NÚMERO 31 - JUNIO 2005

La búsqueda de quienes subsisten sin tierra y sin vivienda

UN PISO DE DIGNIDAD

En la Argentina devastada por el neoliberalismo, más de 12 millones de personas sobreviven sin vivienda, hacinadas o sin acceder a servicios básicos. Los funcionarios hablan maravillas de los nuevos planes de vivienda y los califican como los más importantes del último medio siglo. Especialistas y organizaciones sociales tienen sus reparos y demandan participación, y en los barrios marginales, los excluidos de todo tienen menos expectativas y se preguntan hasta cuándo subsistirán sin tierra, sin techo, sin trabajo... sin dignidad.

Por Daniel Badenes

Lo dice la experiencia: en una ciudad las viviendas crecen, se reproducen, se deterioran, se ocupan, se multiplican, se oscurecen, se inundan... habiendo o no políticas de urbanismo y vivienda. La ausencia del Estado no genera la preservación de lo que había antes de que éste huyera, sino la expansión de la precariedad habitacional y la ocupación no planificada de la tierra. Así, en los largos años de neoliberalismo crecieron los asentamientos "ilegales", según las leyes vigentes, y llenos de "viviendas infrahumanas", según la calificación del especialista Víctor Pelli y la percepción del sentido común.

Altos del Sol, en los alrededores de 515 y 170, es uno de los tantos ejemplos. Sus seis o siete manzanas se expanden detrás de lo que fue la Estación de Melchor Romero. Ya no quedan rastros de ese sitio ferroviario: con el tiempo, los vecinos se llevaron los tirantes, chapas y ladrillos. Fue una forma de paliar algunas carencias habitacionales.

El barrio nació y creció en paralelo a los años ´90. A diferencia de otros, tiene servicios de agua y electricidad: la mayoría son conexiones clandestinas. Desagües cloacales no hay. Y el gas sólo llega en garrafas, cuyos precios están por las nubes y no hay más alternativa que pagarlos o cocinar a leña. La garrafa social impulsada por el gobierno se consigue, pero todos saben la trampa: "te sale lo mismo, porque ni hasta la mitad está cargada", cuenta con naturalidad Luisa, que llegó a la zona hace poco y dice que la eligió porque tiene muchos conocidos. En agosto su familia se instaló en una humilde casilla que está casi en el medio del asentamiento, a unos metros del comedor sostenido por el MTD Aníbal Verón, una de las pocas construcciones con paredes de ladrillo. El camino que conduce hacia allí es angosto y hasta los perros lo recorren esquivando charcos.

Luisa vive con su marido y dos hijos. "Estamos empezando de abajo", dice a propósito del piso de tierra de su hogar. "La casilla la compramos así. Adentro estamos dividiendo. Queremos agrandar un poquito más: nos falta la cocina y una pieza más para los chicos".

Los reclamos son modestos. El asfalto figura entre las principales urgencias, "o al menos que pongan conchilla". "Acá hay cuatro chicos discapacitados y cuesta sacarlos... Cuando llueve, directamente no entra el remís. Tenés que sacar como podés al pobre chico. Las ambulancias tampoco entran. Capaz que te podés morir por culpa del asfalto que no tenemos", se queja Luisa.

En Altos del Sol hay sólo un trayecto asfaltado: es la entrada a una finca. "Hace un año que reclamamos a la Municipalidad de La Plata y nunca tuvimos un resultado positivo", cuenta Irma, que vive con su marido y una hija de 3 años en una casilla prestada.

