Qué proporción de ellos serían vendidos en el exterior? ¿Qué se especula respecto del dinero que está en juego?
-Solamente en Añatuya, una población de 16.000 habitantes, consideramos que ha abarcado a unos 10.000 niños en los últimos 10 años. Es un cálculo estimativo –y muy conservador- que surge de poner en relación los siguientes datos objetivos: según una auditoría del Tribunal Superior de Santiago del Estero sobre las computadoras de los juzgados de Añatuya, entre 1995 y 2000 se otorgaron 4.000 adopciones legales. O sea, 4.000 guardas legales en 5 años. La misma auditoría dice que, de 40 nacimientos que se producen en el Hospital de Añatuya, sólo 2 son debidamente inscriptos y 38 quedan sin anotar. Esto implica que las 4.000 adopciones legales –que, en tanto tales, sólo pueden realizarse con niños debidamente inscriptos- se efectuaron sobre esos 2 chicos sobre un total de 40. El destino de los otros 38 se desconoce. A partir de allí es que nosotros estimamos que hay alrededor de 10.000 niños traficados en los últimos 10 años. El número total de casos en el país es imposible de conocer. Según nuestros cálculos y algunas encuestas que se han realizado, el 75 % de las adopciones que entran a los jugados para legalizarse comienzan con un acto de tráfico de menores. Aún así, como no existen estadísticas, no podemos saber cuántos son. Tampoco hay manera de establecer qué porcentaje del tráfico es interno y qué proporción es externa. También ignoramos cuál es el destino de esos chicos: si la adopción, la paidofilia, la prostitución o el tráfico de órganos. En cuanto al dinero que está en juego, un niño traficado puede costar desde unas pocas monedas ofrecidas para llevarse un pequeño hijo de una madre pobre, hasta montos que rondan los 30.000 ó 40.000 euros, que es el costo de un niño blanco y sano para la adopción en Europa.
-¿En qué zonas del país el tráfico es más frecuente? ¿Es un delito asociado a otro tipo de ilícitos?
-Todo el norte aparece como “proveedor” de niños. Hay que tener en cuenta que existen dos grandes modalidades de tráfico. Por un lado, hay una modalidad mafiosa y organizada, tal como se da en Añatuya. En este caso, el tráfico de chicos se asociaría –es correcto decirlo en potencial- a otros delitos como el narcotráfico y el tráfico de armas. El tráfico de niños sería el negocio más marginal, el que en un principio se originó en un intercambio de favores. En relación con la mal llamada “adopción ilegal”, sería algo semejante a lo que fue la apropiación de chicos durante la dictadura. Por otro lado, hay una modalidad vinculada a pequeños negocios, casi familiares, que se produce por ejemplo en algunas zonas de Misiones o en otras localidades del norte. Aunque en el caso de Misiones, por estar próxima a la triple frontera, no hay que descartar la existencia de grandes redes.
-¿Quiénes componen la mafia del tráfico de bebés? ¿Cuál es su modus operandi?
-Hay tres etapas básicas: la captación, la intermediación o mercadeo y el “blanqueo”. La captación de los niños se da mediante coerción, engaño o –incluso- secuestro. En el mercadeo o intermediación pueden intervenir desde la partera o el taxista del pueblo hasta grandes organizaciones. Cuando es necesario, se produce el “blanqueo” con la intervención de médicos, escribanos y –esencialmente- jueces, que no investigan las causales de nulidad en las decenas de niños que llegan a la adopción por la llamada “entrega directa”. Por otra parte, en la captación e intermediación intervienen desde miembros de la familia del niño hasta personal médico y paramédico, monjas que trabajan en zonas pobres, choferes de taxis, remiseros, agentes de áreas turísticas o comerciantes que operan en lugares donde suelen merodear chicos en situación de calle.
-¿Qué papel juega en la perpetuación de este horror cierto sentido común de los estratos medios y altos, que consideran que “después de todo, esos chicos se van a criar mejor con una ‘buena’ familia”?
