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NÚMERO
33 - AGOSTO 2005
Otra década
con la radio y la TV en manos ajenas
LICENCIA PARA DESINFORMAR
Dentro de un mes, el decreto-ley de radiodifusión cumplirá
sus bodas de plata. Quienes tendrán motivos para festejarlo
son las grandes corporaciones que poseen las licencias de radio
y televisión, beneficiadas por la norma de la dictadura que
aún hoy sigue vigente. Todos los gobiernos constitucionales
han ignorado la necesidad de que exista una legislación democrática
para un área tan sensible. Y el de Kirchner le puso la frutilla
a esa torta mal repartida: en lugar de revisar las concesiones,
decretó que el lucro y la concentración podrán
seguir durante otros cinco mandatos presidenciales.
Por Daniel Badenes
¿Han
cambiado las normas de calidad de los medicamentos que consumimos?
¿Qué empresas privadas han alambrado plazas, parques
y lagos que deberían ser públicos? ¿Hubo paro
de docentes en alguna provincia del país? ¿Qué
ricos y poderosos no pagan sus impuestos? ¿Se redujo la cuota
que las concesionarias de aeropuertos argentinos deben abonar al
Estado? ¿Hay lobbys para frenar la entrada de nuevas prestadoras
en el servicio telefónico?
Quien lo sepa, seguro que no lo vio en la tele. Y seguirá
sin verlo, ni escucharlo en radio, ni leerlo en la portada de los
principales diarios.
Los medios de comunicación más importantes están
en pocas manos, y lo estarán por mucho tiempo. La posibilidad
de una información plural y veraz ha sido delegada en empresas
que prefieren obtener ganancias y defender sus propios intereses.
Y si bien no pueden influir "automáticamente" sobre
televidentes, oyentes y lectores, sí pueden instalar los
temas de discusión. "Uno ve que permanentemente se secuestran
temas de la agenda e instalan otros que nos tienen aburridos o idiotizados",
reflexiona el diputado nacional Mario Cafiero: "para alargar
la agonía de este modelo de exclusión hace falta que
los medios de comunicación sigan incumpliendo su deber de
informar y presentar opiniones distintas. Uno mira la televisión,
escucha la radio o lee los diarios y parece que son todos parte
de la misma orquesta...".
El periodista Carlos Gabetta cree que "como ciudadanos, debemos
empezar a preocuparnos muchísimo, porque con los medios de
comunicación no sólo tomamos nuestras propias decisiones:
con ellos se forma la mentalidad de nuestros hijos, que no tienen
la fortuna que tuvimos los que nos criamos con la educación
pública que este país tuvo hasta 1966".
"En general la sociedad no percibe la importancia de estos
temas. Ese es uno de nuestros déficits más importantes",
se inquieta Guillermo Mastrini, un estudioso del tema. Pero lejos
de ser un debate entre especialistas, la situación de la
radiodifusión y la prensa argentina debería llamar
la atención de toda la ciudadanía. Para el presidente
de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información
y de la Comunicación, Miguel Rodríguez Villafañe,
"esto no es sólo el problema de una elite que quiere
tener medios o de un profesionalismo que sólo quiere ejercer
el periodismo. Se trata del acceso a la información, que
es un derecho humano. Y la sociedad civil es la verdadera titular
de ese derecho". Un derecho, como tantos, violado hasta el
hartazgo.
Todo Vendido
En los tiempos que corren, "monopolio" es una palabra
conocida en nuestro país: se refiere a aquellas áreas
donde existe una única empresa, lo que le permite fijar las
reglas de juego a su gusto. El término "oligopolio",
alude a una situación similar: la oferta está concentrada
en unas pocas empresas que pueden ponerse de acuerdo para acordar
precios, ejercer presiones sobre el Estado, etcétera. El
panorama del sistema de comunicación argentino muestra a
las claras un mercado oligopólico. Es un mercado porque la
información se considera una mercancía, más
que un derecho: se compra, se vende, se lucra. La norma que rige
la radiodifusión, por ejemplo, proscribe a los servicios
comunitarios: el afán de obtener ganancias es un requisito
para ser "legal". En segundo lugar, el sector es oligopólico
debido a la concentración, cada vez mayor, de la propiedad
de los medios en pocas manos. Mastrini, profesor e investigador
de la UBA, advirtió el año pasado a esta revista que
"los cuatro primeros operadores de casi todos los campos comunicacionales
dominan el 80% de ese mercado": Clarín (Canal 13), Telefónica
(Canal 11), el grupo encabezado por Daniel Hadad (Canal 9) y el
Grupo Uno de Daniel Vila y el ex ministro y operador del menemismo
José Luis Manzano.
