NÚMERO 36 - NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2005
Edición especial en homenaje a Carlos Cajade.

Hacinamiento, abandono, torturas, suicidios inducidos, asesinatos encubiertos...

 

LAS CÁRCELES DEL EXTERMINIO

Durante la dictadura, la Unidad 9 concentró la mayor cantidad de presos políticos del país. En ese lugar torturaron, entre tantos otros, al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero el trato cruel no es cosa del pasado: el Servicio Penitenciario acumula centenares de denuncias por apremios ilegales en democracia. Hace poco se logró probar, por primera vez judicialmente, un caso de tortura con picana eléctrica en ese penal, ubicado a diez minutos de la Gobernación.
“En condiciones tan inhumanas, el hombre se hace salvaje”, escribió Cajade este año, tras visitar una prisión en Campana. Lo que vio allí, acompañado por Martha Pelloni y otros integrantes de la Comisión por la Memoria, sucede en cada penitenciaría bonaerense: los pabellones están atiborrados de jóvenes marginales y sin condena, regidos por una fuerza militarizada que impone la violencia y el silencio.

Producción periodística: Daniel Badenes y Lucas Miguel

Con la colaboración de: Verona Demaestri

Textos: Daniel Badenes

9 de mayo de 2005. La noche, como todas, será difícil de pasar: la humedad de las celdas, el escaso abrigo y una mala alimentación arrastrada de meses son a la larga una combinación fatal. Pero cuando los guardiacárceles buscan a Cristian Emanuel López Toledo y a su compañero, con la excusa de un examen psicofísico, ambos intuyen que la noche será mucho más dura aún. Son más de las diez, está oscuro y ya cerraron con llave todos los pabellones. Los dos jóvenes son conducidos al área de Sanidad, uno de los pocos sitios donde no hay cámaras de vigilancia.

Un médico flaco le pide a Cristian que se desnude. Con la orden a medio cumplir, irrumpen varias personas vestidas de celeste, azul y negro; sus rostros cubiertos con pasamontañas y gorros con visera. Lo tiran al piso y lo muelen a golpes.

–Así que a vos te gusta denunciar, hijo de puta.
Luego lo acuestan y lo atan con alambres.
–Esto te va a sacar las ganas de hablar –intimida uno de los que viste el uniforme de la División Traslados, mientras le aplican una picana eléctrica en los pies.
–Callate la boca y entendé que con nosotros no se jode. No creas que saliendo de acá te vas a salvar. A dónde vayas, vas a vivir cobrando. Acá levantamos el teléfono y en la otra punta de la Provincia hay alguien que te va a estar esperando. En el Servicio somos una familia muy grande...
Desde una celda contigua, su compañero grita y pide por él. Los verdugos se burlan.
Cuando llega la medianoche, Cristian apenas puede moverse.

Las cárceles de la miseria

“Es un hijo de una familia golpeada por la pobreza, de los tantos que hay en Argentina. Tuvo que bancar a su familia y al hijo de su hermana, que estaba desnutrido...”, cuenta el coordinador del Comité contra la Tortura, Alejandro Mosquera, sobre Cristian, quien cumplió 26 años dos semanas después de la noche que lo picanearon y es, en muchos aspectos, el prototipo del preso actual: joven y pobre, está allí por un delito menor, no tiene condena firme y ha sido vejado hasta el cansancio.

Las cárceles bonaerenses acopian actualmente 25.000 personas, a las que se suman 5.000 detenidas en comisarías. El director provincial de Población Carcelaria, Juan Scatolini, admite que “ya no alojan a los ´desviados de la norma´, sino a jóvenes muy jóvenes, analfabetos o semianalfabetos; es decir, a los excluidos del sistema”. Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Provincia publicado este año, el 61% tiene entre 18 y 30 años. Y el 68% está privado de su libertad por delitos o tentativas de robo o hurto.

“Tenemos un sistema penal clasista, selectivo, arbitrario, que sólo apunta a un segmento de la sociedad”, asegura Mosquera: “los delincuentes que vaciaron el país, que vendieron el patrimonio nacional, que cometieron los grandes fraudes, no están en las cárceles ni son juzgados”.

El agravamiento de la situación respecto a tres décadas atrás no es fortuito. Las políticas neoliberales son las que han superpoblado a las prisiones de “parias urbanos”, tal como analiza el sociólogo francés Loic Waquant en su libro Las cárceles de la miseria. La desaparición del Estado organizador de la economía, la reducción del Estado social y el fortalecimiento de un “Estado penal” son parte de un mismo proceso: en definitiva, se ha pasado de una gestión social, paliativa o asistencial de la pobreza a una gestión punitiva, donde cada vez hay más presos y menos derechos.

