NÚMERO 46 - DICIEMBRE 2006

Cárceles, comisarías e institutos: una radiografía del “sistema de la crueldad”

ABRIR LOS OJOS

Hace más de un siglo, Oscar Wilde escribió: “Las cárceles se construyen con muros para que Dios no vea lo que hace el hombre con sus hermanos”. Pero esas paredes pueden y deben traspasarse. Así lo hizo la Comisión Provincial por la Memoria, que acaba de publicar un informe que devela las condiciones de abandono y maltrato bajo las que viven 40.000 bonaerenses.

Por Daniel Badenes

Telvi conoce la Villa Itatí de Don Bosco como la palma de su mano. Se la sabe de tanto caminarla buscando a su hijo, el que le falta. “Con él eran siete; me quedan seis”, cuenta entre el bullicio de una nena que corretea en la tierra ignorando la razón de la entrevista. Ella era bebé la última vez que Diego Maldonado estuvo ahí. Él aprovechaba el cambio de sus pañales para huir y ganar la calle sin medir peligros.

Antes siete, ahora seis. Telvi resta al tercero: Diego. Tenía 16 años, pesaba 40 kilos y el paco lo estaba matando. Un día, en un despacho lleno de carpetas, atinó a pedirle a una jueza “un lugar piola” para dejar esa adicción, por su abuela y su mamá.

“El paco está destruyendo a los chicos. Cuando los ves consumiendo te parte el alma”, dice Telvi, aunque con su hijo fue distinto: la policía le ganó de mano a la droga de los más pobres.

Diego esperó tres semanas el tratamiento que nunca obtuvo. En cambio, la noche del 20 de octubre de 2004 recibió la pena de muerte en la Comisaría Primera de Quilmes, donde estaba recluido con otros 16 menores que dormían en el suelo; no podían salir al patio ni recibían atención médica.

“Detenían ahí a los menores de todo Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Muchos estaban esperando un tratamiento de adicciones; a algunos los detuvieron por robo pero sus situaciones eran evidentemente asistenciales”, explica Tobías Corró Molas, el cura párroco de Don Bosco: “Los problemas son constantes. Los sectores más pobres y las barriadas son territorio de la policía, que opera con total libertad”.

Telvi pudo reconstruir que “casi todos los días sacaban a los chicos de los dos calabozos y los obligaban a golpearse, por más que no fueran enemigos.  Todas las madrugadas los levantaban, les mojaban los colchones y les hacían requisas con golpes”.

Aquel día un candado se rompió y la reprimenda fue mayor. “Según la investigación y los testimonios de los chicos, los policías entraron, los pusieron contra la pared, los hicieron desnudar y les pegaron. Y prometieron volver a la noche”, dice Corró Molas, que acompañó desde el primer momento a la madre de Diego y a otros familiares de lo que comenzó a llamarse “Masacre de Quilmes”.

Para evitar otra paliza, cerca de las 22 alguien prendió fuego un colchón. “Los policías demoraron en llamar a los bomberos y en sacarlos. Y cuando lo hicieron fue a palazos. Les pegaron a todos los que estaban quemados, los chicos cuentan que se quedan con pedazos de piel en la mano y que estaban muy asfixiados”. Recién después los llevaron al Hospital. “Tardaron 15 o 20 minutos en hacer ocho cuadras”, remarca el cura Tobías: “Ninguno, ninguno fue llevado en ambulancia”.
Todos los traslados fueron en móviles policiales y duraron más de lo que lleva caminar ese trayecto. El hijo de Telvi entró a las doce y media. Fue el primero en fallecer.

La tarde del 21 murió Manuel Figueroa: tenía 17 años y también aguardaba una vacante en alguna clínica.

Cinco días después, Elías Jiménez, de 16. Debía estar en libertad pero demoraron su salida porque en una computadora apareció el antecedente de un mayor que tenía su mismo nombre. La causa databa de cuando Elías tenía 9 años.
Por último, a las tres semanas falleció Miguel Aranda, de 17, y su pareja quedó sola para criar a Mauro, de dos años de edad. El día de su muerte en el Hospital de Gonnet, la familia recibió el oficio que le otorgaba la libertad.

