NÚMERO 38 - ABRIL 2006

Maxi Díaz Subils murió en la Comisaría 6ta.

UNA ESPERA INTERMINABLE

Maxi tenía 20 años, era pobre y su ánimo fluctuaba entre el deseo de terminar la escuela y la adicción a las drogas. Necesitaba un tratamiento que nunca recibió. En cambio, el Estado le ofreció el maltrato policial, un calabozo superpoblado y el fatal abandono. La familia se pregunta ahora si la Justicia demorará tanto como la atención médica.

Por Lucas Miguel

El sol de marzo cae con aplomo sobre el techo de la casa de la familia Díaz Subils, en 69 entre 138 y 139. Para llegar a la puerta hay que recorrer veinte metros por un terreno baldío. El golpe de manos alerta a una perra fox terrier, atada a un árbol del que oscila una hamaca. “Él llegaba y desde allá, de la puerta, fuerte, fuerte, me golpeaba. Yo siempre me sobresaltaba y sabía que era él. ‘¿Quién es?’. ‘Soy yo, madre. Tu hijo’. Y después iba derechito a la heladera y me comía todo. Era revoltoso, terrible revoltoso. Ponía el televisor, la música a todo lo que da. Se sentía. Ahora está en silencio mi casa. Se subía a la hamaca, con 20 años… El árbol se movía todo. Se hacía sentir cuando estaba acá. Como un chico. Le decía: ‘Maxi, te vas a caer’”. Norma Subils es la mamá de Maximiliano Andrés Díaz Subils y desde febrero no encuentra consuelo. Su hijo murió en circunstancias dudosas, estando detenido en la comisaría 6ta. de Tolosa. El caso evidencia, una vez más, la crisis del sistema penal bonaerense, que amontona chicos pobres en cárceles y comisarías (ver “Las cárceles del exterminio”, La Pulseada Nº 36).

Ella muestra una foto y se emociona. El pelo de Maxi era negro y lo usaba bien corto; la nariz, respingada. Medía 1,85 y le gustaba vestir bien, con ropa de marca. “Zapatillas Adidas, vaquero, chomba, camisita”, detalla la madre. Odiaba los tatuajes. Era muy creyente, y devoto de San Jorge, sobre todo desde los 17 años, cuando un oficial de la comisaría 4ta. lo golpeó en la calle y le pisó un brazo que le habían operado. “Decía que lo estaban golpeando tanto que le pidió al santo que por favor no lo maten… Y lo dejaron ir. Decía que San Jorge lo había ayudado. Incluso le prendía velas”, rememora su hermano Juan Pablo.

Cuando murió, Maxi estaba acusado de tentativa de homicidio contra otro muchacho de su misma edad a quien habría herido con un arma en una pelea callejera. El juez de Garantías Guillermo Atencio había ordenado su prisión preventiva. La causa iba camino a un juicio oral, aunque la colapsada Justicia penal de la Provincia no había puesto fecha. Con suerte, el trámite ocurriría dentro de dos o tres años y Maxi debía esperarlo preso.

El infierno
Los encargados de detenerlo fueron policías de civil del servicio de calle de la Comisaría 4ta. Maxi fue apresado a la tarde del 7 de octubre pasado, en el barrio donde vivió gran parte de su infancia, en 155 y 35. “Mi hermano iba caminando. Venía el patrullero, la policía tira un tiro. Se asusta y sale corriendo pero por el solo hecho por el que saldría corriendo cualquiera si le están disparando. Se metió en una casa de un vecino de cuando vivíamos en ese barrio. La policía lo sacó de los pelos, golpeándolo”, relata Juan Pablo, un joven de 23 años que ahora gasta parte de sus días haciendo diligencias para lograr justicia.

“A cada chico que entra lo golpean siempre”, agrega la madre. “Cuando se lo llevan a Maxi, lo vuelven a maltratar en la comisaría. No lo llevan al calabozo donde están los chicos: lo llevan a un lugar que es una cocinita y lo golpean”. Ante eso, Norma se contactó rápidamente con la Secretaría de Derechos Humanos, que hizo las gestiones necesarias para que, tras un mes y medio en la 4ta., Maxi fuera trasladado al Destacamento de Arana.