La concentración en radio y televisión tiene como
garantía un aberrante decreto-ley y el desempeño del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que sistemáticamente
obtura la existencia de alternativas. Pero las publicaciones no
se quedan atrás: en esa área, quien asegura el banquete
es otra obra de la dictadura: una compañía llamada
Papel Prensa, que administra la dotación de papel a los diarios.
Papel Prensa nació con tres dueños: el Estado y los
diarios Clarín y La Nación. Y creció con un
objetivo fijado por los dos últimos: impedir que apareciera
un periódico importante que les disputara su negocio.
Para colmo, los avances tecnológicos han permitido una mayor
integración entre la prensa, la radio, la televisión
y la telefonía. Así, desde los años 80 se han
formado "multimedios" que concentran negocios y negociados
en distintas áreas, inclusive en rubros ajenos a la comunicación.
Entrevistado por la revista Noticias, el periodista Horacio Verbitsky
advirtió: "hay grupos empresariales y políticos
que usan los medios como guardaespaldas de sus negocios, traicionando
a la opinión pública que debería ser su única
referencia. Las cuatro licencias estatales de televisión
están en manos de grupos que tienen otros intereses, como
aeropuertos o telefonía celular. Entonces se entra en una
relación promiscua, que es profundamente antidemocrática".
En el pasado, los medios de comunicación eran cuarto poder:
se creía que ejercían un control externo y garantizaban
el buen funcionamiento de las instituciones republicanas. Hay quienes
dudan de que realmente hayan cumplido ese rol. Lo que pocos cuestionan
es que, hoy en día, es un mito grande como... la facturación
de esas empresas. "Los medios, en su gran mayoría, ya
no son el cuarto poder: son una correa de transmisión del
poder hacia los ciudadanos. Estoy hablando de los gobiernos, de
los partidos políticos, de las grandes empresas, de las grandes
corporaciones", afirma Gabetta. Resulta difícil imaginar
cuál es el aporte democrático de multimedios que se
rigen por una norma de la dictadura, sólo modificada para
empeorarla.
Un decreto
para la "seguridad nacional"
La norma que rige los servicios de radio y televisión lleva
el número 22.285 y está a punto de cumplir 25 años.
Fue ideada en la última dictadura, bajo el imperio de la
Doctrina de Seguridad Nacional. Es debido a ese origen que todos
los titulares del COMFER en democracia han portado el título
de "interventores"; se evitó así la conformación
de su directorio, que según el decreto vigente, debe estar
integrado por la Armada, la Fuerza Aérea y la Secretaría
de Inteligencia del Estado, entre otros.
"La vigencia de la norma de la dictadura -aclara Gaveta- no
es casual. En la medida en que el periodismo deja de ser un cuarto
poder, para ser la propia expresión de los poderes establecidos,
son necesarias leyes que impidan que los desarrollos tecnológicos
y científicos sean aprovechados por la ciudadanía".
Entre sus múltiples aberraciones, el decreto-ley es discriminatorio
porque en su artículo 45 establece que ni las cooperativas,
ni las asociaciones civiles, ni otro tipo de entidades sin fines
de lucro, pueden pretender ser licenciatarias: sólo pueden
serlo las sociedades comerciales. De esta forma se define a la radiodifusión
necesariamente como un negocio, y se viola los derechos a la igualdad
y a la libre expresión. Como sintetizó Mastrini a
La Pulseada, "sólo admite que los que piensan que la
información es una mercancía sean dueños de
la radio y la televisión". Estas limitaciones no sólo
se aplican al uso del espacio radioeléctrico, que es un recurso
escaso: también están restringidas las licencias para
ofrecer televisión por cable.
