NÚMERO 39 - MAYO 2006

Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Venezuela...
AUTOGESTIÓN SIN FRONTERAS
“Cuando conocí Brukman sentí una emoción muy grande porque dije ´no estoy sola, hay compañeras que están pasando lo mismo en otro país, y de mi mismo rubro´. En aquel momento nosotros estábamos ocupando también... Fue una emoción muy grande, de verlas, de conversar con ellas... Me dieron una fuerza bárbara”. Alicia Paiva rememora uno de los primeros desalojos de Brukman, ocurrido en Capital Federal cuatro años atrás, cuando del otro lado del río, ella y otras trabajadoras vivían una historia casi calcada. En común había mucho: el protagonismo femenino, la pertenencia a la rama textil, la crisis de sus empresas en 2001, la no resignación, varios desalojos y la “salida” autogestionaria.

Con ambas fábricas tomadas, tres obreras uruguayas cruzaron el charco para encontrarse con las de Brukman. Ese encuentro, que corroboró las vivencias en común de los trabajadores rioplatenses, fue una excepción. Durante años, la formación de empresas autogestionadas para evitar la pérdida de la fuente de trabajo transcurrió al interior de cada país. Aquí, muchos creyeron que era un invento argentino, único y ejemplar para el mundo. El alcance regional recién se puso de manifiesto en octubre pasado, con la realización del Primer Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, promovido por el gobierno de la Venezuela bolivariana (La Pulseada Nº 36).

“El encuentro hizo visible lo invisible. Era invisible la labor increíble de los trabajadores de América Latina por rescatar empresas que fueron cerradas por el neoliberalismo”, valora la ministra venezolana María Cristina Iglesias.
En esa América invisible, los obreros no sabían que su impulso por la autogestión, que llevaba al menos diez años, no tenía fronteras.

A luta pela autogestão
Descontando a las metalúrgicas quilmeñas en los ´80 y otros antecedentes aislados, Brasil fue pionero en la recuperación de empresas en la década del pensamiento único neoliberal.

Los primeros pasos se dieron en 1991, tras la quiebra de la fábrica de calzados Markeli, que dejó a 482 trabajadores en la calle. Por desgracia, la conservación de puestos jerárquicos, la falta de transparencia en la gestión y otros errores llevaron a su cierre definitivo años más tarde. Pero el aprendizaje de esa experiencia llevó a formar una Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas Autogestionadas (ANTEAG), que se nutrió de militantes del sindicato de químicos y farmacéuticos, y técnicos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos. Desde 1994, la ANTEAG impulsó procesos de recuperación de empresas similares a los que pronto empezarían a extenderse en los países rioplatenses.

Es difícil dilucidar la cantidad de “recuperadas” brasileñas, pues la Asociación también promueve experiencias nacidas de cero y otras llevadas a cabo junto con el Estado. “Agrupa a 307 proyectos de cooperativas autogestionadas, de los cuales 52 son empresas recuperadas por sus trabajadores, que tienen unos 15 mil empleados”, escribió hace casi dos años el periodista Raúl Zibecchi, del semanario Brecha. Otros estiman que las “autogeridas” germinadas en procesos de “massa falida” son alrededor de 150.

Entre ellas está la ex fábrica de cocinas Geral, de Rio Grande do Sul, convertida en la única cooperativa de electrodomésticos de América Latina. El 20 de diciembre pasado, después de tres años de ocupación por 200 trabajadores, Geralcoop logró comprar las instalaciones, equipos y muebles de la fábrica.
Hay casos que no están agrupados en ANTEAG. Como en Argentina, existe una corriente minoritaria que reniega del formato cooperativo y exige la estatización de las fábricas ocupadas. Hoy este sector está integrado por cuatro empresas, entre ellas CIPLA e Interfibra, que fabrican productos plásticos de marca y suman mil trabajadores.

El contagio
Otra fábrica de ese ramo, llamada Niboplast, fue una de las iniciadoras de la recuperación de empresas en Uruguay. Cubría el 80% del mercado nacional de cajonería y baldes de plástico hasta su sorpresivo cierre en 1999. El sindicato condujo la ocupación de la planta para impedir el retiro de equipos e intentar el cobro de deudas salariales. Luego se formó una cooperativa con 30 socios a la que la Municipalidad de Montevideo le dio un lugar en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Los ex Niboplast comparten ese predio –donde hasta los años ´60 funcionó un frigorífico– con una veintena de empresas de todo tipo, entre ellas dos cooperativas formadas por ex empleados de otras fábricas nacionales extinguidas: Coutram (ex grifería Spiller) y Corevi (ex Cristalerías del Uruguay).