Desocupados, desterrados, destechados
La "casa tipo" de quienes (sobre)viven en los márgenes de la sociedad, se erige en un terreno ocupado. Inicialmente se construye con materiales de desecho: chapas viejas, madera, cartón; porque los paneles de madera cuestan de 80 a 100 pesos cada uno: "incluso para construir una casilla de madera tardás una bocha", explica Celina Bosso, militante del Movimiento de Unidad Popular (MUP). Las mejoras recién aparecen con el tiempo. Construir una pared de mampostería es un logro.
Los techos son de chapa y sin aislantes. Los pisos, de tierra o apenas un alisado de cemento. Los servicios, de cuelgue. El agua llega pinchando caños y sacando mangueras. El único desagüe es un sistema de zanjeo entre lo que sería la vereda, y la calle. La calefacción es con estufas a brasero, origen de muchos incendios que obligan a recomenzar de cero.

"Por lo general las casillas son de uno o dos ambientes, sin puertas que los separen", cuenta Mariana Relli, del MTD: "hay mucha promiscuidad, en el sentido de que no hay intimidad para las parejas y sus hijos. Quizás viven ocho personas y hay tres camas". Y el baño suele ser lo más precario.

Todo eso repercute en la salud. Bosso, que estudia Trabajo Social, evoca un relevamiento que realizó el MUP en una zona de Ringuelet: "encontramos muchos casos de nenes que por vivir hacinados tenían desde herpes, cualquier tipo de hongos y alergias, hasta problemas respiratorios por la proximidad con el arroyo. Porque la gente se fue asentando en los márgenes de El Gato. Encontramos también el caso de una nenita que murió electrocutada cuando una crecida se sumó a que estaban colgados de la luz. Son ejemplos que dan un panorama de cómo se vive".

Otra complicación, dice Relli, es el estigma de "ser un ilegal", que implica "no poder pedir un crédito para comprar un electrodoméstico, o que los chicos en la escuela no digan dónde viven. Además de la situación concreta que cada minuto sufre la familia, hay una cuestión de cómo se inserta en el resto de la sociedad urbana. Dónde vivís habla de cómo sos: sos chorro o no sos chorro según tu lugar".
Barrios completos se han montado donde se identificaron tierras inutilizadas. Muchas veces se trata de suelos de difícil acceso, poco aptos para habitar, contaminados o inundables.

Esa precariedad es un aspecto fundamental del problema habitacional, que tiene dimensiones enormes. El Censo 2001 contabilizó en el país más de medio millón de "viviendas irrecuperables", lo que incluye ranchos y casillas. Además, identificó alrededor de 1.650.000 hogares con carencias pero "recuperables". Un tercer problema es el hacinamiento en lugares con buenas condiciones: cuando se censó, en 460.000 casas vivían más de dos personas por cuarto. En suma, para las estadísticas oficiales de 2001, los hogares deficitarios representaban la cuarta parte del total y albergaban a un tercio de la población.

En La Plata, Berisso y Ensenada la cifra de hogares deficitarios ronda los 50.000 y afecta a más de 200.000 personas.

Idas y vueltas del Estado
El problema tiene su origen en la distribución desigual de la riqueza. Quien está excluido de la economía, está excluido de la vivienda. Mariana Relli advierte que "la de viviendas es una producción privada, y todos los promotores de vivienda ven en la construcción un negocio: no encuentran en los sectores populares una demanda que les interese. Ellos producen la mercancía viviendas sólo para quien pueda pagarla". "Ahí aparece el otro actor: el Estado. En lo enunciativo, lo que hace es socorrer a aquellos sectores que no acceden a la vivienda a través del mercado", explica Relli, quien además de militar en el MTD es geógrafa y está finalizando una maestría en Hábitat y Vivienda en la Universidad Nacional de Rosario.

La intervención estatal en el área comienza con la "Ley de Casas Baratas" de 1915, aunque en general se trató de políticas aisladas y sin trascendencia. El peronismo encaró acciones más amplias "pero no llegó a cubrir el déficit", aclara Jorge Gil. Según este integrante de Arquitectos Sin Fronteras, nunca en la historia se saldó la falta de viviendas, "que debe haber empezado en el 30, cuanto la gente empieza de venir del campo a la ciudad".