Los que sobrevivieron tenían heridas graves y afecciones respiratorias. Fueron derivados a distintos hospitales y los custodios no los dejaban solos en las visitas: “no permitieron que las familias se junten y se puedan contar lo que había pasado”, infiere Corró Molas. Ninguno fue derivado al Instituto del Quemado, más cercano que los hospitales que los recibieron.

“El comisario y todos los policías declararon que no había habido golpes, que eran todos héroes y que la culpa de la muerte era de los pibes. Con el tiempo, la Justicia pudo probar que hubo torturas, que hubo golpes y que hubo demora en tratar de salvar a los pibes”, confronta el párroco de Don Bosco. Aún no hay detenidos.

Quemados, suicidados, abandonados

La historia de la “Masacre de Quilmes” es aberrante por sí sola. Pero más aún resulta cuando se la inscribe en una lista de casos similares, en los que murieron calcinados ciudadanos custodiados por fuerzas “de seguridad” bonaerenses.
Esa sensación surge de la lectura de “Ojos que no ven”, un informe presentado días atrás por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que traza un terrible panorama sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en 2005 y 2006.

Una de las actividades de ese organismo consiste en recopilar las denuncias realizadas sobre la situación de cárceles y comisarías, que los funcionarios judiciales tienen obligación de remitir al Comité, aunque no todos cumplen. Además, realizan visitas periódicas y sorpresivas a esas instituciones y siguen causas judiciales. “Funcionamos como un espacio de control”, explica el trabajador social Sergio Raimundo, uno de sus integrantes: “intentamos brindar ciertas garantías y protección de los derechos humanos violados o vulnerados”. La abrumadora mayoría de los reclusos bonaerenses son de origen muy pobre y han quedado librados a su suerte. Apenas tienen acceso a defensores oficiales: algunos se desentienden de sus causas y otros no dan abasto.

Aunque las estadísticas varían entre los datos más oficiosos, las estimaciones judiciales y las denuncias de organismos civiles, se estima que en la Provincia de Buenos Aires hay unas 40.000 personas privadas de su libertad. En ese número se incluye los más de 10.000 niños y adolescentes comprendidos por el sistema de minoridad, donde predominan las causas asistenciales (La Pulseada Nº 28); unos 5.000 detenidos en comisarías; y 25.000 en unidades penitenciarias. “Quienes pueblan nuestras cárceles son negritos, jóvenes, pobres, marginados, expulsados del sistema. Sin trabajo, sin escolarización o escolaridad precaria, sin protección social, con vínculos familiares disueltos o debilitados”, escribe el fiscal y presidente de la Comisión por la Memoria Hugo Cañón en el prólogo de la publicación, donde habla de “una realidad cruel, despiadada, ilegal e inmoral”.

Los casos testigo denunciados en el reciente informe sobre aquellos que “se queman” son 41 y abarcan todas esas instituciones de reclusión.
Sin duda el más resonante se produjo en la Unidad 28 de Magdalena, donde murieron 33 personas (La Pulseada Nº 36) en octubre del año pasado, tres meses después de un hecho similar que mató a tres detenidas en Los Hornos.
El Comité contra la Tortura encaró una investigación independiente que publicó a un mes de la masacre: “Cárcel de Magdalena: por un nuevo nunca más” (disponible en www.comisionporlamemoria.org). Allí señaló, como acordarían más tarde los jueces, que la salida de los presos fue obstruida por el personal penitenciario: “Ningún candado se abrió, ni siquiera el de la puerta de emergencia. En cambio hubo represión y balas de goma para los detenidos de pabellones vecinos que intentaron socorrer a los presos que estaban muriendo. Pero además, las inspecciones y los testimonios aportaron otros datos significativos: las mangueras no tenían agua ya que las bombas que debían proveerla no funcionaban y los matafuegos estaban descargados”.