Niboplast no fue la primera, pero es la más citada como referencia en otras cooperativas de la capital uruguaya. “Son proyectos que se van contagiando uno de otro. Cuando pensábamos la forma de reactivar, se acercó en seguida la gente de Nibo”, evoca Paiva.

La que parecería ser la primera experiencia está ubicada en Minas, en el interior de ese país: con 20 años en la industrialización de alimentos cárnicos, La Serrana quebró en marzo de 1997. “Antepongo el interés por el trabajo a la especulación financiera”, recuerda Beatriz Caballero que fueron las palabras del juez: “A nosotros el Poder Judicial nos apoyó. El juez sabía que si no, se iba a remate y pum, se termina todo: el único que cobraba era el banco”. Actualmente, Caballero y otros integrantes de la cooperativa intentan reflotarla, luego del golpe que significó el problema de la aftosa en el 2000 y la crisis financiera charrúa del 2002.

Otra pionera fue la curtiembre Midober´s, cuyos trabajadores sufrieron cuatro intentos de desalojo desde que se negaron a quedar en la calle, en julio de 1997. “Son historias en común, basadas en la necesidad y sobre todo en la lucha de clases. Los compañeros argentinos hicieron lo que hacemos nosotros, o nosotros hicimos lo que hacen ellos. Los compañeros de Venezuela y los brasileros también. Conocerlos es una experiencia maravillosa. Están tan cerquita y tan lejos de nosotros”, contó a La Pulseada Raúl Arévalo, uno de ellos, luego de participar en el encuentro de Caracas.

En fechas cercanas a aquellas, en Argentina se iniciaban algunas experiencias que se consideran “fundacionales”, como la del frigorífico Yaguané de La Matanza y la metalúrgica porteña IMPA. Mientras tanto, en Itahuá, a 30 kilómetros de Asunción, comenzaba en una ceramista un paro que duró más de tres meses y procuraba frenar el despido de 90 trabajadores. Fue el primer paso de lo que dos años más tarde terminó en la conversión de la Cerámica Itahuá, fundada en 1973, en la principal empresa autogestionada del Paraguay. “Después de una larga lucha llegamos a un acuerdo con la patronal: adquirir el 100% de la empresa a través de nuestros pasivos laborales, que alcanzaban 1.500.000 de dólares”, relata Oscar González, uno de los trabajadores de la que jurídicamente sigue siendo una sociedad anónima, “aunque nos manejamos como cooperativa en la parte del trabajo, la toma de decisiones, el reparto proporcional”.

A más de seis años de esa “experiencia inigualable”, González recuerda que “al principio algunos se preguntaban cómo íbamos a poder administrar. Nosotros dijimos: vamos a tener los huevos, el coraje. Hoy demostramos que se podía”. Sin embargo, no son muchas las recuperadas paraguayas, pues no tuvieron una solución para los pasivos de la firma anterior o, agobiadas por el contexto económico, tuvieron que cerrar otra vez.

La recesión y el total desamparo han obstaculizado estas iniciativas. “Tenemos información de unas 30, pero algunas han tomado la empresa y finalmente han vuelto a quebrar”, señala José Coaquira Paricahua, secretario de Fomento y Apoyo de Pymes de la Confederación General de Trabajadores del Perú: “Esto viene desde el ´90. Ahora se ve que los trabajadores se están poniendo más fuertes y se están organizando cada vez más”. En su país, la autogestión es una tradición que llegó del campo a la ciudad: “los pueblos agrarios siempre accionaron colectivamente para resolver sus problemas”, dice Luis Babilón Poma, un referente peruano del tema: “en la ciudad, la crisis de fines de los años 50 hizo que surgieran empresas de transportes llamadas obreras porque los dueños eran los mismos trabajadores. Fueron como treinta, algunas quedan hasta ahora con buen éxito”.