Desde 1947 el Banco Hipotecario Nacional adquirió gran relevancia y en diez años otorgó 390.000 créditos para construir casas. Al principio, el Estado reguló y promovió la iniciativa privada. Fue el segundo plan quinquenal de Perón el que puso al sector público a montar viviendas y barrios obreros. Así se impulsaron muchos conjuntos habitacionales, algunos finalizados después de 1955.
Otro hito fue la creación, a comienzos de los ´70, del Fondo Nacional de la Vivienda. El FONAVI se constituía con el aporte del 5% de los salarios y, desde 1977, monopolizó el impulso estatal a la vivienda.

En la década de 1970 se construyeron complejos monstruosos, como Lugano I y II, Fuerte Apache y Don Orione, que para Gil es "el más grande de Latinoamérica" y "no es correcto, porque es como un ghetto. Genera hacinamiento, se perpetúa...".
Entrados los ´80, la intervención en el área fue disminuyendo al ritmo del achicamiento del Estado que promovió el proyecto neoliberal. El gobierno provincial de Antonio Cafiero (1987-1991) tuvo el último proyecto habitacional que funcionó más allá del piloto automático de un FONAVI en vías de extinción. Su programa más difundido fue el Procasa y estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas.
Después, la política de viviendas se vino abajo, pese a la existencia del Ente del Conurbano, pactado entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, que invirtió sin controles un millón de dólares por día en obras de infraestructura.

En 1992, una reforma sustituyó el aporte salarial al FONAVI por un impuesto a los combustibles. Luego, en 1995, ese fondo se descentralizó. Y una vez delegado a las provincias, el presupuesto no siempre llegó a los respectivos institutos de la Vivienda. Sincerando los desvíos, el gobierno de la Alianza autorizó el manejo discrecional y eliminó el piso anual de los fondos destinados a vivienda social, que estaba acordado en 900 millones de pesos. En 2003, la cifra se había reducido a 400 millones.

En años recientes, el Instituto de la Vivienda bonaerense, que en el pasado había llegado a edificar 30.000 viviendas, apenas construyó entre 1000 y 2000 anuales.
De allí que los anuncios del Plan Federal, que incluye 43.000 casas en el territorio provincial, haya sorprendido gratamente a más de uno. Para Jorge Gil "es muy auspicioso, después de años y años de ausencia total, que el tema de la vivienda para sectores de escasos recursos esté otra vez en la agenda pública... y con algo de financiamiento".

El regreso de lo público
"Para encarar este problema, el Gobierno nacional destinó fondos suplementarios: ya no solamente está el FONAVI, que sigue existiendo, sino que hay otro fondo, que impulsa un programa de 120.000 viviendas en la Nación", divulga Alfredo Garay, que en noviembre se hizo cargo de la flamante Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo bonaerense. Garay es uno de los urbanistas argentinos más reconocidos mundialmente. Sus críticos resaltan que su trayectoria incluye una participación en la Intendencia menemista de Carlos Grosso. Pero los tiempos han cambiado. En los pasillos se cuenta que el gobierno de Kirchner le pidió que "bajara" a Provincia a ejecutar el Plan Federal.

Interrogado sobre los antecedentes de un proyecto semejante, no le teme a la comparación con el peronismo de los años ´50: "desde esos tiempos no había un énfasis sobre la vivienda de este tipo".

Garay admite que actualmente más de 940.000 hogares de la Provincia son deficitarios y esa cifra representa un tercio del problema nacional. Aclara que "hay que ver cómo se compone ese déficit, porque no todo el problema se soluciona haciendo viviendas nuevas". En eso, el norteño Víctor Pelli coincide: "es como si uno dijera que la política de salud es entregar medicamentos".
Del déficit total, 610.000 son casas a medio construir o insertas en un barrio que no ha completado su urbanización, a las que el censo denomina "tipo B". En estos casos, "lo que hace falta es mejorar la vivienda existente o el contexto de la vivienda", explica Garay. De las restantes, 120.000 son "viviendas irrecuperables" y 210.000, casas en las que conviven dos o mas núcleos familiares. En ambos casos se requieren nuevas viviendas.