Aunque el artículo 45 fue declarado inconstitucional en distintos
fallos, el COMFER insiste en aplicarlo. Rodríguez Villafañe,
abogado de cooperativas y mutuales del interior que quieren ofrecer
servicios de radiodifusión, relata su experiencia: "Ganamos
en todas las instancias y pedí que me entreguen la licencia.
Entonces el COMFER dijo: 'No, se suspende la entrega de licencias'.
O sea: para los otros, la ley y la trampa. Para la economía
solidaria y el pueblo, ni el derecho que le corresponde".
Pese a lo que sugieren las apariencias, las frecuencias radioeléctricas
son de propiedad pública. Ni Clarín, ni Telefónica,
ni Daniel Hadad son dueños del aire, sino que se les concedió
una licencia para ofrecer el servicio.
Los medios de comunicación privados usan un recurso que es
de toda la ciudadanía. Según el decreto de la dictadura,
los permisos se entregan por 15 años y se pueden prorrogar
"por única vez, y a solicitud de los licenciatarios",
por 10 años más. De modo que muchas licencias entregadas
al final de la dictadura estarían por vencer definitivamente
y deberían someterse a un concurso, algo que los actuales
dueños de los medios no quieren por nada del mundo.
Néstor Busso, del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO),
cuenta que al final del gobierno de Duhalde estuvo por firmarse
un decreto que extendía el negocio por 10 años más,
por presión de tres cámaras empresarias: la Asociación
de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), la Asociación
Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Asociación
de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA). "El decreto estaba
preparado y nosotros lo denunciamos", recuerda Busso: "Se
lo entregué a Kirchner y a Lilita Carrió, cuando estaban
en campaña. Los dos se horrorizaron: 'es una barbaridad,
no puede ser, qué hijo de puta lo que está haciendo
Duhalde'. Yo les dije: 'si Duhalde saca este decreto, por 10 años
no hay políticas de comunicación y ustedes tienen
las manos atadas'. Kirchner prometió pararlo y, efectivamente,
lo paró". Pero sólo por un tiempito. Dos años
después, en medio de un llamado a "plebiscitar"
su gestión, lo firmó de puño y letra. El fin
necesita a los medios, habrá pensado.
En busca
de eter-nidad
Casa Rosada, 25 de mayo. El presidente y dos periodistas se ubican
en torno a una mesa redonda. Tienen puestos auriculares. Cada uno
está frente a un micrófono, una botellita de agua
mineral y algunos papeles.
-¿Cómo está, Presidente? ¿Bien?
-Bueno, muy bien. Un placer estar con ustedes; a vuestras órdenes.
La declaración de servidumbre, sorpresiva en un mandatario
esquivo a las notas periodísticas, sale al aire. Así
comienza la entrevista y se escucha en la mayoría de los
taxis del país. Sale en la frecuencia AM más potente
de la Argentina, que no hace mucho administraba una radio del Estado.
El ex presidente Menem se la obsequió a Daniel Hadad, un
emblema del éxito rápido y los vínculos mafiosos,
que puso a funcionar la "Radio 10" un 24 de marzo, para
festejar su cumpleaños junto al del último golpe de
Estado. Hadad iba a tenerla hasta el 2015, pero al actual gobierno
le pareció poco y le concedió diez años más,
de modo que pasarán cinco presidentes hasta que deba devolverla.
El empresario del Vale todo también es licenciatario -hasta
el 2019- del Canal 9 de televisión abierta, que hoy administra
junto a Marcelo Tinelli y Raúl Moneta, un banquero antisemita
sobre el que pesan fuertes acusaciones de lavado de dinero.
El diálogo amigable entre Kirchner, Marcelo Longobardi y
el xenófobo Oscar González Oro, es el símbolo
del pacto entre el gobierno nacional y los grandes multimedios.
