NÚMERO 37 - MARZO 2006

La perseverante búsqueda de verdad y justicia
LAS CAUSAS DEL GENOCIDIO

A ocho años del inicio del Juicio por la Verdad en La Plata y a casi tres de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, hay 50 causas penales y 13 represores detenidos. En nuestra ciudad se avecina el primer juicio oral por torturas, homicidios y secuestros durante la dictadura. “Los genocidas han perdido poder y ahora aparecen vulnerables, y hubo un recambio generacional en los ámbitos de poder”, dice el coordinador de los fiscales, para quien el tiempo transcurrido es tanto un obstáculo como un beneficio.

Por Lucas Miguel

“El camino de la verdad nos va a llevar a la justicia”, dijeron las víctimas, familiares y abogados de las organizaciones de derechos humanos, cuando el 21 de abril de 1998 la Cámara Federal de La Plata resolvió abrir el Juicio por la Verdad, un proceso judicial sin consecuencias penales. “La idea fue crear un foro público frente a la opinión platense que sirviera para remover, reactualizar ese pasado terrible de la ciudad y que permita entonces remover el miedo que quedó implantado en la época de la dictadura, que aquí, creo yo, fue la dictadura de Camps”, sostiene el camarista federal Leopoldo Schiffrin.

Por entonces, pocos se animaban a pensar en procesos penales que lleven a los genocidas a la cárcel. Pero hoy, después de casi ocho años, ya se habla de represores presos. En la actualidad hay 13 detenidos con prisión preventiva y, según un relevamiento realizado por la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en causas de terrorismo de Estado, hay 218 imputados en 50 causas judiciales que tramitan en los dos juzgados federales con competencia penal. La fiscalía estima, además, que con el devenir de las investigaciones el número de acusados puede ascender “cuanto menos” a 450, dado que hay centros clandestinos de detención que recién ahora comienzan a investigarse y otros por los que aún no se ha abierto investigación. Además, en cuatro causas se investigan homicidios cometidos por la Triple A antes del golpe.

Un informe de la Procuración General de la Nación difundido en diciembre indica que hay más de 1400 imputados y 204 detenidos en todo el país. Los detenidos por la justicia platense representan sólo el 6 por ciento de los presos por estos crímenes a nivel nacional.

Por la verdad
El 1º de abril de 1998 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, junto a un grupo de familiares y víctimas, solicitó a la Cámara Federal que abriera una investigación para conocer el destino de los desaparecidos: “Independientemente de la posibilidad de aplicar sanciones a los autores de crímenes de lesa humanidad, queda subsistente el derecho de los familiares y la sociedad toda a la efectiva averiguación de la verdad”, indicaron. Tras veinte días de deliberación, el tribunal decidió que “el innegable derecho a la verdad que poseen los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”, justificaba iniciar el proceso. Desde entonces, cada semana el tribunal llamó a declarar a sobrevivientes de centros clandestinos, familiares de desaparecidos, testigos presenciales de secuestros, policías, militares y empleados públicos, con el objeto de reconstruir lo ocurrido en la región durante la represión ilegal. Además, el tribunal practicó allanamientos y secuestró documentación en dependencias policiales, penitenciarias y eclesiásticas.

Fue la primera vez que jueces platenses indagaban en profundidad lo ocurrido. Durante los ’80 y hasta la sanción de las leyes de impunidad, era la Cámara Federal porteña la que había asumido la investigación de los crímenes cometidos en esta región.

Las audiencias orales y públicas comenzaron el 30 de septiembre de 1998, luego de que el tribunal recibiera las causas y habeas corpus que estaban archivados en la justicia porteña y de San Martín, fundamentalmente, y en juzgados federales y provinciales.

A un año del inicio del juicio, Schiffrin solicitó a sus pares la citación a declaración indagatoria del ex director de Investigaciones de la Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por once casos descubiertos durante el proceso. “El pedido trajo una conmoción. Y ahí fue cuando empezó a discutirse más que la producción de prueba tenía una finalidad también penal”, rememora Schiffrin. Los jueces rechazaron el pedido de su par y decidieron enviar la causa a un juzgado federal de primera instancia. Hoy, después de una larga instrucción con trabas, el expediente llega a juicio oral y público. Será el primer proceso por torturas, secuestros y homicidios durante la dictadura que se ventile en La Plata (ver recuadro).

