NÚMERO 33 - AGOSTO 2005

Otra década con la radio y la TV en manos ajenas
LICENCIA PARA DESINFORMAR

Dentro de un mes, el decreto-ley de radiodifusión cumplirá sus bodas de plata. Quienes tendrán motivos para festejarlo son las grandes corporaciones que poseen las licencias de radio y televisión, beneficiadas por la norma de la dictadura que aún hoy sigue vigente. Todos los gobiernos constitucionales han ignorado la necesidad de que exista una legislación democrática para un área tan sensible. Y el de Kirchner le puso la frutilla a esa torta mal repartida: en lugar de revisar las concesiones, decretó que el lucro y la concentración podrán seguir durante otros cinco mandatos presidenciales.
Por Daniel Badenes

¿Han cambiado las normas de calidad de los medicamentos que consumimos? ¿Qué empresas privadas han alambrado plazas, parques y lagos que deberían ser públicos? ¿Hubo paro de docentes en alguna provincia del país? ¿Qué ricos y poderosos no pagan sus impuestos? ¿Se redujo la cuota que las concesionarias de aeropuertos argentinos deben abonar al Estado? ¿Hay lobbys para frenar la entrada de nuevas prestadoras en el servicio telefónico?

Quien lo sepa, seguro que no lo vio en la tele. Y seguirá sin verlo, ni escucharlo en radio, ni leerlo en la portada de los principales diarios.

Los medios de comunicación más importantes están en pocas manos, y lo estarán por mucho tiempo. La posibilidad de una información plural y veraz ha sido delegada en empresas que prefieren obtener ganancias y defender sus propios intereses. Y si bien no pueden influir "automáticamente" sobre televidentes, oyentes y lectores, sí pueden instalar los temas de discusión. "Uno ve que permanentemente se secuestran temas de la agenda e instalan otros que nos tienen aburridos o idiotizados", reflexiona el diputado nacional Mario Cafiero: "para alargar la agonía de este modelo de exclusión hace falta que los medios de comunicación sigan incumpliendo su deber de informar y presentar opiniones distintas. Uno mira la televisión, escucha la radio o lee los diarios y parece que son todos parte de la misma orquesta...".

El periodista Carlos Gabetta cree que "como ciudadanos, debemos empezar a preocuparnos muchísimo, porque con los medios de comunicación no sólo tomamos nuestras propias decisiones: con ellos se forma la mentalidad de nuestros hijos, que no tienen la fortuna que tuvimos los que nos criamos con la educación pública que este país tuvo hasta 1966".

"En general la sociedad no percibe la importancia de estos temas. Ese es uno de nuestros déficits más importantes", se inquieta Guillermo Mastrini, un estudioso del tema. Pero lejos de ser un debate entre especialistas, la situación de la radiodifusión y la prensa argentina debería llamar la atención de toda la ciudadanía. Para el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe, "esto no es sólo el problema de una elite que quiere tener medios o de un profesionalismo que sólo quiere ejercer el periodismo. Se trata del acceso a la información, que es un derecho humano. Y la sociedad civil es la verdadera titular de ese derecho". Un derecho, como tantos, violado hasta el hartazgo.

Todo Vendido
En los tiempos que corren, "monopolio" es una palabra conocida en nuestro país: se refiere a aquellas áreas donde existe una única empresa, lo que le permite fijar las reglas de juego a su gusto. El término "oligopolio", alude a una situación similar: la oferta está concentrada en unas pocas empresas que pueden ponerse de acuerdo para acordar precios, ejercer presiones sobre el Estado, etcétera. El panorama del sistema de comunicación argentino muestra a las claras un mercado oligopólico. Es un mercado porque la información se considera una mercancía, más que un derecho: se compra, se vende, se lucra. La norma que rige la radiodifusión, por ejemplo, proscribe a los servicios comunitarios: el afán de obtener ganancias es un requisito para ser "legal". En segundo lugar, el sector es oligopólico debido a la concentración, cada vez mayor, de la propiedad de los medios en pocas manos. Mastrini, profesor e investigador de la UBA, advirtió el año pasado a esta revista que "los cuatro primeros operadores de casi todos los campos comunicacionales dominan el 80% de ese mercado": Clarín (Canal 13), Telefónica (Canal 11), el grupo encabezado por Daniel Hadad (Canal 9) y el Grupo Uno de Daniel Vila y el ex ministro y operador del menemismo José Luis Manzano.