“Ningún preso te va a decir que fue bien detenido”, comenta una alta fuente judicial, tras ser consultada por las irregularidades en la detención. Esta tesis recurrente en algunos funcionarios se da de bruces con los datos oficiales. En enero de 2003, el entonces secretario de Derechos Humanos bonaerense y actual canciller, Jorge Taiana, declaró en base a un estudio de cientos de casos de torturas que “las denuncias de abusos y violación (de derechos humanos) a menores detenidos por la Policía no son por lo que ocurre en las comisarías sino en los momentos de detención. El punto en el que se concentra la denuncia es en el hecho mismo de la detención”.

En el Destacamento de Arana, donde Maxi estuvo hasta fin de año, “eran siete u ocho los detenidos y estaba muy bien atendido”, dice Norma y denuncia: “pero era como que no podía quedar él… Ahí quedaba la gente que era pudiente, que estaba bien, que pagaba”. Juan Pablo acota: “a nosotros no nos pidieron plata directamente, pero en las fiestas veíamos que las otras personas que estaban detenidas le regalaban lechón y otras cosas al comisario. Y el trato era distinto: mi hermano podía tener dos visitas y ellos tenían cuatro o cinco. Tenían cierto grado de acomodo por tener una buena posición económica”.

Un funcionario que siguió el caso pero no quiso ser citado, reconoció que hay muchos comentarios sobre esas prácticas en el Destacamento de Arana pero “son difíciles de probar...”.

Lo cierto es que, contra su voluntad y la de su familia, se decidió el traslado de Maxi a la comisaría 7ma., en Abasto. En señal de protesta, el muchacho decidió cortarse las venas de un brazo durante el traslado al reconocimiento médico. No obstante, una vez curado de la herida, fue llevado a los calabozos de esa dependencia, donde había 22 pibes en un lugar donde entran siete (ver recuadro).

Esa vez fueron los mismos presos los que lo atacaron. “Era terrible. El lugar era como si fuera un sótano, todo cerrado. No tenían ni aire. Dijo que le habían pegado, le habían robado todo, toda la ropa que yo le había comprado para declarar… Todo le sacaron”, recuerda Norma mientras se seca la cara.
Dos días después Maxi fue trasladado a la comisaría 6ta. Fue su último destino.

El primer encierro
No era fortuito que hubiera intentado cortarse las venas, pues el pibe padecía fuerte depresiones. Era adicto a las drogas y sufría mucho, sobre todo porque no recibió la atención que le correspondía, como surge de los testimonios colectados por la pesquisa y los informes médicos y policiales.

Con veinte años, Maximiliano Andrés era el tercero de seis hermanos. Lo antecedían Pablo, de 32, y Juan Pablo, de 23; y a su nacimiento le siguieron Valeria, de 16, Manuel, de 13 e Ivan, de 12.

Tras la muerte de Maxi, Juan Pablo es quien sostiene anímicamente a su mamá y lleva adelante el reclamo de justicia. Es empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y milita con los jóvenes kirchneristas. “Trabajaba conmigo, estudiaba. Me ayudaba en el laburo. Yo también trabajé acá, en la delegación de Los Hornos de la Municipalidad. Él me ayudaba. Aparte, cortaba el pasto, pintaba, hacía cualquier cosa, en este o en otros barrios”, recuerda a su hermano.

Cuando los períodos depresivos pasaban, Maxi intentaba rendir materias libres en la escuela de 7 y 32. Norma recuerda esas idas y venidas: “de pronto andaba muy bien, bárbaro, y de pronto decaía. Le agarraba que no tenía ganas de vivir. Por eso es que nosotros buscamos que lo internaran”.

La mujer, sostén del hogar, es preceptora en el Instituto de Menores Isabel la Católica. Maxi vivía con ella y sus tres hermanos menores. Su infancia había transcurrido en diferentes escuelas de la ciudad, al ritmo de las mudanzas de la familia. Fue alumno de la Nº 21, del Estrada, del San Carlos y del Cristo Rey. Y en los últimos años estaba tratando de terminar de estudiar rindiendo libre.