En estos pagos, la criminalización de la pobreza se acentuó desde 1999, cuando asumió como gobernador Carlos Ruckauf enarbolando la propuesta de “que los delincuentes se pudran en la cárcel”. Desde ese año, la Legislatura bonaerense sancionó 15 reformas al Código Procesal Penal para alargar las penas y negar excarcelaciones.

El resultado fue explosivo: mientras en 2000 había 17.567 personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías bonaerenses, en noviembre de 2004 el número ascendía a 31.258. Además, el 85% sólo está procesado (es decir, sin sentencia firme) y un 75% ni siquiera ha recibido una condena de primera instancia. Como la tendencia muestra que en el 30% de estos casos se dictaminan absoluciones o sobreseimientos, habría más de 6000 personas inocentes sobreviviendo un contexto insalubre y violento que no deben soportar ni siquiera las culpables.

“La reforma de las leyes penales ha sido nefasta y es la causa fundamental de la superpoblación. Acá no hay otra solución que reformar rápidamente el código procesal penal y volver a las condiciones de excarcelación anteriores a la reforma de Ruckauf”, dice a La Pulseada el actual ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.

La vida no vale nada

El hacinamiento en las penitenciarías es alarmante. Aún los cálculos encubridores, que sólo relacionan la cantidad de presos con la de colchones, obtienen un diagnóstico de superpoblación: hay 25.000 personas para poco más de 21.000 colchones. Sin embargo, esa cifra no expresa la capacidad de las cárceles, pues muchas veces se agregan colchones en las celdas sin adecuar la ventilación, los baños, la cocina o los talleres de trabajo. En una medición realista, acorde a los criterios de las Naciones Unidas, la capacidad de las prisiones existentes ronda las 16.000 plazas.

La edificación de nuevas cárceles, publicitada como una solución al problema, no cubre el incremento diario de prisioneros: “sirvió para absorber mayor cantidad de gente detenida, en lugar de alivianar la situación de quienes ya estaban en el sistema”, concluye Carolina Brandana, directora de Protección de los Derechos Humanos de la SDH.

Además, el hacinamiento “es apenas una de las aristas de una situación que se revela mucho más grave y que se manifiesta mediante el deterioro edilicio, la humedad de las paredes, los baños colapsados, la falta de colchones, la ausencia de luz natural y artificial, la falta de ventilación, o el agua que fluye de los caños rotos para inundar pasillos y celdas”, expresa un exhaustivo informe titulado El sistema de la crueldad, publicado en 2004 por la Comisión por la Memoria que integran Adolfo Pérez Esquivel, Martha Pelloni y Carlos Cajade, entre otros.

Esas condiciones infrahumanas, que se repiten en cada penal, presentaba el pabellón 6 de la Unidad 28 de Magdalena cuando la recorrió un equipo del Comité contra la Tortura: “se encuentra casi completamente inundado, lo que provoca que el agua ingrese en las celdas”, en algunas de las cuales “hay tres detenidos que deben turnarse para dormir o hacerlo en el suelo. Tocamos varios colchones que al escurrirlos chorreaban agua al igual que las frazadas”, dice el pedido de hábeas corpus que presentaron justo el día previo a que, en otro pabellón de ese mismo penal, se dejó morir a más de 30 personas (ver recuadro).

“La situación de la cárcel hace que la vida no valga nada”, sintetiza el abogado de ese Comité, Roberto Cipriano: “Es terrible el hambre que hay. El otro día fuimos a ver a un preso que había recibido como once puñaladas de otro, y nos decía que la única razón fue la pelea por un hueso, que venía en una olla de agua caliente que supuestamente era un caldo. La vida es un hueso pelado, digamos... Muchas situaciones violentas tienen que ver con la convivencia, pero están generadas por la desatención y el abandono en que se encuentran inmersos. Y en muchos otros casos son mandados a matar porque denuncian o protestan”. Hay presos que cubren su cuerpo con capas de diarios, generando una suerte de escudo contra ataques con facas (cuchillos puntiagudos y filosos de fabricación casera), que según las estadísticas se producen a razón de tres por jornada.