La concentración en radio y televisión tiene como garantía un aberrante decreto-ley y el desempeño del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que sistemáticamente obtura la existencia de alternativas. Pero las publicaciones no se quedan atrás: en esa área, quien asegura el banquete es otra obra de la dictadura: una compañía llamada Papel Prensa, que administra la dotación de papel a los diarios. Papel Prensa nació con tres dueños: el Estado y los diarios Clarín y La Nación. Y creció con un objetivo fijado por los dos últimos: impedir que apareciera un periódico importante que les disputara su negocio.

Para colmo, los avances tecnológicos han permitido una mayor integración entre la prensa, la radio, la televisión y la telefonía. Así, desde los años 80 se han formado "multimedios" que concentran negocios y negociados en distintas áreas, inclusive en rubros ajenos a la comunicación.

Entrevistado por la revista Noticias, el periodista Horacio Verbitsky advirtió: "hay grupos empresariales y políticos que usan los medios como guardaespaldas de sus negocios, traicionando a la opinión pública que debería ser su única referencia. Las cuatro licencias estatales de televisión están en manos de grupos que tienen otros intereses, como aeropuertos o telefonía celular. Entonces se entra en una relación promiscua, que es profundamente antidemocrática".

En el pasado, los medios de comunicación eran cuarto poder: se creía que ejercían un control externo y garantizaban el buen funcionamiento de las instituciones republicanas. Hay quienes dudan de que realmente hayan cumplido ese rol. Lo que pocos cuestionan es que, hoy en día, es un mito grande como... la facturación de esas empresas. "Los medios, en su gran mayoría, ya no son el cuarto poder: son una correa de transmisión del poder hacia los ciudadanos. Estoy hablando de los gobiernos, de los partidos políticos, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones", afirma Gabetta. Resulta difícil imaginar cuál es el aporte democrático de multimedios que se rigen por una norma de la dictadura, sólo modificada para empeorarla.

Un decreto para la "seguridad nacional"
La norma que rige los servicios de radio y televisión lleva el número 22.285 y está a punto de cumplir 25 años. Fue ideada en la última dictadura, bajo el imperio de la Doctrina de Seguridad Nacional. Es debido a ese origen que todos los titulares del COMFER en democracia han portado el título de "interventores"; se evitó así la conformación de su directorio, que según el decreto vigente, debe estar integrado por la Armada, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Inteligencia del Estado, entre otros.

"La vigencia de la norma de la dictadura -aclara Gaveta- no es casual. En la medida en que el periodismo deja de ser un cuarto poder, para ser la propia expresión de los poderes establecidos, son necesarias leyes que impidan que los desarrollos tecnológicos y científicos sean aprovechados por la ciudadanía".

Entre sus múltiples aberraciones, el decreto-ley es discriminatorio porque en su artículo 45 establece que ni las cooperativas, ni las asociaciones civiles, ni otro tipo de entidades sin fines de lucro, pueden pretender ser licenciatarias: sólo pueden serlo las sociedades comerciales. De esta forma se define a la radiodifusión necesariamente como un negocio, y se viola los derechos a la igualdad y a la libre expresión. Como sintetizó Mastrini a La Pulseada, "sólo admite que los que piensan que la información es una mercancía sean dueños de la radio y la televisión". Estas limitaciones no sólo se aplican al uso del espacio radioeléctrico, que es un recurso escaso: también están restringidas las licencias para ofrecer televisión por cable.
Aunque el artículo 45 fue declarado inconstitucional en distintos fallos, el COMFER insiste en aplicarlo. Rodríguez Villafañe, abogado de cooperativas y mutuales del interior que quieren ofrecer servicios de radiodifusión, relata su experiencia: "Ganamos en todas las instancias y pedí que me entreguen la licencia. Entonces el COMFER dijo: 'No, se suspende la entrega de licencias'. O sea: para los otros, la ley y la trampa. Para la economía solidaria y el pueblo, ni el derecho que le corresponde".