No tenía amigos y tampoco novia. Quizá por la adicción, se encerraba en sí mismo. “Era él. Como que se me perdía”, evoca Norma. La escasa diferencia de edad con Juan Pablo facilitaba que lo invitara a salir con sus amigos y amigas. “Lo que tenía, bueno, era muy mujeriego. Andaba con todas las chicas”, cuenta su hermano y agrega: “escuchaba música todo el día. Le gustaban Los Redonditos de Ricota y León Gieco”.

El tratamiento que nunca llegó
La inestabilidad emocional de Maxi había sido advertida por el psicólogo Gustavo Muriel, del centro de rehabilitación Reencuentro. “Él venía a atenderse, pero no era constante. En tres años lo debo haber visto cuatro o cinco veces”, indica.
Maxi se había tratado por primera vez en 2002 y necesitaba una internación. Su familia lo sabía. Por eso, una semana antes de que se produjera la detención, Norma acudió al Tribunal de Familia Nº1 para obtener una orden judicial de internación.

El juez Atencio ordenó un estudio psicológico previo, que nunca llegó a concretarse. Según el abogado de la familia, Bernardo Barrué, los peritos habían recomendado “una internación y tratamiento, para rehabilitarse del consumo de drogas”. Por la gravedad de los cargos que pesaban contra Maxi, el juez se negó a llevarlo a Reencuentro. “Si vos supieras qué risa sarcástica que puso”, se queja Norma: “Estaba sentado en un sillón, se da vuelta así y me dice: ‘No, señora, no lo voy a mandar a su hijo’. Se rió como de costado y me hizo acordar a la policía”.
Para tratar a Maxi, el juez pidió cupo al Servicio Penitenciario en un lugar especializado para detenidos en rehabilitación por consumo de drogas. “Este cupo nunca se hizo”, indica Barrué: “pasaron los meses y el chico nunca fue derivado a un lugar específico para su tratamiento. Permaneció detenido siempre en una comisaría común”.

La última vez que vio a sus familiares fue el viernes 17 de febrero. Ellos guardan en la memoria aquel día.
–¿Qué te pasa que estás tan triste? –indagó Juan Pablo.
–Cómo querés que me sienta, si estoy acá adentro.
Maxi tenía fiebre. La madre preguntó si lo había visto un médico y él dijo que sí.
–¿Qué estás tomando, qué te dieron?
–Una medicación para el dolor muscular.

La muerte, las dudas, la espera
Maxi murió a las 10 de la mañana del domingo siguiente. La noche anterior los policías lo habían sacado de la celda superpoblada, supuestamente para que tomara aire. Esa versión está en la lupa de los investigadores, dado que algunos detenidos habrían declarado que, ante los reclamos para que atendieran a Maxi, los uniformados simularon llevarlo al hospital y en realidad lo ocultaron de la vista de sus compañeros.

Norma y Juan Pablo dicen que, a través de los presos, se enteraron que Maxi fue ingresado a su celda dos horas antes del desenlace fatal: “A las 8 de la mañana los chicos golpeaban las rejas para que se lo llevaran al hospital”, asegura su hermano. Como la Policía no respondía y Maxi dejaba de respirar, “empezaron a hacerle respiración boca a boca, a golpearle el pecho”. Norma sigue reconstruyendo la escena: “Maxi pidió que se acerque un chico que era evangelista. Mi hijo era católico, pero él le pide al chico que rece. Se sentía morir”.

Recién a las 3 de la tarde, una comisión policial encabezada por el capitán Oscar Desiderio, llevó la mala noticia a su madre: “dicen que tuvo como un paro respiratorio”. Pero aún no se saben las causas de su muerte con la misma certeza que su desatención.

“Tuvieron mucho tiempo para borrar un montón de pruebas. A la fiscal le avisaron recién a las 11 de la mañana. Mandaron a los chicos a limpiar el patio porque mi hermano estaba escupiendo sangre”, denuncia Juan Pablo.

En la causa hay constancias de que el muchacho hizo cuatro visitas al médico en la semana previa a su muerte: dos a la guardia del hospital Gutiérrez y otras dos al San Roque de Gonnet. La última habría sido el sábado 18. Pero aparentemente esos documentos no son confiables. La fiscal Sonia Leila Aguilar tiene fuertes sospechas de que ese día, en realidad, un médico firmó que lo había revisado, pero ni siquiera lo habría visto. “Parece que el chico quedó en el patrullero y un policía se bajó a hablar con el médico y eso fue todo”, indicó una fuente de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº5.