La muerte está a la orden del día. “Y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio”, asegura un documento reciente de la Comisión por la Memoria. Según el Ministerio de Justicia, en enero y febrero murieron 29 internos bonaerenses por causas traumáticas: 17 muertes por herida de arma blanca, 9 por asfixia y quemadura, 3 por ahorcamiento. A esas muertes día por medio, se suma una semanal relacionada con el SIDA. Y once más por lo que la jerga oficial denomina PCRNT (paro cardiorrespiratorio no traumático), que aparentan ser muertes naturales.

Las torturas y apremios también serían parte de la rutina. Y frente a ello, tal como lamenta Cipriano, “la denuncia es la excepción a la regla... porque tienen que seguir estando, y la experiencia que tienen es que el que insiste con la denuncia termina muriendo”. En ese sentido, quien pudo ser visto como un preso tipo en términos sociológicos, resulta una excepción: se atrevió a hablar. Eso explica el calvario de Cristian López Toledo.

Lazos de familia

“Hace tiempo que no puedo caminar un rato por un patio sin sufrir la provocación, la agresión permanente de los guardias, o de otros detenidos que trabajan para el Servicio”, asegura Cristian, intentando imaginar cómo sobrevivirá los tres años que le restan privado de su libertad. Su cuerpo está repleto de moretones y cortes a medio cicatrizar. Una quemadura de cigarrillo oculta la última letra de uno de sus nombres, tatuado en su espalda. Se la hicieron agentes de la Unidad 30, en represalia a su actitud crítica hacia el maltrato, en lo que hasta el 9 de mayo fue la peor tortura que había recibido.

Estando en la cárcel de General Alvear, le dijeron que su madre había fallecido y no lo dejarían ir a despedirla. Cristian montó en cólera; pataleó e insultó, y fue suficiente: además de las quemaduras, la tortura incluyó golpes, asfixia y un ahorcamiento del que se salvó por la asistencia de otros presos. Ese día escuchó algo que se repetiría como un eco los meses siguientes:
–Vas a pagar por haber hablado.

Aún así, volvió a hablar. Y pagó: en cada unidad por la que pasó, fue golpeado y enviado a buzones, que son celdas de dos por dos, con piso de tierra y una ventilación escasísima.

El 5 de mayo pudo relatar ese martirio a integrantes de la Comisión por la Memoria. Fue durante una inspección a la Unidad 9, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, que ese mismo día pero en 1977 había entrado allí, detenido por la dictadura. En aquel entonces, la penitenciaría ubicada en 76 entre 10 y 11 concentró la mayor cantidad de presos políticos del país.

La crueldad del sistema ha trastocado el sentido de los espacios: así como el área “sanidad” suele ser la temida sala de torturas, la capilla no es un sitio de confesiones y rezos, sino de denuncias. Allí, los miembros de la Comisión y los abogados de su Comité contra la Tortura se entrevistaron con casi cien presos. Allí, Cristian contó lo suyo. Lo que sucedió cuatro días después fue la represalia, con más saña que nunca.

El sistema de la crueldad

Quienes reciben en forma cotidiana las denuncias de los presos bonaerenses, temen perder la capacidad de asombro. Son centenares por año. Son verosímiles, logren o no la prueba jurídica. Y son atroces.

Los golpean con palos, gomas, culetazos, puñetazos y patadas. Les dan largas duchas heladas. Los someten sexualmente. Los meten de cabeza en el agua o los ahogan en el “submarino seco” (bolsa de polietileno). O les pasan corriente eléctrica por partes sensibles del cuerpo; un método cuyo invento se atribuye a un policía argentino de los años treinta, Polo Lugones, quien parece tener varios seguidores entre los penitenciarios del siglo XXI.

Aquel 9 de mayo no fue un caso único. “A mediados de los ´90 se habían comprado elementos aplicadores de electricidad”, grafica Brandana. Cuando esa adquisición salió a la luz, recién en 2003, los penitenciaros aseguraron que nunca se habían utilizado; se dictó una resolución prohibiéndolos y se ordenó su destrucción. Sin embargo, entre noviembre de 2003 y marzo de 2004, hubo siete denuncias por uso de picana, que no llegaron a probarse por la tardanza de las pericias.