Pese a lo que sugieren las apariencias, las frecuencias radioeléctricas son de propiedad pública. Ni Clarín, ni Telefónica, ni Daniel Hadad son dueños del aire, sino que se les concedió una licencia para ofrecer el servicio.

Los medios de comunicación privados usan un recurso que es de toda la ciudadanía. Según el decreto de la dictadura, los permisos se entregan por 15 años y se pueden prorrogar "por única vez, y a solicitud de los licenciatarios", por 10 años más. De modo que muchas licencias entregadas al final de la dictadura estarían por vencer definitivamente y deberían someterse a un concurso, algo que los actuales dueños de los medios no quieren por nada del mundo.

Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), cuenta que al final del gobierno de Duhalde estuvo por firmarse un decreto que extendía el negocio por 10 años más, por presión de tres cámaras empresarias: la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA). "El decreto estaba preparado y nosotros lo denunciamos", recuerda Busso: "Se lo entregué a Kirchner y a Lilita Carrió, cuando estaban en campaña. Los dos se horrorizaron: 'es una barbaridad, no puede ser, qué hijo de puta lo que está haciendo Duhalde'. Yo les dije: 'si Duhalde saca este decreto, por 10 años no hay políticas de comunicación y ustedes tienen las manos atadas'. Kirchner prometió pararlo y, efectivamente, lo paró". Pero sólo por un tiempito. Dos años después, en medio de un llamado a "plebiscitar" su gestión, lo firmó de puño y letra. El fin necesita a los medios, habrá pensado.

En busca de eter-nidad
Casa Rosada, 25 de mayo. El presidente y dos periodistas se ubican en torno a una mesa redonda. Tienen puestos auriculares. Cada uno está frente a un micrófono, una botellita de agua mineral y algunos papeles.

-¿Cómo está, Presidente? ¿Bien?
-Bueno, muy bien. Un placer estar con ustedes; a vuestras órdenes.
La declaración de servidumbre, sorpresiva en un mandatario esquivo a las notas periodísticas, sale al aire. Así comienza la entrevista y se escucha en la mayoría de los taxis del país. Sale en la frecuencia AM más potente de la Argentina, que no hace mucho administraba una radio del Estado. El ex presidente Menem se la obsequió a Daniel Hadad, un emblema del éxito rápido y los vínculos mafiosos, que puso a funcionar la "Radio 10" un 24 de marzo, para festejar su cumpleaños junto al del último golpe de Estado. Hadad iba a tenerla hasta el 2015, pero al actual gobierno le pareció poco y le concedió diez años más, de modo que pasarán cinco presidentes hasta que deba devolverla. El empresario del Vale todo también es licenciatario -hasta el 2019- del Canal 9 de televisión abierta, que hoy administra junto a Marcelo Tinelli y Raúl Moneta, un banquero antisemita sobre el que pesan fuertes acusaciones de lavado de dinero.

El diálogo amigable entre Kirchner, Marcelo Longobardi y el xenófobo Oscar González Oro, es el símbolo del pacto entre el gobierno nacional y los grandes multimedios. Pero su expresión más concreta, duradera y comprometedora es el decreto 527 firmado cinco días antes. Su contenido es el mismo que el Presidente antes había cuestionado: una extensión por diez años para las licencias entregadas bajo el amparo de una norma dictatorial que cumplirá sus bodas de plata más vigente que nunca. "Es tan grave como si hubieran privatizado la salud o el sistema educativo", razona Gabetta.