-En el caso de la adopción, este criterio se ha vuelto central. Efectivamente, amplios sectores sociales y judiciales consideran que un niño “va a estar mejor” con una familia con dinero que con una que no lo tiene. De este modo, se colocan absolutamente al margen respecto de las responsabilidades acerca de la pobreza de esos grupos sociales, a los que además piensan que pueden desapropiar hasta de su prole.
-¿Por qué las causas judiciales generalmente no prosperan y los poderes políticos no toman medidas?
-Por la misma razón por la cual la Argentina es un país atravesado por el narcotráfico y sin embargo no hay ningún “cartel” operando: porque el gran operador es el Estado.
-¿Qué opina del proyecto de ley que a comienzos de este año recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados?
-Este proyecto de ley dice que el recién nacido debe ser identificado dentro de las 24 horas posteriores a su nacimiento. A esto se llegó a raíz de una modificación que le introdujo Diputados porque el proyecto remitido por el Ejecutivo establecía un plazo de 96 horas. Igualmente, esto es una burla a la identificación, que siempre debe realizarse con el cordón umbilical aún sin cortar. Además, esta nueva norma se superpone con dos leyes anteriores, la Ley Nacional 24540/1995 y su consecuente (ambas todavía no reglamentadas). En su artículo segundo, estas leyes dicen: “cuando el nacimiento aconteciere en un establecimiento médico asistencial público o privado, durante el trabajo de parto deberá identificarse a la madre, y producido el nacimiento y antes del corte del cordón umbilical, al recién nacido”. De modo que lo que logra esta nueva norma es, precisamente, romper el binomio madre-hijo, que ya estaba garantizado por una ley nunca reglamentada. (Ver “Hecha la trampa, ¿hecha la ley?”)
-¿No habrá soluciones de fondo mientras haya sectores de la población sumidos en la miseria? ¿Qué medidas pueden irse tomando a corto y mediano plazo?
-Creo que es un error asociar estos mecanismos perversos con la pobreza. Con un razonamiento análogo podríamos sostener que los chicos pobres se mueren consumiendo paco simplemente porque es barato. Y hasta allí llegaría nuestro análisis. Cuando también habría que decir que se mueren porque la provincia está sembrada de cocinas de cocaína, que producen gran cantidad de desecho y cuentan además con abundantes “mulas” y una distribución gratuita y descartable. Del mismo modo, nosotros pensamos que la causa del tráfico de niños no es la pobreza. En todo caso, la pobreza es el instrumento. Es obvio que se trata de una problemática global, compleja y difícil de abordar. Pero estamos seguros de que en el acceso amplio a la educación en general, a la educación sexual en particular y a la anticoncepción en todas sus variantes, reside una de las principales claves para la intervención.

¿Me mentiste, me engañaste?
Conocida como integrante del dúo “Pimpinela”, Lucía Galán es además la benefactora de un hogar de niños. En su momento hubo versiones de que Daniel Scioli, por entonces gobernador electo, iba a ofrecerle a la artista –que a su vez le había cedido una de sus canciones para la campaña electoral- un puesto destacado en el área de minoridad. Tiempo antes, consultada por el tema durante uno de los almuerzos televisivos de Mirtha Legrand, Galán sostuvo que lo que se decía respecto del tráfico de niños en Añatuya “no es tan así”.