Más allá del pasaje de electricidad, la tortura es una práctica sistemática y generalizada en cárceles y comisarías. “No son casos aislados como dice el ministro de Justicia, que los adjudica a algún penitenciario loco o descarriado”, refuta el fiscal Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria. El Comité contra la Tortura informó que en el período 2000-2004, se denunciaron unos 3500 hechos “en los que un miembro del Servicio Penitenciario, la policía bonaerense u otras fuerzas de seguridad se encuentra acusado de apremios ilegales, tortura u homicidio”. Este registro sólo incluye casos que llegaron al Poder Judicial. Se elabora con información de jueces, fiscales y defensores, que por resolución de la Corte tienen la obligación de remitirla al Comité, aunque sólo la tercera parte lo hizo.
Además, muchos vejámenes no son denunciados. De eso da cuenta otro Banco de Datos, impulsado por el Defensor de Casación Mario Coriolano, quien tuvo la ocurrencia de contabilizar episodios que los defensores conocían bajo secreto profesional: “47 por ciento constituye la llamada ´cifra negra´, de torturas que no se denuncian. Son centenares de hechos, que se conocen a través de manifestaciones de personas no vinculadas entre sí, a lo largo y a lo ancho de la provincia”. La magnitud de los casos no declarados desmiente el discurso oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que suele minimizar las denuncias alegando que los presos buscan ser trasladados cerca de sus familias. A esa refutación también contribuye lo ocurrido el 9 de mayo; un caso de tortura que sus perpetradores, cubiertos con pasamontañas, creyeron que quedaría impune.

Proteger... la privacidad

El día posterior a que Cristian fuera sometido a la picana en la tristemente célebre Unidad 9, los abogados del Comité recibieron el llamado de una defensora advirtiéndoles lo sucedido. Regresaron allí y pidieron una entrevista con los dos presos, que se demoró porque las autoridades del Penal debieron hacer antes la requisa corporal, un “trámite” que habían olvidado la noche de la tortura. Con marcas en la espalda, la cara, el cuello, los brazos y las piernas, era evidente que “presentaban lesiones”, tal como debieron notificar a la Fiscalía.

Recién cuando estuvieron a solas con el equipo del Comité, relataron lo sucedido aquella noche de mayo. Lo hicieron por separado pero coincidieron en todos los detalles. Cristian hablaba casi sin mover los labios, como si lo hiciera hacia adentro, escondiendo la voz; y la mirada de sus ojos marrones se perdía de a ratos. “Estoy desesperado. Los tipos fueron claros: si sigo denunciando, soy boleta”, advirtió, aunque aceptó llevar su caso al Poder Judicial, patrocinado por Roberto Cipriano. Su compañero, en cambio, prefirió guardar ese dolor como si hubiera sido una pesadilla. Queda poco tiempo para que salga en libertad y no quiere más problemas.

El testimonio de Toledo fue grabado y, aunque lo intentaron, los carceleros no pudieron impedir que el cassete saliera del Penal. Ese mismo día, el subsecretario de Política Penitenciaria firmó la resolución 007, que prohíbe filmar en las cárceles, con la excusa de proteger a los presos. Cuando la barbaridad se supo, el gobernador anunció la derogación de esa medida. Nunca lo hizo. Luego, en octubre, el ministro Eduardo Di Rocco le aclaró a Mosquera que la veda al registro audiovisual o fotográfico no regía para el Comité contra la Tortura. Sin embargo, cuando el 13 de ese mes integrantes del organismo visitaron la Unidad 28 de Magdalena, no les permitieron filmar. Dos días después se produjo en ese penal la masacre en la que murieron 33 personas. Y el titular de la cartera de Justicia, entrevistado en el programa radial de Roman Lejman, negó que aquella visita hubiera existido.

La denuncia de Cristian llegó el 10 de mayo a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, quien solicitó una pericia urgente. Por su parte, miembros de la Comisión se comunicaron con jueces y funcionarios para que se obrara con diligencia. Era la gran oportunidad de probar el uso de picana eléctrica. Efectivamente, el trabajo contrarreloj permitió afirmar lo que hasta entonces era un secreto a voces; o mejor dicho, una certeza sin pruebas jurídicas.

El sistema de la impunidad

Para probar la aplicación de corriente eléctrica, no pueden pasar más de siete días entre el hecho ilegal y la extracción de piel. Sólo por eso hay apenas un caso así probado científicamente. Los pasos burocráticos del Poder Judicial y su Asesoría Pericial garantizan que la mayoría no lleguen a demostrarse.

Hace tres años, la Procuración de la Corte hizo un relevamiento sobre las denuncias de apremios y torturas entre 1998 y 2002. Sobre 3013 causas penales, sólo el 1% había sido elevado a juicio. Desde entonces, las causas que llegaron a condenas se cuentan con los dedos de una mano. Y ninguna considera al delito como “tortura”, sino como “apremio ilegal”. Mientras la primera figura jurídica estipula una pena de 8 a 25 años, al apremio le corresponden entre 1 y 5 y es excarcelable.