A partir de esa diferenciación, la acción pública tiene "tres frentes de ataque: uno es la construcción de viviendas nuevas, otro es el mejoramiento de viviendas, y otro es el Programa de Mejoramiento de Barrios". No obstante, la política más publicitada sigue siendo la primera. En La Plata, las más visibles serán 798 casas que se erigirán junto a la bajada de la Autopista, que forman parte del subprograma de "Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios".

El Programa Federal exige el uso de técnicas de mano de obra intensiva, para lograr más fuentes de trabajo. El mes pasado se concretaron las licitaciones de toda la Provincia. "Hay movimiento, pero obra todavía no hay", aclara César Burry, de Arquitectos Sin Fronteras.

Las principales beneficiarias
Rubén Oscar Gayol, de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Provincia, asegura que los costos que manejan "muchas cooperativas que hacen viviendas que son verdaderos chalets", no llegan a los 30.000 pesos, incluida la tierra. Esa cifra, confrontada con los 52.000 pesos promedio por vivienda de las recientes licitaciones, genera dudas sobre el margen de beneficio de las empresas.
Cuando Relli dice que "en lo enunciativo" el sector público socorre a los más necesitados, está afirmando que"hasta ahora, el Estado no ha sido significativo en reducir el déficit de vivienda, y sí ha sido muy funcional a los intereses de las constructoras". Los proyectos FONAVI siempre fueron lucrativos para las compañías. Y según Relli, "este Plan Federal sigue en la misma lógica de la empresa como principal beneficiaria de todo tipo de acción estatal".

Las constructoras son pocas y tienen poder de lobby. Tal es así que en las primeras licitaciones del Plan Federal no se presentó ninguna. El subsecretario de Vivienda y Urbanismo aclara que era porque "desconfiaban de la capacidad del Estado", "el precio era muy ajustado" y reclamaban "que el Instituto primero termine lo que tiene en marcha". El gobierno "mejoró" las condiciones y las empresas se presentaron.
"Ha habido un proceso de concentración de la capacidad de producción de vivienda en pocas manos", reconoce Garay a La Pulseada: "lo que aparece como problema es cómo no quedar preso de ese grupo". Lejos de la época en que hablar de intervención estatal estaba vedado, el funcionario se declara "amigo de tener una empresa pública de producción de vivienda que defina precios testigo. Como política no la descarto". Otra alternativa, dice, será estimular a las organizaciones de la economía solidaria, que hoy estarían en condiciones de producir "entre 6 y 10 mil viviendas", aunque no está claro cómo y cuándo lo harán. "La experiencia del Programa Techo y Trabajo, con organizaciones piqueteras, y la de las cooperativas de trabajo para la vivienda, son todo un campo que hay que impulsar".

"Hay barrios enteros hechos por esfuerzo propio y ayuda mutua", señala Gayol, titular de una Federación que reúne medio centenar de cooperativas de vivienda, y asegura que en los últimos 25 años el cooperativismo construyó unas 50.000 casas, especialmente en los ´80, "que fue el mejor período" para el sector.

La autoconstrucción es otro cantar. Relli, del MTD, cree que la cuestión "merece una discusión profunda", considerando que en muchas ocasiones "el que autoconstruye autoexplota su trabajo. Además, tiene que trabajar de otra cosa para vivir".

Vivienda participativa
Otro eje de debate sobre los nuevos planes es la participación. Víctor Pelli sostiene que "los procesos participativos son los que pueden conducir a una respuesta justa al problema. Y en este aspecto hay que decir que no hay avance alguno en los planes públicos, más allá de las experiencias en que se introduce la mano de obra de los propios habitantes, que no tiene valor como participación".