A menudo la muerte tiene relación directa con denuncias realizadas. “Tal vez el caso que sintetiza la perversión, la barbarie, la atrocidad a la que pueden llegar los guardiacárceles es el de Luis Gorosito Monterrosa”, comenta Roberto Cipriano, el coordinador del Comité contra la Tortura. Se refiere a un pibe de 23 años que falleció en abril de 2004 luego de que su cuerpo se prendiera fuego. En la Unidad 29 no tardaron en decir que fue un suicidio. El hecho ocurrió un sábado: dos días después debía ir al juzgado a ampliar una denuncia contra el Servicio. Y el juez había ordenado que estuviera solo en una celda, bien vigilado. “La rigurosa investigación de la fiscalía demostró que Gorosito Monterrosa no se había suicidado. Lo habían golpeado, lo habían puesto en posición de súplica mahometana, con sus manos atadas, y lo habían violado. Luego de violarlo lo rociaron con líquido inflamable y lo prendieron fuego”, detalla Cipriano.

El documento del Comité dedica un apartado a “los suicidados”, pues esa causa de muerte es alegada por las fuerzas de seguridad incluso en situaciones poco creíbles. Así ocurrió en febrero de 2005 cuando el joven Christian Domínguez apareció muerto en la Comisaría Primera de Berisso (ver páginas 12 y 13). El informe, que analiza ocho casos, afirma que “la mayoría de los suicidios producidos en cárceles, comisarías e institutos de menores, revisten situaciones extrañas o dudosas”.

“La muerte es algo cotidiano”, resume Raimundo y renuncia a dar números: “hay causales que no tienen que ver con malos tratos o situaciones de violencia, pero sí con abandono o con falta de atención médica. Todo eso aparece desdibujado en las estadísticas”.

Cipriano remarca la gravedad de las muertes por abandono: “A la condena del tribunal se suma la condena accesoria de enfermedad: el SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, hacen estragos”. Los casos incluidos en “Ojos que no ven” son aterradores.

Tiempo atrás, el defensor oficial de San Nicolás, Gabriel Ganon, presentó una acción de amparo advirtiendo que “la escasa y casi nula intervención del Ministerio de Salud en los establecimientos penitenciarios, hace que todo aquello que esté vinculado al derecho fundamental a la salud, quede en manos de (...) los agentes del servicio penitenciario”, de modo que no existen controles sobre las políticas sanitarias intra-muros, muchas veces inexistentes.

Contra el sentido común, que prescribe mayor cobertura de salud donde los riesgos se amplían, en el mundo tumbero es al revés. Ni siquiera están identificados los reclusos portadores de VIH, por ejemplo.

En síntesis, como señalan desde el Comité, “la vida intramuros es un infierno en el que las condiciones de hábitat y de convivencia son intolerables, y los estrictos códigos entre detenidos obligan a soportar los avasallamientos más crueles contra los derechos fundamentales: los delitos intramuros no se denuncian, y los denunciados no se investigan, los derechos no se ejercen ni se reclaman”.

El calvario de los pibes

“Ojos que no ven” es el tercer informe publicado por el Comité contra la Tortura. El primero abarcó el período 2000-2004 y el siguiente se dedicó especialmente a la Masacre de Magdalena. Acaso el aporte más significativo del nuevo documento es haberse preguntado por “los menores”. Hoy por hoy, más de 10.000 adolescentes, niños e incluso bebés, viven encerrados.

Un primer problema es la detención en dependencias policiales, como los pibes que murieron en la “Masacre de Quilmes”. La utilización de esos sitios como penitenciarías constituye una violación también para los adultos: “Allí no existe ningún sistema de asistencia médica –sea autónomo o propio–, ni un sistema que posibilite el acceso a la educación o garantice su continuidad, ni posibilidad alguna de aprendizaje de oficios y trabajo. En la mayoría de los casos, además, ni siquiera se permite la vinculación familiar y la participación de detenidos en actividades recreativas”, señala el informe.

Roberto Cipriano advierte que “si bien hubo anuncios oficiales que hablan de sacar a todos los chicos de las comisarías, la realidad es que siguen alojando chicos”.
De todos modos, el problema de la prisionalización empieza mucho antes: el 75% de los presos pasaron por institutos de menores (La Pulseada Nº 28), donde “se ven las mismas metodologías que se encuentran en el accionar de los guardiacárceles y los policías: hay casos también de chicos en institutos de menores que son torturados, que son golpeados con mucha saña”, indica Cipriano.