Kirchner presentó el decreto muy poco después de declararse "harto de las presiones corporativas". "Evidentemente, para dejar de estar harto, dio la prórroga que pedían estas corporaciones", bromea Mario Cafiero, autor de un proyecto de ley para anular la decisión que se anunció con la presencia y el aplauso de Hadad y Carlos Fontán Balestra, titular de ATA y ex abogado de Carlos Menem.

En rigor de verdad, las licencias no se prorrogan: se "suspende" por diez años la contabilidad de los plazos previstos. "Es un eufemismo mágico, como si fuera Dios que divide el Océano, dice 'suspéndase el tiempo'. No prorroga: detiene el tiempo", aclara con tono cordobés Rodríguez Villafañe. Obrar más prolijamente hubiera requerido agregar un artículo a la vieja ley, contemplando una segunda prórroga. Eso habría obligado, al menos, a que se verificaran las condiciones en que cada licenciatario está operando y se estableciera un cronograma de mejoras
Nada de eso pasará. El beneficio indiscriminado sólo pone dos condiciones: la inclusión de contenidos educativos y culturales, y la inversión en nuevas tecnologías. La primera es absurda pues ya lo establecía la legislación vigente. La segunda, sin más detalle, no tiene sentido con un Estado que aún no ha definido criterios sobre la televisión digital y otros avances. Por otro lado, si la incorporación de tecnología sirviera como argumento, "con la velocidad de las innovaciones, las licencias deberían ser eternas, desconociendo que utilizan un recurso escaso como las frecuencias radioeléctricas", según se señala en una declaración de los responsables de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, difundida ni bien se conoció el decreto 527.

Sin sorpresas
Durante los '90, todas las políticas neoliberales se argumentaron alegando búsqueda previsibilidad y fomento de las inversiones. Kirchner, que decía haber superado esa etapa, justificó el decreto que detiene el tiempo de las licencias mediáticas diciendo que ahora no habrá "ningún tipo de sorpresas: aspiramos que inviertan sabiendo que hay un país previsible". Y agregó un ingrediente épico: "queremos empresarios nacionales en todas las áreas y queremos que los medios estén en manos de empresarios nacionales".

Sin embargo, la prórroga beneficia por igual a grupos concentrados locales (asociados con extranjeros) y multinacionales de la comunicación. La licencia de Canal 11, que está en manos de Telefónica, durará hasta el 2025. AM Continental y FM Hit, propiedad de otro emporio español (Prisa), se volverán a licitar recién en el 2018. Hasta ese año, también, el grupo mexicano CIE podrá tener sus cinco emisoras AM y FM, entre ellas la Rock&Pop. Clarín, que tendrá Canal 13 hasta 2025, Radio Mitre hasta el 2018 y Multicanal hasta 2016, tampoco es la excepción: el 18% de sus acciones corresponde a Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo.

El secretario académico de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra, cree que el gobierno nacional "cedió ante intereses de los principales grupos de medios, esperando un intercambio de favores ante el escenario electoral de octubre. Pero la historia demuestra que hay una persistente y continua línea de obediencia de los medios a su propio interés comercial, no a la lógica política que pretende domesticarlos en función de otorgarles cada vez más cesiones y concesiones".
"El decreto 527 es una capitulación", sintetiza Néstor Busso, de FARCO: "Los grandes grupos económicos que controlan la comunicación y la información, tienen 10 años más para imponer su discurso único y su modelo de concentración de la riqueza. No hay cambio posible en el país mientras unos pocos controlan la información. No hay democracia posible mientras las mayorías están silenciadas".