Para Mariana Relli es indispensable caracterizar la demanda: "cada familia tiene una realidad diferente. Si vos hacés mil casas, todas iguales, no estás construyendo una ciudad: estás construyendo mil casas, todas iguales".

En la Provincia de Buenos Aires, cierto diálogo del Estado con algunos actores involucrados se dio en el Foro de Organizaciones realizado en marzo de este año. Jorge Gil festeja la existencia de un espacio así, "donde van los funcionarios de primera línea y se exponen a que la gente pregunte, los putee o lo que sea". Pero aclara: "un miedo es que sirva para entretenernos y para legitimar las políticas que ya están todas decididas... y en gran parte es así la cosa".

Para el subsecretario Alfredo Garay, el grado de participación dependerá de los programas. En el caso del Federal, "la incorporación de los actores tiene que ver con la etapa en la que entramos ahora: definir cómo es el proceso de adjudicación y en qué medida aquellos que necesitan vivienda pasan a formar parte de sus mecanismos".
Ese será otro reto para las nuevas políticas. Desde el MUP, Bosso teme que todo seguirá limitado por "las relaciones clientelares que hay en los barrios. Porque este gobierno no se podrá comparar ni a De la Rúa ni a Menem, pero en los barrios las relaciones con ciertas instituciones no han cambiado. Entonces, con las viviendas que se construyan, el problema es a quién las entregan... y qué te piden a cambio".

Tiempos y expectativas
Las viviendas a construir tendrán unos 44 metros cuadrados; en el futuro podrán ampliarse hasta 70. "Mucha gente critica el Plan Federal porque es una casa chiquita, elemental", reconoce Garay: "nosotros decimos que no es una vivienda; es el primer núcleo de una vivienda. Pero va dirigida al sector que no tiene nada, que va a tener tierra y un núcleo a partir del cual tener un proyecto".

El funcionario remarca que serán viviendas baratas, pero muchas y construidas en poco tiempo: "si hay algo que aprendí es que lo que no hiciste en una gestión es difícil que tenga continuidad. Si la vivienda para los sectores más pobres es una prioridad, tenemos que hacerla y dejarla absolutamente instalada", razona tras asegurar que, contra los pronósticos de algunos técnicos, es posible cumplir el plazo previsto: doce meses.

En Altos del Sol, lejos de los despachos oficiales, no muestran tanta esperanza. Luisa es tajante: "tengo que ver para creer". Y su compañera Irma piensa que "si es con una cooperativa, que meten a la gente para trabajar, por ahí sí. Pero si el gobierno dice ´te vamos a dar la casa así completita´, eso no me lo creo".

Vivir en los márgenes de la sociedad no sólo minimiza la calidad de vida; también desploma las expectativas. La Pulseada lo confirma al preguntar qué es una "vivienda digna". Irma arroja un "qué sé yo" y se queda pensando: "¿Cómo te puedo decir? Para ser digna tiene que ser de material. Digo yo. A mí me gustaría, con el tiempo, tener una casa de material. No te digo que sea guaaauu, grande, pero que tenga dos piezas, una cocina, un baño..."

"Porque si vos ves en qué posición estás viviendo, ¿para qué pedir tanto?", agrega Luisa, que también da su definición: "Digna sería que mis hijos tengan su pieza aparte, mi cocina, el baño... ¡Y que tenga piso!, porque no tengo piso todavía... Y me encantaría que todos los chicos vivieran así. Hoy miraba a unos chicos sacando de la basura para comer. Gracias a Dios, a mí no me falta, pero también pasé ese momento y... es horrible. Los chicos sacando basura para comer, es horrible. Se te cae el alma en el suelo. La verdad, eso me gustaría: que todos esos chicos tuvieran una casa".