Niños y adolescentes hundidos en la pobreza llegan a los institutos sin haber infringido ninguna norma, por causas “asistenciales”, o bien a raíz de procesos penales en los que no tienen derecho a defensa. Aunque la Constitución Nacional establece que “ningún habitante puede ser penado sin un juicio previo”, los jueces de menores representan al Estado y al mismo tiempo a los intereses del afectado, y pueden decidir a su anteojo.

Desde este año, el Comité contra la Tortura decidió visitar institutos igual que venía haciéndolo con las cárceles. “Consideramos que los chicos están detenidos, y lo que intentamos es llevar también sus reclamos a los tribunales y hacer oír la voz de estos chicos a los organismos oficiales encargados de la minoridad”, explica Raimundo: “mucho se habla de que hay que proteger a los niños, pero poco se los escucha. Queremos empezar a darles la palabra”.

Bebés condenados

“Es muy impactante ver a los chicos de tres años detrás de las rejas”, dice Raimundo. Y así sucede. A veces, la reclusión comienza antes de los institutos: más de 60 bebés y niños menores de 4 años sobreviven con sus madres en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, según un estudio iniciado por la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA Provincial junto al Comité contra la Tortura.

“Vimos que un niño está hasta los 4 años con su mamá en condiciones de encierro, considerando las situaciones de las cárceles de la Provincia, tiene un impacto más que negativo sobre su constitución subjetiva, porque no hay otro espacio de socialización que no sea la cárcel. Ni siquiera el espacio de la educación”, señala la licenciada Verónica Cruz, integrante del grupo de SUTEBA, además de desempeñarse como secretaria académica en la Facultad de Trabajo Social: “los niños pasan alrededor de 8 horas en una guardería que no depende de la Dirección General de Escuelas, sino del Servicio Penitenciario. Si se reconoce el derecho social a la educación, a partir de los 2 años esos chicos deberían poder ir a salas maternales de jardines públicos”. Cruz cuenta que el grupo intentó acceder a la guardería carcelaria, pero no se les permitió: “No sabemos cuál es el proyecto institucional de la guardería, cómo se distribuyen los espacios, si las docentes son docentes con título habilitante o si son personal del servicio penitenciario...”.
En reiteradas visitas, el Comité diagnosticó que “las estructuras edilicias no están diseñadas para alojar mujeres. Menos aún para los niños. Tienen duchas colectivas, o baños tipo letrina en un patio con paredes muy bajas custodiadas por hombres”. Cruz evalúa la Unidad 33 de Los Hornos, que concentra a la mayoría de los chiquitos detenidos con sus madres, y concluye: “son condiciones sumamente inadecuadas, porque no hay espacios de juego, no hay mobiliario adecuado a sus edades, no hay juguetes, no hay libros, no hay posibilidad de que los nenes puedan andar en bicicleta”. “Además, tiene los mismos guardiacárceles que en cualquier otro lugar. Y la atención de salud no contempla ningún tipo de asistencia psicológica ni pedagógica para los niños”.

Todo eso afecta la maduración. “La mayoría de las mamás cuentan con naturalidad que los nenes de tres y cuatro años todavía no controlan esfínteres, que siguen usando chupete y mamadera, y algunos tienen dificultades en el lenguaje”, ejemplifica.

Cuando son hospitalizados, sus madres sólo pueden acompañarlos tres horas al día. Luego quedan librados a la buena voluntad de enfermeras u otras madres. Andrea, detenida con su bebé en la Unidad 33, teme: “cualquiera te lo puede llevar; quién te dice que están bien cuidados” , y agrega: “Cuando tienen el alta, los médicos le informan a las celadoras porque nosotros no podemos ir. No sabés qué dijo el médico que tenía tu hijo o que tratamiento le tenés que hacer”.

El informe detalla que “esta ruptura violenta del vínculo genera muchos problemas para la salud de los niños. Dejan de comer. Se angustian. Los niños en situación de internación se encuentran ´nerviosos´, ´alterados´ y ´perdidos´ sin sus madres”. Las enfermeras de Internación del Hospital de Niños de La Plata relatan que han llegado al extremo de colocarles “chalecos” para retenerlos en sus camas.