La búsqueda democrática
La suspensión del tiempo decretada por Kirchner resultó tan revulsiva para algunos sectores que reavivó un reclamo que lleva más de dos décadas: la sanción de una ley de radiodifusión gestada en y para la democracia. En ese sentido, hace un año se lanzó la Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia (La Pulseada Nº 26), mediante un documento suscripto por más de mil organizaciones y ciudadanos. La "Coalición por una Radiodifusión Democrática" incluyó a todos los gremios de comunicación del país, organismos de derechos humanos, agrupaciones de radiodifusores sin fines de lucro, medios alternativos, universidades y organizaciones de base. Entre todos acordaron 21 puntos básicos que debería contemplar una nueva legislación, que incluían la necesidad de que los medios estatales sean "públicos y no gubernamentales", y que al menos un 33% de las frecuencias se entreguen a entidades sin fines de lucro, que hoy están prácticamente excluidas de la radiodifusión.

En ese sentido, Gabetta señala que la contracara de los desarrollos tecnológicos que han propiciado la formación de multimedios es que "hoy, con un capital pequeño, una asociación vecinal podría disponer de una radio propia (...) ¿Se imaginan a un Intendente que, en vez de ser entrevistado por un periodista de un medio concentrado, tuviera que responderle a un periodista de una asociación de vecinos? Cambiaría por completo el panorama de medios en una sociedad. No digo que todos serían buenos e interesantes, ni que todos tendrían muchísima escucha, digo sencillamente que existirían, y que se formaría un contra-poder importante".

Además de superar esa prohibición, un punto clave radica en la redefinición del órgano de regulación, que debería ser muy distinto del actual COMFER. Becerra aclara que no hay que inventar nada nuevo: "tener una autoridad reglamentaria, un consejo audiovisual o un consejo de radiodifusión, que tenga amplias competencias y un carácter independiente del Poder Ejecutivo... Esto funciona en casi todos los países capitalistas con continuidad jurídica que tienen legislación sobre el sector. Lógicamente, las decisiones de estas autoridades de aplicación también son opinables, pero plantean un escenario absolutamente distinto del que rige en nuestro país".

Voces lejanas
El vetusto decreto-ley que rige la radiodifusión en Argentina no es el único que cumple sus bodas de plata. También carga con un cuarto siglo de vigencia un documento que tuvo una inspiración muy diferente, conocido como "Informe Mc Bride" y aprobado por la Conferencia General de UNESCO en octubre de 1980.

El texto titulado "Un sólo mundo, voces múltiples" fue el resultado de un arduo debate iniciado en el plano internacional durante la década de 1970 sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). "La UNESCO -recuerda Gabetta- le encargó a un Premio Nobel de la Paz, Sean Mc Bride, la elaboración de un informe sobre medios de comunicación en el mundo. Este irlandés se tomó muy en serio su trabajo, formó una comisión internacional que trabajó durante un par de años, y elaboró un informe larguísimo. Este informe prácticamente provocó la desaparición de la UNESCO". Había otras razones, pero fue la gota que rebalsó el vaso: en 1982 Estados Unidos, que aportaba el 25% de su presupuesto, se retiró de ese organismo. Lo mismo hizo Gran Bretaña.

"El Informe McBride tiene el mérito de haber sido el primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional representativo que denunció los profundos desequilibrios existentes en el mundo respecto de la producción y circulación de la información y la comunicación", recordó el mes pasado el célebre investigador belga Armand Mattelart, al inaugurar el III Congreso Panamericano de la Comunicación que se realizó en Buenos Aires. Y aclara: "el énfasis estuvo puesto en las asimetrías entre regiones y países, más que en las producidas al interior de cada unidad nacional. Por eso las recomendaciones a los Estados de contar con medios propios".