Pero el impulso de causas penales en los tribunales locales lo dio el fiscal Félix Crous, enviado a La Plata por la Procuración General de la Nación en 2002, especialmente para investigar el terrorismo de Estado. El fiscal tomó las denuncias realizadas en el Juicio por la Verdad, las radicó en los juzgados penales y solicitó la nulidad de las leyes de impunidad y la detención de decenas de represores. En esta instancia fue clave el aporte de la APDH La Plata y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

En la actualidad, el número de causas que se tramitan en ese juicio excede las 2400. Hay, prácticamente, una causa por víctima, aunque hay varios legajos que concentran la investigación de lo ocurrido con más de un secuestrado. Independientemente de lo que ocurre en los juzgados de primera instancia, donde se persigue penalmente a los autores de los crímenes, la Cámara Federal sigue investigando causa por causa y remite las pruebas recabadas a los dos juzgados federales. “El Juicio por la Verdad tiene que seguir siendo la cantera de los juicios penales que están encaminados”, sostiene Schiffrin.

Penales
En agosto de 2004, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, creó la Unidad Fiscal Federal de La Plata, de intervención exclusiva en las causas sobre terrorismo de Estado. Desde entonces, la fiscalía solicitó 52 detenciones a los jueces federales Arnaldo Corazza y Humberto Blanco. 27 solicitudes fueron presentadas en el juzgado del primero; el resto, en el del doctor Blanco. Las 13 detenciones producidas hasta ahora fueron decisión de Corazza. “Debe ponderarse la labor del juez Corazza, pero no podemos decir lo mismo del juez Blanco, que no ha hecho ningún avance significativo”, señala Crous, quien coordina desde la Procuración el trabajo de todos los fiscales que actúan en estos casos. “Las causas que tiene Blanco están condenadas a que nada ocurra”, opina la abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Laura Farías. El gran motivo de los cuestionamientos al magistrado es que hace un año la fiscalía le solicitó la detención de 25 represores, la mayoría miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, que están acusados de crímenes cometidos en la Unidad Penal Nº 9 y en el centro clandestino La Cacha, y aún no hubo ninguna respuesta positiva.
Los expedientes más investigados y que concentran más detenidos son los vinculados a los centros clandestinos de detención de la comisaría 5ª platense y del denominado Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, Quilmes. En estas dos causas están detenidos y procesados los militares Reinaldo Tabernero y Rodolfo Aníbal Campos, los ex comisarios Rodolfo González Conti, Miguel Etchecolatz, Alberto Rousse y Osvaldo Sertorio, el cura Cristian Von Wernich, el ex chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, el ex cabo Norberto Cozzani y los ex oficiales Eros Tarela y Eduardo Maire. También, por los crímenes en la Brigada de San Justo, está detenido el ex comisario Oscar Penna y se encuentra prófugo el médico policial Jorge Vidal. El médico Jorge Bergés está purgando las condenas que recibió por la sustitución de la identidad de una niña nacida en cautiverio y por torturas en dos casos probados en los ’80, durante el juicio al ex jefe de la Bonaerense Ramón Camps y sus laderos.

El camino recorrido hasta el momento llevó a la prisión a las caras visibles del terrorismo de Estado: los estratos superiores de la cadena de mando de la Policía provincial y sus más estrechos colaboradores. Pero la tarea de mayor magnitud que enfrentan los impulsores de estas causas será “bajar” en la cadena de mando a los niveles inferiores, a los guardias y carceleros. “El gran desafío es ir por quienes fueron los que en los centros clandestinos actuaban directamente, más allá de los que políticamente son responsables. Detener a Etchecolatz es bastante sencillo”, señala Farías.