La desprotección es total. Se pretende que con el “peculio” de diez pesos mensuales a quienes trabajan alcance para comprar vestimenta, papel higiénico, toallas femeninas. Cruz remarca ese vacío de políticas: “Cualquier niño pobre que tiene sus necesidades básicas insatisfechas, recibe algún programa social: se le da la leche, o los pañales, la posibilidad de asistir a un comedor. Acá no. Suelen recibir ayuda de gente de la Iglesia, pero el Estado provincial no está ahí para asistirlos. Es una doble victimización: además de estar en la condición de encierro, están invisibilizados también para los pésimos programas sociales que tenemos en la Provincia”.

Según Cipriano, todo esto constituye “una extensión de la pena de la madre hacia su hijo”. Para colmo, según el informe, “el 89% de las madres detenidas en la provincia de Buenos Aires se encuentran procesadas, es decir, no tienen condena firme en su contra”, y al 64% se les imputan delitos como robos y hurtos: “para el Estado parece más importante garantizar la defensa de la propiedad que el desarrollo integral de un niño”.

En este punto, el informe identifica falencias legales: “Por un lado, la justicia establece que las mujeres detenidas y procesadas con sus hijos dentro de la unidad ejercen la patria potestad, pero por el otro, impide que puedan acompañarlos en el proceso educativo, en la atención a su salud”. Frente a eso, el Comité promueve que las mujeres embarazadas o hijos muy chicos cumplan su detención en forma domiciliaria. “Estamos tratando de hacer primar la Convención, por la que estos nenes de 0 a 4 años podrían estar con sus mamás, pero la idea es que esas mamás puedan estar en sus hijos en sus casas, con medidas alternativas de arresto”, comenta Sergio Raimundo.

Ojos que ven papeles

Al tiempo que Raimundo explica esa posibilidad, no sale de su asombro por lo que acaba de saber. “Las medidas judiciales son a veces muy extrañas”, dice y cuenta el caso de una madre con dos chiquitos que estuvo a punto de regresar a su casa: “El juzgado de Garantías había habilitado el arresto domiciliario, pero se le negó porque el Informe Ambiental determinó que como no había teléfono, no se la podía monitorear. Todos los derechos quedaban debajo de no haber un teléfono en la casa. Una clara penalización de la pobreza...”.

Y así sucede día a día. Buena parte de la impunidad de las vejaciones que ocurren detrás de los muros tiene razones burocráticas. “Hay jueces que nunca ven a sus detenidos, que no los conocen”, se indigna Cipriano.

Quizá el ejemplo más paradigmático sea la tortura con corriente eléctrica que, según pudo probarse judicialmente en dos oportunidades el año pasado, sigue aplicándose en las penitenciarías bonaerenses. El caso de Cristian López Toledo en la Unidad 9, al que esta revista dedicó un extenso informe (La Pulseada Nº 38), al igual que el pasaje de electricidad a Julio Esteban Ortiz en la Unidad 34, pudieron probarse tras numerosas gestiones que apresuraron el trámite normal de cualquier denuncia. De lo contrario, el tiempo transcurrido hubiese impedido la comprobación científica de algo que era un secreto a voces, una verdad sin pruebas jurídicas.
Según el Comité, a esa práctica “se suman otras como el submarino seco, los palazos y golpizas, los fusilamientos a quemarropa con postas de goma, el encierro en celdas de castigo sin ropa alguna, el impedimento de uso de la ducha, la demora en asistencia médica y tantas otras que ponen en evidencia el funcionamiento de un sistema cruel y violento de disciplinamiento”. Pero de 5204 denuncias que registra el Banco de Datos de ese organismo entre 2000 y julio de 2006, sólo siete han llegado a una condena.

Los escasos resultados de “hablar”, frente a las represalias ejecutadas por los carceleros, hacen que muchos vejámenes sean silenciados por sus propias víctimas.

En la cárcel, los carceleros evalúan a discreción la conducta de un recluso, pero esto afecta su posibilidad de acceder al trabajo, la educación o beneficios como las salidas transitorias y la libertad condicional. Los traslados de penal en penal constituyen otra forma de presión.