Como sostiene un texto reciente de la Comisión por la Memoria, en lo que a impunidad se refiere las responsabilidades son compartidas: “cuando un fiscal no investiga seriamente un hecho denunciado, cuando un juez rechaza un habeas corpus sin indagar por afuera de los involucrados acerca de las causas que demandan su intervención, cuando el juez de ejecución no verifica las condiciones de detención de un interno a su cargo, cuando los defensores oficiales no visitan a sus detenidos, no realizan las gestiones tanto judiciales como administrativas para asegurar la legalidad de los procedimientos y de las detenciones, cuando los jueces difieren la intervención o las realizaciones de juicios, cuando los tribunales superiores tienen en stand by los juicios sin dictar sentencia para ir cerrando trámites, están todos contribuyendo a esta calamidad generalizada que importa un irreparable agravio a la condición humana”.

Al buscar explicaciones, Coriolano remarca el aspecto cultural: “es muy distinta la forma de organizar una investigación según la posición que se tenga: si es enfática y clara contra la tortura, o si se entra en zonas grises, distintas formas de pensar que terminan siendo complacencia, complicidad, acompañamiento, el discurso del tipo de ´bueno, pero a veces un cachetazo bien pegado...´; formas que niegan la existencia o la importancia de la tortura”.

La continuidad respecto a la dictadura, basada en la impunidad de larga data, es otra clave para entender la crueldad.El SPB es una institución que, habiendo integrado la trama de fuerzas que formaron el aparato del terrorismo de Estado, prácticamente no fue revisada en dos décadas de legalidad constitucional. El papel de los penitenciarios recién comenzó a investigarse hace 7 años, en los Juicios por la Verdad que lleva adelante la Cámara Federal de La Plata. Las denuncias por delitos de lesa humanidad dieron lugar a una causa penal que involucra a más de treinta agentes, entre ellos cinco médicos. También hubo quienes participaron del centro clandestino “La Cacha”, en Olmos. Y otro represor del Servicio está siendo investigado por la apropiación de una niña.

Al relacionar ese pasado y el presente, Cipriano es categórico: “son los mismos métodos, los mismos instrumentos y los mismos fines. Porque no es un fin que tenga que ver con sacar información, sino el de castigar”. Rodolfo Walsh escribió a la Junta Militar en 1977: “han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido”.

La prueba

“Había lesiones cortantes, contusas, contusocortantes, escoriaciones, equímosis y había lesiones además por pasaje de corriente eléctrica”, expone ante La Pulseada la perito Emma Virginia Créimer al recordar el reconocimiento médico-legal a Cristian López Toledo. Primero, su peritaje clasificó las múltiples lesiones según su datación. Las que tenían entre 10 y 30 días incluían quemaduras de cigarrillo. Las más recientes fueron estimadas en un lapso menor a 4 días, y algunas de ellas eran “compatibles con marcas de pasaje de corriente eléctrica”: lesiones en los empeines, de color negro parduzco, como costras. “En el conocimiento cabal de que se podía perder la prueba, yo solicité la biopsia inmediata”, señala Créimer. Esa rápida actuación, a contramano de la rutina, le valió “un llamado de atención porque se había extralimitado en su tarea”, cuenta Cipriano. El reto tuvo su compensación: recibió una felicitación de la Corte Suprema y el equipo del Comité contra la Tortura solicitó que los acompañe en sus recorridas por las cárceles.

Los resultados de la biopsia se conocieron el 21 de junio. En el ínterin, Cristian fue paseado por unidades de toda la provincia, sin que cesaran las amenazas, que también llegaron a sus seres más queridos. El primer destino fue Magadalena, donde estaba cuando lo llevaron al peritaje.

–Ojo con las denuncias que hacés, porque las puede terminar pagando tu familia –le advirtieron.

De vuelta en ese penal, un lunes al mediodía, otro interno intentó apuñalarlo. Cristian logró cubrirse la cara y fue herido en el brazo y la pierna. “Lo quisieron matar”, interpreta Cipriano. Lo llamativo del ataque es que el victimario pertenecía al mismo “rancho”. “El rancho es como el grupo de solidaridad más íntimo, más cercano. Entre miembros del rancho habitualmente se llevan bien, comparten lo poco que tienen, y se defienden ante la agresión de otros”. Quizás por eso, buscando una explicación, Cristian corrió tras el agresor, pero fue capturado.