Pero su expresión más concreta, duradera y comprometedora
es el decreto 527 firmado cinco días antes. Su contenido
es el mismo que el Presidente antes había cuestionado: una
extensión por diez años para las licencias entregadas
bajo el amparo de una norma dictatorial que cumplirá sus
bodas de plata más vigente que nunca. "Es tan grave
como si hubieran privatizado la salud o el sistema educativo",
razona Gabetta.
Kirchner presentó el decreto muy poco después de declararse
"harto de las presiones corporativas". "Evidentemente,
para dejar de estar harto, dio la prórroga que pedían
estas corporaciones", bromea Mario Cafiero, autor de un proyecto
de ley para anular la decisión que se anunció con
la presencia y el aplauso de Hadad y Carlos Fontán Balestra,
titular de ATA y ex abogado de Carlos Menem.
En rigor de verdad, las licencias no se prorrogan: se "suspende"
por diez años la contabilidad de los plazos previstos. "Es
un eufemismo mágico, como si fuera Dios que divide el Océano,
dice 'suspéndase el tiempo'. No prorroga: detiene el tiempo",
aclara con tono cordobés Rodríguez Villafañe.
Obrar más prolijamente hubiera requerido agregar un artículo
a la vieja ley, contemplando una segunda prórroga. Eso habría
obligado, al menos, a que se verificaran las condiciones en que
cada licenciatario está operando y se estableciera un cronograma
de mejoras
Nada de eso pasará. El beneficio indiscriminado sólo
pone dos condiciones: la inclusión de contenidos educativos
y culturales, y la inversión en nuevas tecnologías.
La primera es absurda pues ya lo establecía la legislación
vigente. La segunda, sin más detalle, no tiene sentido con
un Estado que aún no ha definido criterios sobre la televisión
digital y otros avances. Por otro lado, si la incorporación
de tecnología sirviera como argumento, "con la velocidad
de las innovaciones, las licencias deberían ser eternas,
desconociendo que utilizan un recurso escaso como las frecuencias
radioeléctricas", según se señala en una
declaración de los responsables de la carrera de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, difundida
ni bien se conoció el decreto 527.
Sin sorpresas
Durante los '90, todas las políticas neoliberales se argumentaron
alegando búsqueda previsibilidad y fomento de las inversiones.
Kirchner, que decía haber superado esa etapa, justificó
el decreto que detiene el tiempo de las licencias mediáticas
diciendo que ahora no habrá "ningún tipo de sorpresas:
aspiramos que inviertan sabiendo que hay un país previsible".
Y agregó un ingrediente épico: "queremos empresarios
nacionales en todas las áreas y queremos que los medios estén
en manos de empresarios nacionales".
Sin embargo, la prórroga beneficia por igual a grupos concentrados
locales (asociados con extranjeros) y multinacionales de la comunicación.
La licencia de Canal 11, que está en manos de Telefónica,
durará hasta el 2025. AM Continental y FM Hit, propiedad
de otro emporio español (Prisa), se volverán a licitar
recién en el 2018. Hasta ese año, también,
el grupo mexicano CIE podrá tener sus cinco emisoras AM y
FM, entre ellas la Rock&Pop. Clarín, que tendrá
Canal 13 hasta 2025, Radio Mitre hasta el 2018 y Multicanal hasta
2016, tampoco es la excepción: el 18% de sus acciones corresponde
a Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más
importantes del mundo.
El secretario académico de la Universidad Nacional de Quilmes,
Martín Becerra, cree que el gobierno nacional "cedió
ante intereses de los principales grupos de medios, esperando un
intercambio de favores ante el escenario electoral de octubre. Pero
la historia demuestra que hay una persistente y continua línea
de obediencia de los medios a su propio interés comercial,
no a la lógica política que pretende domesticarlos
en función de otorgarles cada vez más cesiones y concesiones".
"El decreto 527 es una capitulación", sintetiza
Néstor Busso, de FARCO: "Los grandes grupos económicos
que controlan la comunicación y la información, tienen
10 años más para imponer su discurso único
y su modelo de concentración de la riqueza. No hay cambio
posible en el país mientras unos pocos controlan la información.
No hay democracia posible mientras las mayorías están
silenciadas".