Hasta ahora no hay imputados en el caso, pero los más comprometidos son los médicos de guardia de ambos nosocomios. Incluso se investiga si los medicamentos que le suministraron agravaron sus problemas de salud.

La policía también está en la mira. Tras la muerte, el titular de la 6ta. informó por escrito que Maxi había sido llevado al médico todos los días de la semana, lo cual choca con todas las pruebas. Asimismo, la fiscal confirmó a La Pulseada que Desiderio nunca le informó al juzgado los problemas de salud del joven detenido. Y ni siquiera pidió autorización para llevarlo a los hospitales, como dice haber hecho.
El Ministerio de Seguridad tardó 15 días en adoptar medidas. En el ínterin hubo dos marchas en reclamo de justicia. En la primera, Desiderio terminó en el piso, trompeado por los familiares: “Me llamó con las manos haciéndome ‘vení’. Y, bueno, no lo pude evitar...”, afirma Juan Pablo. Luego Desiderio fue separado de su cargo como jefe de la 6ta y ahora revista en la Jefatura Distrital La Plata. A la par del Poder Judicial, en Asuntos Internos le abrieron un sumario administrativo para investigar su responsabilidad y la de sus subordinados en los hechos, según confió una fuente ministerial.

Por ahora, lo que hay es impunidad. Mientras tanto, los familiares de Maxi intentan recuperarse y no se resignan. Ya no brilla el sol sobre la casa de calle 69 cuando concluye la entrevista con La Pulseada. Juan Pablo, preocupado, pregunta a su mamá qué hará esa noche.

–Me voy a quedar acá afuera, esperándolo, como antes.

Un caso paradigmático
Para el abogado de la familia Díaz Subils, el caso muestra “un gran desorden del Estado provincial”. Efectivamente, es un ejemplo ilustrativo de la crisis del sistema penal bonaerense, en varios sentidos:

* Un procesado que en lugar de ser derivado a una unidad penal fue llevado a comisarías que tenían una población tres veces mayor a su capacidad.

* Un adicto que no recibió el tratamiento adecuado porque el Servicio Penitenciario no habilitó el cupo correspondiente y el juez no ordenó una medida alternativa.

* Un pibe enfermo que no fue asistido adecuadamente en los hospitales públicos. La policía manejó la enfermedad a discreción, sin dar intervención al juez.

En mayo del año pasado, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado bonaerense adecuar las condiciones de detención a los estándares internacionales. Ello implica, entre otras cosas, terminar con la superpoblación y desalojar las comisarías –dado que el personal policial no está capacitado para cuidar detenidos–, además de acabar con las torturas y los malos tratos.

Casi veinte días después de la muerte de Maxi, la Legislatura bonaerense sancionó reformas al Código Procesal: se amplió el escaso margen de discrecionalidad que tenían los jueces para excarcelar a sospechosos. Se volvió así al régimen legal anterior al que promovió el ex gobernador Carlos Ruckauf, conocido como de “mano dura”.

Mientras los legisladores debatían el proyecto, el ministro bonaerense de Justicia, Eduardo Di Rocco, hablaba en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las nuevas reformas y reconocía algunas de las tantas violaciones ocurridas en comisarías y penitenciarías de su jurisdicción.

La superpoblación
La comisaría 6ta. tiene calabozos con capacidad para siete personas. El 26 de febrero de 2005, 23 presos realizaron un motín para reclamar por mejores condiciones de detención. Dos meses más tarde, la situación era peor: el 27 de abril, los 29 presos que había en el lugar intentaron una fuga y rompieron tres de los cuatro barrotes que los separaban de la libertad. Todo terminó cuando la justicia y la policía “reacomodaron” a los detenidos en unidades penales y, así, la seccional quedó ocupada por 14 detenidos, el doble de su capacidad. Todo ello fue supervisado por el fiscal Marcelo Romero, quien en declaraciones al diario Hoy dijo que la comisaría estaba “en condiciones”.

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* Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido, citando la fuente y remitiendo un ejemplar de la publicación a La Pulseada.

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