Sin imponerle sanción, esa misma noche lo trasladaron a la Unidad 9 (de donde había salido por haber sido picaneado), luego a Azul y finalmente a Dolores, donde se encontró con el detenido que había querido matarlo. “No sólo en la misma unidad, sino en el mismo pabellón”, remarca Cipriano indignado: “esto no pasa nunca. Cuando un detenido va a una unidad, el Servicio chequea que no haya tenido problemas con los detenidos que están ahí. Esa es la excusa cuando pedís un traslado y no te lo quieren dar”. Ante el inexplicable encuentro, Cristian encaró al agresor, que confesó haber sido obligado por la Gran Familia, le pidió perdón y despejó sus dudas: “tenía que explotar en contra tuya”. En la jerga tumbera, se denomina “coche-bomba” a un preso que, inducido por el Servicio, explota contra otro a puñaladas.

Para entonces, el análisis del taco de piel extraído en mayo demostró, por primera vez desde 1983, la aplicación de electricidad como modalidad de tortura. “Se decidió hacer un relevamiento integral de lo ocurrido”, explica la fiscal del caso, que con varias denuncias acumuladas sobre la Unidad 9 ordenó un allanamiento: “hubo un secuestro bastante grande, de elementos que tendrían vinculación con los hechos denunciados”. Concretamente, se hallaron facas en los casilleros personales de los guardias, un pasamontañas como el que llevaban los torturadores y un calentador de agua que pudo haber servido para pasar corriente eléctrica. Además, los libros probaron que aquella noche de mayo ingresó personal de la División Traslados.

Ante la irrefutable evidencia, el Gobernador desplazó al titular del penal y a siete penitenciarios. Cipriano aclara que “no los echaron, sino que los pasaron a disponibilidad. Están un tiempo así hasta que mañana vuelven a estar... la experiencia es esa”. Felipe Solá dijo también que el Ejecutivo se sumaría a la demanda judicial, pero fue otra promesa incumplida. Ante la prensa, Pérez Esquivel pidió que las cárceles “no continúen siendo un lugar de depósitos humanos, sino establecimientos para la rehabilitación”.

¿Rehabilitación?

“Es cierto que estoy pagando una deuda con la sociedad, pero también es cierto que estoy en la cárcel para ser ´resocializado´ y no para que degraden mi existencia a la de una cosa, objeto de la saña o perversión”. Así finaliza la denuncia firmada por Cristian al día siguiente de ser picaneado. Su pedido sintoniza con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostiene que la privación de la libertad debe tener “como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Cuesta creer, sin embargo, que algo así sea posible en cárceles superpobladas de violencia, donde conviven inocentes con condenados, controlados por un cuerpo militarizado que ve en el preso “un enemigo y no una persona que deben asistir y resguardar en su vida e integridad psicofísica”, como advierte el informe de la Secretaría de Derechos Humanos.

“Si hay trato cruel, inhumano y degradante, no hay posibilidades de reinserción social”, resume el director de Población Carcelaria, que hoy define su tarea como la de “hacer menos bárbara la barbarie”.

El especialista en criminología Elías Neuman es aún más concluyente: “La readaptación social del delincuente nunca se llevó a cabo”. Autor de libros sobre el sistema penal y carcelario, Neuman advierte que “cuando se habla de la readaptación se da por sobreentendido que todos sabemos a lo que aludimos; pero nunca tuvo una definición, ni siquiera descriptiva. Y personalmente, en 40 años de profesión, nunca supe de nadie que se haya readaptado gracias al sistema. Puede que se readapten por tener una familia muy fuerte... Pero el tratamiento... ¿cómo vamos a hablar de tratamiento sino existe el trato? Lo que existe es el maltrato”.

Duro de domar

“Nos dicen que violencia es siempre la de abajo. El delito callejero y urbano es el delito que hace que los políticos manipulen el sistema penal. Y hacen que los ojos se dirijan hacia abajo. Porque si los alzásemos tendríamos que hablar de otros delitos como la corrupción y el soborno, los grandes fraudes administrativos, los delitos de las transnacionales, capaces de hambrear a una región... La violencia principal que tiene nuestro país es el hambre”, aclara Neuman y así nombra el motivo que llevó a miles de pibes a vivir tras las rejas. Cristian es uno de ellos, pero también una excepción: se negó a acostumbrarse al maltrato. Y lo pagó con torturas y continuos traslados que le impiden asentarse, estudiar, mejorar su puntaje, ver a su familia. Recién después de varios meses, tras la intervención del Comité contra la Tortura, se reencontró con sus hijos, y con su madre, cuya muerte había sido una mentira: un elemento más de la tortura que no logró aplacarlo. “Hay una banda de casos de pibes que aparecen ahorcados”, advierte ahora, conciente de que su vida sigue en peligro: “¿Yo me voy a ahorcar? Tengo tres hijos, ¡tengo unas ganas de vivir! No tengo ninguna intención de suicidarme. ¿Y voy a aparecer mañana ahorcado? ¿Qué van a decir ellos? Si ellos se mandaron una macana, que se la aguanten. Si les gusta torturar a las personas, que se la aguanten después cuando uno denuncia. Yo no me puedo quedar callado...”