La búsqueda
democrática
La suspensión del tiempo decretada por Kirchner resultó
tan revulsiva para algunos sectores que reavivó un reclamo
que lleva más de dos décadas: la sanción de
una ley de radiodifusión gestada en y para la democracia.
En ese sentido, hace un año se lanzó la Iniciativa
Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia
(La Pulseada Nº 26), mediante un documento suscripto por más
de mil organizaciones y ciudadanos. La "Coalición por
una Radiodifusión Democrática" incluyó
a todos los gremios de comunicación del país, organismos
de derechos humanos, agrupaciones de radiodifusores sin fines de
lucro, medios alternativos, universidades y organizaciones de base.
Entre todos acordaron 21 puntos básicos que debería
contemplar una nueva legislación, que incluían la
necesidad de que los medios estatales sean "públicos
y no gubernamentales", y que al menos un 33% de las frecuencias
se entreguen a entidades sin fines de lucro, que hoy están
prácticamente excluidas de la radiodifusión.
En ese sentido, Gabetta señala que la contracara de los desarrollos
tecnológicos que han propiciado la formación de multimedios
es que "hoy, con un capital pequeño, una asociación
vecinal podría disponer de una radio propia (...) ¿Se
imaginan a un Intendente que, en vez de ser entrevistado por un
periodista de un medio concentrado, tuviera que responderle a un
periodista de una asociación de vecinos? Cambiaría
por completo el panorama de medios en una sociedad. No digo que
todos serían buenos e interesantes, ni que todos tendrían
muchísima escucha, digo sencillamente que existirían,
y que se formaría un contra-poder importante".
Además de superar esa prohibición, un punto clave
radica en la redefinición del órgano de regulación,
que debería ser muy distinto del actual COMFER. Becerra aclara
que no hay que inventar nada nuevo: "tener una autoridad reglamentaria,
un consejo audiovisual o un consejo de radiodifusión, que
tenga amplias competencias y un carácter independiente del
Poder Ejecutivo... Esto funciona en casi todos los países
capitalistas con continuidad jurídica que tienen legislación
sobre el sector. Lógicamente, las decisiones de estas autoridades
de aplicación también son opinables, pero plantean
un escenario absolutamente distinto del que rige en nuestro país".
Voces lejanas
El vetusto decreto-ley que rige la radiodifusión en Argentina
no es el único que cumple sus bodas de plata. También
carga con un cuarto siglo de vigencia un documento que tuvo una
inspiración muy diferente, conocido como "Informe Mc
Bride" y aprobado por la Conferencia General de UNESCO en octubre
de 1980.
El texto titulado "Un sólo mundo, voces múltiples"
fue el resultado de un arduo debate iniciado en el plano internacional
durante la década de 1970 sobre el Nuevo Orden Mundial de
la Información y la Comunicación (NOMIC). "La
UNESCO -recuerda Gabetta- le encargó a un Premio Nobel de
la Paz, Sean Mc Bride, la elaboración de un informe sobre
medios de comunicación en el mundo. Este irlandés
se tomó muy en serio su trabajo, formó una comisión
internacional que trabajó durante un par de años,
y elaboró un informe larguísimo. Este informe prácticamente
provocó la desaparición de la UNESCO". Había
otras razones, pero fue la gota que rebalsó el vaso: en 1982
Estados Unidos, que aportaba el 25% de su presupuesto, se retiró
de ese organismo. Lo mismo hizo Gran Bretaña.
"El Informe McBride tiene el mérito de haber sido el
primer pronunciamiento oficial realizado desde un organismo internacional
representativo que denunció los profundos desequilibrios
existentes en el mundo respecto de la producción y circulación
de la información y la comunicación", recordó
el mes pasado el célebre investigador belga Armand Mattelart,
al inaugurar el III Congreso Panamericano de la Comunicación
que se realizó en Buenos Aires. Y aclara: "el énfasis
estuvo puesto en las asimetrías entre regiones y países,
más que en las producidas al interior de cada unidad nacional.
Por eso las recomendaciones a los Estados de contar con medios propios".
Viejas y
nuevas esperanzas
En tiempos del informe Mc Bride, hubo un importante impulso a nivel
mundial, al menos en los discursos, a la necesidad de desarrollar
"políticas nacionales de comunicación" para
modificar un escenario donde cada vez había menos voces.
