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NÚMERO
27- DICIEMBRE 2004
Fallo judicial contra los Servicios de Inteligencia
ILEGALES Y MENTIROSOS
A fines de 1998 se desató un verdadero escándalo
cuando, en allanamientos realizado en la casa de un ex comisario,
se descubrieron documentos que probaban una vez más que durante
la democracia los servicios de inteligencia habían continuado
operando del mismo modo que bajo la dictadura. Esta vez la Justicia,
aunque con demora, intervino para reparar el atropello. Pero sigue
pendiente identificar a los más altos responsables del espionaje
ilegal.
Por Lucas
Miguel
Entre el 16
y el 18 de noviembre de 1998 la casa del ex comisario Luis Vicat
fue allanada tres veces. La Justicia secuestró documentación
que dio pie a uno de los escándalos más grandes que
sacudieron al último tramo del gobierno de Eduardo Duhalde
en la provincia: el "área especial" que comandaba
Vicat y que dependía directamente de la Secretaría
de Seguridad (hoy Ministerio), había realizado tareas ilegales
de inteligencia sobre jueces, funcionarios, dirigentes y militantes
políticos.
El padre Carlos Cajade fue una de las víctimas del espionaje.
La información que tenía Vicat en su poder y la que
obraba en los archivos de la DIPBA (Dirección de Inteligencia),
indicaba que Cajade era "un evidente representante de la izquierda
violenta", a cargo de "un centro de rehabilitación
de niños carenciados y de los llamados 'de la calle' (drogadictos,
delincuentes, etc.) en colaboración con gente de mayor edad
que responde a grupos de ultraizquierda". También se
decía que Cajade y otros dos sacerdotes "poseen vínculos
estrechos con movimientos subversivos de América Latina"
como "el Movimiento Zapatista de México, el MIR de Chile,
los Tupamaros de Uruguay, Tupac-Amaru y Sendero Luminoso de Perú,
el PRT de Bolivia y con el PRT-ERP, Quebracho, el MTP, Patria Libre
e HIJOS de Argentina". Según dicen textualmente los
informes, "estos grupos en mínima parte subvencionarían
al obispado de Quilmes y, por ende, al Hogar de Niños del
padre Cajade". Señalan también que el sacerdote
recibía semanalmente de aquel obispado "instrucciones"
para una "política desestabilizadora".
El tema ganó las primeras planas de los diarios y la prensa
entrevistó a los propios afectados. Cajade declaró
que "estos hechos nos retrotraen a los tiempos más sombríos"
y que "hay determinados grupos interesados en confundir una
visión auténticamente evangélica del mundo
con una militancia política; es el Evangelio el que me ha
llevado a pensar el mundo desde los más humildes".
Días después, el sacerdote presentó en la Justicia
un recurso de habeas data para conocer la información que
el Estado había recabado sobre él y los motivos que
tuvo para ordenar su búsqueda, además de ejercer su
derecho a rectificarla o eliminarla.
Pasaron seis años. Hoy la Justicia condenó al Estado
bonaerense a "rectificar" la información "falsa"
y "discriminatoria" de los archivos de inteligencia. El
fallo en primera instancia de la jueza María Isabel Martiarena,
de mayo de 2003, fue confirmado por la Cámara de Apelación
y Garantías el 7 de abril de 2004.
El juicio desnudó la forma de operar de los servicios de
inteligencia, que buscaron e inventaron información sobre
Cajade, primero a través de la DIPBA y luego, en el marco
de la denominada "Área Especial Causa AMIA", creada
por el entonces secretario de Seguridad -hoy juez de la Suprema
Corte bonaerense-, Eduardo De Lázzari, y al mando de Vicat.
El fallo de la jueza, ratificado en segunda instancia, ordenó
al Ministerio de Seguridad rectificar toda la información
que sobre Cajade hubiera en esa dependencia. Esa rectificación
se debe hacer en base a lo investigado en el expediente, en el que
-con una novedosa estrategia- la defensa del sacerdote, ejercida
por Marcelo Ponce Núñez, en lugar de exigir a Vicat
y sus colaboradores que prueben las afirmaciones realizadas en los
informes de inteligencia, solicitó a la jueza una serie de
medidas de prueba para desmoronar una a una las mentiras de aquellos
legajos. Esto fue posible porque a nivel provincial el habeas data
no se encuentra reglamentado, de manera que el juez puede aplicar
discrecionalmente el procedimiento que crea conveniente. A pedido
de Cajade, Martiarena solicitó a los estados de México
y Perú que le informen si el sacerdote tenían alguna
vinculación con zapatistas, Sendero Luminoso o el Movimiento
Tupac-Amaru; tomó testimonios al ex arzobispo Carlos Galán,
al diputado Mario Cafiero, al senador Antonio Cafiero; requirió
informes al Rotary Internacional y a la Fundación Isalud,
instituciones que reconocieron a Cajade por su labor con los chicos;
solicitó a la Legislatura una copia de la ley que declaró
de "interés provincial la labor humanitaria y social"
del Hogar de la Madre Tres Veces Admirable; tomó declaración
al secretario general de la CTA, Víctor de Gennaro y a su
secretario gremial, Víctor Mendibil. Todos los testimonios
rebatieron el contenido de los legajos de inteligencia.