En la calle, la moneda de cambio son los procedimientos que se reiteran sobre ciertas personas o grupos, sin intervención de fiscales o jueces. Un caso central del informe es el de Gabriel Roser, un militante piquetero que pasó un año y siete meses detenido, hasta que la Justicia desmontó la farsa armada por la Policía (La Pulseada Nº 35).

Los sobrevivientes de la “Masacre de Quilmes” también son, entre otros, víctimas de hostigamiento policial. “Yo trato de estar con ellos, porque muchos están bastante bajoneados”, cuenta Teive, que perdió un hijo pero ahora tiene otros: “los persigue la policía, trabajan cerca de la casa de ellos, van caminando y los agarran por averiguación de antecedentes, como si no los conocieran”.

Con esa impunidad, en marzo de este año un subsecretario del Ministerio de Seguridad había firmado el ascenso de Juan Pedro Soria, quien estuvo a cargo de la comisaría de Quilmes en octubre de 2004. Cuando ocurrió la masacre de los pibes, Soria declaró que “los golpes fueron ocasionados por empujones al salir” y eludió toda responsabilidad. La presión de los familiares, el Comité contra la Tortura y otros organismos frenó ese ascenso e hizo avanzar la investigación.

Por su parte, también el Servicio Penitenciario se mostró capaz de afectar a quienes transitan la calle: tiempo atrás, La Pulseada (Nº 40) reveló cómo, con un aparato de inteligencia fuera de la ley, fue capaz de armar una causa a Fabián Sampietro, militante del colectivo de comunicación popular La Cantora, que desde 1992 trabaja para devolverle la dignidad a presos y liberados.

A poco de publicada esa investigación, Sampietro fue torturado y baleado con perdigones de goma en la Unidad 45 de Melchor Romero, donde le advirtieron:
–Esta pulseada te la vamos a ganar nosotros.

Empezar a ver

La lucha contra las condiciones infrahumanas de vida que el sistema penal impone a los más pobres es, ciertamente, una pulseada. Y la presentación del informe del Comité contra la Tortura hace fuerza a favor de la vigencia de los derechos humanos.
“Me parece bárbaro que esto se empiece a conocer: cuanta más información haya, más conciencia tomamos”, elogia Rosa Bru, la madre del estudiante de Periodismo asesinado y desaparecido en 1993 en la Comisaría 9ª de La Plata, que formó una asociación para combatir otros casos de abuso policial o institucional: “Aunque parezca que todos saben, hay muchos que recién se desayunan. No quiero ser cruel, pero siento que hay mucha comodidad de parte de la sociedad en no querer ver lo que realmente está ocurriendo. Nos solidarizamos cuando un caso sale mucho por televisión y nos convocan a prender velas, pero después hay un caso que es de nuestra región y miramos para el costado”.

Esa mirada esquiva de la sociedad contribuye, muchas veces, a garantizar la impunidad. Por eso Cipriano señala entre los objetivos del informe “hacer visible algo que la sociedad en muchos casos no ve, porque no conoce o porque no quiere ver”.
Sin duda, promover que estos problemas sensibilicen a muchos será una batalla cultural de largo aliento. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos aceptaron el tema carcelario sin dubitaciones. En la presentación de “Ojos que no ven”, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni evocó los años ´80, cuando procuró que los organismos se interesaran por el tema: “estaban muy atosigados y muchas veces la respuesta era: ya nos dicen comunistas, ahora nos van a decir defensores de criminales”.

Dos décadas después, algunos aires cambiaron. Una muestra de ese avance se dio en 2003, cuando la Comisión Provincial por la Memoria, a tres años de su formación, decidió crear su Comité contra la Tortura. Otra, que algunos trabajadores de la educación se pregunten por el encierro de la infancia.
A comienzos de este mes, sin ir más lejos, se realiza en nuestra ciudad un encuentro de “organizaciones con trabajo carcelario”, convocado por el colectivo La Cantora, que a principios de los ´90 entró al mundo penitenciario de forma clandestina y solitaria. En la jornada participan grupos de La Plata, Buenos Aires, General Roca, Viedma, Corrientes, Mendoza y Rosario.