Un reflejo tardío de aquel envión parece ser el proyecto
de Televisión del Sur (Telesur) y la Factoría Latinoamericana
de Contenidos (FLACO), impulsado por el gobierno de Venezuela con
la participación, no tan entusiasta, de otros países
como Argentina.
En abril de 2002, el fallido golpe de Estado en Venezuela demostró
el peligro que acarrea la concentración de la propiedad de
los medios en grupos interesados por sus propios negocios. El derrocamiento
de Chávez fue impulsado y festejado por buena parte de las
televisoras y radios privadas, mientras quienes ofrecieron otra
voz fueron radios comunitarias y espacios "alternativos"
cuyo alcance creció por el desprestigio de los medios tradicionales.
Los países vecinos no tuvieron esa suerte: lo poco que se
sabe de la propia región está enfocado por las cámaras
de la cadena norteamericana CNN. El proyecto de Telesur nació
para contrarrestar ese desequilibrio informativo: "una alternativa
al discurso único de las grandes cadenas informativas y una
herramienta al servicio del ideal de integración de las naciones
y pueblos latinoamericanos".
El riesgo es que se convierta en un órgano difusor de los
gobiernos, más que en un sistema de comunicación público.
"Telesur sería un órgano gubernamental... De
todos modos es muy interesante. Latinoamérica necesita eso.
Ya veremos cómo funciona", aguarda Gabetta, que pese
a su simpatía por el gobierno venezolano se declara "por
el momento, bastante crítico con el proyecto de Telesur,
porque no veo entusiasmo en el asunto, sobre todo de parte argentina".
Eco tardío de los tiempos de Mc Bride, Telesur no recoge
demasiadas expectativas. Hoy los académicos y organizaciones
sociales parecen más esperanzados en el desarrollo de los
espacios comunitarios. "Frente a la persistencia de esos desequilibrios,
tanto entre como dentro de los países, se convoca más
claramente a jugar un papel central a la propia sociedad civil organizada",
señala Matterlart. "Tenemos que generar, promover, fortalecer
otro tipo de medios: comunitarios, alternativos, populares, ciudadanos,
participativos, como quieran llamarlo", propone Busso, que
trabaja en la Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, una de
las 6000 radios sin licencia que se establecieron en los '80 y '90.
"Nuestros medios tienen ventajas sobre los comerciales",
agrega Martín Iglesias, de FM Ahijuna, una radio cooperativa
y comunitaria de Quilmes: "honestidad, ausencia de lucro, una
perspectiva de servicio público; tenemos credibilidad y encima
no tenemos compromiso con las discográficas". "No
hay que condenarse al lugar de alternatividad: los medios comunitarios
tenemos que competir y disputar la agenda en términos reales",
sugiere.
Busso coincide: "querer enfrentar al grupo Clarín pretendiendo
que el gobierno lo ataque es poco realista hoy. Es más realista
construir otro modelo comunicacional. Claro, esto no se hace de
hoy para mañana. Es una construcción, pero tenemos
que hacerla. Y lo primero es convencernos de que se puede...".
Civiles y
militares
Las dictaduras han tenido mucho que ver en la definición
de políticas comunicacionales. Tal es así que las
últimas tres "leyes" que rigieron la radiodifusión
nacieron en tiempos de autoritarismo.
La historia de la televisión privada argentina comenzó
con un dictador: Pedro Eugenio Aramburu. En 1958 el titular de la
autodenominada Revolución Libertadora entregó al mismo
tiempo las frecuencias de los canales 9, 11 y 13. Estaba bastante
apurado: faltaban tres días para que asumiera en su reemplazo
Arturo Frondizi. Por supuesto, los gobiernos constitucionales posteriores
ratificaron las licencias. En 1966, el "platense" Canal
2, la cuarta frecuencia privada del país, fue adjudicada
por el general Juan Carlos Onganía, y siguió la tradición:
los militares hacen, los civiles convalidan.