Desde hace tres años, Cristian pasa cada noche en un sitio oscuro y húmedo donde la vida es una incógnita. Tiene fe y resignación; miedo y valentía. Quiere ver crecer a sus hijos, pero sabe y teme que cualquier noche pueden irrumpir los verdugos; o que cualquier día una faca impersonal puede encontrarlo desprevenido.

 

Gran familia, grandes negocios

Mientras los excluidos que pueblan las cárceles del exterminio están vivos, resultan un negocio para muchos. En una entrevista publicada por Puentes, la revista de la Comisión por la Memoria, la investigadora Pilar Calveiro asocia el incremento mundial de presos con “la existencia de una población sobrante”, cuyo encierro “es una forma de hacerlos entrar al mercado”, mediante “mecanismos por los cuales el encierro de personas se convierte en un negocio”.

“En las cárceles de la Provincia hay bolsones de acciones ilegales muy fuertes”, agrega Alejandro Mosquera, coordinador del Comité contra la Tortura. Ese organismo lo denunció en 2004 con su “Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense. 2000-2004”, cuya actualización anual se conocerá cuando esta revista esté en la calle.

Ese documento asegura que “el delito y la ilegalidad forman parte de la manera de conducir el SPB”. Esto incluye fraudes administrativos, como la “utilización de los recursos del Estado en beneficio propio” o estafas en la liquidación de los peculios.Otro hecho recurrente, pocas veces denunciado, es la utilización de presos como mano de obra para la delincuencia organizada por el propio SPB. El informe también evidencia una extendida red de venta de sustancias prohibidas dentro de las cárceles; el uso de psicofármacos para dopar a grupos de internos; y el canje de “beneficios” por dinero o por realizar tareas que incluyen ser informantes, herir o matar a otro preso, o amenazar a jueces, fiscales o defensores.

La masacre de Magdalena

Hace unas semanas, las prisiones bonaerenses recibieron atención mediática porque las muertes se concentraron en un mismo día. 33 hombres perdieron la vida por asfixia en la Unidad 28, en un episodio que las versiones oficiales intentaron nombrar como “una pelea entre presos” o “un motín”, aunque nada tuvo de eso. “Al principio se habló de una pelea, pero luego se demostró que no hubo ningún herido y que todos los muertos lo fueron por asfixia. Los relatos oficiales fueron cambiando a medida que pasaba el tiempo”, advierte Cañón.

Según consta en un acta elaborada por defensores oficiales que concurrieron al lugar, la tragedia comenzó la noche previa al Día de la Madre, cuando los internos preparaban sus regalos, aparentemente a raíz de un corte de luz u otra medida agresiva que generó un reclamo a raíz del cual el SPB reprimió y se llevó a diez o doce internos del Pabellón 16. “Entonces los presos prenden fuego un par de colchones para protestar. Y lo que está claro es que, en lugar de asistirlos, los dejan encerrados y el Servicio se retira”, interpreta Cipriano.

Los sobrevivientes del incendio fueron rescatados por presos de otros pabellones, que rompieron un candado para liberarlos. Luego, sí, subieron a los techos: los medios tomaron esa imagen para mostrar un motín que nunca habría existido: “lo que hay es una situación de abandono a su suerte o a su muerte de los internos de ese pabellón. No hay ninguna duda: los dejaron morir”, sentencia el abogado del Comité.

Cuando se produjo la masacre de Magdalena, La Pulseada llevaba días gestionando una entrevista con el Ministro de Justicia, que tiene cada día más por responder. La respuesta fue negativa.