Uno de los ejes discutidos allí, denominado “la porosidad de las cárceles”, alude al ingreso de organizaciones sociales en las penitenciarías, que posibilite un mayor control y ofrezca un sano contacto con el afuera. Los organizadores resumen la propuesta en una consigna: más ojos ven, menos manos roban, menos manos pegan.

Ojos que ven

Cotidianamente, el Comité contra la Tortura recibe informes de visitas y denuncias realizadas por funcionarios judiciales sobre la situación de cárceles y comisarías, que complementan su propio trabajo. El informe presentado días atrás incluye algunos de esos textos. Aquí, algunos ejemplos sobre un panorama desolador:
* Unidad Nº 4 de Bahía Blanca. “...el Comité constató la existencia de un Pabellón sin baños ni agua potable en las celdas. En este lugar los internos defecaban en bolsas de nylon que arrojaban por la ventana y orinaban en botellas plásticas. Esto motivó la presentación de un habeas corpus colectivo por los internos allí alojados, en el mes de diciembre de 2005 (...) Si bien la Jueza ordenó la clausura y adecuación del mismo, a la fecha de cierre de este informe en la visita que realizara a la Unidad el Presidente de la Comisión por la Memoria Dr. Hugo Cañon, las condiciones seguían siendo las mismas”

* Estación Policial Comunal Villarino. Una Jueza de Garantías debió “ingresar con una linterna debido a la oscuridad reinante (...) Los colchones existentes se hallan totalmente húmedos. Encontramos la ropa de los detenidos colgada en una cuerda en el patio cubierto (...) nos explicaron que la misma no se encontraba lavada sino que la tendían para secar, porque se les mojaba con la humedad de los calabozos”.

* Unidad Nº 13 de Junín. “...el pabellón 3 está vacío por deficiencias edilicias, en el 8 las deficiencias son idénticas pero está habilitado. Cedió el terreno y se hundió el piso, se rompieron las cañerías cloacales... las máquinas de los talleres no funcionan, por esto no hay trabajo hace 10 años” (Juzgado de Transición y Ejecución de Junín)

* Comisaría 1ª de José C. Paz. “Hay dos personas en buzones hace dos meses y medio y nunca salieron al patio”

* Unidad Nº 34 de Melchor Romero, 425 detenidos. “No hay médico de guardia, sólo un enfermero, faltan medicamentos, la asistencia psicológica es sólo en urgencias, no cuentan con infectólogo, siendo que 33 personas son portadoras de HIV” (Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro)

* Comisaría 9ª de San Martín:“...cuatro niños se encontraban detenidos con 18 adultos en un lugar con capacidad para ocho personas” (Comité, 26 de abril de 2006)

Algunos cambios

Entre 2000 y 2005, la población carcelaria aumentó un 65,2 %, como consecuencia de leyes de “mano dura” fogoneadas por el ex gobernador Ruckauf con el lema: “que los delincuentes se pudran en la cárcel”.

En mayo del año pasado, la Corte Suprema de la Nación falló a favor de un “habeas corpus” presentado en 2001 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos, exigiendo al Estado provincial el cumplimiento de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Además, cuestionó el uso abusivo de la prisión preventiva, que según Eugenio Zaffaroni constituye una “deformación patológica de nuestro sistema penal, que no se maneja con penas: se maneja con medidas de seguridad dispuestas por las dudas con medias pruebas”. Según el juez de la Corte nacional, entre el 60 y el 80 por ciento de los reclusos en países latinoamericanos son “presos por las dudas”.

El “fallo Verbitsky”, como se lo denominó, logró volver atrás con algunas reformas que limitaban el régimen de excarcelaciones. Fue un primer alivio a la superpoblación carcelaria, que se redujo un 5%, aunque todavía es explosiva.
El coordinador del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano, espera que el informe publicado “sirva para que definitivamente los funcionarios tomen una decisión política profunda de modificar esta criminalización de la pobreza”. Eso requiere “terminar con el problema de fondo, con esa exclusión que condena a la persona desde el nacimiento. Porque sino aquellos chiquitos que no van a la escuela, que sus padres no trabajan, no tienen un acceso a la salud y demás, inician una carrera que pasa por los institutos de menores y termina en la cárcel”

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* Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y remitiendo un ejemplar de la publicación a La Pulseada.

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