La caducidad de las licencias entregadas por quince años
coincidió con el regreso del peronismo en 1973. En vez de
aceptar las prórrogas que pedían los privados, el
nuevo gobierno se hizo cargo de los canales, deudas incluidas. La
Junta Militar que asumió el poder tras el golpe de 1976,
si bien gestaría la norma que rige el área hasta nuestros
días definiendo a la radiodifusión como un negocio,
le tomó el gusto a la televisión estatal. La torta
fue repartida en tercios: el 13 para la Marina, el 11 para la Fuerza
Aérea y el 9 para el Ejército.
La re-privatización de la televisión fue obra del
menemismo y se basó en las reglas fijadas durante la dictadura.
La única modificación a la ley de radiodifusión
fue para empeorarla: por decreto, eliminó el artículo
que prohibía a propietarios de medios gráficos manejar
canales de televisión y evitaba la formación de multimedios
que concentraran demasiado poder. Así, por ejemplo, el Canal
13 pasó a manos del Grupo Clarín, que por obra del
actual gobierno ya lo tiene asegurado hasta el 2025.
El interior
sin aire
En sólo siete provincias argentinas las principales ciudades
tienen más de un canal de aire. En otras catorce, sólo
hay uno. En Catamarca la televisión se ve por cable o no
se ve. Ni siquiera el canal del Estado llega gratuitamente a todo
el país. "Al 50 por ciento de la Argentina, geográficamente,
no llega nada, ni el Canal 7", confesó el actual interventor
del COMFER Julio Bárbaro en julio de 2003, a poco de asumir
en esa función: "se ha caído en la demencia de
que el que no tiene cable no tiene acceso al canal de aire. Es irracional
que exista un cable con noventa señales y al lado un señor
que, por no tener los 50 pesos por mes, no tenga nada". Tras
dos años de gestión, la demencia continúa.
Ante la imposibilidad de acceder a la televisión abierta,
varias cooperativas de servicios públicos intentaron ofrecerla
por cable, pero chocaron con el viejo decreto que prohíbe
ser licenciatario a quien no tenga deseos de lucrar.
Un ejemplo es la cooperativa de Libertador General San Martín,
la localidad jujeña donde está el Ingenio Ledesma.
Para garantizar el acceso a la TV, se decidió dar televisión
por cable gratis. Entonces empezaron los intentos de decomiso y
la batalla judicial con el COMFER. "Le gané todos los
juicios en la Justicia Federal de Jujuy, incluida la inconstitucionalidad
del artículo 45 a favor de la cooperativa", cuenta Miguel
Rodríguez Villafañe, abogado que defendió a
la cooperativa. "También logramos que se declare inconstitucional
la suspensión de la entrega de licencias. Aún así
-agregó-, el COMFER nos declaró clandestinos y ordenó
el decomiso. Cuando presenté un recurso de reconsideración,
el COMFER dijo que no éramos parte. O sea: nos iban a decomisar
pero no éramos parte. Les dije que iba a haber una pueblada
y denunciaríamos al mundo que criminalizan a quien quiere
dar televisión gratis. Ante eso, el COMFER dijo que seguimos
siendo clandestinos, pero que suspende por el momento el decomiso...".
La de Libertador San Martín no es la única antena
comunitaria que el COMFER criminaliza. También ha impedido
trasmisiones en Santa Rosa (La Pampa), Villa del Totoral, Las Varillas
y Santa Rosa del Río Primero (Córdoba). Pero los casos
más graves son los de Oberá y Eldorado (Misiones).
Allí, el organismo cercenó el acceso a la televisión
a poblaciones que sólo reciben gratuitamente canales de Brasil
y Paraguay.
"No queremos que en el interior sólo vea Canal 7 y CNN.
¿Cómo construís la democracia local? No podemos
dar radiodifusión sólo para transmitir Rambo más
barato. Necesitamos que haya contenidos... Buscamos la posibilidad
de que haya radios y canales locales, para defender la identidad
cultural". Para Rodríguez Villafañe, se trata
del "respeto al hombre situado, porque no somos entelequias
sin tiempo ni espacio". Por eso también cuestiona la
ley de locución, "que se trajo de la experiencia franquista
de España, donde para tapar las diferencias entre regiones
se obligó a que los locutores tuvieran una voz neutra. Perón
lo trajo acá. ¿Cuál es la moraleja? Que si
tengo tonada, no tengo cultura... Y qué lindo que es reconocernos
en el país con distintas modalidades fonéticas".