“Se dice que los trabajadores son malos administradores y eso es mentira. Los trabajadores son buenos administradores siempre y cuando estén bien organizados y tengan una moral intachable. En Perú, cuando uno pasa los 30 años ya no hay trabajo. Y la única forma para mantenerlo ha sido ésta”, sostiene César Guéllar, de Twotex, una de las empresas recuperadas de ese país, que también mantuvo la forma de sociedad anónima, aunque las acciones son de sus trabajadores: “en Perú el gobierno no le ha dado apoyo a las cooperativas. El mismo Estado las ha ido destruyendo”.

El socialismo bolivariano
El apoyo público es, precisamente, lo que distingue al caso de Venezuela, donde las recuperadas son lo que son por obra y gracia de un Estado activo.
“Nosotros hemos aprendido de ustedes. Y ahora iniciamos un gran esfuerzo como gobierno para apoyar la recuperación de las empresas, para incentivar la economía popular, social y solidaria”, asegura un sociólogo joven y morocho llamado Elías Jagua. No hace mucho, Jagua era un dirigente estudiantil destacado por su oposición a las políticas de los ´90 en su país. Desde marzo es ministro de Agricultura y Tierras y antes fue titular de un ministerio atípico, el de Economía Popular, que junto al de Trabajo y uno de los dedicados a la Industria, representó al Estado bolivariano en el Encuentro Latinoamericano, al que Argentina sólo envió funcionarios de tercera línea.

Allí participaron trabajadores autogestionarios y líderes sindicales de nuestro país, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, México, Bolivia y Haití. Las recuperadas de más larga data llegaban en busca de vínculos para exportar o líneas de financiamiento. Los bolivarianos tenían su propio objetivo: crear un clima de exposición e intercambio de experiencias que instalara un mensaje: “se puede”. Al inicio, la prensa venezolana no lograba creer las historias relatadas por los rioplatenses, en las que autogestionar una empresa había sido posible pese al Estado.

En ese país, en cambio, la recuperación de empresas comenzó hace menos de dos años, con un fuerte impulso estatal, a veces adelantado a la convicción de los trabajadores.

“La primera empresa recuperada fue la industria petrolera”, advierte Luis Primo para señalar antecedentes. El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, de cepa bolivariana, se refiere al intento de sabotaje en la estatal PDVSA en diciembre de 2002, luego de que fracasara el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez: “esa industria fue recuperada por los trabajadores y puesta en producción. Fue una experiencia trascendental en 50 años de movimiento obrero”. Algo similar ocurrió en CADAFE, la empresa pública de electricidad, que desde entonces inició un régimen de cogestión obrera.

Primo asegura que esas iniciativas “elevaron el nivel de conciencia” y por eso hoy “los trabajadores ya no se quedan callados ante una empresa que cierra”.
La recuperación de la ex papelera VENEPAL (hoy INVEPAL) fue el primer caso concreto. “Estuvimos nueve meses en la puerta de la fábrica. Ahora con la ayuda del gobierno nacional, que la expropió, estamos manteniéndola los trabajadores”, relata Armando Montilla, integrante de la empresa cogestionada cuya propiedad es 51% el Estado venezolano y 49% de sus obreros, aunque son éstos los que deciden, reunidos en asamblea.

INVEPAL inauguró una política que siguió avanzando. A mediados del año pasado, el gobierno estimó que existían 800 empresas cerradas –y otras 1.114 infrautilizadas–, anunció la expropiación de varias y a través de la ministra Iglesias convocó “a los sindicatos, trabajadores y antiguos trabajadores de estas empresas para recuperarlas”.

También promovió la participación en empresas del Estado. “Estamos haciendo un ejercicio donde los trabajadores no sólo eligen sus gerentes, intervienen en la elaboración del presupuesto y definen qué se compra y a quién, sino que buscamos un mecanismo de organización para que el control de la gestión de la empresa esté en sus manos. La cogestión la asumimos como un proceso de transición donde el Estado y los trabajadores aprenden juntos a trabajar en equipo, porque ninguna de las dos partes lo sabe”, explica Elio Sayago, de la productora de aluminio ALCASA.
“Ahora no tienes un patrón detrás de ti forzándote, latigueándote”, valora Montilla y en eso coinciden todos, sin límites geográficos.