Como réplica, María Adela Mondelli, de la Fundación “Adoptar”, hizo circular públicamente una nota en la cual, entre otras cosas, le manifestaba a la cantante: “Usted reconoció que hay poblaciones que recién tienen electricidad este año, que los niños van descalzos, que las niñas ‘a los 13 años ya tienen hijos’ y que es por todo lo antedicho que ‘se los dejan a las monjitas’ porque ‘la burocracia hace tan difícil adoptar’. O sea, usted justifica una zona liberada al ejercicio del poder feudal sobre los ciudadanos añatuyenses con los mismos argumentos con que nosotros demostramos la corrupción que lo sostiene (...) Usted y nosotros decimos lo mismo. Sólo que para usted ‘no es tan así’ y para nosotros se trata de un delito de lesa humanidad (...) ¿Está usted diciendo que en Añatuya a los niños se los trafica para satisfacer la demanda de aspirantes a adoptar de las capas medias y altas de la sociedad? ¿Podría mostrarnos usted, que se ha considerado ‘embajadora’ del arzobispado, las denuncias de la iglesia sobre el abuso sexual del que son objeto esas niñas embarazadas desde la menarca? ¿Y las de las luchas del arzobispado contra el derecho de pernada del que aún son objeto? (…) ¿Podría explicarnos por qué las mujeres que viven en el Barrio de la Merced en las mejores casas otorgadas por el arzobispado son casualmente las que más niños le han dado a las monjas? ¿Y por qué a las que dan sólo uno les quitan hasta el terreno donde construir un rancho? Si ‘no es tan así’ como nosotros lo denunciamos, ¿podría usted explicar cómo es exactamente? Esas personas por cuya pobreza usted tanto se conmueve, están a la espera de poder elegir con dignidad cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, y decidir ellos su propio destino. Y miles de personas están esperando saber quiénes son sus padres y por qué sus ‘adoradas monjitas’ dispusieron de ellos”.
Consultada hoy, María Adela Mondelli prefiere no seguir cargando las tintas sobre la integrante de Pimpinela. “Creo que dice lo que dice, más por tonta que por mal intencionada”, aclara. Y concluye: “aunque a veces, claro, no se sabe cuál de las dos cosas es peor”.

Hecha la trampa, ¿hecha la ley?
A fines de febrero pasado recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para prevenir el tráfico de niños. Además de disponer que el bebé sea identificado dentro de las 24 horas posteriores a su nacimiento, establece la obligación para los hospitales, clínicas o maternidades de colocar una pulsera con un código y un cierre inviolable en la madre y otras dos en su bebé, una en la muñeca y otra en el tobillo. Y le deben poner al recién nacido un broche o “clamp” en el cordón umbilical, con el mismo código de la pulsera correspondiente a su progenitora. Asimismo, se dispone que dentro de las 24 horas deben tomarse la impresión plantal del niño y la impresión digital de la madre. Toda esta información tiene que constar en la historia clínica de la madre y el bebé, el certificado de nacimiento y el libro de partos del centro asistencial. Por otra parte, para asegurar que todo niño sea inscripto, se hace recaer en los nosocomios la obligación de enviar al Registro Civil el certificado de nacimiento. Con ese mismo objetivo, la norma recomienda la creación de oficinas del Registro Civil en cada centro de salud donde se produzcan más de 300 nacimientos anuales. Entre las modificaciones introducidas durante el tratamiento por los diputados también se incluye la obligatoriedad de identificar y tomar la huella plantal a los bebés muertos al nacer.
Varios legisladores plantearon que la iniciativa no soluciona el problema que se plantea con los partos que tienen lugar fuera del ámbito hospitalario. En nuestro país, el 95 % de los nacimientos (unos 730.000 por año) son atendidos en centros asistenciales, pero el 5 % restante (aproximadamente 60.000 partos anuales) se producen fuera de ellos.        Si no obstante hubo participación de un médico o una obstetra, el profesional debe trasladar a la madre y al recen nacido a un centro médico y cumplir con las disposiciones referidas a la identificación. Si no existió intervención profesional, es la madre –según la norma- la que debe concurrir dentro de las 96 horas con el recién nacido a un establecimiento asistencial. Cuando haya certeza respecto de la individualización madre-hijo, el nosocomio debe cumplir con los requisitos de identificación. Pero si no está en condiciones de comprobar el vínculo, sólo debe dejar constancia del registro de quién invoca la maternidad. Distintos diputados señalaron que, en estos casos, el plazo de 96 horas es demasiado amplio y que en ese lapso “puede pasar cualquier cosa”.
Por su parte, la Fundación “Adoptar” manifestó su oposición al proyecto de ley. Señala entre otras cosas que “la identificación de la madre se debe hacer durante el trabajo de parto y la del niño cuando aún no se hubiera cortado el cordón umbilical”. Además, la organización no gubernamental expresa que “las pulseras y los clipers que ahora se proponen, son equivalentes al moño rosa o celeste de la puerta de la maternidad: nada dicen respecto de la identidad del recién nacido”.

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