En esta región y en la zona sur del Gran Buenos Aires funcionaron alrededor de 20 centros clandestinos de detención, por los que pasaron más de 2000 víctimas, si se tiene en cuenta la cantidad de habeas corpus presentada en aquellos años.
“El paso del tiempo ofreció la oportunidad de borrar pruebas; muchos testigos y responsables de la represión han muerto y hay datos que se olvidan. No obstante, en los crímenes del terrorismo de Estado se da un fenómeno paradojal: el paso del tiempo también mejora las chances de avanzar, porque permite desobturar el terror en las víctimas y que puedan evocar aquello que no pudieron antes; los genocidas han perdido poder y ahora aparecen vulnerables, y hubo un recambio generacional en los ámbitos de poder. El paso del tiempo perjudica pero también beneficia”, admite Crous.

A 30 años del golpe, la Justicia y toda la sociedad enfrentan una tarea que es titánica pero no imposible. Así lo demuestra la historia de los últimos años.

Etchecolatz, otra vez a juicio
Antes de que culmine el primer semestre de este año, Miguel Etchecolatz será sometido a juicio oral y público para responder por once casos de secuestros, torturas y homicidios.

Este y el resto de los juicios que van a comenzar en otros puntos del país serán los primeros por delitos comprendidos en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Sus antecedentes son el Juicio a las Juntas y el que se le realizó a Camps en los ‘80.

Entre los casos que se imputan a Etchecolatz se encuentran la desaparición del fiscal Antonio Bettini y el homicidio de Diana Teruggi. En este último, el represor está acusado de comandar el operativo que terminó con la muerte de la mujer y de tres compañeros de militancia, y el secuestro de su hija, Clara Anahí Mariani, el 24 de noviembre de 1976. Judicialmente está probado que la niña, de tres meses de vida, fue sacada de los brazos de su madre, que estaba muerta tras haber sido fusilada por la espalda.

“Realizar este juicio en el entorno de quienes asesinaron a Diana Teruggi, que sin duda saben dónde está Clara Anahí, es una esperanza” para encontrarla, señala Alejo Ramos Padilla, abogado de la familia. “Uno fluctúa entre la esperanza y la decepción. Pero yo, personalmente, siempre soy de tener esperanza. Espero que algo salga a la luz, que alguien hable, que alguien diga qué pasó con mi nieta”, asegura Chicha Mariani.

En 1986, Etchecolatz fue condenado a 23 años de prisión por torturas y secuestros y, en 2004, por la sustitución de la identidad de una hija de desaparecidos nacida en cautiverio.

Los obstáculos a la justicia
§ Félix Crous, fiscal: “Padecemos falta de recursos materiales y humanos; en muchos casos, insuficiente capacitación y compromiso de los operadores judiciales; un sistema procesal anacrónico y barroco que posibilita dilaciones absurdas y que permite enmascarar bajo el ropaje de la disgresión ritual o la molicie burocrática. Lo que uno sospecha es la voluntad de no avanzar o la simpatía por los genocidas. Para muchos afrontar estas investigaciones es más un problema, un fastidio, que una oportunidad de restañar las humillaciones proferidas a las Justicia durante tantos años. En el interior del Poder Judicial y del Ministerio Público todavía persisten sectores afines a la dictadura”.

§ Leopoldo Schiffrin, juez: “Al Juicio por la Verdad le falta de una reglamentación adecuada. Siempre fui partidario de una ley que regle tanto la recolección probatoria, como dicte algunas reglas para agilizar la instrucción. Un procedimiento especial se justifica cuando los hechos son tan extraordinarios. En todos los códigos hay procedimientos especiales para situaciones especiales”.

§ Chicha Mariani, familiar: “Habiendo nueve jueces que componen la Cámara Federal, cuando faltan Schiffrin o (Julio) Reboredo hay que buscar con cuenta gotas qué juez puede tomar el lugar. Muchas veces no hubo juicio por eso… Porque no hubo quien tomara las audiencias”.

§ Alejo Ramos Padilla, abogado de Mariani: “El primer obstáculo es el tiempo. No creo que sea el más importante. Creo que es más grave la falta de compromiso de los jueces y de los funcionarios. El más importante de los obstáculos es la sensación de impunidad que existe en la Argentina”.

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