El paisito silencioso
Argentina fue, sin duda, el país más ruidoso: en torno a las casi 200 empresas recuperadas se crearon y se fragmentaron movimientos que lograron atención política, mediática y académica. Pero los uruguayos estuvieron entre los más adelantados. Con la diferencia de que sus experiencias se nuclearon en federaciones cooperativas y sindicales que ya existían, y avanzaron calladas. En proporción con la población o el territorio, las charrúas son incluso más significativas que las argentinas.

“A esta altura hay unos treinta casos de empresas recuperadas en Uruguay”, calcula Luis Romero, histórico dirigente gremial de la más grande de ellas: FUNSA es un monstruo de 9 hectáreas cuyo nombre es un símbolo del Uruguay industrial y su combativo sindicato, uno de los fundadores de la Central Única, con militantes muy formados, de raíz anarquista. Fundada en 1935, la Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima creció al amparo de un Estado proteccionista. Hacia los ´90 empezó a decaer, afectada por el achicamiento del sector público, la apertura comercial y la feroz competencia del mercado de los neumáticos, copado por trasnacionales. En 1998 la adquirió la norteamericana Titan Tire Corp. y se inició el vaciamiento. Cuatro años más tarde, cuando despidió a todos los trabajadores de la línea neumáticos, la empresa tenía un pasivo de 30 millones de dólares de los cuales 20 eran con la propia Titan. La planta cerró poco después.

Mientras evitaban los saqueos acampando en las entradas, los trabajadores se propusieron demostrar que la fábrica era viable. Con 50.000 firmas de apoyo, lograron un permiso para ingresar, cuyas restricciones se fueron acotando con el tiempo, hasta que volvieron a producir.

“En algunas cosas hay mucha similitud con Argentina y con todos los países”, dice Romero: “El cierre de una planta, la necesidad de recuperarla para que la gente trabaje, la necesidad de cuestionar la propiedad privada...”. “Pero el nuestro es un híbrido”, aclara. Como sacar a flote la industria de neumáticos requería un capital de varios millones, buscaron inversores que fueran copropietarios de una sociedad anónima, junto con la cooperativa formada por 304 trabajadores. En nuestro país, algo similar había sucedido con Zanello, la única fábrica nacional de tractores.
La tercera gran recuperación, junto a FUNSA y la ex Dymac, fue la del molino de Santa Rosa, una localidad humilde con 3000 habitantes. Construido en 1925, es el motor de esa economía. Su ocaso desde fines de los ´80 fue también el del pequeño poblado del Departamento de Canelones. Cuando, después de varias administraciones e interrupciones temporales, en 1998 volvió a cerrar, los 44 trabajadores desocupados pensaron en la opción cooperativa. “Veíamos muy difícil que un empresario apostara”, rememora Ramiro Dávila: “Ya había pasado. Incluso se hablaba de que otras empresas más bien tenían interés en sacarlo de circulación”. Durante casi un año subsistieron con el seguro de desempleo. En agosto de 1999 volvieron a moler, reunidos en la cooperativa que finalmente compró el molino en junio de 2004, con un crédito de la banca estatal.

Y las recuperaciones siguieron. En septiembre pasado, tras la quiebra de la imprenta uruguaya Vanni, 70 ex empleados se unieron para autogestionarla, convencidos de que tiene futuro. El gobierno progresista miró para otro lado y dejó el tema en manos de la Justicia. Con el Código Penal en mano, un juez los acusó por “apropiación indebida” y podría aplicar penas que van de tres meses a tres años de prisión.

“Yo creo que los diferentes gobiernos tienen que reconocerlas”, sugiere la venezolana Edmee Betancourt, al hablar de estas “increíbles” experiencias. El consejo recogido meses atrás por La Pulseada no viene de cualquiera: Betancourt era ministra de Industrias Ligeras y Comercio, y desde ese rol reconocía que “los propios trabajadores son los que motorizaron estas empresas. Frente a todos los ataques que han recibido, en la aplicación tan fuerte de medidas neoliberales, ellos mismos reaccionaron y ahí tienen una empresa en producción. ¿Qué hacemos ahora? Como gobierno tenemos que apoyarlos. Oír sus experiencias y visualizar la posibilidad de definir políticas públicas para ayudarlos. Es tan sencillo como eso: ellos van más adelantados que nosotros. O nos juntamos en el camino o nos van a pasar por arriba”.
Daniel Badenes

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