La jueza Martiarena dice en la sentencia que se comprobó
"la existencia en los organismos públicos de datos falsos
o personalmente discriminatorios" sobre el padre Cajade. Durante
el proceso, ni Vicat ni sus colaboradores aclararon quién
dio la orden ni cuáles fueron los motivos para buscar e inventar
información.
Seis años después del estallido del escándalo,
son varios los señalamientos que pueden formularse. Uno de
ellos es la constatación de que los servicios de inteligencia
desarrollaron, en democracia, las mismas prácticas de violación
de la intimidad y persecución ideológica que efectuaban
durante la dictadura. Para el abogado Ponce Núñez,
es algo "gravísimo" porque "demuestra que
en democracia la policía siguió investigando personas
y no delitos". Surgen también dudas acerca de si los
tiempos de la Justicia, excesivamente largos, no impiden reparar
los daños causados a las víctimas del espionaje ilegal.
Por último -y más importante- persiste una frustrante
sensación de impunidad, en tanto las investigaciones se detienen
en el punto exacto en que corresponde pasar de los ejecutores a
los responsables políticos.
Con la fachada
de la AMIA
Luis Vicat comandó el "Área Especial Causa AMIA"
desde diciembre de 1996 hasta el 3 de abril de 1998, cuando el interventor
de la Policía, Luis Lugones, la eliminó. Pocos días
después, el 22 de abril, el ministro Arslanián dispuso
el pase a retiro del comisario. Siete meses más tarde, entre
el 16 y el 18 de noviembre del mismo año, la Justicia encontró
informes de inteligencia en la casa de Vicat.
Según reconoció el comisario ante la jueza, el Área
fue creada para investigar casos complejos, como el de la AMIA,
y también para alertar sobre "actos de disconformidad
para con la conducción política de ese momento",
temerosa de recibir represalias de los sectores policiales afectados
por las primeras purgas.
Vicat señaló que su "jefe político"
era el entonces jefe de asesores del Gabinete de Seguridad -hoy
presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense-, Federico
Domínguez, y que por encima de éste estaba el hoy
juez de la Suprema Corte, Eduardo De Lázzari, en aquellos
días secretario de Seguridad del gobierno de Duhalde.
El ex comisario declaró también que el Área
tenía tres dependencias: en el Cuartel de Bomberos del bosque
platense; en la Torre II y la última en un departamento ubicado
frente al Parque Saavedra. Explicó que en las oficinas del
bosque se hacían "tareas de recolección de información
general, esto es periodística, radial y de fuentes personales,
entre otras, que producían distinto tipo de información",
que "era traída in voce" por "dos suboficiales
(Ramiro Baulo y Jorge Omar Torres), que el comisario (Ernesto Aníbal)
Amarillo había traído consigo como personal de su
confianza desde su anterior destino y que tenían una amplia
trayectoria en la DIPBA". Dijo además que los oficiales
encargados de realizar esos trabajos eran denominados "caminantes",
"lancheros" o "buchones" y que con la información
que recolectaban se armaban informes sin firma ni autor.
Todas estas afirmaciones fueron corroboradas por otros oficiales
y suboficiales de inteligencia que declararon en la causa.
El hombre
de las dos caras
Cuando el espionaje se descubrió, Eduardo De Lázzari
no era más el secretario de Seguridad de la Provincia. El
titular de esa cartera, elevada a rango de Ministerio, era León
Arslanián. De Lázzari ya era juez de la Suprema Corte
y, como tal, firmó en noviembre de 1998 una resolución
junto a sus colegas donde consideraba "indispensable el pleno
esclarecimiento" de las tareas de inteligencia de las que,
paradójicamente, había sido responsable político,
porque era el jefe directo de Luis Vicat.
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citando la fuente y remitiendo un ejemplar de la publicación
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