Viejas y nuevas esperanzas
En tiempos del informe Mc Bride, hubo un importante impulso a nivel mundial, al menos en los discursos, a la necesidad de desarrollar "políticas nacionales de comunicación" para modificar un escenario donde cada vez había menos voces.
Un reflejo tardío de aquel envión parece ser el proyecto de Televisión del Sur (Telesur) y la Factoría Latinoamericana de Contenidos (FLACO), impulsado por el gobierno de Venezuela con la participación, no tan entusiasta, de otros países como Argentina.

En abril de 2002, el fallido golpe de Estado en Venezuela demostró el peligro que acarrea la concentración de la propiedad de los medios en grupos interesados por sus propios negocios. El derrocamiento de Chávez fue impulsado y festejado por buena parte de las televisoras y radios privadas, mientras quienes ofrecieron otra voz fueron radios comunitarias y espacios "alternativos" cuyo alcance creció por el desprestigio de los medios tradicionales. Los países vecinos no tuvieron esa suerte: lo poco que se sabe de la propia región está enfocado por las cámaras de la cadena norteamericana CNN. El proyecto de Telesur nació para contrarrestar ese desequilibrio informativo: "una alternativa al discurso único de las grandes cadenas informativas y una herramienta al servicio del ideal de integración de las naciones y pueblos latinoamericanos".

El riesgo es que se convierta en un órgano difusor de los gobiernos, más que en un sistema de comunicación público. "Telesur sería un órgano gubernamental... De todos modos es muy interesante. Latinoamérica necesita eso. Ya veremos cómo funciona", aguarda Gabetta, que pese a su simpatía por el gobierno venezolano se declara "por el momento, bastante crítico con el proyecto de Telesur, porque no veo entusiasmo en el asunto, sobre todo de parte argentina".

Eco tardío de los tiempos de Mc Bride, Telesur no recoge demasiadas expectativas. Hoy los académicos y organizaciones sociales parecen más esperanzados en el desarrollo de los espacios comunitarios. "Frente a la persistencia de esos desequilibrios, tanto entre como dentro de los países, se convoca más claramente a jugar un papel central a la propia sociedad civil organizada", señala Matterlart. "Tenemos que generar, promover, fortalecer otro tipo de medios: comunitarios, alternativos, populares, ciudadanos, participativos, como quieran llamarlo", propone Busso, que trabaja en la Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, una de las 6000 radios sin licencia que se establecieron en los '80 y '90.

"Nuestros medios tienen ventajas sobre los comerciales", agrega Martín Iglesias, de FM Ahijuna, una radio cooperativa y comunitaria de Quilmes: "honestidad, ausencia de lucro, una perspectiva de servicio público; tenemos credibilidad y encima no tenemos compromiso con las discográficas". "No hay que condenarse al lugar de alternatividad: los medios comunitarios tenemos que competir y disputar la agenda en términos reales", sugiere.

Busso coincide: "querer enfrentar al grupo Clarín pretendiendo que el gobierno lo ataque es poco realista hoy. Es más realista construir otro modelo comunicacional. Claro, esto no se hace de hoy para mañana. Es una construcción, pero tenemos que hacerla. Y lo primero es convencernos de que se puede...".

Civiles y militares
Las dictaduras han tenido mucho que ver en la definición de políticas comunicacionales. Tal es así que las últimas tres "leyes" que rigieron la radiodifusión nacieron en tiempos de autoritarismo.

La historia de la televisión privada argentina comenzó con un dictador: Pedro Eugenio Aramburu. En 1958 el titular de la autodenominada Revolución Libertadora entregó al mismo tiempo las frecuencias de los canales 9, 11 y 13. Estaba bastante apurado: faltaban tres días para que asumiera en su reemplazo Arturo Frondizi. Por supuesto, los gobiernos constitucionales posteriores ratificaron las licencias. En 1966, el "platense" Canal 2, la cuarta frecuencia privada del país, fue adjudicada por el general Juan Carlos Onganía, y siguió la tradición: los militares hacen, los civiles convalidan.