¿Desprotegidos
o descontrolados?
La extensión de los plazos de las licenciadas firmada por
Kirchner se justificó, entre otras cosas, porque las leyes
de "emergencia económica" no tuvieron "en
cuenta la situación particular que han debido atravesar los
licenciatarios de medios". Falso.
En 2003, después de las elecciones presidenciales, el oficialismo
votó en el Congreso la Ley de Preservación de Bienes
y Patrimonio Cultural, más conocida como la "ley Clarín",
lo cual sugiere bastante sobre sus beneficiarios.
Esa norma estableció que ningún extranjero podría
quedarse con más del 30% de empresas que se dedicaran a la
producción de "bienes culturales", como los medios
de comunicación. "Una ley que no por ser mucho más
racional que los intentos anteriores, dejaba de ser un privilegio
excesivo. Los antecedentes para esta nueva iniciativa se basaban
en una norma similar sancionada en Brasil a pedido de otro de los
grandes magnates de los medios, el legendario y fallecido Roberto
Marinho, dueño del poderoso grupo O Globo", cuenta el
periodista Alejandro Rodríguez Diez en su libro Devaluación
y Pesificación: historia secreta.
Damián Loreti, abogado y especialista en comunicación,
cuestiona que "es la única ley de Patrimonio Cultural
que existe en el mundo que no habla de contenidos". Y no es
casual: buena parte de ellos son importados, sobre todo en el caso
de la televisión, que dicho sea de paso no acostumbra a pagar
impuestos. En junio pasado, la Aduana notificó que les reclamará
a los principales canales una suma millonaria: entre Telefé,
Canal 13 y un grupo de distribuidoras locales, adeudarían
casi 50 millones de pesos. Los canales ingresan las películas
al país al precio del casete o el DVD, en vez de declarar
el valor de los contratos firmados con las grandes productoras trasnacionales:
Telefé importó Shrek al costo de 60 dólares,
mientras su contrato con Dreamworks ascendía a 113.415 dólares.
El Sur también
existe
Después de dos meses de pruebas, Telesur se lanzó
oficialmente el 24 de julio, con una ceremonia en la que se presentaron
los miembros de su consejo asesor, entre los que se encuentran Silvio
Rodríguez, Eduardo Galeano, Ignacio Ramonet, Adolfo Pérez
Esquivel y otras figuras reconocidas, inclusive un actor estadounidense:
Danny Glover. En nuestro país, Canal 7 emitirá desde
agosto un noticiero latinoamericano de media hora diaria.
El objetivo del proyecto es claro: que la región declare
la independencia informativa respecto de la CNN estadounidense.
La sociedad anónima Nueva Televisión del Sur está
integrada por Venezuela, Cuba, Uruguay y Argentina. Aunque aporta
uno de sus directores y promete apoyo operativo, Brasil no está
asociado y tiene su propio proyecto: TV Brasil Internacional.
El principal impulsor es el gobierno de Hugo Chávez, que
puso el 51% de los 10 millones de dólares del capital inicial.
La sede central de Telesur está en Caracas. Argentina aportará
contenidos audiovisuales y sostendrá una corresponsalía
periodística en Buenos Aires.
El subsecretario de Medios de la Presidencia, Gabriel Mariotto,
asegura que esto "nos dará la posibilidad de mirar al
mundo y a nosotros mismos con nuestros propios ojos. Hoy hay un
conflicto en Bolivia y nos lo cuenta la CNN. Ahora también
lo vamos a poder contar nosotros. No puede ser que desde los Estados
Unidos y Europa se hable de América Latina como un bloque
y nosotros no sepamos qué pasa, por ejemplo, con el cine
cubano".
La señal de Telesur, transmitida vía satélite,
podrá ser bajada gratuitamente a toda América, Europa
y el norte de África.
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