Víctor Pelli y la planificación de viviendas populares

El eje debe ser la participación
El especialista en vivienda Víctor Saúl Pelli conoce una realidad ignorada por muchos. Tucumano de nacimiento, vive hace 40 años en el Chaco, donde los problemas habitacionales se miran en el espejo de la vida de las poblaciones originarias, de la que aún quedan algunos registros: "sus viviendas eran tan elementales que estaban muy por debajo de lo que hoy vemos como una vivienda infrahumana. El tema es que ellos vivían dentro de otro sistema social y productivo que hacía, en su propio equilibrio y su escala de valores, que no tuvieran ´problema de la vivienda´, aunque vivieran en una chocita de ramas y paja. Nuestro sistema es mucho más complejo y una persona en esas mismas condiciones dentro de una ciudad moderna, vive en condiciones miserables", explica este profesor de la Universidad Nacional del Nordeste, hermano del autor intelectual del edificio más alto del mundo: las torres Petronas de Malasia.

El equipo de Pelli estudia la problemática hace más de tres décadas, aunque hubo períodos, como la última dictadura, en los que "la actividad en los barrios era imposible". Lo aprendido, dice, es muy difícil de sintetizar.

-La convicción básica es que el eje debe ser la participación de la gente. Pero no en la mano de obra: eso no es participación, es un aporte. Sí en la gestión en general: la participación completa, incluso en el manejo de los fondos, pero tampoco aquí como ´mano de obra de contabilidad pautada´, sino con espacios de decisión sobre el manejo de esos fondos. Enunciado así parece utópico, pero justamente uno de los cometidos de nuestro equipo es desarrollar métodos y propuestas de organización no sólo para demostrar que es totalmente factible, sino para mostrar cómo... Otra convicción es que las profesiones clásicas son totalmente insuficientes: hay que hacer un trabajo profundamente transdisciplinario.

Lamentablemente nuestras instituciones están muy sectorizadas. Yo estoy en la Facultad de Arquitectura. No hay una Facultad de Vivienda. Y eso nos aísla, nos aleja un poco de profesionales que serían indispensables. Por eso salimos a captar sociólogos, trabajadores sociales, economistas y abogados... Otro punto es llegar a una trans-sectorialidad: trabajar con todos los sectores, no solamente los profesionales e, insoslayablemente, con los habitantes. Eso nos lleva a lo que para nosotros hace una especie de tándem con la participación que es la concertación. Básicamente el eje es el servicio personalizado de vivienda.

-¿Cómo evalúa las políticas de vivienda que existen actualmente?
-El problema de la vivienda es objeto de evaluaciones bastante cuidadosas por parte de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. No me refiero al gobierno actual; viene ya con esa dinámica, un poco al margen de las tendencias de los gobiernos, por los profesionales que están adentro. El problema está acotado. Pero las políticas nacionales, en general, no han respondido a los diagnósticos que se han hecho en los mismos organismos. Luego, cuando se federalizó y cada provincia quedó a cargo de su propia iniciativa, tampoco hubo, ni hay todavía, concordancia entre los diagnósticos de déficit y las respuestas que se dan. En general las políticas se dedican solamente a construir viviendas. Recién con este gobierno hay cierto avance en dirección a ponerse en concordancia con el diagnóstico... y con esto no estoy haciendo ningún gesto de simpatía política: es una evaluación objetiva. Los nuevos programas, que todavía se llevan a la práctica en proporción muy insuficiente, empiezan a responder a la realidad de la demanda, al origen del problema. En la política actual hay planes para mejoramiento de viviendas y de barrios.

-En algún momento de la historia del país, ¿hubo políticas adecuadas?
-No, no. Puede haber habido políticas de vivienda mejor o peor intencionadas, mejor o peor dirigidas. Algunas eran como idealistas. No quiero entrar a ubicar por épocas, pero idealistas en el sentido de suponer que todo el mundo podía tener un chalecito, o un departamento con todas las comodidades. Y realmente, las cosas se plantean con la vista en todos los datos del problema, y uno de esos datos es la disponibilidad de fondos, o estamos frente a utopías o planteos electoralistas. Esto no es una crítica. Sí hay crítica al decir que con toda la enorme inversión que se hizo, el avance es mínimo. Y desde nuestro punto de vista, las cosas nunca se hicieron con una visión participativa ni superando la idea de que política de vivienda es entregar casas únicamente. Siempre fue entregar casas, salvo excepciones sin mayor incidencia.