La caducidad de las licencias entregadas por quince años coincidió con el regreso del peronismo en 1973. En vez de aceptar las prórrogas que pedían los privados, el nuevo gobierno se hizo cargo de los canales, deudas incluidas. La Junta Militar que asumió el poder tras el golpe de 1976, si bien gestaría la norma que rige el área hasta nuestros días definiendo a la radiodifusión como un negocio, le tomó el gusto a la televisión estatal. La torta fue repartida en tercios: el 13 para la Marina, el 11 para la Fuerza Aérea y el 9 para el Ejército.

La re-privatización de la televisión fue obra del menemismo y se basó en las reglas fijadas durante la dictadura. La única modificación a la ley de radiodifusión fue para empeorarla: por decreto, eliminó el artículo que prohibía a propietarios de medios gráficos manejar canales de televisión y evitaba la formación de multimedios que concentraran demasiado poder. Así, por ejemplo, el Canal 13 pasó a manos del Grupo Clarín, que por obra del actual gobierno ya lo tiene asegurado hasta el 2025.

El interior sin aire
En sólo siete provincias argentinas las principales ciudades tienen más de un canal de aire. En otras catorce, sólo hay uno. En Catamarca la televisión se ve por cable o no se ve. Ni siquiera el canal del Estado llega gratuitamente a todo el país. "Al 50 por ciento de la Argentina, geográficamente, no llega nada, ni el Canal 7", confesó el actual interventor del COMFER Julio Bárbaro en julio de 2003, a poco de asumir en esa función: "se ha caído en la demencia de que el que no tiene cable no tiene acceso al canal de aire. Es irracional que exista un cable con noventa señales y al lado un señor que, por no tener los 50 pesos por mes, no tenga nada". Tras dos años de gestión, la demencia continúa.

Ante la imposibilidad de acceder a la televisión abierta, varias cooperativas de servicios públicos intentaron ofrecerla por cable, pero chocaron con el viejo decreto que prohíbe ser licenciatario a quien no tenga deseos de lucrar.

Un ejemplo es la cooperativa de Libertador General San Martín, la localidad jujeña donde está el Ingenio Ledesma. Para garantizar el acceso a la TV, se decidió dar televisión por cable gratis. Entonces empezaron los intentos de decomiso y la batalla judicial con el COMFER. "Le gané todos los juicios en la Justicia Federal de Jujuy, incluida la inconstitucionalidad del artículo 45 a favor de la cooperativa", cuenta Miguel Rodríguez Villafañe, abogado que defendió a la cooperativa. "También logramos que se declare inconstitucional la suspensión de la entrega de licencias. Aún así -agregó-, el COMFER nos declaró clandestinos y ordenó el decomiso. Cuando presenté un recurso de reconsideración, el COMFER dijo que no éramos parte. O sea: nos iban a decomisar pero no éramos parte. Les dije que iba a haber una pueblada y denunciaríamos al mundo que criminalizan a quien quiere dar televisión gratis. Ante eso, el COMFER dijo que seguimos siendo clandestinos, pero que suspende por el momento el decomiso...".

La de Libertador San Martín no es la única antena comunitaria que el COMFER criminaliza. También ha impedido trasmisiones en Santa Rosa (La Pampa), Villa del Totoral, Las Varillas y Santa Rosa del Río Primero (Córdoba). Pero los casos más graves son los de Oberá y Eldorado (Misiones). Allí, el organismo cercenó el acceso a la televisión a poblaciones que sólo reciben gratuitamente canales de Brasil y Paraguay.
"No queremos que en el interior sólo vea Canal 7 y CNN. ¿Cómo construís la democracia local? No podemos dar radiodifusión sólo para transmitir Rambo más barato. Necesitamos que haya contenidos... Buscamos la posibilidad de que haya radios y canales locales, para defender la identidad cultural". Para Rodríguez Villafañe, se trata del "respeto al hombre situado, porque no somos entelequias sin tiempo ni espacio". Por eso también cuestiona la ley de locución, "que se trajo de la experiencia franquista de España, donde para tapar las diferencias entre regiones se obligó a que los locutores tuvieran una voz neutra. Perón lo trajo acá. ¿Cuál es la moraleja? Que si tengo tonada, no tengo cultura... Y qué lindo que es reconocernos en el país con distintas modalidades fonéticas".