Mala medicina

La situación de los médicos que trabajan en las cárceles suele ser otra garantía de impunidad. Según muchos testimonios, estos profesionales son cómplices de tortura o no cumplen con la atención a los presos. Para Hugo Cañón, el problema es que “pertenecen al personal escalafonario del servicio, con lo cual cumplen órdenes y surge una especie de obediencia debida”. En mayo de este año, el Ejecutivo bonaerense dictó una resolución para separarlos del SPB, creando una Dirección General de Salud Penitenciaria en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, postergó su instrumentación hasta marzo de 2006. Actualmente, los médicos siguen en la órbita del SPB, pero ya los consideran “traidores” y “los están amedrentando para que no hagan ningún tipo de verificación médica, a quienes tienen el coraje de hacerla”, denuncia Cañón.

La desatención a la salud es aterradora. “Hay muchas enfermedades curables que, en prisión, llevan a la muerte”, remarca Elías Neuman.

El trabajo en cárceles

Si la “readaptación” fuera una meta de las penitenciarías, el trabajo –junto a la educación– sería un pilar clave. Según cifras oficiales, alrededor de 8000 presos estudian y una cantidad similar son los que trabajan, aunque Juan Scatolini aclara que “hay mucha actividad doméstica, de limpieza, rutinaria” y son pocas las tareas orientadas a lo productivo.

La ampliación de las actividades laborales es una propuesta que requiere mucho cuidado porque puede convertirse en una forma de explotación. El ejemplo son las prisiones estadounidenses, donde el 80% son jóvenes negros y pobres, que trabajan para industrias privadas por unos pocos centavos. Esa es la razón por la que grandes corporaciones han invertido en “la industria de la cárcel”.

“La contratación privada de prisioneros para trabajar fomenta incentivos para encarcelar gente. Las prisiones dependen de estos ingresos. Los accionistas de corporaciones que se lucran con el trabajo de los prisioneros cabildean para que se alarguen las condenas y expandir su fuerza laboral”, indica un estudio del Partido Laboral Progresista, que advierte “una copia de la Alemania Nazi respecto al trabajo esclavista forzado y los campos de concentración”. Allí no hay huelgas ni llegadas tarde; no se pagan seguros, vacaciones ni horas extras.

El fenómeno de la privatización de las cárceles comenzó en los ´80, con los gobiernos de Reagan y Bush padre, pero creció durante la administración Clinton, cuando comenzaron a cotizar en Wall Street. Actualmente hay un centenar de prisiones privadas, que además de tener mano de obra disponible reciben fondos por cada preso, independientemente de los que gasten en mantenerlo. Aunque Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, concentra el 25% de los presos. Mientras en 1972 eran apenas 300.000, en 2000 la cifra de prisioneros-esclavos había ascendido a 2 millones.

Un problema de formación

“Cuando hablás con el personal, te das cuenta que los tipos no pueden pensar en otra forma de gestionar y de trabajar; que se puede hablar de otra manera con el preso y eso va a tener una respuesta más positiva”, observa Carolina Brandana, una abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, que visita casi diariamente los penales bonaerenses. Lo que nota no es casual: los 12.500 carceleros bonaerenses fueron formados “a paso redoblado” por docentes que no se designan por concurso y que en buena parte son funcionarios penitenciarios o personal retirado.

“Si algo odia el preso es al uniforme... Yo diría que sus razones tiene”, sugiere Neuman y asegura que Argentina tiene uno de los pocos sistemas penitenciarios con estructura paramilitar. Su organización nunca se debatió seriamente en la sociedad. Por eso suena atípica la reforma del plan de estudios para los futuros oficiales, promovida desde Población Carcelaria: “Intentamos desmilitarizar. Esto no debe ser una institución armada, sino una institución civil que como un hospital o una escuela debe ser conducida por una persona idónea pero alejada de las concepciones autoritarias. Tienen que estar formados en cuestiones de seguridad, pero también en otras más humanísticas”, propone Scatolini. Asistente social criminológico, fue agente penitenciario desde joven y en 1973 participó de un intento de convertir al SPB en un servicio civil. Por eso fue detenido más de 4 años por la dictadura y en la Unidad 9 lo torturaron con picana eléctrica. Hoy es Director de Población Carcelaria y promueve actividades culturales y educativas en los penales, que contrastan con las condiciones insalubres y la tortura que poco se combaten desde otras áreas del Ministerio de Justicia. Como los sectores más retrógrados del SPB lo consideran el mentor ideológico de cuanta mejoría se produce –que adjudican a una suerte de plan para “destruir la institución”–, está acostumbrado a recibir amenazas. Tiempo atrás, se tramitó en la Legislatura un pedido de informes que consulta si Scatolini se encuentra a disposición de algún penal. Esa suerte de mensaje mafioso, nada anónimo, lleva la firma de una seguidora del ex comisario Luis Patti.

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