-¿Tienen solución los problemas de vivienda?
-Pienso que tienen solución. Pero lo que importa es entender que una parte importante del problema está dada por la cantidad inmensa de gente que lo está padeciendo, y por la diversidad de soluciones posibles. Si se hace el esfuerzo de verlo así, la política tiene que cambiar drásticamente. Para salir de la situación de sub-vivienda, de miseria absoluta, a la gente no le hace falta una casa como la que en nuestra cultura se considera estándar. Para salir de la situación de crisis... si estoy muerto de hambre, no hace falta que me den un menú completo, con postre. Hay que ir a lo sustancioso.

-¿Cuánto tiempo llevaría?
-Hablar de tiempo es muy difícil. Hay que tener en cuenta cuál es la perspectiva de vida de la gente. Y hay que plantear las soluciones en función no de que no pueda quedar nadie sin una vivienda digna... De paso, esta expresión vivienda digna es totalmente ambigua: no dice nada más que una buena intención. Por lo menos que no quede nadie, nadie, en una generación, que no haya hecho un avance significativo en su situación habitacional, que no haya llegado a ciertos niveles que signifiquen salir de la condición degradante. Para mí esa es la forma en que se plantea el problema. Y estoy dando una respuesta en términos de tiempo: el plazo es una generación. Pero no de todo el mundo con casitas, porque por ese camino nos vamos a quedar en las enunciaciones y un diez por ciento más con casitas; sino de todo el mundo superando lo que llamo, en términos de vivienda, la línea de miseria. Esto significa replantearse a fondo las estrategias.

La devastación
El retorno de la acción pública tuvo que lidiar con las secuelas de varios lustros de ausencia estatal. Primero, porque no había tantos terrenos fiscales disponibles como se creía. "Es terrible porque no hubo una planificación ordenada del territorio", explica Jorge Gil: "si se observa una fotografía de la década del ´80, hay un montón de espacios libres, intersticiales entre las ciudades, espacios buenos donde se podría haber ido construyendo viviendas con criterio, con una buena habitabilidad". No fue así. Pero, como se sabe, la necesidad ocupa el territorio, quiera o no ordenarlo el Estado.

Ahora, ante la escasez de tierras, el gobierno bonaerense buscó una solución privada: incorporó una operatoria para que las empresas compraran terrenos e hicieran su propuesta de urbanización. La mayoría de las viviendas a construir ya se licitaron así.

El otro punto crítico resultó ser, según reconoce Garay, que las constructoras tienen una "capacidad productiva limitada". Gil coincide: "Si acá dijéramos ´hay plata para cubrir el déficit habitacional´; no habría empresas; e inmediatamente, no habría insumos. Ya no hay producción ni de ladrillos ni de carpintería, ni empresas para hacerlo, ni hay mano de obra capacitada. Por supuesto que se puede reconstruir, pero ¿cuánto se tarda? Es una de las consecuencias nefastas de la década menemista y delarruista, que paralizó tantos proyectos".

Un foro para dialogar
Los días 5, 12 y 19 de marzo se realizaron los primeros talleres del Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, formado por 17 ONGs entre las que se encuentran Arquitectos Sin Fronteras, FECVI, Madre Tierra y Gestión Urbana. En total participaron unas 500 personas. Alrededor de 200 fueron al taller "Zona Sur", que abarcaba desde La Plata hasta Avellaneda.

Fue una instancia de diálogo de las organizaciones sociales entre sí y con funcionarios y técnicos del área vivienda del Estado provincial. Se centró en la información y la discusión sobre los planes impulsados desde el sector público.