¿Desprotegidos o descontrolados?
La extensión de los plazos de las licenciadas firmada por Kirchner se justificó, entre otras cosas, porque las leyes de "emergencia económica" no tuvieron "en cuenta la situación particular que han debido atravesar los licenciatarios de medios". Falso.
En 2003, después de las elecciones presidenciales, el oficialismo votó en el Congreso la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonio Cultural, más conocida como la "ley Clarín", lo cual sugiere bastante sobre sus beneficiarios.

Esa norma estableció que ningún extranjero podría quedarse con más del 30% de empresas que se dedicaran a la producción de "bienes culturales", como los medios de comunicación. "Una ley que no por ser mucho más racional que los intentos anteriores, dejaba de ser un privilegio excesivo. Los antecedentes para esta nueva iniciativa se basaban en una norma similar sancionada en Brasil a pedido de otro de los grandes magnates de los medios, el legendario y fallecido Roberto Marinho, dueño del poderoso grupo O Globo", cuenta el periodista Alejandro Rodríguez Diez en su libro Devaluación y Pesificación: historia secreta.

Damián Loreti, abogado y especialista en comunicación, cuestiona que "es la única ley de Patrimonio Cultural que existe en el mundo que no habla de contenidos". Y no es casual: buena parte de ellos son importados, sobre todo en el caso de la televisión, que dicho sea de paso no acostumbra a pagar impuestos. En junio pasado, la Aduana notificó que les reclamará a los principales canales una suma millonaria: entre Telefé, Canal 13 y un grupo de distribuidoras locales, adeudarían casi 50 millones de pesos. Los canales ingresan las películas al país al precio del casete o el DVD, en vez de declarar el valor de los contratos firmados con las grandes productoras trasnacionales: Telefé importó Shrek al costo de 60 dólares, mientras su contrato con Dreamworks ascendía a 113.415 dólares.

El Sur también existe
Después de dos meses de pruebas, Telesur se lanzó oficialmente el 24 de julio, con una ceremonia en la que se presentaron los miembros de su consejo asesor, entre los que se encuentran Silvio Rodríguez, Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Adolfo Pérez Esquivel y otras figuras reconocidas, inclusive un actor estadounidense: Danny Glover. En nuestro país, Canal 7 emitirá desde agosto un noticiero latinoamericano de media hora diaria.

El objetivo del proyecto es claro: que la región declare la independencia informativa respecto de la CNN estadounidense. La sociedad anónima Nueva Televisión del Sur está integrada por Venezuela, Cuba, Uruguay y Argentina. Aunque aporta uno de sus directores y promete apoyo operativo, Brasil no está asociado y tiene su propio proyecto: TV Brasil Internacional.

El principal impulsor es el gobierno de Hugo Chávez, que puso el 51% de los 10 millones de dólares del capital inicial. La sede central de Telesur está en Caracas. Argentina aportará contenidos audiovisuales y sostendrá una corresponsalía periodística en Buenos Aires.

El subsecretario de Medios de la Presidencia, Gabriel Mariotto, asegura que esto "nos dará la posibilidad de mirar al mundo y a nosotros mismos con nuestros propios ojos. Hoy hay un conflicto en Bolivia y nos lo cuenta la CNN. Ahora también lo vamos a poder contar nosotros. No puede ser que desde los Estados Unidos y Europa se hable de América Latina como un bloque y nosotros no sepamos qué pasa, por ejemplo, con el cine cubano".

La señal de Telesur, transmitida vía satélite, podrá ser bajada gratuitamente a toda América, Europa y el norte de África.

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