"Quedó muy clara la necesidad de tener una mesa de concertación, de diálogo", concluye el subsecretario Garay, que participó en persona de los talleres.
El Foro incluyó a grupos que nuclean a desocupados. El MTD Verón no participó, aunque lo había discutido internamente e iba a hacerlo: "ese día hubo otras urgencias y no pudimos", cuenta Relli, para quien el foro "intenta recuperar un espacio que no hubo durante todo el duhaldismo". Sí intervinieron algunos militantes del MUP, que coordina sus acciones con el MTD en el "Frente Darío Santillán". Bosso reseña la postura que llevaron: "que estamos dispuestos discutir las problemáticas de los barrios, para ver cómo se puede encarar la ejecución de los planes de vivienda; que obviamente estamos más que interesados en ser beneficiarios, e incluso trabajar en esas obras, pero nos parece que se deja demasiado de lado el tema de la tierra".

Tanto los convocantes como los funcionarios aseguran que el espacio tendrá continuidad. No obstante, en más de dos meses el Foro sólo ha tenido un primer ciclo de encuentros y aún no se concretó la anunciada publicación de sus conclusiones.

El quid de la cuestión
Un tema crítico es la propiedad de la tierra. Bosso cuenta que en el relevamiento realizado en El Peligro hallaron "personas del sector ocupado, clase media, que participaban de un montón de instituciones, con la misma problemática: tienen un buen lugar donde vivir, tienen acceso a la salud, la educación y la alimentación, trabajan, pero sin embargo el tema de la tierra nunca lo pudieron solucionar".

En el asentamiento de Altos del Sol tienen identificado al propietario de una de las manzanas a raíz de un conflicto generado tiempo atrás. El trabajo del MTD con los vecinos logró frenar las intimidaciones. En verdad, el terreno tenía tres dueños, dos de ellos fallecidos. La sucesión no estaba hecha. Pero el vivo -en todo sentido- quería cobrar su tercio informalmente. "Eso sucede en todos lados", cuenta Relli: "aparecen supuestos dueños que reclaman el pago y amenazan con un desalojo. La gente tiene miedo y paga de donde no tiene. También hay ventas truchas. Alguien que va a un terreno, lo lotea, dice que es el dueño y lo vende. Hay un montón de gente que durante cinco años le paga a alguien que no es el dueño. Y cuando llega el momento, está en cero y es 'ocupante ilegal'".

Ilegalidad y precariedad
"Las calles se inundan y nos entra el agua. No hay buena luz en las casas y en las calles. No hay gas. Mi casa es precaria. Necesitamos la escritura para vivir tranquilos", escribe una mujer que hace 14 años está instalada en El Peligro. Su letra tiene trazos difíciles, esforzados, como la de alguien que no está habituado a esa práctica o recién empieza a ejercitarla. Otra, que está en el barrio hace 42 años, tiene una caligrafía similar y el mismo diagnóstico: "Por más tiempo que vivo en este barrio, no soy dueña del lote, no hay escrituras. Aquí en invierno se inundan todas las calles y los lotes. La zona es precaria..."

Escogidas al azar, esas son algunas de las respuestas del relevamiento que realizó el MUP en las zonas donde tiene presencia. En todos los barrios señalan la propiedad de la tierra y la precariedad de las viviendas como los principales problemas.

En escasos renglones de la ficha de Diego Valdez se deja entrever el dolor por la muerte de su esposa y su hija menor, víctimas del Hanta: "La maleza en el barrio es un problema; las consecuencias son las ratas que lo único que nos brindan son enfermedades de muerte".

Padre de seis hijos, Diego vive en el barrio Ruta del Sol, al margen de la Autovía 2, no muy lejos de El Peligro. En el asentamiento hay pocas familias pues se trata una zona de countries y el Municipio no la quiere tocar.

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